Ma Roberta Diaz Martínez
Expediente 57/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/05/2019
Partes del expediente
- Ma Roberta Diaz Martínez y Otros.
- Ma Roberta Diaz Martínez
- Leonel Diaz Martinez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta patentiza que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, revocó la sentencia dictada en este juicio de amparo, determinando conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Por su parte, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, segundo y tercer párrafos de dicho Acuerdo). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto obran constancias originales, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 citado, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos adjuntados, debiéndose dejar copia simple de los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. Además, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para constancia legal debida. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese; y personalmente
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; dieciséis de abril de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de dos de los cursantes, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Leonel Díaz Martínez, María Concepción Colín Hinojosa y Ma. Roberta Díaz Martínez, en contra del acto consistente en el auto admisorio dictado en el juicio ejecutivo mercantil 640/2018, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el que se ordena se realicen diligencias en el domicilio ubicado en calle Marcelino Juárez número 402, colonia Benito Juárez, en Toluca, Estado de México, con superficie y colindancias: al Norte: 25 metros, con lote doce; al Sur: 25 metros, con lote doce; al Oriente: 10 metros, con calle de su ubicación; al Poniente: 10 metros, con propiedad particular, con una superficie total de 250 metros cuadrados; la diligencia de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho llevada a cabo en el citado domicilio; así como su ejecución. Mediante sentencia de siete de marzo de dos mil diecinueve, se determinó: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Leonel Díaz Martínez y María Concepción Colín Hinojosa, por derecho propio, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero por los motivos expuestos en el cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Roberta Díaz Martínez, por los motivos y para los efectos expuestos considerando último de esta resolución." Determinación que quedó firme el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. En ese sentido, los efectos por los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y los motivos por los que se dio cumplimiento son: EFECTOS CUMPLIMIENTO ".para el efecto de que el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, respete los derechos de propietaria que la quejosa Ma. Roberta Díaz Martínez demostró tener respecto del inmueble ubicado en calle Marcelino Juárez número 402, colonia Benito Juárez, en Toluca, Estado de México, con superficie y colindancias: al Norte: 25 metros, con lote doce; al Sur: 25 metros, con lote doce; al Oriente: 10 metros, con calle de su ubicación; al Poniente: 10 metros, con propiedad particular, con una superficie total de 250 metros cuadrados. Por auto de uno de abril del año en curso, el Juez Primero Mercantil de Primera instancia de Toluca, Estado de México, dictó un auto en el expediente 640/2018 de su índice, en el que declaró respetar el derecho de propiedad que tiene la quejosa Ma. Roberta Díaz Martínez, respecto del inmueble ubicado en calle Marcelino Juárez número 402, colonia Benito Juárez, en Toluca, Estado de México, con superficie y colindancias: al Norte: 25 metros, con lote doce; al Sur: 25 metros, con lote doce; al Oriente: 10 metros, con calle de su ubicación; al Poniente: 10 metros, con propiedad particular, con una superficie total de 250 metros cuadrados. En el entendido que la ejecutoria respectiva quedará cumplida cuando la autoridad responsable emita un auto donde declare que respetará el derecho de propietaria de la quejosa en relación con el bien descrito. Mismo auto que fue dictado, tal y como se advierte del punto anterior. La concesión del amparo se hace extensiva por lo que hace a la autoridad responsable señalada como ejecutora, Encargada de la Central de Ejecutores en razón de que los actos de ejecución que se reclaman de ésta no son por vicios propios. En el mismo auto, designó a la Centra de Ejecutores y Notificadores de Toluca, México, para que al dar cumplimiento a los autos descritos en proveído de uno de abril del año en curso, deberá respetar en todo momento el derecho de propiedad que tiene la quejosa respecto al inmueble descrito. De lo anterior, se colige que, mediante oficio presentado el uno de abril del año en cuso, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, remitió copia certificada del auto dictado en esa misma fecha, en el expediente 640/2018 de su índice, por el que declaró respetar el derecho de propiedad que tiene la quejosa Ma. Roberta Díaz Martínez, respecto del inmueble ubicado en calle Marcelino Juárez número 402, colonia Benito Juárez, en Toluca, Estado de México, con superficie y colindancias: al Norte: 25 metros, con lote doce; al Sur: 25 metros, con lote doce; al Oriente: 10 metros, con calle de su ubicación; al Poniente: 10 metros, con propiedad particular, con una superficie total de 250 metros cuadrados. En el mismo auto, designó a la Centra de Ejecutores y Notificadores de Toluca, México, para que al dar cumplimiento a los autos descritos en proveído de uno de abril del año en curso, deberá respetar en todo momento el derecho de propiedad que tiene la quejosa respecto al inmueble descrito. Consecuentemente, se estima que al haber dado cumplimiento a los puntos concesorios del amparo, resulta que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable, sin que sea imputable a ésta la omisión de la actora de señalar domicilio para integrar la relación jurídico procesal para señalar la nueva fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, en el momento procesal oportuno ordénese el archivo del presente asunto. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV) oluca, Estado de México; dos de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada del auto de uno de abril de este año, dictado en el expediente 640/2018. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibidos que en caso de ser omisos, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
iv) Toluca, Estado de México; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la partes dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia dictada el siete de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó respecto de unos actos y por otros se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la agraviada; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; en el libro de gobierno realícense las anotaciones respectivas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique el presente proveído, de cumplimiento al fallo protector y, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acrediten. En el entendido que en caso de ser omiso al requerimiento anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la citada ley, se le impondrá una multa de doscientas veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, y de ser el caso, se enviara el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con dicho cumplimiento, que puede culminar con la suspensión del cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
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