Ma. Magdalena Jordan Carranza

Expediente 1463/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1463/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
25/04/2019

Partes del expediente

  • Ma. Magdalena Jordan Carranza
  • Ma. Magdalena Jordan Carranza y Otros.
  • Juan Calos Zarza Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    (SE LISTA AVISO PARTE QUEJOSA) V. Toluca, Estado de México a veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en auto de once de los cursantes (f. 194), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Ma. Magdalena Jordán Carranza y Juan Carlos Zarza Guerrero; contra la LX Legislatura del Estado de México y otras autoridades, respecto de los actos reclamados consistentes en: La aprobación, promulgación y primer acto de aplicación del decreto por el cual se creó el artículo 90 ter, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 vigentes para dos mil trece (pago de derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de operación de compraventa de inmueble). Ahora, mediante sentencia de doce de noviembre de dos mil dieciocho (f. 79 a 89), se determinó lo siguiente: "PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Magdalena Jordán Carranza y Juan Carlos Zarza Guerrero, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último." Inconforme con dicha resolución la Directora Técnico Jurídica y representante legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno se radico ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien mediante resolución dictada el siete de febrero del año en curso, determinó confirmar la sentencia recurrida, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los impetrantes. Por lo anterior, en auto de ocho de marzo pasado (f. 162 y 163), se requirió el cumplimiento de la misma, para efecto de que la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizara lo siguiente: a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 90 Ter fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil trece. b) La protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la quejosa, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $29,096.00 (veintinueve mil noventa y seis pesos), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficios registrados con los números de control interno 4313 y 5907, respectivamente, se tuvo al Subdirector Jurídico y Delegado designado por la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México (f. 170- 172 y 186-193), comunicando la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del el título de crédito (Cheque) por la cantidad de $33,349.52 (treinta y tres mil trecientos cuarenta y nueve pesos 52/100 M.N.), la cual corresponde a la cantidad actualizada de forma debida, es decir, la que resulta de la diferencia entre las cantidades de $29,096.00 (veintinueve mil noventa y seis pesos), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada, así como la recepción de dicho título por la parte quejosa el veinticinco de los actuales, documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos del artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias exhibidas por la responsable, se advierte que dejó de aplicar a la quejosa el artículo 90 Ter fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil trece, razón por la cual le devolvió la cantidad actualizada que resultó de la diferencia entre lo que había pagado según el volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    V. Toluca, Estado de México a veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en auto de once de los cursantes (f. 194), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Ma. Magdalena Jordán Carranza y Juan Carlos Zarza Guerrero; contra la LX Legislatura del Estado de México y otras autoridades, respecto de los actos reclamados consistentes en: La aprobación, promulgación y primer acto de aplicación del decreto por el cual se creó el artículo 90 ter, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 vigentes para dos mil trece (pago de derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de operación de compraventa de inmueble). Ahora, mediante sentencia de doce de noviembre de dos mil dieciocho (f. 79 a 89), se determinó lo siguiente: "PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Magdalena Jordán Carranza y Juan Carlos Zarza Guerrero, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último." Inconforme con dicha resolución la Directora Técnico Jurídica y representante legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno se radico ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien mediante resolución dictada el siete de febrero del año en curso, determinó confirmar la sentencia recurrida, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los impetrantes. Por lo anterior, en auto de ocho de marzo pasado (f. 162 y 163), se requirió el cumplimiento de la misma, para efecto de que la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizara lo siguiente: a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 90 Ter fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil trece. b) La protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la quejosa, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $29,096.00 (veintinueve mil noventa y seis pesos), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficios registrados con los números de control interno 4313 y 5907, respectivamente, se tuvo al Subdirector Jurídico y Delegado designado por la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México (f. 170- 172 y 186-193), comunicando la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del el título de crédito (Cheque) por la cantidad de $33,349.52 (treinta y tres mil trecientos cuarenta y nueve pesos 52/100 M.N.), la cual corresponde a la cantidad actualizada de forma debida, es decir, la que resulta de la diferencia entre las cantidades de $29,096.00 (veintinueve mil noventa y seis pesos), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada, así como la recepción de dicho título por la parte quejosa el veinticinco de los actuales, documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos del artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias exhibidas por la responsable, se advierte que dejó de aplicar a la quejosa el artículo 90 Ter fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil trece, razón por la cual le devolvió la cantidad actualizada que resultó de la diferencia entre lo que había pagado según el volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México a once de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°, agréguese el oficio y anexo de cuenta, a través del cual el Subdirector Jurídico y Delegado designado por la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, comunica la forma en la que acató el fallo protector y remite las constancias que acreditan tal situación; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento hecho a la responsable e insubsistente el apercibimiento decretado para el caso de ser omisa. En tal virtud, dese vista a las partes con el cumplimiento dado por la responsable de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibida que para el caso de omisión, se resolverá con base en los elementos aportados por la autoridad responsable y las constancias de autos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    v) Toluca, Estado de México a dos de abril de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de quince de marzo pasado (foja 173), para desahogar la vista respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, así como para que acreditaran ante este juzgado que comparecieron ante dicha autoridad y recibieron el título de crédito (Cheque); sin que realizaran manifestación alguna al respecto. En tal virtud, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y estudio oficioso; consecuentemente, con fundamento en los párrafos primo y segundo del artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, solicítese a la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por ser a quien le compete su cumplimiento, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciban la notificación del presente proveído, informe a este juzgado de Distrito si ya entregó a la quejosa el título de crédito (Cheque) materia de la ejecutoria de amparo, debiendo acompañar las constancias que acrediten su dicho. En el entendido que en caso de ser omisa al requerimiento anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la citada ley, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, y de ser el caso, se enviara el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con dicho cumplimiento, que puede culminar con la suspensión del cargo y su consignación ante la autoridad competente. De igual forma, en obvio de dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, requiérase a los quejosos para que dentro del término de tres días legalmente computado, hagan del conocimiento de este órgano si ya comparecieron ante la responsable a recibir el título de crédito aludido en el párrafo que antecede, debiendo acreditar dentro del mismo término ante este juzgado tal situación; con el apercibimiento, que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de los impetrante que su participación en el procedimiento de ejecución de sentencia no se limita a observar los trámites, sino que también tiene obligación de vigilar que el fallo sea cumplido hasta sus últimas consecuencias, realizando las gestiones que sean necesarias ante las autoridades que deban cumplirlo para acelerar el procedimiento, máxime que el efecto de la ejecutoria es restituirle en el uso y goce de la garantía violada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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