Ma. O María de Lourdes Pedrote Navarro
Expediente 473/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. o María de Lourdes Pedrote Navarro, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Emerano Lataban Martínez
- Ma. O María de Lourdes Pedrote Navarro
- MA. O MARÍA DE LOURDES PEDROTE NAVARRO y Otros.
- Juez Quinto de Primera Instancia En Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo de la comunicación oficial 6068/2022, por la que se le devolvieron los tomos de pruebas; por tanto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa, como asunto totalmente concluido. Por tanto, tomando en consideración que al rendir su informe justificado el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas las constancias que integran el expediente 40-2/2018, de su índice, con las que se formaron ocho tomos de pruebas, y dado que resulta innecesario que continúen en este Juzgado, remítanse a su lugar de origen para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Visto al estado que actualmente guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de diecisiete de febrero del año en curso, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Ahora bien, en relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso C) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación delacta y relación correspondiente. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Por otra parte, se advierte que mediante oficio SEPLE./ADS./4197/2021, se hizo del conocimiento que en sesión ordinaria de veinte de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó a partir del dieciséis de noviembre del presente año, la primera adscripción de la Jueza Laura Elizabeth Miranda Torres, en sustitución del Juez Juan Manuel Acevedo Mejía. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para que en el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, de estimarlo conducente, hagan valer lo que a su derecho convenga. Cobra aplicación la jurisprudencia número 83/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1067, Tomo I, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017679, de rubro siguiente: "IMPEDIMENTOS DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. LAS CAUSAS QUE LOS ACTUALIZAN PUEDEN HACERSE VALER AUN DESPUÉS DE DICTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA." Notifíquese.Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEPLE./ADS./4197/2021, se hizo del conocimiento que en sesión ordinaria de veinte de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó a partir del dieciséis de noviembre del presente año, la primera adscripción de la Jueza Laura Elizabeth Miranda Torres, en sustitución del Juez Juan Manuel Acevedo Mejía. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para que en el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, de estimarlo conducente, hagan valer lo que a su derecho convenga. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, visible en la página 312, con número de registro 164217, del rubro siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por otra parte, se tienen por recibidos los escritos presentados por la licenciada Elizabeth Gómez Hernández, autorizada de los terceros interesados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y María Armanda Hernández Alarcón, administradora única de la tercero interesada Inmobiliaria Bombay, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de los cuales, desahogan la vista dada en proveído de tres de noviembre del presente año y formulan sus respectivas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable, mismas que serán tomadas en consideración a continuación. Asimismo, del estado procesal y la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días otorgado en proveído de tres de noviembre del año en curso, en el que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento de la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, de quien reclamó las resoluciones de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictadas en el expediente 40-2/2018 de su índice, relativo al juicio sucesorio testamentario. Inconforme con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional la quejosa Ma. de Lourdes Pedrote Navarro, también conocida como María de Lourdes Pedrote Navarro, por propio derecho y como albacea de la sucesión de Emerano Labatan Martínez, por conducto de su autorizado Walfre Alberto Leyva Gorjón, interpuso recurso de revisión, del cual por razón de turno, le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, radicándolo bajo el amparo en revisión 9/2021 y mediante ejecutoria de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, determinó modificar la sentencia impugnada, y por diversa causa por una parte sobreseyó y por la otra concedió el amparo y protección de la justicia federal a dicha quejosa para los siguientes efectos: "[.] 1. Deje insubsistentes las resoluciones emitidas el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el expediente 40-2/2018 relativo al juicio sucesorio testamentario, en las que resolvió los recursos de reconsideración interpuestos por Agustín M. Tilapa Vargas; abogado patrono de Ma. de Lourdes Pedrote Navarro, también conocida como María de Lourdes Pedrote Navarro, contra (2) dos autos de once de diciembre de dos mil diecinueve; (3) tres autos de diez de enero, (1) un auto de diecisiete de enero, (3) tres autos de veintinueve de enero y (1) un auto de siete de febrero, todos de dos mil veinte. 2. Resuelva nuevamente los recursos de reconsideraciones interpuestos contra los citados autos, para lo cual deberá considerar: 2.1 El recurso de reconsideración sí es procedente contra los autos impugnados por la recurrente. 2.2 En el juicio sucesorio testamentario, existen actuaciones firmes, específicamente la junta de herederos celebrada el doce de abril de dos mil dieciocho y el acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciocho; en las que determinó que la promovente de amparo María de Lourdes Pedrote Navarro y/o Ma. De Lourdes Pedrote Navarro es la única y universal heredera, albacea, cónyuge supérstite y administradora de la sucesión testamentaria bienes de Emerano Lataban Martínez, y que los arrendatarios de la Plaza Bombay tienen la obligación de pagarle las rentas. 2.3 En la sentencia de primera instancia dictada en el juicio de nulidad de testamento, se resolvió que los actores no acreditaron los elementos constitutivos de su acción, esto es, no se desvirtuó la validez del testamento que constituye el documento base del juicio sucesorio testamentario, por lo surte sus efectos legales. 2.4 Contra la sentencia de primera instancia se interpuso recurso de apelación, el que se admitió en efecto devolutivo. 3. Con plenitud de jurisdicción, resuelva los recursos de reconsideraciones interpuestos por la quejosa contra los referidos autos y determine lo que en derecho proceda." Por oficio 1058 de veintiocho de octubre pasado, el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, remitió entre otros, copia certificada de los proveídos dictados el veinticinco y veintiocho de octubre último, en el juicio sucesorio testamentario 40-2/2018 de su índice. Documentales que al ser públicas, merecen eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En tal virtud, en proveído de tres de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días a su notificación, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, este juzgado federal dictaría resolución fundada y motivada en la que declararía si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, lo cual fue desahogado únicamente por la licenciada Elizabeth Gómez Hernández, autorizada de los terceros interesados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y María Armanda Hernández Alarcón, administradora única de la tercero interesada Inmobiliaria Bombay, Sociedad Anónima de Capital Variable, quienes en los escritos de cuenta, formulan sus respectivas manifestaciones, sin que alguna de las demás partes hubiera realizado manifestación al respecto. De las constancias remitidas, se colige claramente que la autoridad responsable cumplió totalmente con la ejecutoria federal que nos ocupa, toda vez que el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dejó insubsistentes las resoluciones de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictadas en el juicio sucesorio testamentario 40-2/2018 de su índice y en su lugar determinó que sí eran procedentes los recursos de reconsideración interpuestos por Agustín M. Tilapa Vargas; abogado patrono de Ma. de Lourdes Pedrote Navarro, también conocida como María de Lourdes Pedrote Navarro, contra dos autos de once de diciembre de dos mil diecinueve; tres autos de diez de enero, un auto de diecisiete de enero, tres autos de veintinueve de enero y un auto de siete de febrero, todos de dos mil veinte. En consecuencia a ello, al resolverlos ordenó que los arrendatarios de la Plaza Bombay, tienen la obligación de pagarle las rentas a la quejosa María de Lourdes Pedrote Navarro y/o Ma. De Lourdes Pedrote Navarro, al ser la única y universal heredera, albacea, cónyuge supérstite y administradora de la sucesión testamentaria bienes de Emerano Lataban Martínez, De igual manera, que los billetes de depósitos que obran en la caja de seguridad de ese juzgado familiar, sean endosados a favor de Oscar Geovanny Ramírez Pedrote, al tenerle por reconocida la personalidad como administrador único de la quejosa, exponiendo los motivos y fundamentos legales para determinar lo anterior; por lo que, resulta evidente que el fallo protector SE ENCUENTRA CUMPLIDO, toda vez que se RESTITUYÓ a la parte quejosa en sus garantías de seguridad y legalidad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 Constitucionales. No pasa inadvertido, las manifestaciones formuladas por la licenciada Elizabeth Gómez Hernández, autorizada de los terceros interesados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y María Armanda Hernández Alarcón, administradora única de la tercero interesada Inmobiliaria Bombay, Sociedad Anónima de Capital Variable, quienes refieren que el juez responsable se excedió en el cumplimiento dado a la ejecutoria amparadora, toda vez que de manera arbitraria le esta consignando todas las rentas de plaza Bombay a la quejosa. Tales manifestaciones devienen infundadas, toda vez que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al emitir la ejecutoria de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 9/2021, así lo determinó, por lo que la autoridad responsable cumple sin excederse con los lineamientos establecidos por el Tribunal de Alzada. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. En el entendido que las notificaciones derivadas del presente acuerdo deberán practicarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y privilegiando el uso de medios electrónicos, como lo establecen el párrafo segundo de la fracción I del artículo 11 del Acuerdo General 8/2020, y la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por oficio 4404/2021, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistido por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
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