Ma Petra Gonzalez Rivera

Expediente 567/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
567/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Ma Petra Gonzalez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite la juez Segundo Civil de Partido en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de la diversa misiva 8491/2021, con la que le fue devuelto el tomo de pruebas en que apoyó su informe justificado.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, del cual se advierte que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, al resultar innecesaria su retención, remítase a la autoridad responsable jueza Segunda Civil de Partido de esta ciudad, el tomo de pruebas que en copia certifica adjuntó a su informe de ley.

  3. Principal

    Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó la protección constitucional no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 567/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado ese día a este Juzgado, Ma. Petra González y/o Petra González Rivero y/o Ma. Petra González y/o Ma. Petra González Rivera y/o Petra González de Muñiz, por conducto de su mandatario judicial Gonzalo Maya Rico, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez a cargo del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de esta autoridad, la resolución de fecha 30 de septiembre del año 2020, notificada el día 1 de Octubre de 2020, misma que resuelve Recurso de Revocación interpuesto por mi mandante en contra del auto de fecha 2 de septiembre del año 2020. Resolución que nos dejó sin defensa al verificar una insólita interpretación a la Ley Civil, al dictar sentencia ilegal contraria a los intereses de la parte que represento, por lo que se reclaman violaciones en los preceptos posteriores." (Foja 3 del cuaderno de amparo). En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, formó el expediente y lo registró bajo el número 567/2020; además, requirió al promovente para que demostrara contar con la representación que ostenta, mediante el documento respectivo en términos de la ley de la materia. Una vez desahogado el requerimiento anterior, por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues se reclama una resolución que confirmó el proveído a través del cual la jueza responsable negó la petición de la promovente del amparo de girar un oficio; acto que por su naturaleza no requiere ejecución material por la autoridad para que surta sus efectos; es decir, no conlleva la realización de una obligación de hacer o de dar, sino que se trata de un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran; así dicho acto, por sí, no requiere de una actuación posterior que lo complemente y, por tanto, carece de ejecución material, lo cual finca competencia a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Es de invocarse la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: 1. La resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, emitida dentro del recurso de revocación interpuesto en la jurisdicción voluntaria número C-208/2020, por la cual confirmó el auto de dos de septiembre de dos mil veinte, en el que se negó la petición de la ahora quejosa referente a girar un oficio al oficial del Registro Civil de esta ciudad. Acto reclamado a la siguiente autoridad: a. Jueza Segunda Civil de Partido de esta ciudad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La jueza Segunda Civil de Partido de esta ciudad (foja 27), al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se reclama en esta instancia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió la jueza responsable, consistentes en copias certificadas de la jurisdicción voluntaria número C-208/2020; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. El veintinueve de junio de dos mil veinte, Ma. Petra González y/o Petra González Rivero y/o Ma. Petra González y/o Ma. Petra González Rivera y/o Petra González de Muñiz promovió una jurisdicción voluntaria referente a una diligencia de información ad-perpetuam, con la finalidad de acreditar que los nombres antes citados corresponden a la misma persona (fojas 2 y 3 del tomo de pruebas). 2. De dicho ocurso, por turno, correspondió conocer al Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, quien por auto de treinta de junio de dos mil veinte, lo registró bajo el número C-208/2020; además, admitió la jurisdicción voluntaria (foja 10 ídem). 3. Seguida la secuela procesal, el siete de agosto de dos mil veinte, la jueza responsable dictó sentencia (fojas 26 a 28 ídem), en la cual determinó lo siguiente: ".PRIMERO: Este Juzgado resultó competente para substanciar y resolver este asunto. SEGUNDO.- La vía por la cual fue tramitado el procedimiento resultó correcta. TERCERO.- Ma. Petra González y/o Petra González Rivero y/o Ma. Petra González y/o Ma. Petra González Rivera y/o Petra González de Muñiz acreditó la procedencia de su pretensión, por tanto, se declara que Ma. Petra González y/o Petra González Rivero y/o Ma. Petra González y/o Ma. Petra González Rivera y/o Petra González de Muñiz es la misma persona. Esta resolución no surtirá efectos contra persona ajena al procedimiento según lo dispuesto en el numeral 734 de la ley instrumental civil." 4. Determinación que causó ejecutoria el dos de septiembre de dos mil veinte (foja 31 ídem); además, en dicho auto se proveyó lo siguiente: ".Por otra parte, no ha lugar a ordenar girar oficio al Oficial del Registro Civil, toda vez que en la sentencia aludida no se ordenó realizar anotación marginal alguna en el Registro Civil, pues no fue materia del procedimiento." 5. En contra del anterior proveído, la parte actora interpuso recurso de revocación (fojas 32 a 35 ídem). 6. Por resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte (fojas 40 a 43 ídem), la jueza responsable resolvió lo siguiente: ".PRIMERO.- Este Juzgado resultó competente para conocer y resolver del recurso propuesto. SEGUNDO.- Los agravios resultaron infundados, por tanto, se CONFIRMA el auto de dos de septiembre de dos mil veinte, acorde con lo establecido en la parte final del considerando segundo de esta resolución." Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son inoperantes por diversos motivos, por lo que para su análisis y mejor comprensión se realizaran varios apartados. I. En primer lugar, una parte del concepto de violación es inoperante. Es así, pues los planteamientos no atacan de manera suficiente las consideraciones torales expuestas por la jueza responsable para confirmar el auto de dos de septiembre de dos mil veinte. En efecto, en la resolución reclamada, se puntualizó, en el considerando tercero lo siguiente: Que los agravios son infundados. Que, como lo refiere la recurrente, los diversos nombres con los cuales la promovente se conduce constituyen parte de su identidad. Que la codificación procesal en materia civil regula distintos procedimientos vinculados con el nombre de una persona, como pueden ser la rectificación judicial de actas, nulidad de actas, reconocimiento de hijo, adopción, etcétera. Que los artículos 731 y 734 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato contemplan la jurisdicción voluntaria para acreditar un hecho; pero, ese procedimiento no surte efectos en contra de terceros ajenos al juicio, porque su naturaleza no es contenciosa, sino que se reduce a una mera declaración de la autoridad. Que, en el caso, la recurrente promovió un procedimiento de jurisdicción voluntaria para acreditar el hecho consistente en que se ostenta con diversos nombres, pero se trata de la misma persona. Que se dictó sentencia declarativa en la que se declaró procedente su pretensión. Que posteriormente la promovente, por conducto de su mandatario judicial, solicitó que se ordenara al Registro Civil que realizara una anotación marginal, lo cual fue negado, debido a que no fue materia del procedimiento. Que tal actuación en nada lo perjudica, pues el actuar de dicha juzgadora se constriñó a la normativa aplicable en el caso. Que la promovente trató de acreditar que los nombres Ma. Petra González y/o Petra González Rivero y/o Ma. Petra González y/o Ma. Petra González Rivera y/o Petra González de Muñiz corresponden a una misma persona, pero en ninguno de los apartados del escrito inicial basó su pretensión en que se hiciera una anotación marginal. Que el auto recurrido no implica violación al principio pro persona, debido a que no se estaba en presencia de hacer una elección de aquella norma que implique mayor beneficio al derecho de identidad, sino el cumplimiento de ciertas exigencias procesales aplicables al caso. Que la aplicación del principio pro persona no representa una justificación a la transgresión de las normas procedimentales y que la codificación sustantiva civil prevé un procedimiento de aclaración de acta, para los efectos que pretende la promovente. Que el auto recurrido respetó el derecho de administración de justicia reconocido en el artículo 17 constitucional. Que atendió a su petición inicial y tuvo por acreditado el hecho de que los diversos nombres corresponden a una persona, por lo que se respetó la garantía de igualdad y de administración de justicia, puesto que no le fueron solicitados mayores requisitos que los que dispone la reglamentación procesal civil. Que ello no implica de ninguna manera una violación o desconocimiento de su derecho a la identidad protegido por el artículo 23-A del Código Civil para el estado de Guanajuato, por el contrario, de girar el oficio al Registro Civil estaría variando la litis, lo cual no se permite en un asunto de litis cerrada y estricto derecho. Que no se está violentando el artículo 29 constitucional, ya que dicha juzgadora no emitió ninguna determinación de suspensión de derechos, lo que corresponde al ejecutivo federal. Ahora bien, del análisis integral del ocurso constitucional emerge que, en contra de lo estimado por la jueza responsable en el sentido apuntado, la parte quejosa no realizó consideración suficiente para demostrar su inconstitucionalidad o ilegalidad, ya que se limitó a referir lo siguiente: Que la responsable realiza una interpretación restrictiva de los artículos constitucionales, así como del numeral 23-A del Código Civil del estado de Guanajuato. Que pierde de vista que se trata del derecho fundamental de identidad. Que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar las cuestiones de identidad por ser parte de los derechos humanos con los que todos gozamos a través de las actas de nacimiento. Que el juicio de origen se promovió con una cuestión relacionada con el nombre y se acreditó que Ma. Petra González y/o Petra González Rivero y/o Ma. Petra González y/o Ma. Petra González Rivera y/o Petra González de Muñiz son la misma persona. Que independientemente del proceso jamás intentó alterar el acta de nacimiento. Que se le reconoció un derecho en una sentencia y que con base en ello se debe adaptar el acta de nacimiento, en pleno acatamiento a los artículos 1 y 4 constitucionales, así como 23-A del Código Civil del estado de Guanajuato, numerales que la responsable aplica de manera restrictiva. Que jamás intentó variar la litis, pues solamente solicitó se girara un oficio al Registro Civil, lo cual es más benéfico para la quejosa, con base en el principio pro persona, ello relacionado con los artículos 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1 y 4 constitucionales, así como 23-A del Código Civil. Que se conculca en su perjuicio la aplicación restrictiva de los numerales citados, pues de una interpretación amplia que realmente beneficie a la quejosa se debe ordenar la anotación marginal. Que para ello debe tomarse en cuenta el derecho ya acreditado, pues es un hecho que si puede realizar la anotación sin alterar el acta. Sin embargo, no controvierte las aludidas razones que expuso la jueza responsable en el sentido de que en ningún apartado de la demanda señaló como pretensión que se hiciera una anotación marginal; que la jurisdicción voluntaria no surte efectos en contra de terceros ajenos al juicio, porque su naturaleza no es contenciosa, sino que se reduce a una mera declaración de la autoridad; que en la especie no hay una violación al principio pro persona, debido a que no se está en presencia de hacer una elección de aquella norma que implique mayor beneficio al derecho de identidad, sino que se trata de cumplir con ciertas exigencias procesales; que la aplicación del principio pro persona no representa una justificación a la transgresión de las normas procedimentales y que la codificación sustantiva civil prevé un procedimiento de aclaración de acta; y, que no se está violentando el artículo 29 constitucional, ya que dicha juzgadora no emitió ninguna determinación de suspensión de derechos, puesto que ello corresponde al ejecutivo federal. Pues en contra de esas consideraciones, se reitera, en esencia la parte quejosa, solo expone que la jueza responsable interpretó de manera restrictiva ciertos numerales, que se está en presencia del derecho de identidad, que la consecuencia lógica del procedimiento es que se realice una anotación marginal en el acta de nacimiento, que no intentó varias la litis, que debe atenderse a lo más benéfico para la persona y que debe realizarse una interpretación más favorable para la persona. Lo anterior pone de manifiesto que no controvirtió de manera suficiente las razones torales expuestas en la resolución reclamada. Es así, pues no explicó razonadamente por qué estima que tales argumentos son inconstitucionales o ilegales. Sin que obste el hecho de que según criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal, basta con que se exponga la causa de pedir para que se emprenda el estudio de los conceptos de violación, porque ello obedece únicamente a la necesidad de precisar que aquellos no necesariamente deben plantearse en forma de silogismos jurídicos, o bajo cierta redacción sacramental, pero no significa que los quejosos se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, puesto que es carga procesal para los accionantes indicar o exponer razonadamente por qué consideran inconstitucional el acto que reclaman. Es de invocarse, por lo gráfico que resultan los conceptos jurídicos que contiene, la jurisprudencia número 1ª./J.81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En esas condiciones, el motivo de inconformidad no controvierte eficazmente las consideraciones emitidas por la jueza responsable; además de que este juzgador advierte que no existe violación que amerite suplir la deficiencia de la queja en su favor, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo que antecede, el concepto de violación en estudio es inoperante por insuficiente. Resulta aplicable al tema la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES POR INCOMPLETOS. Cuando hay consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido que no se atacan en los conceptos de violación, resultan inoperantes los mismos, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo." II. En segundo lugar, la otra parte del concepto de violación el quejoso señala que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales, debido a lo siguiente: Que la consecuencia lógica es que se realice una anotación marginal en el acta de nacimiento. Que el hecho de que no se haya solicitado el oficio al Registro Civil no significa que la responsable no pueda hacerlo, ya que es una consecuencia del derecho principal. Que sería tanto como que en un juicio de nulidad de escritura se dejara de enviar el oficio correspondiente de cancelación al Registro Público. Que solo pidió que se realizara una anotación marginal de un hecho que quedó demostrado, lo cual es una consecuencia de la resolución definitiva, que así lo contemplan los artículos 66 y 98 del Reglamento del Registro Civil del estado de Guanajuato. Que tales numerales son pasados por alto en la resolución reclamada. Los anteriores argumentos son inoperantes por novedosos, pues la parte quejosa no los esgrimió en el recurso de revocación. En efecto, en el escrito por el cual interpuso el recurso de revocación, la ahora quejosa formuló los siguientes agravios: Que se violentan los numerales 18 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 1, 17 y 29 constitucionales y 23-A del Código Civil del estado de Guanajuato. Que la jueza responsable pasa por alto que los diferentes nombres con los cuales se identifica forman parte de la identidad, lo que constituye un derecho humano. Que el procedimiento, en el cual se demostró que los diversos nombres corresponden a una persona, en nada obstruye que se asiente tal circunstancia en el acta respectiva. Que al no hacerlo se viola el principio pro homine reconocido en el artículo 1 constitucional. Que se promovió la jurisdicción voluntaria para acreditar que los diversos nombres corresponden a una persona, lo que atañe directamente a la identidad, lo que constituye un derecho humano. Que el nombre a que hace referencia el artículo 29 constitucional tiene como fin fijar la identidad de una persona. Que lo anterior es una derivación integral de los derechos a la expresión y a la individualidad. Que la identificación cumple con la función de ser el nexo social de la identidad. Señaló cuales es el contenido y el alcance del derecho nombre, el cual es reconocido en el artículo 29 constitucional. Que corresponde al Estado salvaguardar el derecho a la identidad conforme al artículo 23-A del Código Civil del estado de Guanajuato. Que la identidad se encuentra conformada por un nombre propio, su historia filial, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la nacionalidad. Lo anterior pone de manifiesto que el recurrente no formuló los planteamientos que ahora aduce en su concepto de violación, por lo cual sus manifestaciones son novedosas y, por ende, este juzgador no se encuentra en aptitud de abordar su estudio, ante el impedimento para examinar cuestiones que no fueron sometidas al conocimiento de la autoridad responsable por parte del promovente del amparo, ya que ello implicaría sustituirse en el conocimiento de aspectos que son inherentes a la esfera jurídica de tal autoridad. Por tanto, si la parte quejosa no planteó tales argumentos como agravios, no pudo existir en su contra una violación de la ley que la hubiere dejado sin defensa, porque la falta de estudio de algo no planteado no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la determinación reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 12/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." En mérito de lo anterior, al ser inoperante el concepto de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxxx, en contra del acto que reclamó de la jueza Segunda Civil de Partido de esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.

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