Ma. Mercedes Patiño Escogido

Expediente 589/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
589/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Ma. Mercedes Patiño Escogido

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la razón de entrega de documentos, se advierte que el ocho de agosto de dos mil veintitrés, *************, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que anexó la parte actora a su demanda, así como las copias simples que acompañó a la misma; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Oficial Judicial A para que haga las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente. Como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 20, fracción IV, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser destruido. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 589-2023-III. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de sus anexos, se desprende que la parte quejosa, esencialmente reclama: La omisión en resolver la solicitud que presentó el tres de julio hogaño. El embargo realizado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, respecto del bien inmueble ubicado en Avenida Los Fresnos número 214, colonia o fraccionamiento Jardines, en esta ciudad, con folio real R7*26780, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Sin que pase desapercibido para este juzgador el hecho de que la impetrante también señalara como acto reclamado el posible remate del inmueble descrito, toda vez que en los conceptos de violación únicamente hace alegaciones del derecho de petición y del embargo, así como de su inscripción, actos de los que realmente se duele; además de que el juicio de derechos humanos es improcedente contra actos futuros de realización incierta. Bajo ese contexto, respecto de la omisión señalada como en el punto I, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( ) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, si la parte quejosa se duele de la falta de respuesta de la petición que le formuló a la Tesorería, Dirección de Ingresos y a la Dirección Impuesto Inmobiliario y Catastro, todas del Municipio de Celaya, Guanajuato, el tres de julio del año en curso; y, como presentó la demanda de amparo el doce de julio de dos mil veintitrés, es evidente que aún no trascurre el plazo de veinte días hábiles con el que cuenta la autoridad responsable para dar respuesta. En consecuencia, la omisión de darle respuesta no le cause un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio constitucional establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal. Se afirma lo anterior, ya que la parte quejosa elevó su petición ante el Dirección Impuesto Inmobiliario y Catastro, todas del Municipio de Celaya, Guanajuato el tres de julio del año en curso, y la demanda de amparo se presentó el doce de los actuales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato de esta localidad, por lo que es inconcuso que no ha transcurrido el plazo de veinte días para que se le dé respuesta, de conformidad con dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que a la letra dice: "Artículo 5. El Ayuntamiento y los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A toda petición recaerá, por parte de la autoridad municipal, un acuerdo congruente con lo solicitado, completo, fundado y motivado que deberá ser comunicado al peticionario o a la persona autorizada por éste, a través de los diferentes tipos de notificaciones establecidos en el artículo 39 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. El Ayuntamiento deberá comunicar, en un término no mayor de veinte días hábiles, el acuerdo que recaiga a toda petición que se le presente. Asimismo, el presidente municipal y los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, deberán hacerlo en un plazo no mayor de diez días hábiles. En caso de que el Ayuntamiento, el presidente municipal o los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal no dieren respuesta en los plazos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por contestando en sentido negativo. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo será sancionado en términos de la Ley." De ahí que se considere que la omisión reclamada, al momento de la presentación de la demanda, no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable está dentro del plazo legal -veinte días- para dar respuesta al ahora solicitante del amparo. Por otra parte, por lo que hace al acto reclamado acotado con el número II consistente en el embargo realizado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, respecto del bien inmueble ubicado en Avenida Los Fresnos número 214, colonia o fraccionamiento Jardines, en esta ciudad, con folio real R7*26780, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, debe decirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el plazo genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario Pues bien, de las manifestaciones vertidas por la propia solicitante del amparo en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento del embargo y su inscripción en el Registro Público que reclama. Esto último se afirma, ya que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que en esa fecha solicitó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio un certificado de gravámenes respecto del bien inmueble ubicado en Avenida Los Fresnos número 214, colonia o fraccionamiento Jardines, en esta ciudad, con folio real R7*26780, en el que se enteró que había sido embargado el quince de marzo del año en curso, mediante oficio TM.3.2.1/972/2023, como se ve a continuación: Por ende, el plazo de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del treinta de mayo al diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el veintinueve de mayo del año que trascurre. II. Fueron inhábiles los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de junio del año en curso, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como embargo realizado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, respecto del bien inmueble ubicado en Avenida Los Fresnos número 214, colonia o fraccionamiento Jardines, en esta ciudad, con folio real R7*26780, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que reclama la parte quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un plazo distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Y promovió la demanda que se estudia hasta el doce de julio hogaño; es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas respecto del acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza para consultar el expediente electrónico, así como para oír y recibir notificaciones; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ******************** dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que obra su cédula profesional número ******************** inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a ******************** por no encontrarse en el mismo supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal

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