MAGDALENA HAYDEE TEPALCINGO CAVILDO y Otros.

Expediente 1063/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1063/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
27/10/2016

Partes del expediente

  • Isauro Bolaños Cuello
  • Rafael Cruz Escobar
  • NADIA TEPALCINGO CAVILDO y Otros.
  • Magdalena Haydee Tepalcingo Cavildo
  • MAGDALENA HAYDEE TEPALCINGO CAVILDO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.Agréguese a sus autos el escrito de Viridiana Tepalcingo Cavildo, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, solicita se le expida copia certificada por duplicado del cumplimiento que diera el juez penal responsable, al respecto se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que hace referencia en su ocurso de mérito y háganse entrega de las mismas a las personas que indica, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, no así a Iván Michel Díaz Palacios, ya que no está autorizado por los quejosos para oír y recibir notificaciones o imponerse en autos, pues quien promueve el escrito que se acuerda es una autorizada, la que no tiene facultades para designar autorizados en la presente instancia constitucional. Lo anterior, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve de la mañana a doce del día.

  2. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de doce de agosto de dos mil dieciséis (fojas 334 a 355), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos ********************, para lo siguiente: "DÉCIMO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veinte de agosto de dos mil quince (fojas 424 a 447 del tomo uno de pruebas), y con libertad de jurisdicción, dicte otra, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero deberá: "a) Corregir la incongruencia destacada en esta sentencia respecto de la inspección cuya parte relativa transcribió en la foja cuatrocientos treinta y dos del tomo uno de pruebas. b) Tanto en el cuerpo del delito como en la probable responsabilidad, precisar el alcance de la diligencia de reconocimiento verificada el nueve de diciembre de dos mil once (fojas 95 a 96 del tomo dos de pruebas), ante el órgano investigador, en la cual la agraviada ********************reconoció a los inculpados ahora quejosos, para lo cual tomará en consideración que en esa diligencia no se encontraba presente la defensa de los inculpados, pudiendo declararla invalida, o bien otorgarle valor, pero si decide otorgarle valor, deberá expresar el fundamento y motivo que considere aplicables. c) Después de que haya advertido la violación al derecho de defensa adecuado destacado (reconocimiento), así como la incongruencia destacada en la presente sentencia (inspección), deberá atento a la concesión de amparo determinada en el juicio ********************del otrora Juzgado Segundo en el Estado de Puebla: 1. Analizar el cuerpo de delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, previsto y sancionado por los artículos 228 y 228 bis, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código de Defensa Social para el estado de Puebla, vigente en la época de los hechos, establezca en forma específica cuál o cuáles son los elementos del cuerpo del delito en que se adecua la conducta delictiva atribuida a cada uno de los quejosos, en forma particular y, no como si tratara en forma general, es decir, como si se tratara de una sola conducta delictiva. 2. Además, deberá precisar con qué medios de convicción se acreditan cada uno de los elementos del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, previsto y sancionado por los artículos 228 y 228 bis, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código de Defensa Social para el estado de Puebla, vigente en la época de los hechos, sin hacer una relación de la indagatoria, y luego un razonamiento en el que concluya que con esos medios de prueba se acredita el cuerpo del citado antijurídico; lo anterior para cumplir cabalmente con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el estado de Puebla. 3. Deberá analizar los requisitos de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, es decir, tendrá que examinar y razonar con argumentos lógicos jurídicos cuándo, dónde, cómo, ocurrieron los hechos constitutivos del delito, en específico la época en que ocurrió el evento delictivo que se le atribuye a los aquí quejosos. 4. Asimismo, deberá analizar y precisar la forma de intervención de cada uno de los quejosos en la comisión del delito de trata de personas que se les imputa, en términos del artículo 21, fracción I, del Código de Defensa Social del estado de Puebla, vigente en la época de los hechos, en el sentido de señalar si su intervención, fue por ejemplo de concepción, preparación, ejecución, entre otros supuestos que marca el delito." (fojas 353 a 354). La mencionada sentencia causó ejecutoria mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla (fojas 416 a 421). Dicha responsable, mediante oficio 1384 de tres de octubre de dos mil dieciséis remitió, copia certificada de la resolución dictada el tres de octubre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 80/2012, en la que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la orden de busca y aprehensión de veinte de agosto de dos mil quince, pronunciada en contra de los quejosos ********************, como probables responsables en la comisión del delito de Trata de Personas en su Modalidad de Explotación Sexual, previsto y sancionado por los artículos 228 y 228 Bis, en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ********************; y, 2. Decidió negar la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio en contra de ********************, como probables responsables del delito señalado. Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, solicita se le expida copia certificada del cumplimiento que diera el juez penal responsable, al respecto se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que hace referencia en su ocurso de mérito y háganse entrega de las mismas a las personas que indica, previa razón que de su recibo otorgue en autos, no así a ********************, ya que no está autorizado por los quejosos para oír y recibir notificaciones o imponerse en autos, pues quien promueve el escrito que se acuerda es un autorizado, el que no tiene facultades para designar autorizados en la presente instancia constitucional; lo anterior indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve de la mañana a doce del día. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que corresponde al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo"

  3. Principal

    Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de doce de agosto de dos mil dieciséis (fojas 334 a 355), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos ********************, para lo siguiente: "DÉCIMO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veinte de agosto de dos mil quince (fojas 424 a 447 del tomo uno de pruebas), y con libertad de jurisdicción, dicte otra, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero deberá: "a) Corregir la incongruencia destacada en esta sentencia respecto de la inspección cuya parte relativa transcribió en la foja cuatrocientos treinta y dos del tomo uno de pruebas. b) Tanto en el cuerpo del delito como en la probable responsabilidad, precisar el alcance de la diligencia de reconocimiento verificada el nueve de diciembre de dos mil once (fojas 95 a 96 del tomo dos de pruebas), ante el órgano investigador, en la cual la agraviada ********************reconoció a los inculpados ahora quejosos, para lo cual tomará en consideración que en esa diligencia no se encontraba presente la defensa de los inculpados, pudiendo declararla invalida, o bien otorgarle valor, pero si decide otorgarle valor, deberá expresar el fundamento y motivo que considere aplicables. c) Después de que haya advertido la violación al derecho de defensa adecuado destacado (reconocimiento), así como la incongruencia destacada en la presente sentencia (inspección), deberá atento a la concesión de amparo determinada en el juicio ********************del otrora Juzgado Segundo en el Estado de Puebla: 1. Analizar el cuerpo de delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, previsto y sancionado por los artículos 228 y 228 bis, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código de Defensa Social para el estado de Puebla, vigente en la época de los hechos, establezca en forma específica cuál o cuáles son los elementos del cuerpo del delito en que se adecua la conducta delictiva atribuida a cada uno de los quejosos, en forma particular y, no como si tratara en forma general, es decir, como si se tratara de una sola conducta delictiva. 2. Además, deberá precisar con qué medios de convicción se acreditan cada uno de los elementos del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, previsto y sancionado por los artículos 228 y 228 bis, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código de Defensa Social para el estado de Puebla, vigente en la época de los hechos, sin hacer una relación de la indagatoria, y luego un razonamiento en el que concluya que con esos medios de prueba se acredita el cuerpo del citado antijurídico; lo anterior para cumplir cabalmente con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el estado de Puebla. 3. Deberá analizar los requisitos de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, es decir, tendrá que examinar y razonar con argumentos lógicos jurídicos cuándo, dónde, cómo, ocurrieron los hechos constitutivos del delito, en específico la época en que ocurrió el evento delictivo que se le atribuye a los aquí quejosos. 4. Asimismo, deberá analizar y precisar la forma de intervención de cada uno de los quejosos en la comisión del delito de trata de personas que se les imputa, en términos del artículo 21, fracción I, del Código de Defensa Social del estado de Puebla, vigente en la época de los hechos, en el sentido de señalar si su intervención, fue por ejemplo de concepción, preparación, ejecución, entre otros supuestos que marca el delito." (fojas 353 a 354). La mencionada sentencia causó ejecutoria mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla (fojas 416 a 421). Dicha responsable, mediante oficio 1384 de tres de octubre de dos mil dieciséis remitió, copia certificada de la resolución dictada el tres de octubre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 80/2012, en la que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la orden de busca y aprehensión de veinte de agosto de dos mil quince, pronunciada en contra de los quejosos ********************, como probables responsables en la comisión del delito de Trata de Personas en su Modalidad de Explotación Sexual, previsto y sancionado por los artículos 228 y 228 Bis, en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ********************; y, 2. Decidió negar la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio en contra de ********************, como probables responsables del delito señalado. Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, solicita se le expida copia certificada del cumplimiento que diera el juez penal responsable, al respecto se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que hace referencia en su ocurso de mérito y háganse entrega de las mismas a las personas que indica, previa razón que de su recibo otorgue en autos, no así a ********************, ya que no está autorizado por los quejosos para oír y recibir notificaciones o imponerse en autos, pues quien promueve el escrito que se acuerda es un autorizado, el que no tiene facultades para designar autorizados en la presente instancia constitucional; lo anterior indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve de la mañana a doce del día. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que corresponde al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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