Ma. Natividad Diaz López
Expediente 249/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 31 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. Natividad Diaz López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; Atenta al estado que actualmente guardan los presentes autos y a la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de veintinueve de noviembre del año dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído. Por tanto, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección mencionada para su depósito. Finalmente, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se declara que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, las resoluciones del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, violación a la misma, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva; consecuentemente, en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General precisado, se ordena que dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir del presente proveído, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del cuaderno. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Finalmente, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obra agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado y recoja el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo, del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal como está ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de depuración conservándose únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido Acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Cúmplase. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; Atenta al estado que actualmente guardan los presentes autos y a la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de veintinueve de noviembre del año dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído. Por tanto, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección mencionada para su depósito. Finalmente, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se declara que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, las resoluciones del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, violación a la misma, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva; consecuentemente, en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General precisado, se ordena que dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir del presente proveído, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del cuaderno. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Finalmente, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obra agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado y recoja el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe."
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado de autos y a la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara si realizó el cobro del cheque que recibió el veintidós de noviembre actual, sin que lo haya. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de siete del citado mes, y al efecto se presume que acepta el pago efectuado por el ayuntamiento responsable, mediante el cheque 0002913, expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero, por la cantidad de $158.15 (ciento cincuenta y ocho pesos 15/100 moneda nacional), y por realizado a su entera satisfacción en esos términos; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Congreso del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, y otras autoridades de quienes reclamó la aplicación de la Ley número 150 de Ingresos para el municipio de Acapulco, para el ejercicio fiscal 2022, específicamente los artículos 100 al 104 que establecen el derecho por servicio de alumbrado público. En la ejecutoria, materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "- Desvincular a la parte quejosa de la oblgación de pagar el derecho de alumbrado público relacionado con el número de servicio 320- 980-234-295, así como cualquier otro que tenga a su nombre en la demarcación territorial correspondiente al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, durante la vigencia de los artículos 100 a 104 de la Ley 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022; y - Restituir a la parte quejosa las cantidades que enteró por concepto del servicio de alumbrado público, en virtud de la aplicación de los artículos 100 al 104 de la Ley número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022; esto es, tanto la contenida en el acto de aplicación consistente en el original aviso-recibo relativo al número de servicio 320-980- 234-295, correspondiente al periodo de facturación del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno al veintiuno de enero de dos mil veintidós, por la cantidad de $152.00 (ciento cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), así como aquellas comprendidas en subsecuentes actos de aplicación." De las constancias remitidas en cumplimiento a la sentencia de amparo, se advierte que el Jefe de oficina de asuntos jurídicos de la zona comercial centro sur de CFE Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del historial de facturación relativo al servicio (RMU): 320 980 234 295, del cual se advierte que el quejoso fue desincorporado de la obligación de pagar el derecho de alumbrado público relacionado con el número de servicio descrito. Por su parte, la autoridad municipal responsable remitió el cheque 0002913, expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero, por la cantidad de $158.15 (ciento cincuenta y ocho pesos 15/100 moneda nacional), a favor de Ma. Natividad Díaz López, a fin de devolver la cantidad que pagó por concepto de derecho de alumbrado público durante el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Título de crédito que fue entregado a la quejosa, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, sin que hubiere manifestado si efectuó el cobro del citado título de crédito, no obstante el requerimiento formulado para que informara tal circunstancia; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de mes en curso, y se entiende que hizo efectivo el importe que ampara el referido cheque expedido a su favor. Con lo anterior, resulta evidente que la autoridad acató plenamente la ejecutoria de amparo, al haber cumplido con lo que le fue requerido en autos, es decir, desincorporó a la parte quejosa de la obligación de pagar el derecho de alumbrado público relacionado con el número de servicio 320 980 234 295, durante la vigencia de los artículos 100 a 104 de la Ley 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, y la restituyó de las cantidades que pagó con motivo del citado impuesto. Luego, no pasa inadvertido lo infructuoso del requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional a fin de asegurarse que la parte quejosa hizo efectivo el cheque de que se trata, no obstante el apercibimiento decretado de que en caso de no realizar manifestación al respecto, se entendería que hizo efectivo el importe que ampara el título de crédito expedido a favor de la solicitante de amparo, y se proveería lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento del fallo protector; sin embargo, la parte quejosa ha mostrado desinterés o poco aprecio para informar el cobro del cheque emitido por la responsable y, por ende, resulta oportuno justipreciar tal situación en este momento, pues si bien es cierto es obligación de este Juzgado de Distrito velar porque se cumpla el fallo protector; también cierto es, que casos como el que nos ocupa en el que se ha mostrado desinterés de la parte quejosa, resulta incuestionable que el presente asunto no puede permanecer abandonado en forma indefinida, ya que esto ocasionaría que en los órganos de control constitucional se incrementara la carga de trabajo, hecho que daría como consecuencia que se desatendieran los juicios controvertidos ante los juzgadores, contraviniéndose con esto el espíritu del artículo 17 de la Constitución que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Por ello, resulta inconcuso que las autoridades responsables realizaron actuaciones de restitución de las cantidades ordenadas a devolver conforme a los alcances del fallo protector, y si en el caso particular, la parte quejosa no ha informado si hizo efectivo el cheque emitido a su favor, esto obedece a su propia renuencia y, por ende, tal situación resulta ajena a la intención de la responsable de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Considerar lo contrario implicaría dejar a la voluntad de los justiciables el cumplimiento de la sentencias, lo que contravendría los artículos 196 de la Ley de Amparo y 17 constitucional, que garantizan el derecho de acceso efectivo a la justicia, que implica que se cumplan las sentencias dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Cabe señalar que la circunstancia de que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, haya implicado el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que la postura adoptada por la parte quejosa deba atenderse como una omisión por parte de la autoridad responsable para acatar la ejecutoria de amparo, puesto que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique. Consecuentemente, ante la conducta mostrada por la parte quejosa, se considera innecesario requerirle de manera indeterminada a efecto de verificar el cobro del cheque 0003013, por la cantidad de $158.15 (ciento cincuenta y ocho pesos 15/100 moneda nacional), esto en atención a que si bien el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, ello no exime a la parte quejosa en mostrar interés en lo conducente, ya que finalmente la parte quejosa es la directamente beneficiada de la protección constitucional. En razón de lo expuesto, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque las autoridades responsables la acataron en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe."
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