Ma. Matilde Melchor Garcia
Expediente 979/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2023
Partes del expediente
- Ma. Matilde Melchor Garcia
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio enviado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada el once de octubre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 249/2023 de su índice estadístico, medio de impugnación resuelto en los términos que a continuación se precisan: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja". Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia para los efectos legales procedentes y acúsese recibo. Ahora, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo, ello, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita. En el entendido que en el presente asunto no se exhibió garantía alguna (billete de depósito, póliza, etc.), y/o documento diverso que obre en la caja de seguridad de este Juzgado de Distrito. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción según corresponda conforme al acuerdo general aludido. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; a través del cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra de la determinación dictada el veintiocho de junio del año en curso, el cual quedó registrado bajo el número recurso de queja 249/2023, de su índice. Atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y estése en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal oficiante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa por Ma. Matilde Melchor García; a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintiocho de junio del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo intentada. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. A fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno. En ese orden, se comisiona al Oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, para que realice las gestiones necesarias relativas a la vinculación de las actuaciones que integran el presente cuaderno, a fin de que la superioridad se encuentre en aptitud de consultarlo por ese medio informativo, para el trámite y resolución del recurso hecho valer. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Radicación de la Demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio contra actos del Magistrado adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 979/2023-IV. Improcedencia de la Demanda. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: ... Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, se obtiene que la impetrante tilda de inconstitucional, lo siguiente: El auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que el Magistrado adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, determinó no acordar favorable la solicitud del quejoso en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento a la parte actora de presentar perito en materia de grafoscopía. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Lo reseñado evidencia la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los diversos 107, fracción V, 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que literalmente disponen: Ahora, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Dichas porciones normativas establecen que el juicio de amparo será improcedente, contra actos que no sean de imposible reparación. En ese sentido, es dable establecer que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J.24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, Página 11, con número de registro 205651, cuyo rubro es: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En efecto, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, se debe atender a que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. De no actualizarse ese supuesto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado, en su caso, deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170 fracción I, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En ese orden, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución o algún tratado internacional celebrado por el Estado Mexicano, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por su parte, la Carta Magna y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que puedan surgir en el procedimiento jurisdiccional; por el contrario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". De igual forma, la Ley de Amparo, reitera lo previsto en la Carta Magna en su artículo 170 fracción I, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107 fracción III, inciso a), de la Constitución y 170 fracción I, de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso b) y c), y que indica el artículo 107, fracciones IV, V y VI, de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones, son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En el caso, la peticionaria de amparo, combate el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que el Magistrado adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, determinó no acordar favorable la solicitud del quejoso en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento a la parte actora de presentar perito en materia de grafoscopía. Al respecto, como se dijo, dicho acto no es de imposible reparación, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución o en un tratado internacional celebrado por el Estado Mexicano, tales como la libertad, la propiedad, la posesión o los derechos del prenombrado quejoso, sino que únicamente se refiera a aspectos procesales. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia IV.2o. J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Tomo III, junió de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 538, con número de registro 202290, que dice: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial". De igual forma tiene sustento la Tesis 1a. LII/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 250, con número de registro 190609, que dice: "JUICIO AGRARIO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA LEY DE LA MATERIA NO PREVEA LA POSIBILIDAD DE OBJETAR PRUEBAS EN AQUÉL, NO ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. De lo dispuesto en los artículos 178 a 190 de la Ley Agraria, se desprende que si bien es cierto que dentro del procedimiento del juicio agrario no se establece la posibilidad de objetar o impugnar los medios probatorios ofrecidos por las partes o exhibidos en el citado juicio, también lo es, que tal circunstancia no puede considerarse violatoria de la garantía de audiencia y debido proceso legal, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues conforme a lo previsto en las aludidas disposiciones legales, sí se satisface dicha garantía, al otorgar a las partes en toda contienda agraria la oportunidad de ofrecer pruebas y formular los respectivos alegatos. Ello es así, porque el goce de esa garantía no comprende el que necesariamente las partes en la legislación relativa, tengan la opción de objetar o impugnar las pruebas de su contraparte, porque con ello se propiciaría la tardanza en la conclusión del procedimiento agrario, lo cual sería contrario a la reforma del artículo 27 de la Constitución Federal, publicada el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, en la que se dota de plena autonomía a los tribunales agrarios, para resolver con apego a la ley y de manera expedita, ya que con la creación de dichos tribunales, se busca, precisamente, que el Estado pueda incrementar de manera más ágil y eficiente la defensa y protección de los derechos de los hombres del campo, pretendiendo mediante el procedimiento establecido, que prevalezca la sencillez y claridad en el mismo. Además, la omisión del legislador de regular la objeción de pruebas, se compensa con el hecho de que a fin de conocer la verdad de las cosas, los tribunales agrarios, puedan incluso ordenar la práctica, ampliación o perfeccionamiento de las diligencias probatorias que estimen pertinentes." En abundamiento, es dable concluir que el acto reclamado en esta instancia no constituye un acto de ejecución irreparable, en virtud de que no se actualizan violaciones de trascendencia que implicaran una afectación relevante para el procedimiento. Se desecha demanda. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por ********************. No se soslaya que en cuanto al derecho humano relativo al acceso a la justicia y efectividad de los recursos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció que el derecho de que se habla no se agota con la simple existencia de tribunales así como de procedimientos ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que dichos recursos judiciales tengan efectividad, esto es, brinden a los justiciables la posibilidad real de interponerlos. Empero, tampoco pasa inadvertido para este Juzgado que inclusive la Corte Interamericana estableció que la existencia y aplicación de presupuestos de admisibilidad de los recursos, resultaba compatible con la propia Convención Americana y que sólo al satisfacerse dichos requisitos, entonces el órgano jurisdiccional ya se encontraba obligado a evaluar las pretensiones hechas valer. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el derecho a un recurso efectivo, no implica que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que previamente verifique el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos en las leyes nacionales para su interposición, pues las formalidades procesales son la vía posible para arribar a una adecuada resolución y por ende es indispensable cumplirlas. Sustenta lo aducido, la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 1, página 890, que dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis VII.2o.C.14 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que es compartida por este órgano jurisdiccional, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XII, septiembre de 2012, tomo 3, página 1495, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales." Y también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que también se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, página 1241, que señala: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas." De lo anterior se colige que, la existencia de causales de admisibilidad en algún recurso o medio ordinario de defensa, no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo a que aluden los preceptos 17 constitucional y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que dichos presupuestos permiten generar seguridad jurídica a los gobernados y una vez satisfechos, el órgano competente está obligado a abordar el análisis de sus pretensiones y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, protegiendo sus derechos humanos y remediando su violación en caso de que así se demostrara. Sin que tampoco la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que sea desfavorable a la pretensión de la parte promovente, dado que ya se explicaron los motivos del por qué no procede el juicio de amparo, aunado a que se expuso cuáles son los medios de defensa ordinarios que tiene a su alcance. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia número VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Sobre el particular se invoca en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, Materia Común, número de registro 2006338, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO." Domicilio procesal. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la parte quejosa en el proemio de la demanda, esto es, las listas. ... Notifíquese personalmente a la quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Ma. Luisa Molina Juarez739/2019
- Ma. Luisa Perez Gabriel1052/2023
- Ma. Luisa Salinas Rojas524/2023
- Ma. Magdalena Jordan Carranza1463/2018
- Ma. Marinela Vargas Vilchis1827/2022
- Ma Matilde Martínez Longoria730/2015
- Ma Roberta Diaz Martínez57/2019
- Ma. Rosario Trejo Barrera1672/2023
- Ma Socorro Zuñiga Gonzalez1737/2015
- Ma. Soledad Gonzalez Garduño1197/2023
- Ma. Teresa Caballero Diaz151/2022
- Ma. Teresa Diaz Valero2/2016