Ma. Sonia Pérez Arreola
Expediente 918/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Sonia Pérez Arreola
- David Zamudio Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte del estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, dentro de los treinta días naturales siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE V-918/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-918/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ******************** contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Sin que constituya un obstáculo para la celebración de la presente audiencia constitucional, el que se encuentre corriendo la vista hacia la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, puesto que el diferimiento de la audiencia por tal cuestión sólo debe hacerse en su beneficio cuando deba aportar pruebas para desvirtuar lo aseverado por la responsable, situación que en el caso no es necesaria atendiendo a las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, de ahí que no requiere de prueba adicional, por lo que en vez de diferir la audiencia constitucional y retardar la solución del asunto, se privilegie el principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con impartir justicia de manera pronta y expedita. Sin que con ello se desentiendan las jurisprudencias P./J54/2000 y 1ª/J.112/2006, pues del estudio analítico de las ejecutorias de las que derivaron se colige que su espíritu no es diferir la audiencia constitucional en todos los casos de manera indiscriminada, pues ello atentaría contra el principio constitucional de impartir justicia pronta y expedita, sino antes bien sólo cuando las partes puedan ofrecer pruebas para desvirtuar lo plasmado en el informe justificado lo que en el caso no es necesario. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales que anexó a su libelo la parte quejosa y a su informe de ley la autoridad responsable; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 621/2023 recibido por este juzgado el trece de julio pasado. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-918/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el once de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, por conducto de su apoderado ********************, promovieron demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previo cumplimiento a la prevención realizada por este juzgado, mediante proveído veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente V-918/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de proveer y realizar oficiosamente los actos pertinentes para lograr que se dé cabal cumplimiento dictado dentro del juicio laboral ********************, que promovieron los hoy quejosos en contra del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, Michoacán. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. Lo anterior, ya que la parte quejosa en el libelo constitucional reclamó la omisión genérica del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de proveer y realizar oficiosamente los actos pertinentes para lograr que se dé cabal cumplimiento al laudo dictado dentro del juicio laboral ********************, que promovieron los aquí quejosos en contra del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, Michoacán. Por su parte, la autoridad responsable al rendir el informe justificado, negó el acto reclamado al referir que no ha sido omiso en gestionar el cumplimiento del laudo, toda vez que el dieciocho de agosto del presente año, acordó los escritos presentados por los quejosos el veinticuatro de enero y veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por lo que ordenó girar oficio a la Dirección de Patrimonio del Estado, a efecto de que dentro del término de tres días hábiles, designara perito a fin de que realice el dictamen y avalúo de la propiedad embargada dentro del juicio de origen, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento en el término legal concedido para ello, se aplicarían los medios de apremio establecidos en la ley; de ahí que la autoridad responsable considera que no ha sido omisa en realizar las gestiones correspondientes a efecto de lograr el cabal y total cumplimiento al laudo emitido en el juicio natural. Al margen de lo expuesto por la responsable, se advierte que, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió la documental que adjuntó a su informe justificado relativa al juicio laboral ******************** de su índice, de las cuales se advierte que por parte de los peticionarios de amparo no existen solicitudes recientes para impulsar la ejecución del laudo emitido en el juicio de origen. Documentales a las que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Sobre el particular, es importante tomar en consideración que el Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 3/2014, sostuvo que, cuando las personas quejosas reclamen la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se sostuvo que no sólo corresponde a la parte interesada solicitar que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también dicha parte se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, pues resulta necesaria su asociación con el fedatario público, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Por tanto, no puede considerarse que corresponda al tribunal burocrático llevar a cabo, de manera oficiosa, la ejecución forzada del laudo, en razón de que tanto el inicio de dicho procedimiento, como la prosecución del mismo, debe realizarse a petición de la parte que obtuvo, y dicho impulso debe hacerse cada vez que sea necesario, dentro del término que la legislación de la materia prevé, so pena de que la acción para ejecutar la referida resolución prescriba, solicitando el inicio del procedimiento de ejecución forzosa o el dictado del auto de ejecución. De ahí que, el acto reclamado sería inexistente al momento de presentarse la demandada y, además, de realización incierta, en razón de que, como se precisó, el inicio y prosecución referido procedimiento, depende del impulso del ejecutante y, en tal virtud, no podría tenerse por actualizada la omisión genérica atribuida a la autoridad responsable. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), del Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante". El criterio anterior resulta aplicable en el presente asunto, debido a que, como quedó precisado en el considerando tercero de esta resolución, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la omisión de realizar los actos pertinentes para lograr que se dé cabal cumplimiento al laudo dictado dentro del juicio de origen a favor de los trabajadores aquí peticionarios del amparo, para que se dé cumplimiento al laudo emitido en el expediente natural. Sin embargo, como quedó plasmado en líneas anteriores, corresponde a la parte quejosa el intervenir en el procedimiento de ejecución, "cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo", ya que no puede ordenarse, a través de una sentencia de amparo que el tribunal responsable provea lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, la ejecución de un laudo. Para robustecer lo aquí expuesto, se considera necesario citar la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". En virtud de lo anterior, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. En ese sentido, ante la inexistencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Constituyendo un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, la resolución aprobada en sesión ordinaria de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, del recurso de revisión ********************del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que, el sentido de dicho fallo es compatible con el emitido en el presente juicio en que se actúa. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentra trascurriendo el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, para que la autoridad responsable con sede en esta ciudad, rinda su informe justificado, relativo al proveído de veinticuatro de julio del presente año; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy FeCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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