Luz María Hernández Valiente
Expediente 568/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luz María Hernández Valiente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 568/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas siete y veinticinco de agosto de dos mil veintitrés (fojas 80 a 86 y 101 a 106 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Xalapa, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas siete y veinticinco de agosto de dos mil veintitrés (fojas 80 a 86 y 101 a 106 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Xalapa, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte tercera interesada la sentencia engrosada el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 568/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado al día siguiente, Luz María Hernández Valiente promovió juicio de amparo en contra de actos que atribuyó al 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y la 2. Actuario comisionado al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Cardel, Veracruz, los cuales posteriormente serán precisados (fojas 3 a 19). SEGUNDO. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, se ordenó admitir la demanda de amparo por lo que hace al Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Xalapa, Veracruz y otra autoridad; se requirió de dichas autoridades sus informes justificados; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; así como fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 64 a 68). Por auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de María Celia Cevallos Andrade en su carácter de albacea a bienes de su finado padre José Javier Cevallos Morales, esto dado que le recae el carácter de tercero interesada en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, dentro del presente juicio de garantías (foja 121). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 89 y 114) la constancia de notificación de la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado (foja 72) así como de la tercero interesada María Celia Cevallos Andrade (foja 124) tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 131) quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de actos susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales relacionados con la garantía de audiencia y debido proceso, así como de posesión, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado tiene efectos dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de forma clara y precisa, el acto reclamado a las autoridad responsables 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y la 2. Actuario comisionado al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Cardel, Veracruz, consistentes en: La falta de llamamiento a juicio especial hipotecario 880/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, y en vía de consecuencias de dicho acto, incluido todo lo actuado en ese expediente, el remate y adjudicación del inmueble ubicado en Unidad El Morro, lote 9, dela vivienda departamental número 257-302 de la avenida circuito Vikingo, en Boca del Río, Veracruz, y la orden de desocupación del citado domicilio, así como la diligencia de requerimiento de desocupación de catorce de junio de dos mil veintitrés. De esta forma, establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Del informe rendido por las autoridades responsables 1. Juez Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, y 2. Actuario comisionado al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Cardel, Veracruz, se aprecia que los actos reclamados son ciertos. Lo anterior porque las autoridades así lo reconocieron en sus respectivos informes justificados (foja 89 y 114) en sus calidades de ordenadoras y ejecutoras. Aunado a lo anterior porque así se aprecia de las constancias del juicio ordinario civil 880/2015 del índice del Juzgado responsable (antes juicio 1180/2012 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz) de las que se aprecia el auto de seis de julio de dos mil doce, en que se ordenó el emplazamiento de la persona demandada al juicio, la cual es distinta al aquí quejoso (fojas 117 y 118 del tomo de prueba) así como el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que se ordenó requerir el desalojo del inmueble afecto al juicio (foja 219 del tomo de prueba). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Definida la certeza de los actos reclamados, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto. En el caso, la quejosa Luz María Hernández Valiente aduce que con relación al juicio ordinario civil en el que se ordenó la entrega del bien inmueble señalado, ella guarda el carácter de tercero extraño a juicio, ya que habita en el mismo desde hace treinta y dos años, como concubina del demandado en el juicio de origen, Pablo Gamboa Rivera. En esas condiciones, quien esto resuelve advierte, oficiosamente, la actualización de la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, dado que la impetrante de garantías no acreditó ser titular de un derecho subjetivo o tener un interés jurídico respecto del cual se le afecte en su esfera jurídica. MARCO NORMATIVO El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Por su parte, el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". Lo resaltado es propio de esta sentencia. Como se observa de la anterior transcripción, en lo que atañe a los actos o resoluciones que dimanen de un tribunal, como sucede en el caso particular, resulta necesario que la parte quejosa precise que es titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, cuestión que está vinculada con el concepto de interés jurídico. En ese sentido, al ejercer el impetrante del amparo la correspondiente acción constitucional, en los casos que impugna actos o resoluciones que tengan su origen en procedimientos de naturaleza jurisdiccional, está constreñido a demostrar que su interés jurídico ha sido afectado, esto es, que el derecho subjetivo público, del cual es titular, resulta lesionado por esos actos o resoluciones. Bajo este tenor, el interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, se encuentra íntimamente relacionado con el numeral 6 de la Ley de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". El precepto transcrito acoge el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el ya citado ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se desprende que para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como presupuesto indispensable, que se acredite la afectación por el o los actos reclamados de los derechos que se invocan, sean patrimoniales o de cualquier otra especie, aclarándose desde luego cuando se trate de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Aunado a lo antes dicho y atendiendo a que el principio de agravio personal y directo, se encuentra intrínsecamente vinculado con el concepto de interés jurídico antes referido, el cual consiste en el derecho que le asiste al particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se afecte por el acto de autoridad ocasionando a su titular una ofensa, un perjuicio o daño en los derechos e intereses del particular. Robustece a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De todo lo anterior, se desprende que la parte quejosa tiene la carga probatoria de acreditar fehacientemente su interés jurídico en el juicio de amparo en el supuesto en estudio, ya que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, así como, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de los actos reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, y a efecto de contar con los datos suficientes para la cabal comprensión de esta resolución, tenemos que de las constancias remitidas por la autoridad responsable relativas al juicio ordinario civil 880/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Xalapa, Veracruz (antes 1180/2012 del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz) su índice destacan, en lo que aquí importa, los antecedentes siguientes: Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil doce, la persona moral SCRAP II Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable demandó a Pablo Gamboa Rivera en la vía ordinaria civil la declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito documentado en un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, así como el pago de intereses ordinarios e intereses moratorios entre otras prestaciones (fojas 3 a 10 del tomo de prueba). La mencionada demanda fue admitida mediante proveído de seis de julio de dos mil doce, por lo que se radicó con el número de juicio 1180/2012 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz; se ordenó el emplazamiento de la parte demandada y dado que el domicilio de ésta se ubica fuera de la circunscripción territorial de dicho órgano jurisdiccional, se ordenó remitir exhorto al Juzgado Civil en Primera Instancia en Turno en Veracruz, Veracruz a efecto que llevara a cabo dicha diligencia en el domicilio señalado en la demanda correspondiente, lo que realizó el Juez Cuarto de Primera Instancia de dicha localidad el trece de julio de dos mil doce (fojas 117, 132, 133 del tomo probatorio). Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil doce, Pablo Gamboa Rivera dio contestación a la demanda instaurada en su contra, interponiendo las excepciones y defensa que consideró procedentes, dando contestación a los hechos expresados por la parte actora, y ofreciendo las pruebas que consideró sustentaban su postura procesal, escrito que en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil doce, el Juez del proceso determinó había sido presentado de forma extemporánea por lo que lo declaró en rebeldía y ordenó que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le hicieran por lista de acuerdos (foja 122 a 126 del tomo de prueba). Sin embargo, el diecinueve de septiembre de dos mil doce, con fundamento en el artículo 270 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se regularizó el procedimiento, se dejó sin efectos el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil doce, y se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda, sin embargo, como el demandado en su escrito no señaló domicilio en la localidad de Xalapa, Veracruz, para oír y recibir notificaciones, se le requirió para que dentro de tres días lo hiciera; sin embargo como el requerido no atendió dicho requerimiento, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil doce, con fundamento en el artículo 74, fracción II del código procesal de la materia se ordenó practicar las subsecuentes notificaciones al demandado, aún las de carácter personal por lista de acuerdos (fojas 138, 141 del tomo de prueba). Seguido el Juicio en todas sus etapas, el once de enero de dos mil trece, se dictó sentencia en la cual se declaró judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito motivo de controversia, y se condenó a Pablo Gamboa Rivera al pago de $173,574.01 (ciento setenta y tres mil pesos quinientos setenta y cuatro pesos 01/100 M.N.) como suerte principal, así como al pago de intereses ordinarios y moratorios (fojas 154 a 156 del tomo de prueba). El ocho de febrero de dos mil trece, se tuvo por presentado a José Javier Cevallos Morales exhibiendo el primer testimonio del instrumento público número dos mil quinientos ochenta y cuatro, otorgado ante el Titular de la Notaría Pública número cincuenta y cuatro de la Décimo Séptima Demarcación Notarial en Veracruz, Veracruz, que contiene el contrato de cesión onerosa de derechos de crédito y derechos litigiosos que celebraron SCRAP II S.R.L. de C.V. por conducto de su apoderado legal en su carácter de cedente y por otra parte el citado José Javier Cevallos Morales en su carácter de cesionario respecto de los mencionados derechos en dicho juicio, el que se le reconoció en proveído de esa fecha, el que se ordenó notificar a la parte demandada para su conocimiento y efectos legales procedentes; asimismo, el doce de marzo de dos mil trece, atendiendo a razón actuarial y al acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil doce, se ordenó notificar la sentencia de once de enero de dos mil trece, por lista de acuerdo (fojas 161 a 167, 169). El doce de noviembre de dos mil trece, se abrió la sección de ejecución en el juicio por lo que se tuvo por designado perito valuador del inmueble existente como garantía hipotecaria ubicado en Unidad Habitacional El Morro del lote 9, departamento 257-302, de la avenida Circuito Vikingo en Boca del Río, Veracruz (foja 188 del cuaderno probatorio). Después de realizarse los trámites procedentes el dieciocho de septiembre de dos mil catorce se llevó a cabo la audiencia de remate prevista en el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en la cual se adjudicó a favor de José Javier Cevallos Morales el bien inmueble sujeto antes mencionado, ordenándose se requiriera al quejoso que acudiera ante la Notaría correspondiente a otorgar la escritura de adjudicación (fojas 259 a 256 del tomo de prueba) Así, el ocho de octubre de dos mil catorce, se requirió de forma personal al demandado a través de instructivo de notificación entregado en su domicilio, por personal del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en cumplimiento a exhorto remitido por su homólogo de Xalapa, Veracruz, lo anterior a efecto de apercibir a Pablo Gamboa Rivera para que en cumplimiento al acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil catorce dictado en el juicio principal, acudiera a la Notaria Pública número once, ubicada en avenida Rafael Murillo Vidal número doscientos treinta y dos, colonia Cuahutémoc, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en el término de tres días a efecto de otorgar escritura de adjudicación del inmueble objeto del remate realizado apercibido que en caso de no hacerlo el Juez del proceso la otorgaría en rebeldía (fojas 308 a 312 del cuaderno de prueba). Dado que por acuerdo General del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, el Juzgado Sexto de Primera Instancia con sede en Xalapa, Veracruz a partir del siete de enero de ese año conocería exclusivamente de asuntos de orden familiar, remitió el juicio 1180/2012 de su índice al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, el cual lo registró con el número 880/2015 de su índice, el cual ordenó notificar personalmente lo anterior a las partes en dicho proceso, lo que fue notificado al demandado el siete de septiembre de dos mil quince, vía exhorto (fojas 296 a 298, 332 a 336 del tomo probatorio). El catorce de junio de dos mil dieciséis, dado que el demandado no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a efecto de comparecer ante el Notario Público designado a otorgar escritura del bien rematado a favor de José Javier Cevallos Morales, se hizo efectivo el apercibimiento formulado y el Juez procedió a firmar la escritura correspondiente (fojas 352, 362 a 370 del cuaderno de prueba). El once de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó requerir a Pablo Gamboa Rivera en el domicilio ubicado en vivienda departamental número 257-302, en avenida Circuito Vikingo, lote nueve, Unidad Habitacional El Morro en Boca del Río, Veracruz, para que procediera a la desocupación y entrega de dicho inmueble en el plazo de cinco días a José Javier Cevallos Morales, apercibido que de no dar cumplimiento se le impondría una multa de diez día de salario mínimo vigente en la capital del Estado, lo que se le notificó vía exhorto diligenciado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 371 a 374, 381 a 384 del tomo de prueba). Debido a que el demandado no dio cumplimiento al citado requerimiento, en proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, el Juez Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, hizo efectivo el apercibimiento formulado y ordenó requerir nuevamente a Pablo Gamboa Rivera en el domicilio ubicado en vivienda departamental número 257-302, en avenida Circuito Vikingo, lote nueve, Unidad Habitacional El Morro en Boca del Río, Veracruz, para que procediera a la desocupación y entrega de dicho inmueble en el plazo de cinco días a José Javier Cevallos Morales, apercibido que de no dar cumplimiento se le impondría una multa de veinte días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, lo que se le notificó vía exhorto diligenciado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, el veintidós de septiembre de dos mil veinte (fojas 391 a 394, 401 a 404 del cuaderno de prueba). Dado que el demandado no dio cumplimiento al requerimiento hecho, en proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, hizo efectivo el apercibimiento formulado, impuso multa y ordenó requerir nuevamente a Pablo Gamboa Rivera en el domicilio ubicado en vivienda departamental número 257-302, en avenida Circuito Vikingo, lote nueve, Unidad Habitacional El Morro en Boca del Río, Veracruz, para que procediera a la desocupación y entrega de dicho inmueble en el plazo de cinco días a José Javier Cevallos Morales, apercibido que de no dar cumplimiento se le impondría una multa de treinta días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, lo que se le notificó vía exhorto diligenciado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, el catorce de abril de dos mil veintiuno (fojas 413 a 416, 423 a 426 del cuaderno de prueba). Como el demandado Pablo Gamboa Rivera no entregó el inmueble ya referido en proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, hizo efectivo el apercibimiento formulado en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, y se le impuso al demandado una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la capital del estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado por desacato a una orden judicial por lo que se ordenó girar oficio al jefe de la oficina de Hacienda de esa ciudad para que procediera al cobro de la multa decretada (foja 433 del tomo probatorio). Mediante proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por presentado a Pablo Gamboa Rivera presentando acta de defunción del actor José Javier Cevallos Morales, por lo que se decretó la suspensión del procedimiento por sesenta días naturales para dar tiempo a que se apersonara el representante de la sucesión correspondiente, lo que ocurrió el veinticuatro de noviembre siguiente y en auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la ciudadana María Celia Cevallos Andrade como albacea de la sucesión a bienes del finado José Javier Cevallos Morales por lo que se reanudó el procedimiento (fojas 543, 559 del cuaderno de prueba). El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, Pablo Gamboa Rivera presentó escrito promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, al cual se le dio entrada mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, el cual, mediante resolución de uno de septiembre de dos mil veintidós, se declaró infundado; decisión en contra de la cual el promovente interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la cual el dos de diciembre de dos mil veintidós, confirmó el fallo impugnado (fojas 569, 582, 625 a 632, 659 a 668 del tomo de prueba). Mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó requerir a Pablo Gamboa Rivera, para que dentro del plazo de cinco días hiciera entrega material y jurídica del bien inmueble departamento número 302, edificio unidad habitacional El Morro, lote nueve, de la avenida Circuito Vikingos, número 257, del municipio de Boca del Río, Veracruz, para lo que se emitió exhorto al Juzgado de Primera Instancia en turno en Veracruz, Veracruz (foja 219 del tomo probatorio). Estos son los datos que, en lo que al caso importa, se desprenden del juicio natural. SUBSUNCIÓN En principio, se advierte de la demanda de amparo que la quejosa manifiesta que ha mantenido una relación de concubinato con el demandado en el juicio ordinario civil de origen, Pablo Gamboa Rivera desde hace más de treinta años, y que, por tal virtud, establecieron su domicilio en el ubicado en departamento número 257-302, en avenida Circuito Vikingo, lote nueve, Unidad Habitacional El Morro en Boca del Río, Veracruz, el que fue adquirido durante la existencia de dicha relación. En ese contexto, la quejosa considera que se transgredió su derecho de audiencia, pues al tener la calidad de concubina del demandado en el juicio natural, y por lo cual, tiene derecho sobre los bienes que se adquirieron bajo la vigencia de esa relación, por corresponder estos a la sociedad que surge con motivo del citado concubinato, por lo cual debió ser llamada a juicio a defender esos derechos. Sin embargo, en el presente caso, resulta evidente que la aquí quejosa Luz María Hernández Valiente, no tiene interés jurídico en el juicio ordinario civil 880/2015, toda vez que los actos de autoridad reclamados deben encaminarse directamente en su contra, lo que no sucede en la especie. Esto porque en el juicio de amparo en que se reclama la falta de llamamiento a un juicio ordinario civil y todo lo actuado en el mismo, incluyendo la sentencia, la adjudicación del inmueble afecto y el requerimiento de entrega del mismo, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues es evidente que, esos actos no afectan su interés jurídico al no ser parte del mismo, y por tanto la quejosa es ajena a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende, no le causa ningún agravio personal y directo. Guarda relación la Jurisprudencia VI.2o.C. J/254 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Ello con independencia que en el caso, la solicitante de amparo señaló que detenta la posesión del bien inmueble adjudicado a favor del aquí tercero interesado, por ser concubina del demandado; sin embargo, aun cuando a la demanda de garantías se acompañó material probatorio para acreditar dicho carácter, ello no la legítima para defender en el juicio de amparo, derechos posesorios derivados de los bienes que se adquieran en la relación de concubinato. En efecto, tratándose de la defensa de la posesión de inmuebles a través del juicio de amparo indirecto, únicamente puede ser materia de protección constitucional, siempre y cuando derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley, que lo genere jurídicamente y que tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción, de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate; entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Es así, porque quien ejercita la acción de amparo, debe ser titular de un derecho de posesión objetivo, como lo es un contrato por el que se generó el derecho a poseer, pues de lo contrario se trataría de un simple detentador cuya posesión no encuentra protección constitucional. Sustenta la anterior consideración, la tesis : P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." De lo anterior, se desprende que, necesariamente se debe acreditar que se ejerce la posesión a través de una causa legal y no por virtud del concubinato, que es una relación personal que crea un estado de familia más no una relación tutelable frente al juicio de amparo respecto de bienes materiales. Esto es, el concubinato no es una figura jurídica que por sí misma le otorgara a la quejosa derechos de propiedad o de posesión, respecto de los bienes de su concubino, porque en dicha figura no existe régimen patrimonial alguno y tampoco le son aplicables las disposiciones legales que rigen sobre el patrimonio adquirido durante el matrimonio. Al respecto, se pronunció el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2014, de la que derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/4 C (10a.) de contenido siguiente: "CONCUBINATO. COMO NO EXISTE RÉGIMEN PATRIMONIAL DENTRO DE ESTA FIGURA JURÍDICA, CUANDO SE PLANTEA LA LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES INCORPORADOS O ADQUIRIDOS EN DICHA RELACIÓN, ÉSTA NO SE RIGE POR NINGUNO DE LOS REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Ciertamente la legislación civil aplicable no prevé normas expresas para determinar la existencia de un régimen patrimonial dentro del concubinato, y tampoco señala fórmulas para la liquidación de los bienes que se incorporen o adquieran durante su subsistencia; en consecuencia, dado que los preceptos respectivos sólo aplican con relación a los nexos que derivan de esa unión, como los alimentos y los derechos hereditarios, no son aplicables al concubinato las disposiciones relativas al matrimonio en tratándose de su liquidación, ante la inexistencia de un régimen patrimonial en tal institución reconocida como unión voluntaria. De consiguiente, la liquidación de bienes que se plantee con motivo de la terminación de un concubinato no procede conforme a un régimen patrimonial, atento a que los artículos 291 Bis, 291 Ter, 291 Quáter y 291 Quintus del Código Civil para el Distrito Federal, de ningún modo estatuyen algo a ese respecto, y así, no le son aplicables los preceptos que rigen exclusivamente para el matrimonio. Por tanto, no es posible incorporar derechos no reconocidos legalmente a dicho concubinato, precisamente porque los preceptos que se refieren a la liquidación del patrimonio en un matrimonio sólo aplican en dicho acto jurídico, como contrato civil, que no son adquiribles ni accesibles al concubinato, concluyéndose que en éste no existe régimen patrimonial, al no preverlo de tal modo la legislación civil para el Distrito Federal." Tema sobre el cual, incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada 1a. CCCXVII/2015 (10a.), que dice: "CONCUBINATO. NO PUEDE PRESUMIRSE QUE LE SEA APLICABLE EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL MATRIMONIO. No puede presumirse que a los concubinos les sea aplicable el régimen de sociedad conyugal del matrimonio, pues éste implica la unión voluntaria de los patrimonios de las partes que celebran dicho acto, es decir, se hacen copartícipes voluntaria y expresamente de sus derechos y obligaciones. Además, aun en el supuesto de que no se estipule el régimen conyugal al momento de la celebración del matrimonio, se entiende que los contrayentes conocen -porque así lo dispone expresamente la ley- que dicha omisión hace presumir la decisión de vivir bajo un régimen compartido; es decir, en el matrimonio existe la manifestación expresa de la voluntad de las partes de sujetarse al cúmulo de obligaciones y derechos que la ley le atribuye a dicha institución, mientras que en el concubinato esta presunción no tiene una fuente de la cual pueda derivarse. Así, para el establecimiento de un régimen patrimonial se requiere la declaración de voluntad de las partes. Considerar lo contrario atentaría contra la propia naturaleza del concubinato como una relación de hecho, pues se le estaría considerando como una figura creadora de consecuencias jurídicas complejas que las partes no manifestaron querer y podría implicar una mayor carga para finalizar su relación que como empezó -de manera fáctica-. Lo anterior no implica, de manera alguna, que los concubinos -al igual que los cónyuges- que se encuentren en situación de desventaja económica -como por ejemplo, haberse dedicado preponderantemente al hogar- respecto de la otra parte no deban ser atendidos por el sistema jurídico. No obstante, ello no se trata de un régimen patrimonial, sino de una medida compensatoria y/o del derecho de alimentos." Guarda relación con lo antes señalado, e pronunciamiento realizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dos de febrero de dos mil veintidós, al resolver el amparo directo en revisión 3937/2020, en lo aplicable al caso particular, sostuvo lo siguiente: "b) Análisis de la forma en que el régimen de comunidad de bienes previsto por el artículo 273 del Código Civil del Estado de Querétaro restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Conforme a los precedentes citados, esta Corte considera que el concubinato es una unión de hecho por la cual las personas pueden optar libremente. Una de las razones por las cuales una persona o una pareja podrían escoger el concubinato por encima del matrimonio es que el primer tipo de unión no conlleva las mismas obligaciones y los mismos deberes que el segundo. Al no exigir ningún tipo de formalidades para su constitución, las personas que conforman un concubinato deciden no sujetarse a determinadas cargas obligaciones tales como las consecuencias patrimoniales propias del matrimonio, independientemente de que estas últimas puedan variar de acuerdo a si los cónyuges elaboraron capitulaciones patrimoniales en donde elegirían un régimen económico específico o si la ley presume un régimen aplicable ante la ausencia de dicha voluntad. Al respecto, el Código Civil del Estado de Querétaro en su artículo 164 dispone que si los cónyuges no manifiestan su voluntad para celebrar el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes, o si se omitiera los requisitos de formalidad esenciales de dicha institución, de manera supletoria se aplicará el régimen de comunidad de bienes para aquéllos que se adquieran durante el matrimonio. Asimismo, el régimen de comunidad de bienes se regirá por las reglas aplicables de la copropiedad. De conformidad con el artículo 928 del mismo código, existe copropiedad cuando una cosa o derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Respecto de las reglas de la copropiedad, el artículo 931 establece que a falta de contrato o disposición especial, la copropiedad se regirá por las reglas que el propio código dispone, las cuales se encuentran previstas de los artículos 931 al 970. Los artículos que son relevantes para el presente asunto por las disposiciones que prevén son del 931 al 941, los cuales disponen, entre otras cosas que el concurso de los partícipes tanto en los beneficios como en las cargas será proporcional a sus respectivas porciones; que ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común; o que todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota. Estas también son las reglas que regirán a los bienes adquiridos durante el concubinato, de acuerdo con el artículo 273, párrafo tercero, del Código Civil del Estado de Querétaro. Al respecto, como quedó destacado, no debe perderse de vista que existen distinciones esenciales entre el matrimonio y el concubinato, ya que mientras el primero, es una institución a la que se accede a través de la celebración de un acto jurídico solemne que para su validez debe ser sancionado por el Estado; el concubinato es una institución que surge de hecho por la unión de dos personas que voluntariamente deciden hacer una vida en común y cuya unión fáctica -una vez cumplidos ciertos requisitos- tiene consecuencias jurídicas en aras de proteger a los concubinos -durante el concubinato y su terminación- y a su familia. Ahora bien, aunque el matrimonio, se caracteriza por tener un régimen patrimonial, que por regla general puede ser separación de bienes o sociedad conyugal, lo cierto es que como parte del respeto al derecho a la libre autodeterminación, son los cónyuges quienes al momento de celebrar el matrimonio eligen el régimen bajo el que desean contraer matrimonio, e incluso pueden cambiarlo durante él, o incluso matizarlo a través de las capitulaciones matrimoniales; sin embargo, como ya se indicó, el concubinato es una institución que por regla general se caracteriza por no tener un régimen patrimonial, ya que se trata de una unión de hecho. (.) En segundo lugar, la imposición del régimen de comunidad de bienes como consecuencia patrimonial inmediata del concubinato trastoca las características que definen a esta unión de hecho. Como se dijo en apartados anteriores, esta Primera Sala ha considerado que unas de las razones por las cuales dos personas deciden conformar un concubinato es para evitar, conforme a un plan de vida propio, la carga de obligaciones que suponen otros tipos de unión como el matrimonio. El modo en el que se pueden evitar dichas consecuencias, es mediante una unión que no requiere una expresión de voluntad formal que produce determinadas consecuencias jurídicas. Fue en este sentido que la Primera Sala determinó que es debido a esa ausencia de expresión de la voluntad mediante la cual los concubinos deciden someterse a determinadas consecuencias jurídicas, y la cual se entiende como una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que no existe una justificación para determinar de manera presuntiva la aplicabilidad de un régimen patrimonial propio del matrimonio o, incluso, si no existen pruebas suficientes de la existencia implícita o explícita de una conjunción de esfuerzos entre los concubinos para un fin preponderantemente económico, la aplicabilidad de las reglas de la sociedad civil para la liquidación de los bienes. Pues bien, es en ese mismo sentido que la aplicación inmediata del régimen de comunidad de bienes en el concubinato no encuentra una justificación constitucional. Así, debe concluirse que la aplicación inmediata de la comunidad de bienes como una consecuencia patrimonial del concubinato implica obligar a los concubinos -quienes no manifestaron su voluntad para ello al conformar una unión de hecho- a consolidar sus respectivas masas patrimoniales en una sola y, a cambio, detentar sólo una parte alícuota. (.)" De ahí que en concepto del propio Alto Tribunal, al concubinato no le apliquen las mismas reglas patrimoniales del matrimonio, por lo que los bienes adquiridos por cada uno de los concubinos, no forman parte del haber patrimonial del otro, sino que son de la exclusiva propiedad de quien los adquiere. Circunstancia que pone de manifiesto que, en el concubinato no existe un régimen patrimonial y, por ende, del mismo no surgen los derechos posesorios que la quejosa aduce tener como concubina. Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior que la quejosa haya solicitara que este caso se analizara bajo una perspectiva de género dada su condición de mujer. Ello porque del análisis del caso sujeto a estudio, no se aprecia la actualización de una situación de violencia o vulnerabilidad que haya influido y/o obstaculizado la impartición de justicia en el mismo. En efecto, las consideraciones antes vertidas, relativas a la improcedencia del juicio de garantías no desatienden la condición de la quejosa, ni constituyen una forma de discriminación en contra de la misma, sino que derivan de la propia naturaleza de las figuras jurídicas relativas al caso, las cuales no pueden soslayarse por la mera invocación de la citada herramienta de análisis, máxime que, como ya se expresó en el caso no se identifican factores de vulnerabilidad de la quejosa que hayan influido u ocasionado la violación de sus garantías constitucionales que alega. Guarda relación la tesis : II.1o.1 CS (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de rubro y texto siguientes: "PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, lo cual constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad; sin embargo, la perspectiva de género en la administración de justicia no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones planteadas por las o los gobernados en razón de su género, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia y de fondo previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que el principio de juzgar con perspectiva de género, por sí mismo, resulta insuficiente para declarar procedente lo improcedente." CONCLUSIÓN. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la misma Ley, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados al 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en el juicio ordinario civil 880/2015 de su índica. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados al 2. Actuario comisionado al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Cardel, Veracruz, dado que los mismos fueron impugnados como consecuencia de los reclamados al citado juzgador y no por vicios propios. Finalmente, importa precisar que en congruencia con lo anterior no se analizan los conceptos de violación que expone la parte quejosa, toda vez que la figura del sobreseimiento implica precisamente la terminación y archivo del asunto sin resolver la litis de fondo; lo que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luz María Hernández Valiente respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo sentenció y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario de Juzgado Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe, el día de hoy diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 568/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado al día siguiente, Luz María Hernández Valiente promovió juicio de amparo en contra de actos que atribuyó al 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y la 2. Actuario comisionado al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Cardel, Veracruz, los cuales posteriormente serán precisados (fojas 3 a 19). SEGUNDO. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, se ordenó admitir la demanda de amparo por lo que hace al Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Xalapa, Veracruz y otra autoridad; se requirió de dichas autoridades sus informes justificados; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; así como fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 64 a 68). Por auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de María Celia Cevallos Andrade en su carácter de albacea a bienes de su finado padre José Javier Cevallos Morales, esto dado que le recae el carácter de tercero interesada en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, dentro del presente juicio de garantías (foja 121). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 89 y 114) la constancia de notificación de la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado (foja 72) así como de la tercero interesada María Celia Cevallos Andrade (foja 124) tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 131) quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de actos susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales relacionados con la garantía de audiencia y debido proceso, así como de posesión, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado tiene efectos dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de forma clara y precisa, el acto reclamado a las autoridad responsables 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y la 2. Actuario comisionado al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Cardel, Veracruz, consistentes en: La falta de llamamiento a juicio especial hipotecario 880/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, y en vía de consecuencias de dicho acto, incluido todo lo actuado en ese expediente, el remate y adjudicación del inmueble ubicado en Unidad El Morro, lote 9, dela vivienda departamental número 257-302 de la avenida circuito Vikingo, en Boca del Río, Veracruz, y la orden de desocupación del citado domicilio, así como la diligencia de requerimiento de desocupación de catorce de junio de dos mil veintitrés. De esta forma, establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Del informe rendido por las autoridades responsables 1. Juez Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, y 2. Actuario comisionado al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Cardel, Veracruz, se aprecia que los actos reclamados son ciertos. Lo anterior porque las autoridades así lo reconocieron en sus respectivos informes justificados (foja 89 y 114) en sus calidades de ordenadoras y ejecutoras. Aunado a lo anterior porque así se aprecia de las constancias del juicio ordinario civil 880/2015 del índice del Juzgado responsable (antes juicio 1180/2012 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz) de las que se aprecia el auto de seis de julio de dos mil doce, en que se ordenó el emplazamiento de la persona demandada al juicio, la cual es distinta al aquí quejoso (fojas 117 y 118 del tomo de prueba) así como el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que se ordenó requerir el desalojo del inmueble afecto al juicio (foja 219 del tomo de prueba). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Definida la certeza de los actos reclamados, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto. En el caso, la quejosa Luz María Hernández Valiente aduce que con relación al juicio ordinario civil en el que se ordenó la entrega del bien inmueble señalado, ella guarda el carácter de tercero extraño a juicio, ya que habita en el mismo desde hace treinta y dos años, como concubina del demandado en el juicio de origen, Pablo Gamboa Rivera. En esas condiciones, quien esto resuelve advierte, oficiosamente, la actualización de la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, dado que la impetrante de garantías no acreditó ser titular de un derecho subjetivo o tener un interés jurídico respecto del cual se le afecte en su esfera jurídica. MARCO NORMATIVO El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Por su parte, el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". Lo resaltado es propio de esta sentencia. Como se observa de la anterior transcripción, en lo que atañe a los actos o resoluciones que dimanen de un tribunal, como sucede en el caso particular, resulta necesario que la parte quejosa precise que es titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, cuestión que está vinculada con el concepto de interés jurídico. En ese sentido, al ejercer el impetrante del amparo la correspondiente acción constitucional, en los casos que impugna actos o resoluciones que tengan su origen en procedimientos de naturaleza jurisdiccional, está constreñido a demostrar que su interés jurídico ha sido afectado, esto es, que el derecho subjetivo público, del cual es titular, resulta lesionado por esos actos o resoluciones. Bajo este tenor, el interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, se encuentra íntimamente relacionado con el numeral 6 de la Ley de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". El precepto transcrito acoge el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el ya citado ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se desprende que para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como presupuesto indispensable, que se acredite la afectación por el o los actos reclamados de los derechos que se invocan, sean patrimoniales o de cualquier otra especie, aclarándose desde luego cuando se trate de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Aunado a lo antes dicho y atendiendo a que el principio de agravio personal y directo, se encuentra intrínsecamente vinculado con el concepto de interés jurídico antes referido, el cual consiste en el derecho que le asiste al particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se afecte por el acto de autoridad ocasionando a su titular una ofensa, un perjuicio o daño en los derechos e intereses del particular. Robustece a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De todo lo anterior, se desprende que la parte quejosa tiene la carga probatoria de acreditar fehacientemente su interés jurídico en el juicio de amparo en el supuesto en estudio, ya que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, así como, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de los actos reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, y a efecto de contar con los datos suficientes para la cabal comprensión de esta resolución, tenemos que de las constancias remitidas por la autoridad responsable relativas al juicio ordinario civil 880/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Xalapa, Veracruz (antes 1180/2012 del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz) su índice destacan, en lo que aquí importa, los antecedentes siguientes: Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil doce, la persona moral SCRAP II Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable demandó a Pablo Gamboa Rivera en la vía ordinaria civil la declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito documentado en un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, así como el pago de intereses ordinarios e intereses moratorios entre otras prestaciones (fojas 3 a 10 del tomo de prueba). La mencionada demanda fue admitida mediante proveído de seis de julio de dos mil doce, por lo que se radicó con el número de juicio 1180/2012 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz; se ordenó el emplazamiento de la parte demandada y dado que el domicilio de ésta se ubica fuera de la circunscripción territorial de dicho órgano jurisdiccional, se ordenó remitir exhorto al Juzgado Civil en Primera Instancia en Turno en Veracruz, Veracruz a efecto que llevara a cabo dicha diligencia en el domicilio señalado en la demanda correspondiente, lo que realizó el Juez Cuarto de Primera Instancia de dicha localidad el trece de julio de dos mil doce (fojas 117, 132, 133 del tomo probatorio). Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil doce, Pablo Gamboa Rivera dio contestación a la demanda instaurada en su contra, interponiendo las excepciones y defensa que consideró procedentes, dando contestación a los hechos expresados por la parte actora, y ofreciendo las pruebas que consideró sustentaban su postura procesal, escrito que en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil doce, el Juez del proceso determinó había sido presentado de forma extemporánea por lo que lo declaró en rebeldía y ordenó que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le hicieran por lista de acuerdos (foja 122 a 126 del tomo de prueba). Sin embargo, el diecinueve de septiembre de dos mil doce, con fundamento en el artículo 270 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se regularizó el procedimiento, se dejó sin efectos el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil doce, y se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda, sin embargo, como el demandado en su escrito no señaló domicilio en la localidad de Xalapa, Veracruz, para oír y recibir notificaciones, se le requirió para que dentro de tres días lo hiciera; sin embargo como el requerido no atendió dicho requerimiento, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil doce, con fundamento en el artículo 74, fracción II del código procesal de la materia se ordenó practicar las subsecuentes notificaciones al demandado, aún las de carácter personal por lista de acuerdos (fojas 138, 141 del tomo de prueba). Seguido el Juicio en todas sus etapas, el once de enero de dos mil trece, se dictó sentencia en la cual se declaró judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito motivo de controversia, y se condenó a Pablo Gamboa Rivera al pago de $173,574.01 (ciento setenta y tres mil pesos quinientos setenta y cuatro pesos 01/100 M.N.) como suerte principal, así como al pago de intereses ordinarios y moratorios (fojas 154 a 156 del tomo de prueba). El ocho de febrero de dos mil trece, se tuvo por presentado a José Javier Cevallos Morales exhibiendo el primer testimonio del instrumento público número dos mil quinientos ochenta y cuatro, otorgado ante el Titular de la Notaría Pública número cincuenta y cuatro de la Décimo Séptima Demarcación Notarial en Veracruz, Veracruz, que contiene el contrato de cesión onerosa de derechos de crédito y derechos litigiosos que celebraron SCRAP II S.R.L. de C.V. por conducto de su apoderado legal en su carácter de cedente y por otra parte el citado José Javier Cevallos Morales en su carácter de cesionario respecto de los mencionados derechos en dicho juicio, el que se le reconoció en proveído de esa fecha, el que se ordenó notificar a la parte demandada para su conocimiento y efectos legales procedentes; asimismo, el doce de marzo de dos mil trece, atendiendo a razón actuarial y al acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil doce, se ordenó notificar la sentencia de once de enero de dos mil trece, por lista de acuerdo (fojas 161 a 167, 169). El doce de noviembre de dos mil trece, se abrió la sección de ejecución en el juicio por lo que se tuvo por designado perito valuador del inmueble existente como garantía hipotecaria ubicado en Unidad Habitacional El Morro del lote 9, departamento 257-302, de la avenida Circuito Vikingo en Boca del Río, Veracruz (foja 188 del cuaderno probatorio). Después de realizarse los trámites procedentes el dieciocho de septiembre de dos mil catorce se llevó a cabo la audiencia de remate prevista en el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en la cual se adjudicó a favor de José Javier Cevallos Morales el bien inmueble sujeto antes mencionado, ordenándose se requiriera al quejoso que acudiera ante la Notaría correspondiente a otorgar la escritura de adjudicación (fojas 259 a 256 del tomo de prueba) Así, el ocho de octubre de dos mil catorce, se requirió de forma personal al demandado a través de instructivo de notificación entregado en su domicilio, por personal del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en cumplimiento a exhorto remitido por su homólogo de Xalapa, Veracruz, lo anterior a efecto de apercibir a Pablo Gamboa Rivera para que en cumplimiento al acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil catorce dictado en el juicio principal, acudiera a la Notaria Pública número once, ubicada en avenida Rafael Murillo Vidal número doscientos treinta y dos, colonia Cuahutémoc, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en el término de tres días a efecto de otorgar escritura de adjudicación del inmueble objeto del remate realizado apercibido que en caso de no hacerlo el Juez del proceso la otorgaría en rebeldía (fojas 308 a 312 del cuaderno de prueba). Dado que por acuerdo General del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, el Juzgado Sexto de Primera Instancia con sede en Xalapa, Veracruz a partir del siete de enero de ese año conocería exclusivamente de asuntos de orden familiar, remitió el juicio 1180/2012 de su índice al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, el cual lo registró con el número 880/2015 de su índice, el cual ordenó notificar personalmente lo anterior a las partes en dicho proceso, lo que fue notificado al demandado el siete de septiembre de dos mil quince, vía exhorto (fojas 296 a 298, 332 a 336 del tomo probatorio). El catorce de junio de dos mil dieciséis, dado que el demandado no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a efecto de comparecer ante el Notario Público designado a otorgar escritura del bien rematado a favor de José Javier Cevallos Morales, se hizo efectivo el apercibimiento formulado y el Juez procedió a firmar la escritura correspondiente (fojas 352, 362 a 370 del cuaderno de prueba). El once de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó requerir a Pablo Gamboa Rivera en el domicilio ubicado en vivienda departamental número 257-302, en avenida Circuito Vikingo, lote nueve, Unidad Habitacional El Morro en Boca del Río, Veracruz, para que procediera a la desocupación y entrega de dicho inmueble en el plazo de cinco días a José Javier Cevallos Morales, apercibido que de no dar cumplimiento se le impondría una multa de diez día de salario mínimo vigente en la capital del Estado, lo que se le notificó vía exhorto diligenciado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 371 a 374, 381 a 384 del tomo de prueba). Debido a que el demandado no dio cumplimiento al citado requerimiento, en proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, el Juez Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, hizo efectivo el apercibimiento formulado y ordenó requerir nuevamente a Pablo Gamboa Rivera en el domicilio ubicado en vivienda departamental número 257-302, en avenida Circuito Vikingo, lote nueve, Unidad Habitacional El Morro en Boca del Río, Veracruz, para que procediera a la desocupación y entrega de dicho inmueble en el plazo de cinco días a José Javier Cevallos Morales, apercibido que de no dar cumplimiento se le impondría una multa de veinte días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, lo que se le notificó vía exhorto diligenciado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, el veintidós de septiembre de dos mil veinte (fojas 391 a 394, 401 a 404 del cuaderno de prueba). Dado que el demandado no dio cumplimiento al requerimiento hecho, en proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, hizo efectivo el apercibimiento formulado, impuso multa y ordenó requerir nuevamente a Pablo Gamboa Rivera en el domicilio ubicado en vivienda departamental número 257-302, en avenida Circuito Vikingo, lote nueve, Unidad Habitacional El Morro en Boca del Río, Veracruz, para que procediera a la desocupación y entrega de dicho inmueble en el plazo de cinco días a José Javier Cevallos Morales, apercibido que de no dar cumplimiento se le impondría una multa de treinta días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, lo que se le notificó vía exhorto diligenciado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, el catorce de abril de dos mil veintiuno (fojas 413 a 416, 423 a 426 del cuaderno de prueba). Como el demandado Pablo Gamboa Rivera no entregó el inmueble ya referido en proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, hizo efectivo el apercibimiento formulado en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, y se le impuso al demandado una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la capital del estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado por desacato a una orden judicial por lo que se ordenó girar oficio al jefe de la oficina de Hacienda de esa ciudad para que procediera al cobro de la multa decretada (foja 433 del tomo probatorio). Mediante proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por presentado a Pablo Gamboa Rivera presentando acta de defunción del actor José Javier Cevallos Morales, por lo que se decretó la suspensión del procedimiento por sesenta días naturales para dar tiempo a que se apersonara el representante de la sucesión correspondiente, lo que ocurrió el veinticuatro de noviembre siguiente y en auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la ciudadana María Celia Cevallos Andrade como albacea de la sucesión a bienes del finado José Javier Cevallos Morales por lo que se reanudó el procedimiento (fojas 543, 559 del cuaderno de prueba). El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, Pablo Gamboa Rivera presentó escrito promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, al cual se le dio entrada mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, el cual, mediante resolución de uno de septiembre de dos mil veintidós, se declaró infundado; decisión en contra de la cual el promovente interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la cual el dos de diciembre de dos mil veintidós, confirmó el fallo impugnado (fojas 569, 582, 625 a 632, 659 a 668 del tomo de prueba). Mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó requerir a Pablo Gamboa Rivera, para que dentro del plazo de cinco días hiciera entrega material y jurídica del bien inmueble departamento número 302, edificio unidad habitacional El Morro, lote nueve, de la avenida Circuito Vikingos, número 257, del municipio de Boca del Río, Veracruz, para lo que se emitió exhorto al Juzgado de Primera Instancia en turno en Veracruz, Veracruz (foja 219 del tomo probatorio). Estos son los datos que, en lo que al caso importa, se desprenden del juicio natural. SUBSUNCIÓN En principio, se advierte de la demanda de amparo que la quejosa manifiesta que ha mantenido una relación de concubinato con el demandado en el juicio ordinario civil de origen, Pablo Gamboa Rivera desde hace más de treinta años, y que, por tal virtud, establecieron su domicilio en el ubicado en departamento número 257-302, en avenida Circuito Vikingo, lote nueve, Unidad Habitacional El Morro en Boca del Río, Veracruz, el que fue adquirido durante la existencia de dicha relación. En ese contexto, la quejosa considera que se transgredió su derecho de audiencia, pues al tener la calidad de concubina del demandado en el juicio natural, y por lo cual, tiene derecho sobre los bienes que se adquirieron bajo la vigencia de esa relación, por corresponder estos a la sociedad que surge con motivo del citado concubinato, por lo cual debió ser llamada a juicio a defender esos derechos. Sin embargo, en el presente caso, resulta evidente que la aquí quejosa Luz María Hernández Valiente, no tiene interés jurídico en el juicio ordinario civil 880/2015, toda vez que los actos de autoridad reclamados deben encaminarse directamente en su contra, lo que no sucede en la especie. Esto porque en el juicio de amparo en que se reclama la falta de llamamiento a un juicio ordinario civil y todo lo actuado en el mismo, incluyendo la sentencia, la adjudicación del inmueble afecto y el requerimiento de entrega del mismo, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues es evidente que, esos actos no afectan su interés jurídico al no ser parte del mismo, y por tanto la quejosa es ajena a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende, no le causa ningún agravio personal y directo. Guarda relación la Jurisprudencia VI.2o.C. J/254 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Ello con independencia que en el caso, la solicitante de amparo señaló que detenta la posesión del bien inmueble adjudicado a favor del aquí tercero interesado, por ser concubina del demandado; sin embargo, aun cuando a la demanda de garantías se acompañó material probatorio para acreditar dicho carácter, ello no la legítima para defender en el juicio de amparo, derechos posesorios derivados de los bienes que se adquieran en la relación de concubinato. En efecto, tratándose de la defensa de la posesión de inmuebles a través del juicio de amparo indirecto, únicamente puede ser materia de protección constitucional, siempre y cuando derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley, que lo genere jurídicamente y que tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción, de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate; entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Es así, porque quien ejercita la acción de amparo, debe ser titular de un derecho de posesión objetivo, como lo es un contrato por el que se generó el derecho a poseer, pues de lo contrario se trataría de un simple detentador cuya posesión no encuentra protección constitucional. Sustenta la anterior consideración, la tesis : P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." De lo anterior, se desprende que, necesariamente se debe acreditar que se ejerce la posesión a través de una causa legal y no por virtud del concubinato, que es una relación personal que crea un estado de familia más no una relación tutelable frente al juicio de amparo respecto de bienes materiales. Esto es, el concubinato no es una figura jurídica que por sí misma le otorgara a la quejosa derechos de propiedad o de posesión, respecto de los bienes de su concubino, porque en dicha figura no existe régimen patrimonial alguno y tampoco le son aplicables las disposiciones legales que rigen sobre el patrimonio adquirido durante el matrimonio. Al respecto, se pronunció el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2014, de la que derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/4 C (10a.) de contenido siguiente: "CONCUBINATO. COMO NO EXISTE RÉGIMEN PATRIMONIAL DENTRO DE ESTA FIGURA JURÍDICA, CUANDO SE PLANTEA LA LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES INCORPORADOS O ADQUIRIDOS EN DICHA RELACIÓN, ÉSTA NO SE RIGE POR NINGUNO DE LOS REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Ciertamente la legislación civil aplicable no prevé normas expresas para determinar la existencia de un régimen patrimonial dentro del concubinato, y tampoco señala fórmulas para la liquidación de los bienes que se incorporen o adquieran durante su subsistencia; en consecuencia, dado que los preceptos respectivos sólo aplican con relación a los nexos que derivan de esa unión, como los alimentos y los derechos hereditarios, no son aplicables al concubinato las disposiciones relativas al matrimonio en tratándose de su liquidación, ante la inexistencia de un régimen patrimonial en tal institución reconocida como unión voluntaria. De consiguiente, la liquidación de bienes que se plantee con motivo de la terminación de un concubinato no procede conforme a un régimen patrimonial, atento a que los artículos 291 Bis, 291 Ter, 291 Quáter y 291 Quintus del Código Civil para el Distrito Federal, de ningún modo estatuyen algo a ese respecto, y así, no le son aplicables los preceptos que rigen exclusivamente para el matrimonio. Por tanto, no es posible incorporar derechos no reconocidos legalmente a dicho concubinato, precisamente porque los preceptos que se refieren a la liquidación del patrimonio en un matrimonio sólo aplican en dicho acto jurídico, como contrato civil, que no son adquiribles ni accesibles al concubinato, concluyéndose que en éste no existe régimen patrimonial, al no preverlo de tal modo la legislación civil para el Distrito Federal." Tema sobre el cual, incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada 1a. CCCXVII/2015 (10a.), que dice: "CONCUBINATO. NO PUEDE PRESUMIRSE QUE LE SEA APLICABLE EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL MATRIMONIO. No puede presumirse que a los concubinos les sea aplicable el régimen de sociedad conyugal del matrimonio, pues éste implica la unión voluntaria de los patrimonios de las partes que celebran dicho acto, es decir, se hacen copartícipes voluntaria y expresamente de sus derechos y obligaciones. Además, aun en el supuesto de que no se estipule el régimen conyugal al momento de la celebración del matrimonio, se entiende que los contrayentes conocen -porque así lo dispone expresamente la ley- que dicha omisión hace presumir la decisión de vivir bajo un régimen compartido; es decir, en el matrimonio existe la manifestación expresa de la voluntad de las partes de sujetarse al cúmulo de obligaciones y derechos que la ley le atribuye a dicha institución, mientras que en el concubinato esta presunción no tiene una fuente de la cual pueda derivarse. Así, para el establecimiento de un régimen patrimonial se requiere la declaración de voluntad de las partes. Considerar lo contrario atentaría contra la propia naturaleza del concubinato como una relación de hecho, pues se le estaría considerando como una figura creadora de consecuencias jurídicas complejas que las partes no manifestaron querer y podría implicar una mayor carga para finalizar su relación que como empezó -de manera fáctica-. Lo anterior no implica, de manera alguna, que los concubinos -al igual que los cónyuges- que se encuentren en situación de desventaja económica -como por ejemplo, haberse dedicado preponderantemente al hogar- respecto de la otra parte no deban ser atendidos por el sistema jurídico. No obstante, ello no se trata de un régimen patrimonial, sino de una medida compensatoria y/o del derecho de alimentos." Guarda relación con lo antes señalado, e pronunciamiento realizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dos de febrero de dos mil veintidós, al resolver el amparo directo en revisión 3937/2020, en lo aplicable al caso particular, sostuvo lo siguiente: "b) Análisis de la forma en que el régimen de comunidad de bienes previsto por el artículo 273 del Código Civil del Estado de Querétaro restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Conforme a los precedentes citados, esta Corte considera que el concubinato es una unión de hecho por la cual las personas pueden optar libremente. Una de las razones por las cuales una persona o una pareja podrían escoger el concubinato por encima del matrimonio es que el primer tipo de unión no conlleva las mismas obligaciones y los mismos deberes que el segundo. Al no exigir ningún tipo de formalidades para su constitución, las personas que conforman un concubinato deciden no sujetarse a determinadas cargas obligaciones tales como las consecuencias patrimoniales propias del matrimonio, independientemente de que estas últimas puedan variar de acuerdo a si los cónyuges elaboraron capitulaciones patrimoniales en donde elegirían un régimen económico específico o si la ley presume un régimen aplicable ante la ausencia de dicha voluntad. Al respecto, el Código Civil del Estado de Querétaro en su artículo 164 dispone que si los cónyuges no manifiestan su voluntad para celebrar el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes, o si se omitiera los requisitos de formalidad esenciales de dicha institución, de manera supletoria se aplicará el régimen de comunidad de bienes para aquéllos que se adquieran durante el matrimonio. Asimismo, el régimen de comunidad de bienes se regirá por las reglas aplicables de la copropiedad. De conformidad con el artículo 928 del mismo código, existe copropiedad cuando una cosa o derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Respecto de las reglas de la copropiedad, el artículo 931 establece que a falta de contrato o disposición especial, la copropiedad se regirá por las reglas que el propio código dispone, las cuales se encuentran previstas de los artículos 931 al 970. Los artículos que son relevantes para el presente asunto por las disposiciones que prevén son del 931 al 941, los cuales disponen, entre otras cosas que el concurso de los partícipes tanto en los beneficios como en las cargas será proporcional a sus respectivas porciones; que ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común; o que todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota. Estas también son las reglas que regirán a los bienes adquiridos durante el concubinato, de acuerdo con el artículo 273, párrafo tercero, del Código Civil del Estado de Querétaro. Al respecto, como quedó destacado, no debe perderse de vista que existen distinciones esenciales entre el matrimonio y el concubinato, ya que mientras el primero, es una institución a la que se accede a través de la celebración de un acto jurídico solemne que para su validez debe ser sancionado por el Estado; el concubinato es una institución que surge de hecho por la unión de dos personas que voluntariamente deciden hacer una vida en común y cuya unión fáctica -una vez cumplidos ciertos requisitos- tiene consecuencias jurídicas en aras de proteger a los concubinos -durante el concubinato y su terminación- y a su familia. Ahora bien, aunque el matrimonio, se caracteriza por tener un régimen patrimonial, que por regla general puede ser separación de bienes o sociedad conyugal, lo cierto es que como parte del respeto al derecho a la libre autodeterminación, son los cónyuges quienes al momento de celebrar el matrimonio eligen el régimen bajo el que desean contraer matrimonio, e incluso pueden cambiarlo durante él, o incluso matizarlo a través de las capitulaciones matrimoniales; sin embargo, como ya se indicó, el concubinato es una institución que por regla general se caracteriza por no tener un régimen patrimonial, ya que se trata de una unión de hecho. (.) En segundo lugar, la imposición del régimen de comunidad de bienes como consecuencia patrimonial inmediata del concubinato trastoca las características que definen a esta unión de hecho. Como se dijo en apartados anteriores, esta Primera Sala ha considerado que unas de las razones por las cuales dos personas deciden conformar un concubinato es para evitar, conforme a un plan de vida propio, la carga de obligaciones que suponen otros tipos de unión como el matrimonio. El modo en el que se pueden evitar dichas consecuencias, es mediante una unión que no requiere una expresión de voluntad formal que produce determinadas consecuencias jurídicas. Fue en este sentido que la Primera Sala determinó que es debido a esa ausencia de expresión de la voluntad mediante la cual los concubinos deciden someterse a determinadas consecuencias jurídicas, y la cual se entiende como una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que no existe una justificación para determinar de manera presuntiva la aplicabilidad de un régimen patrimonial propio del matrimonio o, incluso, si no existen pruebas suficientes de la existencia implícita o explícita de una conjunción de esfuerzos entre los concubinos para un fin preponderantemente económico, la aplicabilidad de las reglas de la sociedad civil para la liquidación de los bienes. Pues bien, es en ese mismo sentido que la aplicación inmediata del régimen de comunidad de bienes en el concubinato no encuentra una justificación constitucional. Así, debe concluirse que la aplicación inmediata de la comunidad de bienes como una consecuencia patrimonial del concubinato implica obligar a los concubinos -quienes no manifestaron su voluntad para ello al conformar una unión de hecho- a consolidar sus respectivas masas patrimoniales en una sola y, a cambio, detentar sólo una parte alícuota. (.)" De ahí que en concepto del propio Alto Tribunal, al concubinato no le apliquen las mismas reglas patrimoniales del matrimonio, por lo que los bienes adquiridos por cada uno de los concubinos, no forman parte del haber patrimonial del otro, sino que son de la exclusiva propiedad de quien los adquiere. Circunstancia que pone de manifiesto que, en el concubinato no existe un régimen patrimonial y, por ende, del mismo no surgen los derechos posesorios que la quejosa aduce tener como concubina. Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior que la quejosa haya solicitara que este caso se analizara bajo una perspectiva de género dada su condición de mujer. Ello porque del análisis del caso sujeto a estudio, no se aprecia la actualización de una situación de violencia o vulnerabilidad que haya influido y/o obstaculizado la impartición de justicia en el mismo. En efecto, las consideraciones antes vertidas, relativas a la improcedencia del juicio de garantías no desatienden la condición de la quejosa, ni constituyen una forma de discriminación en contra de la misma, sino que derivan de la propia naturaleza de las figuras jurídicas relativas al caso, las cuales no pueden soslayarse por la mera invocación de la citada herramienta de análisis, máxime que, como ya se expresó en el caso no se identifican factores de vulnerabilidad de la quejosa que hayan influido u ocasionado la violación de sus garantías constitucionales que alega. Guarda relación la tesis : II.1o.1 CS (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de rubro y texto siguientes: "PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, lo cual constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad; sin embargo, la perspectiva de género en la administración de justicia no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones planteadas por las o los gobernados en razón de su género, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia y de fondo previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que el principio de juzgar con perspectiva de género, por sí mismo, resulta insuficiente para declarar procedente lo improcedente." CONCLUSIÓN. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la misma Ley, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados al 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en el juicio ordinario civil 880/2015 de su índica. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados al 2. Actuario comisionado al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Cardel, Veracruz, dado que los mismos fueron impugnados como consecuencia de los reclamados al citado juzgador y no por vicios propios. Finalmente, importa precisar que en congruencia con lo anterior no se analizan los conceptos de violación que expone la parte quejosa, toda vez que la figura del sobreseimiento implica precisamente la terminación y archivo del asunto sin resolver la litis de fondo; lo que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luz María Hernández Valiente respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo sentenció y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario de Juzgado Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe, el día de hoy diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.Miguel Gastón Manzanilla HernándezMiguel Gastón Manzanilla Hernández
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