Ma. Natividad Martinez Sandoval

Expediente 452/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
452/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Ma. Natividad Martinez Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se Ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra la determinación de desechar la demanda de amparo sin que se haya efectuado , por lo que dicho auto ha quedado firme en términos de los artículos 80, 97 fracción I inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de los autos, se advierte que no obra constancia de que el Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (tercero interesado), haya recibido el oficio 5449/2022 que se le envió para notificarle la sentencia pronunciada en el presente juicio; por lo que, atendiendo a que tal información es necesaria para continuar con el trámite del presente expediente, con fundamento en el artículo 17 constitucional, en obvio de mayores dilaciones procesales, requiérasele vía telegráfica a dicha autoridad para que de no tener inconveniente legal alguno, por la misma vía acuse recibo de la citada comunicación, es decir, precise la fecha en que la recibió; bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo 237 -fracción I- en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, y conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su complemento del día siguiente.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, que establece: "Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por ***********, en contra de actos del juez Quinto Civil de Partido con sede esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 constitucionales en su perjuicio. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el registro número 452/2022-5. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se desprende que el Juzgado de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al libelo constitucional, con fundamento en los artículos 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta por lo que a continuación se expone. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, aplicable también a este tipo de resoluciones, se precisa que la parte quejosa reclama: i) La orden tendente a la privación -o molestia-, sobre los bienes muebles que describe -cuatro vehículos de motor-, y; ii) La inminente ejecución de la orden indicada en el anterior inciso. Estos actos son atribuidos a las siguientes autoridades: Como ordenadora 1. Juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad; y Como ejecutora 2. El actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios ubicada en esta localidad. Ahora, de lo expresado por la parte quejosa en el escrito de demanda, manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se desprende que tuvo conocimiento de los actos que combate en esta vía constitucional el quince de marzo de dos mil veintidós. De lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley adjetiva, por haber presentado el escrito de demanda en forma extemporánea. El precepto citado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo en contra de actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Sobre los plazos, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos establecen lo siguiente: a. Por regla general, el término para la promoción del juicio de amparo es de quince días, excepto cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, cuando se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b. El término de quince días para la presentación de la demanda de amparo que se menciona en el párrafo anterior, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo en que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional no son de aquellos que se enumeran en el ordinal 17 de la ley de la materia, ya que consisten en la orden para afectar en la propiedad y o posesión de bienes muebles -vehículos de motor, de lo que tuvo conocimiento el pasado quince de marzo. En efecto, de lo expuesto por la quejosa en su escrito inicial de demanda, indicó en sendos segmentos de dicho ocurso, bajo protesta de decir verdad, que: " Tuvimos conocimiento del acto reclamado el 15 de marzo de 2022 (.) El 15 de marzo de 2022, tuve conocimiento de que la Juez Quinto Civil de Parrido emitió una orden judicial para requerir de pago a la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Colectivos Especiales 'Enrique Velazco Ibarra' S. C. L. Sin embargo, autorizó al actuario encargado de ejecutar esta orden judicial, a detener a los autobuses de los cuales soy propietaria, en cualquier punto de la ruta ruta 36 (valle de Los Naranjos-Colonia Cuauhtémoc) de esta ciudad, para cumplir con la ejecución despacha (.)". Lo que antecede, revela que la parte quejosa se ostenta sabedora de los actos reclamados desde el pasado quince de marzo; por tanto, es evidente que dada la naturaleza de tales actos, la agraviada debió sujetarse al plazo genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, esto es, al de quince días, contados a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento, a saber, a partir del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por lo que los quince días con que contó para promover su demanda constitucional transcurrieron del dieciséis de marzo al seis de abril del año actual, con exclusión de los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de marzo; dos y tres de abril de la presente anualidad, por ser inhábiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De igual forma, apoya la anterior determinación, por las consideraciones que ahí expone, la tesis XIII.P.A.38 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO.", si se trata de la orden de aprehensión emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo y tomando en consideración que dicha determinación no se la notificará la autoridad responsable al quejoso, por existir una restricción legal expresa, el cómputo del plazo para presentar una nueva demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe por el cual la autoridad responsable remite el nuevo acto en cumplimiento de la ejecutoria, y ordena dar vista al quejoso, salvo que se acredite plenamente, que antes de la notificación mencionada, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso, el cómputo comienza a partir del día siguiente a ese conocimiento. Una interpretación en sentido contrario, implicaría desconocer la notificación de la nueva orden de aprehensión emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que traería como consecuencia alterar el artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento los plazos establecidos por el legislador." Entonces, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, hasta el diecinueve de abril de dos mil veintidós, como se evidencia de la papeleta de registro, es inconcuso que resulta extemporánea su presentación; por tanto, se considera que fueron tácitamente consentidos los actos reclamados en esta vía constitucional. En consecuencia, se considera que en la especie se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de dicho ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de índole personal, el señalado en el escrito de demanda. Así también como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de demanda, al no haber proporcionado dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se le autorice en los términos amplios del invocado numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita."

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