Ma. Narmy Manzanarez Hernández
Expediente 634/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. Narmy Manzanarez Hernández
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de junio de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo proveyó y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe. *MDL.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de enero de dos mil veintiuno. Visto; tomando en consideración que el ocho de enero de dos mil veintiuno, se emitió la Circular SECNO/1/2021, relativa a las "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por la que se dan a conocer las medidas especiales que deben adoptarse, del que se advierte que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a este vigésimo primer circuito, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En ese tenor, toda vez que el citado acuerdo 21/2020, en su artículo 2, fracción I, señala: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio." Por lo expuesto en los párrafos que antecede, se levanta la suspensión del procedimiento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado; por tanto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que exhibe, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. En razón de lo anterior, debe precisarse que los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En tal virtud, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar ????????? insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho establezca. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Conforme a lo antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que la impetrante reclama en esta instancia constitucional la omisión de la autoridad responsable de dictar el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 284/2017, promovido por ****. 1 Jurisprudencia localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. 2 Jurisprudencia localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ??????????????? Sin embargo, de lo informado por la autoridad responsable y del análisis de la documental que exhiben, se aprecia que con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es, el catorce de diciembre de dos mil veinte, fue dictado el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 284/2017, promovido por Ma. Narmy Manzanarez Hernández; por tanto, es evidente que dejó de existir el agravio que le fue causado a dicha parte procesal, toda vez que la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 284/2017, que dio origen a este juicio dejó de causarle perjuicio, en virtud de que la autoridad responsable lo restituyo en el goce del derecho fundamental que estima violado. Lo que se corrobora con la constancia exhibida por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Tiene aplicación la tesis 2a./J. 9/98, visible en la Página: 210, de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud que al haberse dictado el laudo en el juicio natural, imposibilita el examen constitucional del acto reclamado, precisamente porque éste ya no invade la esfera jurídica del impetrante; de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas. También sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida a propósito de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 15 DE ENERO DE 2021, QUE DICE: ... Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de enero de dos mil veintiuno. Visto; tomando en consideración que el ocho de enero de dos mil veintiuno, se emitió la Circular SECNO/1/2021, relativa a las "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por la que se dan a conocer las medidas especiales que deben adoptarse, del que se advierte que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a este vigésimo primer circuito, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En ese tenor, toda vez que el citado acuerdo 21/2020, en su artículo 2, fracción I, señala: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio." Por lo expuesto en los párrafos que antecede, se levanta la suspensión del procedimiento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado; por tanto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que exhibe, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. En razón de lo anterior, debe precisarse que los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En tal virtud, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar ????????? insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho establezca. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Conforme a lo antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que la impetrante reclama en esta instancia constitucional la omisión de la autoridad responsable de dictar el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 284/2017, promovido por ****. 1 Jurisprudencia localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. 2 Jurisprudencia localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ??????????????? Sin embargo, de lo informado por la autoridad responsable y del análisis de la documental que exhiben, se aprecia que con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es, el catorce de diciembre de dos mil veinte, fue dictado el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 284/2017, promovido por Ma. Narmy Manzanarez Hernández; por tanto, es evidente que dejó de existir el agravio que le fue causado a dicha parte procesal, toda vez que la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 284/2017, que dio origen a este juicio dejó de causarle perjuicio, en virtud de que la autoridad responsable lo restituyo en el goce del derecho fundamental que estima violado. Lo que se corrobora con la constancia exhibida por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Tiene aplicación la tesis 2a./J. 9/98, visible en la Página: 210, de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud que al haberse dictado el laudo en el juicio natural, imposibilita el examen constitucional del acto reclamado, precisamente porque éste ya no invade la esfera jurídica del impetrante; de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas. También sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida a propósito de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 43, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 634/2020 y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso debiendo coincidir en su integridad. Toda vez que no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite el mismo, sin tramitarse la suspensión del acto reclamado por no haberse solicitado, ni tratarse de alguno de los supuestos en los que se tenga que aperturar de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
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