Ma. Mercedes Patiño Escogido
Expediente 736/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Mercedes Patiño Escogido
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera DESTRUIBLE de conformidad con el diverso artículo 20, fracción IV, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá procederse a su destrucción. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el oficio de la estadística de este órgano jurisdiccional, al que se adjunta el diverso 13519/2023 signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual trascribe el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, emitido dentro del juicio de amparo 657/2023-7 de su índice, del que se advierte que la titular del órgano de su adscripción estimó que este juzgado es quien debe conocer, en razón de turno, de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Tesorera Municipal de esta ciudad y otras autoridades y, remite: el expediente 657/2023-7 de su índice, seis copias de la demanda de amparo y diez copias de escritos aclaratorios; al respecto, se acuerda: Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de control electrónico de este juzgado bajo el número 736/2023-V. En términos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto, lo cual hágase del conocimiento de la homóloga federal a través del acuse de recibo correspondiente. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX.Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. ********************Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;. Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que se establece para conceder la suspensión provisional; en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y no establece que se autorice en un plazo mayor que el previsto para proveer sobre la suspensión provisional, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar los medios ordinarios de impugnación. Ello, porque el referido principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes, con violaciones directas a la Constitución Federal, y cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución Federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto, es menester precisar que lo anterior, no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos previstos en la Constitución, sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a su elección determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Carta Magna. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución Federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que encuentra su justificación porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede por ejemplo cuando se atribuye infracción al derecho de audiencia. Tampoco está obligada la parte quejosa a observar el mencionado principio cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Fuera de las hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, en primer lugar, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación o derecho de audiencia, como tampoco exclusivamente de una violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad haciendo valer la vulneración a su derecho de legalidad pues la enmienda a dicha prerrogativa puede ser subsanada, en primera fase, ante la autoridad ordinaria, en donde el interesado debe expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, primeramente conviene establecer que del análisis integral de la demanda y de las constancias que se adjuntaron a la misma, se desprende que la quejosa esencialmente reclama: El oficio número ******************** de ********************, emitido por la Tesorera Municipal de esta ciudad, mediante el cual, en atención a las peticiones que le formuló el ********************: No aceptó garantizar el interés fiscal relativo al procedimiento administrativo de ejecución instaurado en su contra con la parcela ********************con número de cuenta predial ********************, en virtud de que el adeudo del impuesto predial está garantizado con la propiedad ubicada en calle ********************, con cuenta predial ******************** registrada a su nombre; y,********************Resolvió negarle la liberación y cancelación del gravamen del embargo sobre el inmueble ubicado ******************** ********************, identificado con folio real********************, en virtud de que dicho inmueble se encuentra en garantía por el adeudo del impuesto predial que tiene la propiedad ubicada en la carretera ********************. Sin que el caso pueda tenerse como acto reclamado la omisión de la Dirección de Ingresos y de la Dirección de Impuesto Inmobiliario y Catastro, ambas de la Tesorería Municipal de esta ciudad, en dar contestación a los escritos que recibieron el ******************** y el ********************, ya que: Del análisis de los escritos de referencia se advierte que su contenido es idéntico al que le presentó a la Tesorera Municipal de esta ciudad el ********************, pues inclusive en los tres -escritos o acuses- dirigió sus peticiones a las referidas autoridades, por lo que fundamentalmente se trata de un sólo escrito en el que formuló dos peticiones. 2. A las dos peticiones que exteriorizó, consistentes en que el interés fiscal se garantizara con un solo bien inmueble y que se cancelara el embargo de un diverso bien raíz, se les dio respuesta mediante oficio ******************** de ********************, signado por la Tesorera Municipal de esta ciudad, el cual se le notificó el ********************. Por lo anterior, debe entenderse que las peticiones que elevó a las señaladas autoridades fueron atendidas en el indicado oficio ******************** de ********************, pues al haberlo firmado la titular de la dependencia -Tesorería Municipal- a la que pertenecen tanto la Dirección de Impuesto Inmobiliario y Catastro como la Dirección de Ingresos, en términos del artículo 45 del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Guanajuato, la omisión que se les reclama se subsume a lo determinado por la Tesorera Municipal, al ser la encargada de la hacienda pública del Municipio y contar con esas áreas administrativas, entre otras, para el despacho de los asuntos a su cargo. De ahí, que se considere que la parte quejosa en realidad reclama en el presente juicio de amparo lo resuelto en el oficio número ******************** de ********************, emitido por la Tesorera Municipal de esta ciudad. Como puede observarse de los preceptos reproducidos, las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, son competentes para conocer, en primera instancia, de los procesos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones jurídico administrativas que los entes de estado dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, por lo que la sentencia que al efecto se emita podrá modificar o nulificar, total o parcialmente dicha resolución y, por ende, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar los medios de impugnación previstos en la legislación en comento, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Bajo ese contexto, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa debió impugnar las negativas que reclama contenidas en el oficio ******************** de ********************, signado por la Tesorera Municipal de esta ciudad, a través del medio de defensa previsto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, aplicable al caso concreto, puesto que el acto que en esta vía reclama lo llevó a cabo una autoridad de la administración pública, y en contra de sus determinaciones procede el juicio contencioso administrativo, el cual es regulado por el numeral 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Además que el referido Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en sus artículos 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278, prevé la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva. Sin que sea óbice a lo antes considerado, que el referido código no disponga expresamente un plazo para proveer sobre la admisión de la demanda en el proceso administrativo, pues de los preceptos 268 y 275 del citado ordenamiento local, se advierte la obligación del Juez de comunicar a la autoridad demandada sobre la suspensión del acto, exigencia de la que se entiende la obligación del juzgador de acordar lo antes posible respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo en vigor, que prevé que el Juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio constitucional deberá resolver si admite o desecha la demanda dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que la demanda fue presentada, o en su caso turnada al órgano jurisdiccional del conocimiento. Cabe mencionar que los criterios trascritos fueron emitidos con base en el análisis de las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; sin embargo, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia, en vigor a partir del tres del citado mes y año, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará vigente en lo que no se oponga a la actual, por lo que al no contraponerse lo establecido en la jurisprudencia y en la tesis citadas a lo estatuido en la nueva Ley de Amparo, tienen aplicación en el presente asunto.********************Entonces, si la parte quejosa pretende impugnar en la vía de amparo el acto de autoridad de que se habla, sin acudir previamente a aquel procedimiento mediante el cual se puede revocar, modificar o nulificar, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al quedar incumplido el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que, el amparo que se insta resulta improcedente.********************Máxime que en el caso no se actualizan las excepciones al aludido principio de definitividad contenidas en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.********************Ello, porque de la simple lectura de la resolución reclamada se advierte que se citan diversos preceptos como fundamentación del mismo, por lo que, no es aplicable la excepción de carencia de fundamentación.********************La parte quejosa no alega únicamente violaciones directas a la Constitución, puesto que del escrito de demanda se constata que cuestiona la legalidad del oficio número ******************** de ********************, emitido por la Tesorera Municipal de esta ciudad, pues entre otros, invoca en apoyo a sus argumentos al artículo 94 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. ********************Además que el medio de defensa que debe interponer la quejosa, como ya se vio, no se encuentra en un reglamento. ********************Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.* Se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a******************** al contar con cédula profesional ******************** registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita ******************** y a ********************, por no encontrase en ese supuesto y a la diversa persona que señala por así haberlo solicitado. ********************Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ******************** dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.********************Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.********************En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.********************Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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