Luz María Hernández Valiente
Expediente 1109/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1109/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luz María Hernández Valiente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su INFORME PREVIO; por tanto, hágase del conocimiento a las partes, y relaciónese al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la mencionada ley. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. De las constancias de autos se aprecia que ya fue emplazada al presente juicio ********************, en su carácter de tercera interesada; sin embargo, como a la fecha no ha señalado domicilio en donde oír y recibir notificaciones en esta plaza, se le hace efectivo el apercibimiento contenido mediante acuerdo de treinta de octubre del año en curso, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificársele por lista de acuerdos la presente determinación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto subsane dicha omisión. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta signado por el 2. Actuario Judicial con Categoría de Secretario Siete adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, con residencia oficial en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, así como por recibidas las constancias que en copia certificada acompaña; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la aludida responsable la documental que anexa a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del invocado artículo 124 de la ley en cita. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
RESULTANDO PRIMERO. ******************** señaló a las siguientes autoridades responsables: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1. Juez Segundo de Primera Instancia RESERVAR XALAPA, VERACRUZ 2. Actuario Judicial con Categoría de Secretario Siete adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz (en su denominación correcta) 99 CIERTO La localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz De las que reclama el acto que más adelante quedará precisado. SEGUNDO. Por auto de treinta de octubre del año en curso, este juzgado negó la suspensión provisional; solicitó su informe previo a las autoridades responsables y fijó hora y fecha para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver;CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, en virtud que éste Órgano Jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. De la lectura total de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia: El requerimiento decretado en proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario civil ********************, por el juez responsable, para que en el plazo de cinco días proceda a la desocupación y entrega material y jurídica del bien inmueble ubicado en ********************. El instructivo de notificación dirigido a ********************, recibido por la aquí quejosa el seis de octubre del año en curso. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, a las constancias exhibidas por la parte quejosa. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 2. Actuario Judicial con Categoría de Secretario Siete adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, con sede en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, manifestó ser cierto el acto que se le reclama, tal como se desprende de la lectura de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En esas condiciones la parte quejosa, solicita la suspensión de los actos reclamados, por lo que, con los elementos que de la demanda y demás anexos que obran en el sumario se advierten, el suscrito procede a resolver: En primer término conviene señalar que el requisito consistente en que lo solicite la agraviada implica que, cuando se trata de actos tendentes a privar de la posesión, la parte quejosa debe allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse. En el caso, la peticionaria exhibió lo siguiente: Copia certificada de dos constancias de unión libre de la aquí quejosa con el señor ******************** (demandado en el juicio natural). Copia certificada de constancia de residencia. Constancia de situación fiscal el cual contiene el QR. Copia simple de una póliza de afiliación del Seguro Popular. Copia simple de su credencial para votar expedida del Instituto Nacional Electoral. Copia de su estado de cuenta del Banco INBURSA Sociedad Financiera. Un recibo de pago expedido a nombre de la accionante de amparo por MEGACABLE. Un recibo de pago expedido a nombre de la accionante de amparo por COPPEL. Diversos citatorios de espera. Convenio de medición: ********************, de fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Documentales a las que se les confiere valor probatorio conforme al artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2°. No obstante, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado consistente en la orden de desocupación y entrega material y jurídica del bien inmueble ubicado en ********************, pues la quejosa si bien se ostenta como tercera extraña al juicio natural, para acreditar que el acto que en esta vía reclama le causa perjuicio, debió acreditar el derecho que alega y en el caso, no acredita el interés suspensional que le asiste para obtener la suspensión del acto reclamado, esto es, no acreditó con prueba plena la legítima ocupación del bien inmueble arriba detallado, para considerar que éste forma parte de su patrimonio, y sobre el cual el juez responsable ordenó la desocupación y entrega material del inmueble materia de litigio en el juicio de origen. Sin que pasen inadvertidas las documentales exhibidas por la parte quejosa, en las que si bien es verdad aparece el domicilio del inmueble materia de este controvertido, a juicio de quien aquí resuelve, dichas pruebas no son suficientes para acreditar que efectivamente los actos reclamados le pueden causar un perjuicio en su esfera de derechos posesorios. Lo anterior es así, pues a fin de justificar dicho interés, es necesario que demuestre que cuenta con la legítima titularidad de los derechos posesorios que estima afectados, pues de concederle la suspensión sin acreditar lo anterior se llegaría al extremo inadmisible de que a través de la suspensión se pueden constituir derechos no adquiridos, o reconocer derechos no demostrados, lo cual no es jurídicamente posible, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 5º, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, como en este caso ocurre, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, por lo que no se cumple el requisito previsto en el invocado artículo 128, fracción I, en relación con el diverso 5º, fracción I, párrafo cuarto, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J. 96/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igualmente, no pasa inadvertido que la quejosa anexa copia certificada de la constancia de unión libre con el señor ******************** (demandado en el juicio natural) con lo cual, queda evidenciado que no existe un régimen de sociedad conyugal entre la quejosa y el demandado en el juicio de génesis, que le permita hacer oponible su derecho respecto de los bienes que le pertenecen a éste último. Igualmente, tampoco escapa a la vista del suscrito la constancia que exhibe la quejosa junto al escrito atendido en la audiencia incidental, consistente en un convenio de mediación ********************, de fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, celebrado entre la aquí quejosa y el señor ********************; sin embargo, de éste tampoco se desprende que el bien inmueble materia de litigio forme parte del patrimonio de la primera. En ese contexto, al no estar demostrado al menos indiciariamente el interés de la parte quejosa, resulta intrascendente que aduzca que el que se le vaya a privar de la posesión de éste, es un perjuicio de difícil reparación, en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, a partir de las citadas documentales que exhibió, no evidencia la apariencia de una violación constitucional en su contra que haga procedente la concesión de la medida que solicita. Tampoco se está en el supuesto de ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Es verdad que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, de carácter instrumental, para preservar la materia del propio juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías alegada, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; sin embargo, previamente al análisis de estos elementos, es necesaria la acreditación del interés jurídico. En efecto, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviado (fracción I), o se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II); pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a quien no fuera el agraviado, o cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación. En ese orden de ideas, hasta este momento no se cuenta con datos que permitan considerar de manera anticipada una posible declaración de inconstitucionalidad de los actos reclamados y su ejecución, que se traducen en el desposeimiento del bien inmueble que defiende; pues es indudable que para que resulte factible restituir a la quejosa en la posesión de un inmueble, es un requisito o condición ineludible acreditar en el incidente suspensional que el impetrante ostenta ese derecho posesorio, lo cual no se probó, según el alcance demostrativo que párrafos atrás se explicó. Luego, si en el caso que se examina, la peticionaria fue omisa en exhibir documento fehaciente que acredite la posesión o propiedad que dice tener sobre el bien inmueble objeto del lanzamiento, para generar al menos un indicio serio sobre su interés jurídico, luego, no es el caso atender a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora; y en consecuencia, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis IV.2o.A.65 K (10a.), de rubro y textos siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ELEMENTOS NORMATIVOS Y DE CONTROL PARA EXAMINAR SU PROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 128, 138 Y 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Ley de Amparo, vigente desde el 3 de abril de 2013, además de los procesos legislativos que le son propios, tiene como antecedente los de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en los cuales el Constituyente Permanente patentizó su voluntad de transformar al juicio de amparo en un instrumento de protección y restauración de derechos humanos y de orientar las instituciones propias de dicho procedimiento a ser congruentes con esa voluntad; asimismo, por lo que hace a la suspensión del acto reclamado, fijó como premisas orientadoras de la reforma, evitar el abuso de dicha institución y los efectos perjudiciales para el interés social, al ampliar, por un lado, la discrecionalidad de los Jueces en las decisiones al respecto y, por otro, establecer mecanismos de control y exclusión de la arbitrariedad en esa toma de decisiones, para que quede a cargo del Poder Legislativo, mediante la expedición de la ley mencionada, transformar al instituto suspensional, en función de las premisas señaladas. Algunas de las manifestaciones concretas de dichos propósitos se proyectaron en que, conforme a los artículos 128, 138 y 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión procede, siempre que la solicite el quejoso, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; promovida la suspensión, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, como presupuesto para establecer si existe alguna contravención a dicho interés, con la finalidad de determinar sobre la procedencia de la medida; cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando éste acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; y, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Por tanto, las disposiciones referidas establecen los requisitos que deben actualizarse para que proceda conceder la suspensión de los actos reclamados solicitada por el quejoso, que también constituyen los elementos o parámetros normativos del control que tanto el Constituyente como el legislador ordinario previeron para decidir sobre medidas decretadas en cualquier instancia del incidente de suspensión, para evitar una lesión al interés social, al incluirlo como un elemento del juicio de ponderación, precisamente junto con la apariencia del buen derecho; consistentes en que: I. El quejoso solicite la suspensión; lo que a su vez, supone la demostración de su interés, aun en forma presuntiva, en atención al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo; II. Se demuestre la apariencia del buen derecho, para efectuar el análisis ponderado con el interés social, y no se siga perjuicio a éste ni se contravengan disposiciones de orden público, en la inteligencia de que la presencia del concepto del "buen derecho", revela que esa ponderación se basa en una apreciación provisional o anticipada al fondo del asunto; III. El otorgamiento de la medida cautelar nunca podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; y, IV. Se fijen los requisitos y efectos de la medida y la situación en que habrán de quedar las cosas, en caso de que sea concedida." Asimismo, tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J. 96/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Por ende, al no quedar acreditado en autos el interés suspensional de la aquí quejosa para obtener la medida cautelar solicitada, por no acreditar ser titular de un derecho respecto del cual recae el acto que estima inconstitucional, entonces lo que corresponde es NEGAR LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo se;RESUELVE PRIMERO. Por los motivos precisados en la audiencia de esta fecha, se reserva la celebración de la misma respecto de los actos reclamados a la autoridad denominada 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Xalapa, Veracruz, por tanto, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, como nueva fecha para su verificativo respecto de esta autoridad. SEGUNDO. SE NIEGA a ******************** la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta interlocutoria, por los motivos y razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor trámite el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz. Lo anterior es así, en virtud de que dicho oficio fue recibido en este juzgado previamente vía interconexión, y en proveído de catorce de noviembre pasado se acordó lo conducente. Ahora, respecto del legajo de copias certificadas que acompaña, no ha lugar agregar a los autos, pues se advierte que corresponde a las constancias que este juzgado remitió a la superioridad para resolver el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de treinta de octubre del año en curso. Notifíquese en términos de ley.
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