Ma. Rosario Avilés Martínez

Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 65 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
255/2022
Año
2022
Actuaciones
65
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Ma. Rosario Avilés Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 65.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. PARTE TERCERO INTERESADA SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS. Visto el escrito de cuenta que suscribe ********************, autorizado de la tercero interesada ********************, mediante el cual solicita copias certificadas de las constancias a que alude; atento a lo anterior, se realizan las siguientes consideraciones: 1. Dicha expedición se encuentra autorizada desde el auto de radicación del presente juicio, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo; 2. Sin embargo, por el momento no se cuenta con un centro de fotocopiado en funcionamiento para el público general dentro del Edificio Sede donde se ubica este órgano jurisdiccional, para que puedan obtener las copias que solicita. 3. Por lo que, de contar con usuario y autorización para la consulta del expediente electrónico, puede obtener las copias de dicho expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y una vez que la parte solicitante obtenga las copias simples, deberá acudir ante este juzgado con las mismas a fin de que se lleve la certificación correspondiente 4. En caso de insistir en obtener copias del expediente, la parte solicitante, cuenta con la opción de hacer uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por lo cual, puede comparecer a hacer uso de medios digitales para obtener las constancias que requiera. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés.********************CUENTA CON AUTOS.********************Vista la certificación secretarial que obra al rubro del presente proveído, de la que se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa.********************CAUSA EJECUTORIA DETERMINACIÓN ********************Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°.********************ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. ********************Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. ********************En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formó cuaderno incidental, del que se aprecia que se concedió la medida cautelar definitiva, de conformidad con lo que señala el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el del incidente de suspensión es conservable.********************En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha.********************DESTINO A BILLETE DE DEPÓSITO********************En otro tenor, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-881108 expedido por Banco del Bienestar, que ampara la suma de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), a nombre de la quejosa ******************** que fue exhibido dentro del cuaderno incidental relativo, a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva del acto reclamado.********************En tal virtud, hágasele saber a la parte quejosa, que una vez transcurridos seis meses, como lo prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, podrá solicitar la devolución del billete de depósito aludido, en el entendido que de no hacerlo en dicho lapso o transcurridos dos años, con fundamento en el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y en cumplimiento a la circular de uno de febrero del año dos mil, que aclara las confusiones de interpretación de los órganos jurisdiccionales de la circular de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, prescribirán los citados billetes a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. ********************DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO********************Finalmente, como de la certificación secretarial que antecede se advierte que obra en autos, específicamente a fojas 15 a 20 obra el poder general para pleitos y cobranzas expedido a favor de ********************, apoderada de la parte quejosa, así como el acuse de recibo de solicitud de trámite número 16210014202, expedido por el Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, el trece de diciembre de dos mil veintiuno; en tal virtud, requiérasele para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del mismo así como del expediente en que se actúa.********************Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintitrés. DEVUELVE DESPACHO. Agréguese a los autos para que obre como corresponde, el oficio de cuenta signado por la Jueza Menor del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 284/2023-138.D, que en su momento le fuera sobrecartado por el Juez Mixto de Primera Instancia de aquel Distrito Judicial para que en auxilio de este juzgado desahogara la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte tercero interesada; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento en torno al mismo, toda vez que en proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida vía correo electrónico la comunicación oficial de que se trata, proveyéndose lo conducente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IX-255/2022, promovido por Ma. Rosario Avilés Martínez, por conducto de su apoderada Verónica Rodríguez Gómez, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Ma. Rosario Avilés Martínez, por conducto de su apoderada Verónica Rodríguez Gómez, promovió demanda de amparo contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de uno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda registrada bajo el número IX-255/2022; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. En términos de lo señalando en los artículos primero y quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto, será resuelto conforme a la ley vigente a partir del tres de abril del referido año, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, cuyo contenido no se oponga a lo que la ley vigente de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la citada ley. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en razón de que la parte quejosa reclama actos atribuidos a una autoridad agraria con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce su competencia mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la peticionaria de garantías, como tercera extraña en estricto sentido, reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, la falta de llamamiento al procedimiento sucesorio agrario número 236/2001, a bienes del extinto Arturo Pérez Moreno, respecto al cual se ostenta como tercera extraña típica en estricto sentido; y, como consecuencia, todo lo actuado en el referido juicio agrario, tales como la expedición del certificado de propiedad a favor de Juana Moreno Rivera, respecto de la parcela ejidal número 95, con superficie de 19-66-55.230 hectáreas ubicada en el ejido "Ceibas Blancas", del Municipio de Tiquicheo, Michoacán. Del Delegado Estatal en Michoacán del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, la cancelación del certificado de derechos agrarios número 3462822 y la expedición de uno diverso que amparan esos derechos a favor de Juana Moreno Rivera. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia de los actos reclamados. Por su parte la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado. No obstante, lo procedente es desvirtuar dicha negativa y tener por ciertos los actos que se le atribuyen, toda vez que de las manifestaciones vertidas en su informe se evidencia la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Lo que se corrobora con las documentales exhibidas en autos por ambas autoridades responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada y actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la citada legislación, establece: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." De acuerdo con dicho precepto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. En ese sentido, es de puntualizar que si bien la Ley de Amparo no da una definición exacta de lo que es "interés jurídico", ese extremo ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia, como aquella situación jurídica en la que un particular es titular de un derecho subjetivo público que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir ese derecho, no habrá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Es importante señalar que el interés jurídico a que se hace referencia, según ha establecido en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Así, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Por su parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; por tanto, conforme con lo dispuesto en este precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, posesión, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera, que resulte afectado sin los derechos fundamentales de audiencia y defensa que en él se consagran; sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Bajo ese contexto, se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, siendo el primero de ellos la existencia y titularidad de un derecho, y el segundo el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa, personal o directo en ese derecho, proveniente de un acto de autoridad; lo que significa que la comprobación del interés jurídico es presupuesto indispensable para el examen de la litis constitucional, que no puede tenerse por acreditado por el sólo hecho de haber promovido el juicio constitucional, sino que debe demostrarse que el acto reclamado lesiona a la parte quejosa en los derechos que legítimamente le sean tutelados por la ley. Ahora, la quejosa Ma. Rosario Avilés Martínez se ostenta persona extraña en estricto sentido al procedimiento de origen, por lo que resulta menester que para justificar la afectación a su esfera jurídica susceptible de ser protegida a través del juicio de amparo, demuestre su interés jurídico, esto es, la existencia de un derecho legítimamente tutelado. Luego, aduce esencialmente en su demanda de amparo que fue transgredido en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que no fue llamada al procedimiento sucesorio agrario a bienes de Arturo Pérez Moreno. En ese orden, para demostrar su interés jurídico la quejosa debe, en principio, justificar plenamente que se ubica en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Agraria, que establecen: "Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior." "Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos." De la transcripción anterior, se arriba a la conclusión de que los derechos ejidales pueden transmitirse por sucesión legítima o testamentaria. Esto es, el artículo 17 de la Ley Agraria confiere al ejidatario la facultad de nombrar a la persona que lo sucederá en sus derechos agrarios, en base a la lista de sucesión que en su caso formule. Además, se prevé que la lista donde conste su voluntad debe revestir ciertas formalidades, pues debe depositarse en el Registro Agrario Nacional o, en su defecto, formalizarse ante notario público. En cambio, si el ejidatario no designa heredero, o si el que hubiere sido designado está imposibilitado material o legalmente para suceder, la ley de la materia prevé quiénes son las personas que pueden sucederlo. Así, se considerará heredero al cónyuge, a la concubina o concubino, a uno de los hijos del ejidatario, a alguno de sus ascendientes, o bien, a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. De ahí que, sólo un individuo puede heredar los derechos agrarios; consecuentemente, si varias personas tienen derecho a heredar, la ley ordena que éstas acuerden quién conservará los derechos ejidales. En caso de que no lleguen a un acuerdo, el Tribunal Agrario procederá a vender en subasta pública esos derechos y repartirá el producto entre las personas con derecho a heredar. En ese orden de ideas, considerando que el procedimiento de origen es relativo a la sucesión intestamentaria de derechos agrarios de los bienes parcelarios de Arturo Pérez Moreno, es inconcuso que la quejosa debe demostrar que los actos reclamados en esta instancia constitucional afectan su interés jurídico, por considerar que no fue llamada al juicio sucesorio de origen; esto es, debe acreditar de manera fehaciente que se ubica en alguna de las hipótesis previstas en la Ley Agraria, esto es, figurar en una lista de sucesión conforme al artículo 17 de dicho ordenamiento, o tener la calidad de alguno de los grados de parentesco preferente que se señalan en el artículo 18 de la Ley Agraria. Ahora, para acreditar el interés con el que acude a esta instancia constitucional, la quejosa exhibió: a) Copia del acta de defunción de Arturo Pérez Moreno. b) Copias de las actas de nacimiento de Arturo y Javier, ambos de apellidos Pérez Avilés, quienes refiere son hijos del de cujus y la aquí quejosa. Sin embargo, dichos documentos son ineficaces para acreditar que la promovente del amparo se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria. Es así, pues dichos medios de convicción únicamente acreditan el deceso del autor de la sucesión y que este procreó dos hijos con la aquí quejosa; empero, el grado de parentesco por afinidad que aduce la quejosa tener con relación al quejoso (concubina) no se encuentra acreditado con algún otro medio de prueba. No se desatiende que la quejosa reiteradamente señaló ser concubina del de cujus al momento de su fallecimiento; sin embargo, dichas manifestaciones resultan insuficientes para tener por demostrado dicho vínculo. Es así, debido a que para demostrar tales extremos resultaba necesario que la quejosa allegara diversos medios de prueba con los que se demostrara fehacientemente dicha circunstancia, esto es, su parentesco por afinidad con el de cujus al momento de su muerte, lo que no aconteció en la especie. Tampoco se soslaya que la quejosa refiere haber procreado dos hijos con el finado, lo que corrobora con las actas de nacimiento relativas (fojas 43-45); sin embargo, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones; a más de que tal circunstancia no basta para tener acreditado el concubinato ya que el juicio de amparo no tiene como objeto resolver sobre la existencia de tal figura, sino que para ello existen diversas vías ordinarias relativas. Más aún que no existe diversa prueba sobre una convivencia estable entre la quejosa y el finado, fundada en la afectividad que generara vínculos de solidaridad y ayuda mutua. Apoya como criterio orientador la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 2008267 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. VIII/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, página 769 Tipo: Aislada PENSIÓN COMPENSATORIA. PROCEDE ANTE EL QUEBRANTAMIENTO DE UNIONES DE HECHO, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE SE TRATA DE UNA PAREJA QUE CONVIVIÓ DE FORMA CONSTANTE Y ESTABLE, FUNDANDO SU RELACIÓN EN LA AFECTIVIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LA AYUDA MUTUA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, derivado de lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de familia debe ser concebido como un medio para la protección de los derechos fundamentales de todos los individuos que conforman una familia, por lo que procurar la efectividad de estos derechos debe ser la finalidad básica y esencial de toda norma emitida por el legislador en materia familiar. Bajo esa premisa, esta Suprema Corte considera que no es posible sostener que el goce de los derechos más elementales establecidos para la protección de la familia, entre los que destacan los derechos alimentarios, corresponde en exclusiva a aquellas familias formadas en un contexto de matrimonio o concubinato en términos de ley, pues si bien corresponde al legislador la creación de normas para regular la materia familiar y el estado civil de las personas, dicho actuar no puede realizarse al margen del principio de igualdad y no discriminación dispuesto en el último párrafo del artículo 1o. constitucional. Así, aquellas legislaciones en materia civil o familiar de donde se derive la obligación de dar alimentos o de otorgar una pensión compensatoria a cargo exclusivamente de cónyuges y concubinos, excluyendo a otro tipo de parejas de hecho que al convivir de forma constante generan vínculos de solidaridad y ayuda mutua pero que por algún motivo no cumplen con todos los requisitos para ser considerados como un concubinato, constituye una distinción con base en una categoría sospechosa -el estado civil- que no es razonable ni justificada y que coloca a este tipo de parejas en una situación de desprotección en relación con su derecho a acceder a un nivel de vida adecuado. En consecuencia, esta Primera Sala considera que en todos aquellos casos en que se acredite la existencia de una pareja que conviva de forma constante y estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, deberán aplicarse las protecciones mínimas que prevé el derecho de familia para el matrimonio y el concubinato, entre las que se encuentran y destacan las obligaciones alimentarias. En cualquier caso, es conveniente resaltar que las protecciones aludidas son exclusivas de la familia, por lo que no son extensibles a uniones efímeras o pasajeras que no revisten las características expuestas anteriormente. No pasa inadvertido para quien suscribe que la quejosa también ofreció como prueba de su parte la inspección ocular; sin embargo, dicho medio de prueba no es el idóneo para acreditar el extremo pretendido, en atención a que ninguna información arroja con relación a la existencia de una lista de sucesión en la que haya sido nombrada la quejosa, o bien, a que es pariente por afinidad del de cujus en alguno de los grados establecidos en el artículo 18 de la Ley Agraria, por ejemplo al haber efectivamente tenido una relación de concubinato con el finado. Por consiguiente, como se indicó, con las pruebas aportadas por la quejosa, no demuestra que se ubique en alguno de los supuestos contemplados en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento al juicio 236/2001 y su tramitación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 167611 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 20/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 464 Tipo: Jurisprudencia TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN DICHO JUICIO, SI SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA. Acorde con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción XIII, y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo cuando afecten a personas extrañas al juicio, constituyéndose una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que la persona que, a pesar de tener interés jurídico, no fue llamada al juicio sucesorio agrario, es tercera extraña a éste, en la medida en que no fue convocada a ejercer sus defensas y, por tanto, puede impugnar en amparo indirecto la sentencia firme dictada en aquel juicio. Para estos efectos, el tercero extraño debe probar ante el Juez de Distrito que se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, consistentes en: 1) figurar en alguna lista de sucesión inscrita en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante notario público o 2) acreditar que es cónyuge, concubina, concubinario, hijo, ascendiente o dependiente económico del ejidatario fallecido. Por tanto, es inconcuso que al actualizarse la causal de improcedencia señalada lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos reclamados al Delegado del Registro Agrario nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios. Dado el sentido del presente fallo resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento respecto de la causal de improcedencia señalada por la Magistrada responsable en su informe justificado, así como respecto de los alegatos formulados en autos, toda vez que no forman parte de la Litis. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ma. Rosario Avilés Martínez, contra los actos reclamados a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 y al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

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