Ma. Mercedes Balderas Hernández y Otros.
Expediente 789/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alexia Celeste Bocanegra González
- Ma. Mercedes Balderas Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de agosto de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..........., por su propio derecho y quien se ostenta como representante de la menor........., contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 789/2017-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las documentales que se adjuntaron a la misma, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio oral ordinario F-1627/2016 de su índice, que declaró procedente el incidente de ejecución de sentencia que promovió Josué Bocanegra Almaguer (padre de la menor y actor) en contra de Samia Pamela González Balderas (madre de la menor y demandada), en la que se condenó a esta última para que entregara inmediatamente a la menor Alexia Celeste Bocanegra González, a su progenitor. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la referida resolución no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de garantías establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que los únicos legitimados para inconformarse contra la determinación cuestionada serían los padres (Josué Bocanegra Almaguer y Samia Pamela González Balderas) o, en su caso, la menor por conducto de quien ejerce su guardia y custodia, que en el caso es su progenitor Josué Bocanegra Almaguer. Se afirma lo anterior, ya que de las constancias de autos se desprende del convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada se estableció que la menor permanecería bajo la guardia, cuidado y custodia de su padre Josué Bocanegra Almaguer, por lo que es evidente que la determinación reclamada en el presente juicio no lesiona la esfera jurídica de la promovente, ya que no es parte en el procedimiento de origen ni suscribió el convenio de referencia. Además, el hecho de que acredite que se trata de la abuela materna no es suficiente para demostrar que la resolución le causa un agravio personal y directo, ya que de ningún modo se patentiza ni involucra a la recurrente en una situación jurídica concreta que se considere lesiva o que perjudique su esfera de derechos, pues no debe perderse de vista que la determinación cuestionada únicamente incide en quienes forman parte del juicio de origen, quienes en todo caso son los únicos que podrían impugnarla. Máxime que de las constancias de autos no se revela indicio alguno de riesgo para la menor con motivo de lo resuelto por el Juez de instancia, dado que la madre de la menor dio contestación a la incidencia planteada, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen y a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado por conducto de la Procuraduría Auxiliar en materia de Asistencia Social de esta ciudad. De ahí que se estime que la promvente del amparo no está legitimada para acudir a solicitar la protección constitucional, al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ma. Guadalupe Hernández Pérez, Ma. Fabiola y Pedro de apellidos Ordoñez Jamaica, José Antonio Mejía Pérez, Sergio Alberto Torres Borrego, Denis Presa Martínez y Daniela García Ruiz, en virtud de que cuentan con cédula profesional con número 1832154, 3546781, 1182646, 7688049, 6055576, 5605437 y 09267034, registrada a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado y por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE". Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma el licenciado Luciano Valadez Pérez, Juez Sexto de Distrito en el Estado, ante el secretario Jesús Antonio Azuara Reyes, que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ..........., por su propio derecho y quien se ostenta como representante de la menor........., contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 789/2017-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las documentales que se adjuntaron a la misma, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio oral ordinario F-1627/2016 de su índice, que declaró procedente el incidente de ejecución de sentencia que promovió Josué Bocanegra Almaguer (padre de la menor y actor) en contra de Samia Pamela González Balderas (madre de la menor y demandada), en la que se condenó a esta última para que entregara inmediatamente a la menor Alexia Celeste Bocanegra González, a su progenitor. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la referida resolución no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de garantías establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que los únicos legitimados para inconformarse contra la determinación cuestionada serían los padres (Josué Bocanegra Almaguer y Samia Pamela González Balderas) o, en su caso, la menor por conducto de quien ejerce su guardia y custodia, que en el caso es su progenitor Josué Bocanegra Almaguer. Se afirma lo anterior, ya que de las constancias de autos se desprende del convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada se estableció que la menor permanecería bajo la guardia, cuidado y custodia de su padre Josué Bocanegra Almaguer, por lo que es evidente que la determinación reclamada en el presente juicio no lesiona la esfera jurídica de la promovente, ya que no es parte en el procedimiento de origen ni suscribió el convenio de referencia. Además, el hecho de que acredite que se trata de la abuela materna no es suficiente para demostrar que la resolución le causa un agravio personal y directo, ya que de ningún modo se patentiza ni involucra a la recurrente en una situación jurídica concreta que se considere lesiva o que perjudique su esfera de derechos, pues no debe perderse de vista que la determinación cuestionada únicamente incide en quienes forman parte del juicio de origen, quienes en todo caso son los únicos que podrían impugnarla. Máxime que de las constancias de autos no se revela indicio alguno de riesgo para la menor con motivo de lo resuelto por el Juez de instancia, dado que la madre de la menor dio contestación a la incidencia planteada, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen y a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado por conducto de la Procuraduría Auxiliar en materia de Asistencia Social de esta ciudad. De ahí que se estime que la promvente del amparo no está legitimada para acudir a solicitar la protección constitucional, al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ma. Guadalupe Hernández Pérez, Ma. Fabiola y Pedro de apellidos Ordoñez Jamaica, José Antonio Mejía Pérez, Sergio Alberto Torres Borrego, Denis Presa Martínez y Daniela García Ruiz, en virtud de que cuentan con cédula profesional con número 1832154, 3546781, 1182646, 7688049, 6055576, 5605437 y 09267034, registrada a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado y por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE". Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma el licenciado Luciano Valadez Pérez, Juez Sexto de Distrito en el Estado, ante el secretario Jesús Antonio Azuara Reyes, que autoriza y da fe.
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