Mabel Angelina Majojo Astudillo

Expediente 128/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
128/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Mabel Angelina Majojo Astudillo
  • Juan Miguel Trujillo Tello

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, del que se advierte la imposibilidad de entregar el siguiente oficio: OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLERAZÓN DE IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA4757Sub Representante Federal y/o Sub Delegado del Instituto Nacional de Migración Acayucan, con sede en Acayucan, Veracruz. No existe el cargo Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente cuaderno de antecedentes, del que se advierte que los autos originales del presente juicio de amparo se remitieron al Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, por ser el competente; para conocer de la demanda de amparo promovida por Norma Argelia Chávez Romero, en favor de MABEL ANGELICA MAJOJO ASTUDILLO y JUAN MIGUEL TRUJILLO TELLO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, por economía procesal y en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase la pieza postal devuelta a dicho Juzgado, para los efectos legales procedentes, dejando en su lugar copia simple del mismo. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, recibidos en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención al contenido del oficio 3050, téngase devolviendo diligenciado parcialmente el exhorto 49/2023/E/VI/AP, orden 190/2023, de veinte de febrero de la presente anualidad, del índice de este juzgado, a través del cual se encomendó notificar los oficios 4253 y 4254 a las autoridades responsables 1. Sub representante Federal y/o Sub delegado del Instituto Nacional de Migración con supuesta residencia en Acayucan, Veracruz y 2. Jefe y/o Jefa y/o Encargado o/a del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración con residencia en Acayucan, Veracruz. Al respecto, dese de baja la aludida comunicación oficial en el libro de gobierno de exhortos y despachos de este Juzgado. Sin que haya lugar a acusar de recibo al Juzgado homólogo, toda vez que la recepción electrónica del oficio de cuenta hace las veces de acuse físico. Por otra parte, del oficio 3050 se tiene informando que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Norma Argelia Chávez Romero en favor de MABEL ANGÉLICA MAJOJO ASTUDILLO Y JUAN MIGUEL TRUJILLO TELLO; en esas condiciones, háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se envió a otro juzgado por incompetencia, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso j) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente agréguese a los autos el restante oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual adjunta el oficio remitido por la Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en Acayucan, Veracruz, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia, en atención a ese oficio téngasele rindiendo su informe de suspensión de plano, lo anterior sin mayor trámite en virtud de lo narrado en párrafos que anteceden. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por ******************** autorizada de la parte quejosa, recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. Ahora en atención a su contenido, a las manifestaciones y peticiones realizadas por la autorizada de los directos quejosos, con copia autorizada del ocurso de cuenta, requiérase a las autoridades responsables para que de inmediato remita copias certificadas de todo el procedimiento administrativo seguido en contra de los quejosos, y den el debido cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo, debiendo remitir las constancias relativas a ello; suspensión de plano que fue concedida para los efectos siguientes: ".Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho que establece el artículo 138 de la Ley de Amparo, y toda vez que no se advierte que tal medida sea consecuencia de la comisión de un delito, sino de una presunta irregularidad migratoria, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, respecto de los citados actos reclamados, y sin requisito de garantía alguna, para el efecto de que: Una vez sustanciado el procedimiento migratorio incoado a los directo quejosos, ********************y********************, se resuelva su situación migratoria dentro del país, y de ser procedente, sin demora alguna, sean puestos en libertad; ello sin perjuicio de que las autoridades administrativas de haber iniciado el procedimiento correspondiente (incluido el del reconocimiento de condición de refugiada) dé continuidad al mismo hasta su legal conclusión, bajo la reserva de libertad de los quejosos, quienes deberán quedar a su disposición para la aludida continuación del procedimiento. En el entendido de que los directos quejosos quedan, en cuanto a su libertad personal, a disposición de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta en tanto el Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, acepte la competencia planteada por el suscrito; y de las autoridades responsables migratorias, únicamente para la continuación del procedimiento administrativo que en su caso, se hubiese iniciado o se inicie en consecuencia, en el que deberán tomar en consideración lo previsto en el capítulo VI "De los Derechos de los Alojados en las Estaciones Migratorios" de la Ley de Migración. Además, dicha medida se otorga y subsistirá, siempre y cuando se cumpla con las medidas de aseguramiento que a criterio del suscrito se estiman adecuadas, y que corresponden a las siguientes: 1. Una vez que se determine de su situación migratoria la procedencia de su libertad y ello sea ejecutado, los quejosos ********************y******************** deberán presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente cuantas veces sea requerido para ello. 2. Así también, deberán presentarse ante la autoridad administrativa que les requiera, los días lunes de cada semana, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere. Para tal efecto, se requiere a las autoridades responsables, a fin de que establezcan un sistema de registro, para que se certifique la comparecencia de los aquí directo quejosos ********************y********************, con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento, y lo informe de inmediato a este Juzgado, lo cual deberá hacer a partir la fecha en que los quejosos realice la primera presentación y, en su caso, que no se cumplió con esa o cualquier posterior comparecencia. 3. Así también, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, los quejosos ********************y********************, deberán proporcionar y acreditar ante el Juzgado de Distrito que tenga conocimiento del presente juicio, el domicilio donde residirá en esa ciudad, una vez obtenida su libertad, o aquél en el que permanecerá y en el que se le practicarán las citaciones que resulten necesarias. 4. Por otra parte, los directo quejosos no podrán ausentarse sin previa autorización del Juzgado de Distrito que tenga conocimiento del presente asunto, que tenga conocimiento de este juicio, del domicilio que al efecto señale para su resguardo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones que han sido impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada. Asimismo, se precisa que la medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato, puesto que los aquí quejosos gozan además de la presunción de inocencia y, por tanto, no se debe restringir su libertad personal mientras no esté acreditado que hayan cometido alguna conducta contraria a derecho, o que exista determinación alguna que justifique la necesidad de que continúe la detención y alojamiento del que se vienen doliendo los directo quejosos, por encontrarse, incluso, a disposición de diversa autoridad jurisdiccional en relación con la detención de que se trata. Además, se requiere a las autoridades migratorias señaladas como responsables, para que obedezcan esta orden bajo la más estricta responsabilidad y de manera inmediata, debiendo informar de la misma manera a este Juzgado de Distrito, o a aquel que en su momento tenga conocimiento del presente asunto, sobre el cumplimiento dado a esta medida. Se les apercibe que de no hacerlo incurrirán en la probable comisión de un hecho delictivo, sancionable con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262 de la Ley de Amparo aplicable. Suspensión respecto a los actos consistentes en la deportación de los directos quejosos. En otro orden de ideas, a efecto de no dejarlos en estado de indefensión, proteger su integridad corporal, e impedir cualquier acto que tenga como resultado la expulsión del país, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, también SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen o no se lleve a cabo cualquier acto que pudiera tener como resultado la deportación o expulsión del país de los directos quejosos ********************y********************, debiéndose obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas en la demanda como responsables, quienes deberán informar a este Juzgado de manera inmediata, sobre el cumplimiento dado a esta medida, sin perjuicio de la continuación del procedimiento administrativo, que en su caso, se instruya en contra de la parte quejosa. Sirve de sustento a la presente determinación, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, de continuar ante la conducta contumaz de acatar la suspensión de plano en los términos fijados, se le hará efectivo el apercibimiento a que fue conminada en auto de veinte de febrero de la presente anualidad, esto es, que de no hacerlo se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 262 de la Ley de Amparo aplicableAsimismo, téngaseles formulando alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, dígasele que se le autoriza dicha consulta por la vía internet, con los nombres de usuarios ********************y******************** en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. Finalmente, no ha lugar a tener por designado el medio alternativo que menciona para la práctica de notificaciones (correos electrónicos) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía ese medio alternativo, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés.********************RADICACIÓN********************Vista la demanda presentada en línea y autorizada con la firma electrónica de ********************, en favor de********************y********************, contra actos del 1. Sub Representante Federal y/o Sub Delegado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayucan, Veracruz, y otra autoridad, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente.********************Sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que del inicio de la demanda se advierte una diversa persona promovente, a saber ********************; sin embargo, únicamente fue firmada electrónicamente por ********************, por lo que se tiene exclusivamente a dicha persona promoviendo en favor de los directos quejosos********************y********************.********************INCOMPETENCIA********************El presente asunto se trata de un juicio de amparo donde se advierte de la lectura integral de la demanda, que reclama de manera preliminar lo siguiente: ********************"La ilegal e inconstitucional detención y privación de la libertad de los Quejosos,********************y******************** DE NACIONALIDAD ******************** por más de 36 horas, violatorio de los Artículos Constitucionales 19, 20 y 21 Constitucionales, 11 de la Ley de Migración y Tratados Internacionales.********************El ilegal e inconstitucional alojamiento de los quejosos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la estación migratoria con domicilio conocido donde se encuentra en estos momentos privado de su libertad.************************************************************Ahora, la norma que regula la competencia de un Juzgado de Distrito, está contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece literalmente lo siguiente:********************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. ********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."********************La trascripción anterior establece las hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito en la tramitación de los juicios de amparo indirecto, de las cuales, la primera de ellas, otorga competencia al Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.********************En el caso concreto, de la demanda, se desprende que los actos que reclama en vía amparo indirecto, son de naturaleza positiva, entendiéndose positivos tales aquellos en que para perfeccionarse y crear plenamente sus consecuencias jurídicas, el órgano de gobierno tiene ante sí un hacer por delante, derivado del mismo acto reclamado, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa.********************Se afirma lo anterior, en razón de que la parte promovente al señalar como actos reclamados la detención y privación de la libertad de los directos quejosos, y al advertirse del escrito de demanda, que bajo protesta de decir verdad manifiesta que los directos impetrantes de amparo, ********************y********************, se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, pues al ser detenidos por Agentes del Instituto Nacional de Migración el pasado dieciocho de febrero del presente año, fueron trasladados a la referida estación migratoria en Acayucan, Veracruz.********************Por lo que, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, la ejecución del acto reclamado continua ejecutándose en Acayucan, Veracruz, donde este Juzgado no tiene jurisdicción; por lo que el suscrito considera que el juez competente es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.********************Así, tratándose de actos que requieren ejecución material, como es el caso, la competencia del juez de Distrito para conocer del asunto, no queda a voluntad de los peticionarios de amparo, dejando en ellos la opción de elegir ante qué Juzgado desean promover su demanda, sino que, como ya se dijo; la competencia se surte en favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado, ya sea porque deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en ese lugar; por ende, es de concluirse que, en la especie, se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo.********************En esa virtud, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa establece lo siguiente:********************"X. DECIMO CIRCUITO:********************(.)********************Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza." Lo resaltado es propio.********************Por tanto, con fundamento además en el artículo 48, de la Ley que reglamenta el juicio de garantías, este órgano de control jurisdiccional estima carecer de competencia legal por territorio, para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa.********************En consecuencia, se declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Coatzacoalcos, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar en que se encuentran detenidos los directos quejosos.********************Por tanto, mediante atento oficio, se ordena remitir el original y copias de la referida demanda de amparo, a cualquiera de los citados órganos jurisdiccionales, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, que se considera que por razón de turno es legalmente competente, para que determine si acepta o no la competencia legal que se le plantea, y se le solicita haga del conocimiento de este Tribunal Federal, la resolución que al respecto pronuncie, ello conforme a lo dispuesto por el precitado numeral 48 de la Ley de Amparo.********************Conforme a ello, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************No obstante, dado que la demanda de amparo se promueve en términos de los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en la parte final del primer párrafo, del citado artículo 48, de la ley de la materia, a continuación se provee lo conducente.********************SUSPENSIÓN DE PLANO********************Por otra parte, tomando en consideración que el promovente señala como actos reclamados los siguientes:********************"La ilegal e inconstitucional detención y privación de la libertad de los Quejosos,********************y******************** DE NACIONALIDAD ******************** por más de 36 horas, violatorio de los Artículos Constitucionales 19, 20 y 21 Constitucionales, 11 de la Ley de Migración y Tratados Internacionales.********************El ilegal e inconstitucional alojamiento de los quejosos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la estación migratoria con domicilio conocido donde se encuentra en estos momentos privado de su libertad.********************El suscrito provee:********************Suspensión respecto a los actos consistentes en la detención y privación de la libertad.********************En atención a los actos reclamados consistentes en la detención (privación de la libertad) de la que dice son objeto los directo quejosos, fuera de procedimiento, se considera que respecto de dichos actos es procedente conceder la suspensión de plano en términos de lo dispuesto por el artículo 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo.********************Así es, y para una mejor comprensión de lo anterior, es necesario citar el artículo 126 de la Ley de Amparo, que dice:********************"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales."****************************************Del precepto legal antes trascrito se puede advertir, para lo que aquí interesa que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate, entre otros actos, de los que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la incomunicación, desaparición forzada, así como los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Además, se desprende que la medida suspensional, en esos supuestos, se decretará de plano en el mismo auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio, a efecto de que proceda a su cumplimiento inmediato.********************En consecuencia, como hasta este momento sólo se cuenta con las manifestaciones que el autorizado de la parte promovente hizo en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que el dieciocho de febrero de dos mil veintitrés, los directo quejosos, ********************y********************, fueron detenidos por Agentes del Instituto Nacional de Migración y trasladados a oficinas del referido Instituto con sede en Acayucan, Veracruz; lo anterior, toda vez que los directo quejosos no acreditan su situación migratoria regular con ningún documento.********************Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho que establece el artículo 138 de la Ley de Amparo, y toda vez que no se advierte que tal medida sea consecuencia de la comisión de un delito, sino de una presunta irregularidad migratoria, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, respecto de los citados actos reclamados, y sin requisito de garantía alguna, para el efecto de que:********************Una vez sustanciado el procedimiento migratorio incoado a los directo quejosos, ********************y********************, se resuelva su situación migratoria dentro del país, y de ser procedente, sin demora alguna, sean puestos en libertad; ello sin perjuicio de que las autoridades administrativas de haber iniciado el procedimiento correspondiente (incluido el del reconocimiento de condición de refugiada) dé continuidad al mismo hasta su legal conclusión, bajo la reserva de libertad de los quejosos, quienes deberán quedar a su disposición para la aludida continuación del procedimiento.********************En el entendido de que los directos quejosos quedan, en cuanto a su libertad personal, a disposición de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta en tanto el Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, acepte la competencia planteada por el suscrito; y de las autoridades responsables migratorias, únicamente para la continuación del procedimiento administrativo que en su caso, se hubiese iniciado o se inicie en consecuencia, en el que deberán tomar en consideración lo previsto en el capítulo VI "De los Derechos de los Alojados en las Estaciones Migratorios" de la Ley de Migración.********************Además, dicha medida se otorga y subsistirá, siempre y cuando se cumpla con las medidas de aseguramiento que a criterio del suscrito se estiman adecuadas, y que corresponden a las siguientes:********************1. Una vez que se determine de su situación migratoria la procedencia de su libertad y ello sea ejecutado, los quejosos ********************y******************** deberán presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente cuantas veces sea requerido para ello.********************2. Así también, deberán presentarse ante la autoridad administrativa que les requiera, los días lunes de cada semana, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere. ********************Para tal efecto, se requiere a las autoridades responsables, a fin de que establezcan un sistema de registro, para que se certifique la comparecencia de los aquí directo quejosos ********************y********************, con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento, y lo informe de inmediato a este Juzgado, lo cual deberá hacer a partir la fecha en que los quejosos realice la primera presentación y, en su caso, que no se cumplió con esa o cualquier posterior comparecencia.********************3. Así también, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, los quejosos ********************y********************, deberán proporcionar y acreditar ante el Juzgado de Distrito que tenga conocimiento del presente juicio, el domicilio donde residirá en esa ciudad, una vez obtenida su libertad, o aquél en el que permanecerá y en el que se le practicarán las citaciones que resulten necesarias.********************4. Por otra parte, los directo quejosos no podrán ausentarse sin previa autorización del Juzgado de Distrito que tenga conocimiento del presente asunto, que tenga conocimiento de este juicio, del domicilio que al efecto señale para su resguardo.********************Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones que han sido impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada.********************Asimismo, se precisa que la medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato, puesto que los aquí quejosos gozan además de la presunción de inocencia y, por tanto, no se debe restringir su libertad personal mientras no esté acreditado que hayan cometido alguna conducta contraria a derecho, o que exista determinación alguna que justifique la necesidad de que continúe la detención y alojamiento del que se vienen doliendo los directo quejosos, por encontrarse, incluso, a disposición de diversa autoridad jurisdiccional en relación con la detención de que se trata.********************Además, se requiere a las autoridades migratorias señaladas como responsables, para que obedezcan esta orden bajo la más estricta responsabilidad y de manera inmediata, debiendo informar de la misma manera a este Juzgado de Distrito, o a aquel que en su momento tenga conocimiento del presente asunto, sobre el cumplimiento dado a esta medida. Se les apercibe que de no hacerlo incurrirán en la probable comisión de un hecho delictivo, sancionable con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262 de la Ley de Amparo aplicable.********************Suspensión respecto a los actos consistentes en la deportación de los directos quejosos.********************En otro orden de ideas, a efecto de no dejarlos en estado de indefensión, proteger su integridad corporal, e impedir cualquier acto que tenga como resultado la expulsión del país, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, también SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen o no se lleve a cabo cualquier acto que pudiera tener como resultado la deportación o expulsión del país de los directos quejosos ********************y********************, debiéndose obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas en la demanda como responsables, quienes deberán informar a este Juzgado de manera inmediata, sobre el cumplimiento dado a esta medida, sin perjuicio de la continuación del procedimiento administrativo, que en su caso, se instruya en contra de la parte quejosa.********************Sirve de sustento a la presente determinación, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:********************"SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo."********************Apercibidas, que de no hacerlo se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 262 de la Ley de Amparo aplicable.********************En el entendido que la presente suspensión de plano, no tiene por efecto autorizar a la quejosa a realizar cualquier actividad diversa de aquella que legalmente le haya sido autorizada por la autoridad competente, en su momento, para permanecer en el territorio nacional, por lo que en caso de que la autoridad migratoria respectiva la encuentre realizando actividades diversas a aquellas por las que les lleguen a ser otorgados permisos para permanecer dentro del país, esta suspensión no surtirá efecto legal ni material alguno.********************En ese sentido, las autoridades responsables se encuentran constreñidas a acatar, bajo su más estricta responsabilidad, la suspensión otorgada en los términos precisados en cuanto al acto reclamado. En el entendido que de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 492/2012, la suspensión otorgada surte efectos desde el momento mismo en que se emite; por lo que, al momento que las autoridades responsables sean notificadas de tal determinación, deberán revocar los actos que hayan ejecutado con anterioridad a dicha comunicación procesal, siempre que la naturaleza de éstos lo admita, para que la situación se retrotraiga al momento mismo del otorgamiento de la suspensión, so pena de desacato.********************EXHORTO DE ENTREGA DE OFICIOS********************Ahora, a efecto de integrar el presente juicio de amparo por tratarse de un asunto de carácter urgente en el que se encuentra en juego la libertad de los directos quejosos********************y******************** y en obvio de mayores dilaciones procesales, en términos de lo establecido en el artículo 17 constitucional, en aras de una pronta y expedita administración de la justicia federal, con fundamento en el artículo 26, fracción II en relación con el diverso 116 de la Ley de Amparo, y gírese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno con residencia en Coatzacoalcos, solicitándole de la manera más atenta que ordene a quien corresponda entregar los siguientes oficios:********************Informe********************Oficio********************Autoridades responsables********************Acuse************************************************************4253********************1. Sub Representante Federal y/o Sub Delegado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayucan, Veracruz********************************************************************************4254********************2. Jefe y/o Jefa, y/o Encargado o/a del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de Acayucan, Veracruz.****************************************************************************************************Acayucan, Veracruz************************************************************Lo anterior, con la finalidad de que se encuentren en aptitud de rendir sus respectivos informes de la suspensión de plano.********************Asimismo, le haga saber a las autoridades responsables que caso de hacer caso omiso a los requerimientos realizados en dichos oficios se harán acreedores a las sanciones impuestas en ellos.********************Asimismo, se solicita que el diligenciario encargado de la notificación encomendada recabe el acuse respectivo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I párrafo segundo de la Ley de Amparo, haga constar la negativa de la autoridad informándole que no obstante esa circunstancia se tendrá por hecha la notificación de mérito y, adicionalmente, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, que se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo.********************De igual forma, se faculta al juzgado exhortante que en caso de que varíen las denominaciones de las mencionadas autoridades responsables, sean entregadas a las autoridades con las denominaciones correctas.********************Por otra parte, indíquese al homólogo que con apoyo en lo establecido en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se le habilita en días y horas inhábiles para que se constituya en el domicilio antes indicado, a fin de que realice la notificación encomendada.********************APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Con base en lo antes determinado, no ha lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, en razón de que se decreta la suspensión de plano respecto de los actos reclamados la orden de detención (privación de la libertad) así como la deportación de la que es objeto el directo quejoso, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo.******************** USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS********************En atención a su contenido, y como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza la consulta vía internet, por conducto de la persona que cuente con nombre de usuario ********************, registrada ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que también podrá presentar escritos en línea; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica.******************** Por otra parte, no ha lugar a tener por designados los medios alternativos que menciona la parte quejosa para la práctica de notificaciones (correos electrónicos y números telefónicos) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo.********************EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO ********************EN LÍNEA********************Tomando en consideración el presente asunto fue promovido en línea, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante ese mismo esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL".********************LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ********************A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.********************De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales.********************AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE ********************APARATOS ELECTRÓNICOS********************Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos.********************Notifíquese en términos de ley.

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