Ma. Martha López Vargas

Expediente 281/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
281/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
21/04/2016

Partes del expediente

  • Ma. Martha López Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, párrafo primero, para que las partes interpusieran recurso de queja previsto en la fracción I, inciso e) del numeral 97 de la ley de la materia, contra la determinación de seis de abril pasado; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha resolución queda firma para todos los efectos legales conducentes. Por tanto, glósese el presente expediente al diverso 260/2016 del índice de éste órgano jurisdiccional, para continuarse con la secuela procesal.

  2. Principal

    A sus autos con vista a la partes el informe justificado que rinde el Juez Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Téngasele ofreciendo como prueba la documental que adjunta, la que con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza; relaciónese en la audiencia respectiva. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Fórmense tres tomos de pruebas con las constancias de mérito. En lo tocante al tomo de pruebas que la autoridad identifica con el número IV, se ordena glosarlo al presente expediente, dado la cantidad de fojas que lo integran.

  3. Principal

    A sus autos el informe justificado que rinde la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Se tiene a la autoridad oficiante manifestando que las constancias relativas al toca 78/2016 -del que deriva el acto reclamado-, lo remitió como justificación de su informe en el diverso juicio de amparo 260/2016 del índice de éste órgano jurisdiccional. Por otra parte, cabe señalar que una vez que quede firme la determinación de seis de los actuales -resolución de acumulación-, deberá glosarse el presente expediente al diverso 260/2016 de este juzgado, para continuarse con la secuela procesal..

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EDUARDO CAACHO MONTOYA, LA RESOLUCIÓN DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS, POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, SÍNTESIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: A sus autos el escrito signado por ********, autorizados de la parte quejosa, por el que manifiestan que el diverso juicio de amparo 260/2016 del índice de éste órgano jurisdiccional, fue promovido por Eduardo Camacho Montoya -aquí tercero interesado-, y que dicho asunto se encuentra relacionado con el presente juicio de amparo. Atento a lo manifestado por los gestionantes, así como de la certificación que antecede se advierte que los juicios 260/2016 y 281/2016 del índice de éste órgano jurisdiccional tienen conexidad, ya que ambos fueron promovidos contra la resolución emitida por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el veinticinco de febrero del año en curso, en el toca de apelación 78/2016, en que la que se determinó modificar la resolución del incidente de gastos y costas dictada por el Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil C251/2012. En virtud de lo anterior, es claro que tanto el juicio 260/2016 y el diverso 281/2016, las autoridades responsables, el expediente de origen, y el acto reclamado son los mismos. En consecuencia, en atención a lo dispuesto por los artículo 72 y 73 , ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, así como a los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio de amparo y en aras de una tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede decretar en forma oficiosa la acumulación del presente juicio 281/2016, al expediente 260/2016, el primero en mención promovido por ********, por su propio derecho, y en representación de su menor hijo ********, y el segundo por ********* -aquí tercero interesado-, dada la conexidad e íntima relación que existe entre ambos juicio de amparo. Para explicar esta determinación, en principio cabe puntualizar que no escapa a la atención del suscrito, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contemple precisamente la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo, empero, ello en modo alguno implica su proscripción de dicho procedimiento y por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en la medida en que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza en los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Por tanto, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por la jurisprudencia de la Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2003161, publicada en la página 1065, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE." En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en virtud de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el asunto de nuestra atención, estamos ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos con íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica al quejoso, en la medida en que en una misma resolución se analizarán los actos que atribuye a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar, que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se estime que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, se estima que también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. Por todo lo expuesto, es que se estima que no obstante que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. De lo expuesto, se desprende que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional intentados, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previos de los asunto, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, al surtirse las hipótesis legales de que se trata, lo procedente es decretar la acumulación correspondiente, consecuentemente, glósese al expediente (260/2016) el presente juicio de amparo que por razón de turno y registro en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional le corresponde el número 281/2016. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que la informan, la tesis de Jurisprudencia P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 5, del Tomo XX, Agosto de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE." En el mismo sentido, por las consideraciones jurídicas que la informan, sirve de apoyo a esta determinación, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 997, del Semanario Judicial de la Federación LXXVI, Quinta Época, del rubro siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO." Asimismo, es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1284, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS." En atención a lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

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