Ma. Ninfa Ramírez Campos
Expediente 736/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Ninfa Ramírez Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia legal el oficio firmado por el juez Quinto Menor Civil de esta ciudad, toda vez que el presente expediente se encuentra total y definitivamente concluido ya que mediante proveído de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho se ordenó el archivo del mismo.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda promovida por ***********, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, por el que ***********, desahoga la prevención formulada por proveído de diecisiete de septiembre del presente año; por tanto, con el citado ocurso, se tiene a la promovente del amparo cumpliendo en tiempo y forma la prevención citada Desechamiento Ahora bien, es preciso señalar que la procedencia del juicio de amparo es de estudio preponderante, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna deberá desecharse de plano la demanda Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia Además, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido Lo que en la especie acontece, pues existen criterios jurisprudenciales, los cuales se invocarán más adelante, que disponen que cuando terceros extraños reclaman la falta de emplazamiento a un juicio natural, es improcedente el juicio de amparo, cuando se advierte que son parte en la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo Luego, del análisis integral del escrito de demanda y su aclaración, así como de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable juez Quinto Menor Civil en esta ciudad (fojas 24 a 74), con valor probatorio pleno al tenor de los artículo 129, 197, 202 y 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, emerge que el acto reclamado en el presente asunto lo es, la diligencia de requerimiento de pago, emplazamiento y embargo, dictada en contra de **********en el juico ejecutivo mercantil ***del índice del citado órgano jurisdiccional, así como la notificación del proveído de nueve de mayo inmediato anterior, efectuada el quince siguiente Dicho controvertido fue promovido por ************, en cuanto endosatario en procuración de ************, en contra de ************, como deudora principal y ************, en su carácter de aval Luego, de las constancias certificadas remitidas por el juez Quinto Menor Civil en esta ciudad, relativas al juicio ejecutivo mercantil número ***, promovido por *********y otro, en cuanto endosatario en procuración de *********** la quejosa funge como parte demandada, tal es el caso que el cuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 58 y 59), se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, con motivo de la demanda promovida en su contra; en tanto que mediante proveído de nueve del mismo mes y año en cita (foja 62), se autorizó el cambio de depositario de los bienes objeto del embargo que reclama, y se le notificó el quince posterior (foja 64) En ese sentido, se advierte que no reviste el carácter de tercera extraña al juicio natural, como se ostenta la quejosa. En efecto, el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, establece la procedencia del procedimiento constitucional en contra de actos que afecten a personas extrañas a juicio Del anterior precepto se obtiene que las personas extrañas a juicio podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que les causen alguna afectación Debe señalarse, por otra parte, que tanto la doctrina como la jurisprudencia manejan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción indicada del citado numeral; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el alto tribunal, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Ello, ha creado jurisprudencialmente la figura del tercero extraño por equiparación. Es de invocarse la jurisprudencia P./J. 7/98, la página 56, tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y ocho que, a la letra, dice PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CONCEPTO DE. Para los efectos de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en ese concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente Lo asentado anteriormente permite establecer que si una persona que es parte demandada en un juicio, no es emplazada a este o su llamamiento es ilegal y tal vicio le impide acudir a defender el derecho que le asiste, entonces adquiere la calidad de tercero extraño por equiparación, precisamente porque la violación procesal cometida en su contra la constituye la falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, ya que no se llegó a integrar la relación procesal, siendo precisamente esos defectos los que impidieron a la parte demandada tener conocimiento del juicio y ser oído y vencido en él Ahora bien, de los antecedentes narrados con anterioridad, se desprende que la quejosa es demandada, en un juicio ejecutivo mercantil número M-1589/2017, en el cual ya fue emplazada con anterioridad a la presentación del presente juicio de amparo En esa medida, el hecho de que en la demanda se ostente tercera extraña no le genera la calidad referida, precisamente porque ya se integró la relación procesal pues fue emplazada; por ende, está en posibilidad de acudir a defender sus intereses al juicio desde ese momento de su llamamiento En otras palabras, si la promovente del amparo fue señalada como demandada en el juicio de origen, está impedida para acudir a esta instancia ostentándose tercera extraña por equiparación, pues no encuadra plenamente en el supuesto de que la falta de emplazamiento o, en su caso, la ilegalidad de este, le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidiera defender sus intereses dentro del proceso y, por ende, se infringiera su derecho de ser oída y vencida, pues el estado procesal del juicio ejecutivo mercantil es que se encuentra en trámite, es decir no se ha dictado sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2000293, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Febrero 2012, libro V, tomo 2, página 1627, que es de rubro literal siguiente: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo Igualmente sustenta lo expuesto, la tesis II.T.306.L sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 2234, tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil siete que, a la letra, dice TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER AQUEL QUE ES SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL INCOADO EN SU CONTRA Y ESTÁ EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. De la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 40/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 81, de rubro: EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO, puede establecerse que para que una persona tenga el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, debe reunir los requisitos siguientes: a) que hubiese sido señalada como parte en el procedimiento natural; b) que no hubiere sido emplazada a juicio o se le haya hecho incorrectamente; c) que se haya emitido sentencia con su total desconocimiento; y, d) que a consecuencia de ello se hubiese violado en su perjuicio la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. En esta tesitura, si los quejosos se hicieron sabedores del procedimiento laboral incoado en su contra y éste aún no ha concluido con el dictado del laudo, no puede considerarse que tengan el carácter de terceros extraños al juicio por equiparación, por no estarse en el supuesto de que el ilegal emplazamiento les haya ocasionado su total desconocimiento que les impidió defender sus intereses dentro del proceso y, por ende, se infringiera en su perjuicio la garantía de audiencia En ese tenor, no debe entenderse que la quejosa sea tercera extraña por equiparación, pues se encuentra en condiciones de apersonarse en el juicio de origen, para hacer valer su defensa en contra de las actuaciones que pretende invalidar a través del presente juicio de amparo Aunado a lo anterior, al no haberse acreditado el carácter con el que se ostenta la ahora quejosa se estima que esta puede apersonarse en el controvertido de origen, para agotar los medios legales que estime convenientes. Sin que sea óbice para arribar a la presente determinación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO."; toda vez que de conformidad con las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún y cuando el acto reclamado pueda tener efectos de imposible reparación por afectar materialmente algún derecho sustantivo del quejoso, resulta necesario que previamente a la promoción del juicio de amparo se agoten los medios ordinarios de defensa que para tal efecto establezca la ley de la materia, en el caso, el Código de Comercio. Por las consideraciones que ahí expone, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 160536, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 3, página 2235, que establece MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que en su caso procedan. Condición impuesta que deriva de la observancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual opera como regla general y tiene como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, a pesar de tener el carácter de actos de ejecución irreparable, no actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En tales condiciones, en el presente asunto también se se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional Bajo el anterior marco contextual, debe destacarse que si bien la parte quejosa, en la presente instancia constitucional se ostentó ajena al procedimiento del que deriva el acto reclamado, lo cierto es que le recae el carácter de demandada, tal y como se desprende de las propias constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ***del índice del Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad, las que obran agregadas al presente en copia certificada (fojas 25 a 74) Luego, previo a la interposición de la presente instancia constitucional, la quejosa debió interponer el medio ordinario de defensa que establece el Código de Comercio Medio de defensa en virtud del cual, el acto reclamado puede ser revocado sin que se actualice ninguna de las excepciones al principio de definitividad; sin embargo, evidente resulta que al no haberse interpuesto tal recurso dentro del término legal concedido para ello, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata y, por ende, resulta procedente desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo En efecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que esta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquel Se arriba a la conclusión que antecede, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia, consiste en concebir al sumario constitucional como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acudiera a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y solo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo, cuando la violación reclamada produjera una violación de las referidas garantías individuales y se afectaran los derechos fundamentales del gobernado Luego, si en el caso concreto los actos destacados como reclamado proviene de un tribunal judicial -Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad- y de manera implícita, el Código de Comercio establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través de los recursos que ahí se prevén, el cual debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, medio de defensa virtud al cual, la resolución judicial puede ser revocada sin que se actualice ninguna de las excepciones al principio de definitividad Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, del título siguiente PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De igual forma es aplicable también, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, decima época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión son irrecurribles, en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno) Igualmente, por las razones que informa, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 12/2016 (10a.), de epígrafe y contenido siguientes: JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente Finalmente, también resulta aplicable al caso, la jurisprudencia numero VI.2o.C. J/243, del siguiente título y pasaje NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo En conclusión, evidente resulta que al no haber demostrado el carácter de tercera extraña al juicio mercantil y al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualizan las causales de improcedencia de que se trata en términos de lo establecido en las fracciones XXIII y XVIII del artículo 61, con la V del numeral 107, todos de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda Finalmente, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica en su escrito de cuenta, toda vez que según consta de la certificación que antecede tiene registrada su cédula profesional de licenciada en derecho ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que firma el juez Quinto Menor Civil en esta ciudad, a través del cual rinde el informe que le fuera requerido mediante proveído de diecisiete del presente mes y año, y adjunta copia certificada del juicio ejecutivo mercantil número ***, de su estadística, como sustento de aquel. Estese en espera que la parte quejosa desahogue la prevención efectuada en autos.
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