Ma. Socorro Gullén Torrez
Expediente 1115/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Socorro Gullén Torrez
Actuaciones
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo II-1115/2023, promovido por ******************** por conducto de su apoderado Efraín Guzmán Chamú, contra actos del Delegado y/o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se certifica: Que el Delegado y/o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su respectivo informe justificado aun y cuando obra acuse de recibo del oficio 20354 por el que se les requirió su informe justificado, mismo que fue entregado en data veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, transcurriendo el término de quince días otorgado para tal efecto del treinta de agosto al veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, excluyendo de dicho término los días inhábiles correspondientes, sin que la autoridad haya cumplido con lo requerido. EL JUEZ: Con relación con la certificación de cuenta, se tiene como omiso en rendir su respectivo informe justificado al Delegado y/o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, sin que dicha omisión sea obstáculo resolver el presente asunto. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que EL Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegatos 756/2023 . EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-1115/2023, promovido por ******************** por conducto de su apoderado Efraín Guzmán Chamú, contra actos del Delegado y/o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el veinticinco de ese mes y año por razón de turno, a este Juzgado Federal, ******************** por conducto de su apoderado Efraín Guzmán Chamú, promovió demanda de amparo indirecto contra el Delegado y/o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente II-1115/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta a la solicitud 16230000714 presentada el veinte de enero de dos mil veintitrés, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en la que solicitó la inscripción del acta de asamblea general de ejidatarios, sobre reconocimiento de avecindado respecto del Ejido denominado "Tiamba" de Uruapan, Michoacán; y, en consecuencia La expedición y entrega del acta de asamblea general de ejidatarios sobre reconocimiento de avecindado, debidamente a favor de mi representada del Ejido denominado "Tiamba" de Uruapan, Michoacán. CUARTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Delegado y/o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en la audiencia constitucional, se le tuvo como omisa en rendir el informe solicitado que a su parte corresponde. Por tanto, se presume cierta la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 750, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 831, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal, Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Novena Época, registro 1002816, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, mismo que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. La quejosa medularmente argumenta la transgresión al artículo 8° Constitucional, pues al margen de que la Delegación responsable no le ha dado contestación a su solicitud 16230000714 presentada el veinte de enero de dos mil veintitrés, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en la que solicitó la inscripción del acta de asamblea general de ejidatarios, sobre reconocimiento de avecindado respecto del Ejido denominado "Tiamba" de Uruapan, Michoacán; y, por ende la expedición y entrega del acta de asamblea general de ejidatarios sobre reconocimiento de avecindado, debidamente a favor de mi representada del Ejido denominado "Tiamba" de Uruapan, Michoacán. Dicho planteamiento es esencialmente fundado. De inicio es necesario tener en cuenta lo que establece el numeral 8° del Pacto Federal, en el cual se advierte que, por imperativo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que la constriñe acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Esa prerrogativa del particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa, 2. Dirigirse a una autoridad; y, 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término, b. Ser congruente con la petición, c. Estar fundada y motivada; y, d. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Apoya lo anterior, la tesis número XXI.1o.P.A.36 A, publicada en la página 1897, en el tomo Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Ahora bien, cabe precisar que cuando se reclama una violación al derecho de petición, existe una carga procesal compartida: por un lado, la parte justiciable deberá demostrar que formuló y presentó ante la autoridad responsable su solicitud o petición en forma respetuosa y pacífica, así como que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y, por otro lado, la responsable deberá acreditar que dio respuesta a la petición que le fue formulada en los términos referidos y que la notificó al solicitante. En el caso, la parte quejosa satisfizo su carga procesal con la documental que exhibió concerniente al acuse de recepción del pliego petitorio, con la cual acredita que elevó su solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa, sin soslayarse que no proporcionó un domicilio específico para recibir la respuesta, sin embargo adjuntó copia simple de la credencial de elector de la quejosa, en la que obra su domicilio. Correlativamente, tal como lo manifiesta en su demanda, en el sumario no se advierte que la Delegación ante la cual se presentó, haya dado contestación a la solicitud de mérito, no obstante haber tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Pues como se precisó, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 8º Constitucional, la responsable está obligada a acreditar que dio respuesta por escrito a la petición que le fue formulada y que ésta le fue notificada al solicitante en el domicilio proporcionado, sin que se haya acreditado durante la tramitación de este juicio esa respuesta se efectúo con anterioridad a la presentación de la demanda. Así las cosas, en resarcimiento del derecho fundamental vulnerado, lo que se impone es conceder el amparo y protección constitucional solicitada. OCTAVO. EFECTOS DE CONCESIÓN. En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación examinados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para los siguientes efectos: I. Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, el Delegado y/o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha emitido la respuesta respectiva, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera fundada y motivada, realice la contestación a la solicitud 16230000714 presentada el veinte de enero de dos mil veintitrés; y, correlativamente, notifique de ello a la peticionaria de amparo, en el domicilio que señaló en esta instancia constitucional ubicado en el número 508 de la calle Canteros de la Colonia Obrera en esta ciudad. En el entendido de que tal concesión no vincula a la autoridad a emitir alguna respuesta en determinado sentido, sino únicamente a dar contestación a la solicitud planteada -sea que ésta sea procedente, improcedente, o bien, el estatus que actualmente guarda-, debiendo notificar oportunamente dicha respuesta. En la inteligencia de que, como en el caso, la expedición y entrega de los documentos de reconocimiento solicitados dependen de la respuesta que dé la responsable bajo los efectos de esta sentencia; la concesión del amparo se limita a la situación específica en que se encuentra el trámite administrativo de origen. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 126, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802744 Segunda Sala Volumen CXXXII Tercera Parte Página 138 Jurisprudencia (Administrativa) "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación." De igual forma orienta el anterior criterio la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802384 Segunda Sala Volumen XXIV Tercera Parte Página 27 Tesis Aislada (Constitucional) "PETICIÓN. PRUEBA DE LA NOTIFICACIÓN. El artículo 8o. constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración.". Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa ********************, pueda acudir personalmente a la oficina de la autoridad responsable, a fin de que se le notifique la respuesta a su solicitud. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos indicados del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe. aeol
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Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase a la promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
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Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECONOCE EL CARÁCTER QUE OSTENTAN. Vista la demanda de amparo que promueve Efraín Guzmán Chamú, quien se ostenta apoderado de Ma. Socorro Guillen Torrez, contra actos del Delegado y/o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad. Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de la Materia y en términos de poder general, que se anexa a la demanda de amparo, se reconoce a Efraín Guzmán Chamú, el carácter de apoderado de Ma. Socorro Guillen Torrez, con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por Ma. Socorro Guillen Torrez, a través de su apoderado contra actos del Delegado y/o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. INFORME JUSTIFICADO Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que deberá: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395, así como habrá de precisar que dicho informe y las constancias que anexa a aquel, de ser el caso, bajo protesta de decir verdad coinciden con sus originales; salvo que por el volumen o la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos (como en el sistema penal acusatorio) y otros documentos análogos. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa, ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Además, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al fiscal del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario que corresponda; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. NO HA LUGAR A EMPLAZAR A TERCERO INTERESADO. Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III de la ley de la materia, tomando en consideración que de la lectura íntegra de la demanda no se obtiene que tenga un interés contrario al de la parte quejosa; aunado a que su llamamiento a juicio sólo retardaría el procedimiento, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por duplicado y cuerda separada, por no haberlo solicitado la parte quejosa. SE AUTORIZA CONSULTA ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTE Y NOTIFICACIONES Por otra parte solicita la consulta vía electrónica del sumario en que se actúa, así como las notificaciones que deban ser personales a través de la misma vía. Por tanto, se tiene al promovente solicitando se le autorice la consulta del expediente vía electrónica; precisando al efecto el USUARIO que indica en la libelo constitucional. Atento a lo anterior, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se autoriza la consulta electrónica, del presente expediente en el señalado sistema electrónico, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Como lo solicita, se tiene como medio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, a través del nombre de usuario indicado en la libelo constitucional, de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. DESIGNA AUTORIZADOS Asimismo, téngasele designando como autorizados de su parte a las personas que señala en su ocurso de cuenta, con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. NOTIFICACIÓN A LA RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
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