Ma. Virginia Romero Contreras

Expediente 271/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
271/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Ma. Virginia Romero Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el dos de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 191 a 196), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cinco al veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Sexta Investigadora adscrita a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Unidad de Investigación y Litigación, el anexo I, que se formó con copia cotejada de diversas constancias de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001838/2016 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio DAAR/07/19422/19 remitido por el Fiscal General de la República, por su representación; sin realizar mayor proveído, en virtud de que por auto de dos de septiembre de este año (fojas 191 a 196), se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra cumplida o no. En el caso, Ma. Virginia Romero Contreras, reclamó de la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Sexta de Investigación adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (en su denominación correcta), en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001838/2016 o FED/PUE/PLA/0001838/2016 (esta última, como lo indicó la autoridad responsable), de su índice (foja 90 vuelta): "I. La omisión de dar contestación al escrito presentado ante esa autoridad el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó se resolviera en definitiva dicha carpeta, se levantara el aseguramiento de existir el mismo y se hiciera la devolución y/o liberación, o en su caso, se le entregara en depositaría el inmueble ubicado en calle Once Norte, sin número, entre las calles 4 y 6 Poniente, en la Junta Auxiliar de Benito Juárez, perteneciente al municipio de Los Reyes de Juárez, Puebla. II. La resolución de diecinueve de abril de la presente anualidad, en la cual la responsable estableció que no es procedente dictar alguna determinación que ponga fin a la investigación del delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, habida cuenta de que existen líneas de investigación y diligencias pendientes de desahogar, para llegar al esclarecimiento de los hechos." Ahora bien, por sentencia firmada y autorizada el veintiuno de junio de dos mil diecinueve (fojas 87 a 102), se sobreseyó el juicio de amparo respecto a la omisión reclamada (acto identificado con el número romano I), y por lo que hace al diverso (señalado como II), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ma. Virginia Romero Contreras, para los siguientes efectos (foja 101): "(.) Noveno. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Ma. Virginia Romero Contreras, para el efecto de que la 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Sexta de Investigación adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (en su denominación correcta), una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001838/2016, de su índice, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil diecinueve, en la cual la responsable estableció que no es procedente dictar alguna determinación que ponga fin a la investigación del delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, habida cuenta de que existen líneas de investigación y diligencias pendientes de desahogar, para llegar al esclarecimiento de los hechos. 2. Emita otro acuerdo en el que, de manera fundada y motivada, dé respuesta a lo solicitado por la aquí quejosa; esto es, se pronuncie si resulta procedente se resuelva en definitiva dicha carpeta de investigación, tomando en consideración que en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, determinó el archivo temporal de la carpeta de investigación, porque los datos de prueba que existían no eran elementos de convicción suficientes que permitieran fincar la responsabilidad penal de algún activo en los delitos que motivaron la indagatoria. 3. De insistir en el sentido de la determinación ministerial, esto es, que no es procedente dictar alguna determinación que ponga fin a la investigación, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, es decir: 3.1. La calidad con la que se tiene a la aquí quejosa. 3.2. Precisar los datos de prueba pendientes de desahogar en dicha investigación. 3.3. Se pronuncie si resulta procedente o no se le entregue en depositaría el inmueble ubicado en calle Once Norte, sin número, entre las calles 4 y 6 Poniente, en la Junta Auxiliar de Benito Juárez, perteneciente al municipio de Los Reyes de Juárez, Puebla. 4. Deberá citar los preceptos legales aplicables al caso, y explicar por qué dichos preceptos resultan aplicables en dicha determinación. 5. Notifique a la quejosa Ma. Virginia Romero Contreras dicha determinación, y, remita las constancias que así lo acrediten" (foja 101). En proveído de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 113 a 115). Mediante oficios 197 (con número de registros 15755 y 15756) de dos de agosto de dos mil diecinueve, y el diverso de 150/2019 de doce del mismo mes y año, la autoridad responsable, pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin hacerlo en su totalidad, remitiendo copias certificadas de diversas constancias (fojas 134 a 143, 145 a 147 y 151 a 159) que obran en autos de la averiguación previa FED/PUE/PBL/0001838/2016 o FED/PUE/PLA/0001838/2016 (esta última, como lo indicó la autoridad responsable), con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Por lo que mediante proveídos de ocho y trece de agosto de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 148 y 160). Así, mediante oficio 200 (foja 163) de quince de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Sexta de Investigación adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió copias certificadas de diversas constancias (fojas 164 a 182) que obran en autos de la averiguación previa FED/PUE/PBL/0001838/2016 o FED/PUE/PLA/0001838/2016 (esta última, como lo indicó la autoridad responsable), constancias con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. De las copias certificadas, ya valoradas, se advierte que en cumplimento de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, emitió tres determinaciones: a) de dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 134 a 142); b) de doce de agosto de dos mil diecinueve, contenida en el oficio 150/2019 (fojas 151 a 153); y, c) de quince de agosto del mismo año (fojas 165 a 167). Las dos últimas en complemento a la primera. Ahora bien, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, esta autoridad se pronuncia de oficio en los siguientes términos: I. Que en relación con el punto 1 de los efectos del fallo protector, consistente en que "1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil diecinueve, en la cual la responsable estableció que no es procedente dictar alguna determinación que ponga fin a la investigación del delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, habida cuenta de que existen líneas de investigación y diligencias pendientes de desahogar, para llegar al esclarecimiento de los hechos", la responsable en la primera resolución de dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 134 a 142), dictada en autos de la averiguación previa FED/PUE/PBL/0001838/2016 o FED/PUE/PLA/0001838/2016 (esta última, como lo indicó la autoridad responsable), estableció lo siguiente (foja 134): "(.) Documento que se tiene a la vista y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado. se ordena dejar insubsistente el acuerdo dictado el diecinueve de abril de dos mil diecinueve (.). Atento a lo anterior, queda insubsistente el acuerdo dictado el diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos de la Carpeta de Investigación FED/PUE/PLA/0001838/2016, materia de la ejecutoria. Atento a lo anterior, queda insubsistente el acuerdo dictado el diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos de la Carpeta de Investigación FED/PUE/PLA/0001838/2016." La transcripción anterior revela que la responsable dejó insubsistente el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en los autos de la Carpeta de Investigación FED/PUE/PBL/0001838/2016 o FED/PUE/PLA/0001838/2016 (esta última, como lo indicó la autoridad responsable); por lo que cumplió con el punto 1 de la ejecutoria de amparo. II. Que en relación con el punto 2 de los efectos del fallo protector, consistente en que "2. Emita otro acuerdo en el que, de manera fundada y motivada.," la responsable en la primera resolución de dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 134 a 142), dictada en autos de la averiguación previa FED/PUE/PBL/0001838/2016, o FED/PUE/PLA/0001838/2016 (esta última, como lo indicó la autoridad responsable) estableció lo siguiente (foja 134): "(.) Asimismo, se ordena emitir otro acuerdo siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria referida, quedando como sigue: (.)." De lo anterior se tiene que la autoridad responsable ordenó emitir otro acuerdo; por tanto, se tiene por cumplido el punto 2 de la ejecutoria de amparo, en la parte que se señaló. III. Por lo que se refiere al punto 2, en cuanto a que ".dé respuesta a lo solicitado por la aquí quejosa; esto es, se pronuncie si resulta procedente se resuelva en definitiva dicha carpeta de investigación, tomando en consideración que en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, determinó el archivo temporal de la carpeta de investigación, porque los datos de prueba que existían no eran elementos de convicción suficientes que permitieran fincar la responsabilidad penal de algún activo en los delitos que motivaron la indagatoria", la responsable en la primera resolución de dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 134 a 142), dictada en autos de la averiguación previa FED/PUE/PBL/0001838/2016 o FED/PUE/PLA/0001838/2016 (esta última, como lo indicó la autoridad responsable), motivó lo siguiente (foja 137): "(.) Al respecto, debe decirse que corresponde al Ministerio Publico determinar cuándo resulta procedente dictar alguna determinación que ponga fin a la investigación, estas formas de terminación de la Investigación estas señaladas en los artículos 253, 254 y 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen:" ".Artículo 253. Facultad de abstenerse de investigar El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada. Artículo 254. Archivo temporal El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. Artículo 255. No ejercicio de la acción Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona." Por lo cual, en concepto de esta autoridad, hasta el momento no se colma ninguna de las hipótesis señaladas para dictar alguna determinación que ponga fin a la investigación (.):" Atento a lo transcrito, la autoridad ministerial responsable, determinó que no era procedente resolver en definitiva dicha carpeta de investigación; con lo que se cumplió con el punto 2 de la ejecutoria de amparo, en la parte que ha quedado señalada. IV. En relación con los puntos 3, 3.1, y 3.3 en cuanto a que "3. De insistir en el sentido de la determinación ministerial, esto es, que no es procedente dictar alguna determinación que ponga fin a la investigación, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, es decir: 3.1. La calidad con la que se tiene a la aquí quejosa (.) 3.3 Se pronuncie si resulta procedente o no se le entregue en depositaría el inmueble ubicado en calle Once Norte, sin número, entre las calles 4 y 6 Poniente, en la Junta Auxiliar de Benito Juárez, perteneciente al municipio de Los Reyes de Juárez, Puebla", la responsable en la primera resolución de dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 134 a 142), dictada en autos de la averiguación previa FED/PUE/PBL/0001838/2016 o FED/PUE/PLA/0001838/2016 (esta última, como lo indicó la autoridad responsable), estableció lo siguiente (foja 140): "(.) Respecto a la solicitud que hace la peticionaria para que se le deje en depositaria el bien inmueble ubicado en (.), no es procedente porque dicho predio está considerado como instrumento, objeto o producto del delito, por lo que con la finalidad de garantizar un futuro y posible decomiso o la eventual reparación del daño, así como asegurar la comprobación del cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del inculpado, protegiendo la subsistencia de los posibles medios de prueba, esta autoridad considera que de momento no es posible acordar de conformidad la petición respecto a la depositaría: Sirve de apoyo lo prescrito por el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales anteriormente citado. De igual modo, tomando en consideración que hasta el momento no ha comparecido Rosendo Contreras Pérez, en su carácter de cedente dentro del convenio de cesión de derechos agrarios exhibido por Ma. Virginia Romero Contreras, documento con el cual esta última pretende acreditar la propiedad del inmueble asegurado, lo cual hace que indiciariamente, Rosendo Contreras Pérez, sea propietario del inmueble ubicado en Calle Once Norte, sin número, entre las Calles 4 y 6 Poniente, en la Junta Auxiliar de Benito Juárez, perteneciente al Municipio de Los Reyes de Juárez, Puebla. Por ende no existe certeza que la peticionaria sea propietaria del inmueble cuya devolución reclama. Funda lo anterior lo establecido en el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (lo transcribe). Y, en caso de que ella resulte ser la propietaria, de facto, pasaría a tener la calidad jurídica de probable responsable, ya que la ley solo señala que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico (artículo 105, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales). De lo transcrito se puede advertir que, la autoridad responsable determinó que no era procedente dictar alguna resolución que ponga fin a la investigación, además le dio a conocer a la aquí quejosa el carácter que podría recaerle dentro de dicha indagatoria, y las razones por las cuales dicha representación social no tenía certeza de que ésta fuera la propietaria del inmueble asegurado, y por ende le negó la devolución del mismo que pidió en depositaría; de ahí que se tienen por cumplidos dichos puntos. V. Por lo que se refiere al punto 4 de los efectos de la concesión del amparo, en el sentido de que "4. Deberá citar los preceptos legales aplicables al caso, y explicar por qué dichos preceptos resultan aplicables en dicha determinación"; de la resolución de dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 134 a 142), dictada en autos de la averiguación previa FED/PUE/PBL/0001838/2016 o FED/PUE/PLA/0001838/2016 (esta última, como lo indicó la autoridad responsable), se advierte: Que la autoridad responsable sí fundó su actuar, pues señaló los artículos 8, 14, 16, 21 y 102, apartado A, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 105, último párrafo, 114, 131, 229, 246, 253 a 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 9, fracción II e inciso c), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos; y 7, fracción I, 8, 9, párrafo primero, y 13 fracciones II y III del Código Penal Federal. También motivó su dicho, pues expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, que se adecuan a las normas aplicables; con lo que se cumplió con el punto 4 de la ejecutoria de amparo. VI. Respecto al punto 5 de los efectos de la concesión del amparo, relativo a que se "5. Notifique a la quejosa Ma. Virginia Romero Contreras dicha determinación, y, remita las constancias que así lo acrediten." De las constancias que remitió la autoridad responsable, ya valoradas, se advierte que mediante oficio 197 remitió la constancia de notificación de la resolución de dos de agosto de dos mil diecinueve, donde consta que se notificó a Ma. Virginia Romero Contreras, aquí quejosa, el siete de agosto del mismo año (fojas 145 a 147); por lo que se cumplió con el punto 5 de la ejecutoria de amparo. VII. Por lo que se refiere al punto 3.2 de los efectos de la ejecutoria de amparo "3.2. Precisar los datos de prueba pendientes de desahogar en dicha investigación", la representación social, en alcance a la determinación de dos de agosto de dos mil diecinueve, en autos de la averiguación previa FED/PUE/PBL/0001838/2016 o FED/PUE/PLA/0001838/2016 (esta última, como lo indicó la autoridad responsable), realizó lo siguiente: a) emitió oficio 150/2019 donde consta el auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, por conducto del agente del Ministerio Público Adolfo Santiago Vázquez, titular de la Agencia IV de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Estatal de la ciudad de Puebla (fojas 151 a 153); y b) suscribió el acuerdo de quince del mismo mes y año (fojas 165 a 167). De los mismos se advierte que en ellos se señalaron los datos de prueba pendientes de recabar; en el primero (fojas 151 a 153), se enumeraron cuatro, y en el segundo (fojas 165 a 167) se indicaron los mismos datos que en el primero y se ordenaron otras diligencias; de ahí que se cumplió con el punto 3.2 de la ejecutoria de amparo. Los acuerdos de doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 151 a 153), y de quince del mismo mes y año (fojas 165 a 167), también cumplieron con el punto 4 de la ejecutoria de amparo, correspondientes a "(.) citar los preceptos legales aplicables al caso, y explicar por qué dichos preceptos resultan aplicables en dicha determinación"; pues, en el primero, se señalaron los artículos "8, 20, apartado "A", 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales"; y en el segundo, los numerales 8, 14, 16, 21 y 102, Apartado A, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 90, 91, 92, 105, 114, 131, 229, 246, 253 a 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 9, fracción II e inciso c), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos; y 7, fracción I, 8, 9, párrafo primero, y 13 fracciones II y III del Código Penal Federal; y 4, 5, y 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. También se expusieron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas para la emisión de tales acuerdos. Por último, debe decirse que, las indicadas determinaciones de doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 151 a 153), y de quince del mismo mes y año (fojas 165 a 167), también cumplieron con el punto 5 de la ejecutoria de amparo, consistente en notificar "(.) a la quejosa Ma. Virginia Romero Contreras dicha determinación, y, remita las constancias que así lo acrediten"; ya que de autos se advierte que fueron notificados a la quejosa, respectivamente, el doce y el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 168 a 179, 181, y 182). En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se acató en su totalidad con la misma, sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el telegrama remitido por el Fiscal General de la República, por su representación; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veintiséis de julio pasado, que se le dirigió en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, informa que mediante oficio DAAR/07/19743/19, conmino al Delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Puebla, para que instruya a la servidora pública 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Sexta de Investigación adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que conoce la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001838/2016, de su índice, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; sin mayor acuerdo, en virtud de que por auto de veinte de agosto de este año se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Cúmplase.

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