Ma Lourdes Herrera Rodriguez

Expediente 374/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
374/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Ma Lourdes Herrera Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha resolución, ha causado ESTADO para todos los efectos legales conducentes. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya trascurrió el término a la totalidad de las partes para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga prejuicio. Valoración de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, en cumplimiento a los artículos 18, fracción I, Inciso a) y 21, inciso b), del citado acuerdo, el presente expediente es susceptibles de destrucción, y el original del cuaderno incidental es susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y en el incidente se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva debiendo conservarse: en el incidente las resoluciones de su otorgamiento o violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, incisos a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el cuaderno de mención.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato Capital; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintidós de octubre del año en curso informa que la multa impuesta a las hoy quejosas, como autoridades demandadas, en el juicio contencioso, no será remitida a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, para que la haga efectiva.  Sobreseimiento fuera de audiencia. Atento a lo expuesto, por la autoridad responsable, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". De la citada porción normativa se desprende que esta causal de improcedencia se actualiza cuando deja de existir el objeto o materia del acto reclamado, debido a que ya no puede surtir ningún efecto legal o material, porque sería imposible restituir el goce del derecho violado a la parte quejosa, o bien, porque la sentencia concesoria no tendría ningún efecto jurídico. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista; b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado; y, c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Cabe precisar que la inexistencia del objeto o materia recae sobre el acto reclamado y no en el juicio de amparo en sí; además, dicha circunstancia surge con posterioridad a la emisión del acto controvertido y puede acaecer por razones naturales ajenas a la voluntad de la autoridad emisora, las cuales hacen imposible que aquél surta sus efectos legales o materiales. Por ende, dicha causal se verifica cuando el juzgador de amparo advierte que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que aún de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirle en el goce del derecho violado ni se podrían concretar los efectos de la sentencia concesoria. Lo anterior, pues no obstante que subsista el acto reclamado, la situación jurídica surgida con motivo de aquél se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado que sea susceptible de reparación y, por ende, se impide que el fallo protector cumpla con su finalidad restitutoria. Sirven de apoyo, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así también robustece lo anterior la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, página 241, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". En el caso concreto, los quejosos señalaron como acto reclamado, el siguiente: - El acuerdo de treinta de junio de dos mil veinte, dictado en la controversia administrativa 219/1Sala/19 de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, en el cual se impusieron a los quejosos una multa de setenta unidades de medida y actualización, equivalente a cinco mil novecientos catorce pesos. Sin embargo, se colige que aun cuando existe el acto reclamado, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, pues la autoridad responsable en el oficio 1704 aseveró que no remitirá solicitud a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, para que haga efectiva la multa, dado que en auto de veinte de octubre de este año, se determinó el cumplimiento de la sentencia dictada en ese juicio. De ahí que se advierta la causal de improcedencia apuntada, pues de concederse la protección Constitucional sería para dejar insubsistente la multa reclamada, sin embargo, conforme a lo expuesto por la autoridad responsable, la misma no será enviada para su cobro, por lo que, es evidente que ha dejado de existir el objeto o materia del acto tildado de inconstitucional, ante la mencionada modificación del entorno en el cual aquel se emitió. Por tanto, no tendría razón alguna examinar la constitucionalidad del acto reclamado, si aún cuando se concediera la protección federal, la multa no será cobrada por el fisco estatal. Si bien es cierto que la multa impuesta a las quejosas subsiste puesto que la autoridad responsable no lo ha dejado sin efecto, ya no puede lesionar la esfera jurídica de la parte peticionaria de derechos, dado que la misma no será enviada para su cobro. Lo anterior, se corrobora con lo expuesto por la autoridad responsable Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, en su informe justificado, pues manifestó que no era cierto el acto reclamado, consistente en la ejecución del cobro de la multa, pues no ha emitido mandato de ejecución en contra de Ma. Lourdes Herrera Domínguez y Enrique Corona Cervantes, por lo que es evidente, que en el caso, el magistrado responsable no ha remitido la multa para hacerla efectiva. De ahí que, si en el caso, el responsable afirma que la multa no será enviada para su cobro, es evidente que el objeto o materia de la misma ha dejado de existir. Es así, pues el objeto del juicio de amparo es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promovió, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales transgredidos. De ahí que el fallo emitido en el juicio Constitucional debe concretarse y trascender a la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que, si en el caso, aun subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia, al aseverar la responsable, que la multa impuesta a los quejosos no será enviada para su cobro, este juicio es improcedente. Por tanto, al actualizarse de manera patente la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada codificación. Se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio.

  3. Principal

    Constancias de emplazamiento. Visto el oficio de cuenta que remite el magistrado Propietario de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en Guanajuato, capital, por el cual remite las constancias de emplazamiento del tercero interesado Juan Carlos Salazar Arellano, advirtiéndose de las constancias que anexa que el dieciséis de octubre del año en curso, notificó al mencionado tercero, la radicación del presente juicio. Por tanto, se tiene por legalmente emplazado, con el carácter de tercero interesado en el presente asunto. Diferimiento de la audiencia constitucional. En ese orden de ideas, es evidente que están transcurriendo los ocho días que la ley le otorga, al tercero interesado, para imponerse del informe justificado. Aunado a lo anterior, cabe señalar que por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, se le requirió a la autoridad responsable información para mayor proveer, sin que a la fecha se hubiera recibido la misma, dado que están transcurriendo el término de tres días, para tal efecto. Por tanto, es evidente que no están las condiciones para llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que, se DIFIERE y se fijan las trece horas con treinta y siete minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, para su celebración.Así lo proveyó y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 374/2020 y su acumulado 375/2020-VI; y, Resultando Primero. Demanda de Amparo. Ma. Lourdes Herrera Rodríguez y Enrique Corona Cervantes, demandaron el amparo y protección de la justicia federal en contra del magistrado propietario de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato y otras autoridad, por estimarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. Trámite de la demanda e incidencia Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; en el que se concedió la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables su informe previo, el cual se recabó; finalmente la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente; y, Considerando Primero. Precisión del acto reclamado. Con apego en el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado señalado por la parte quejosa en la presente instancia constitucional, lo constituye esencialmente: El acuerdo de treinta de junio de dos mil veinte, dictado en la controversia administrativa 219/1 Sala/19 de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato promovida por Juan Carlos Salazar Arellano, en el que se les impuso a cada uno, una multa de setenta unidades de medida y actualización equivalente a cinco mil novecientos catorce pesos. Segundo. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, magistrado propietario de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado. Por su parte, el representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado de Guanajuato, al rendir su informe, manifestó no ser ciertos los actos reclamados; sin embargo, al tener el carácter de autoridad ejecutora, y al tenerse por cierto dicho acto a la ordenadora antes mencionada; dicha negativa queda desvirtuada y por ende, se tiene como cierto. Tercero. Requisitos de procedencia. En virtud de que están reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que lo solicita la parte quejosa, no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de negarse dicha medida se causarían a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, con apoyo en lo preceptuado en el artículo 150 de la ley de la materia, se concede la suspensión definitiva a Ma. Lourdes Herrera Rodríguez y Enrique Corona Cervantes, para los siguientes efectos: El artículo 135 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." Consecuentemente, los efectos de la suspensión son para que las cosas se mantengan el estado que actualmente guardan y hasta que se notifique el auto de ejecutoria que se emita en el juicio de amparo de donde deriva el presente asunto, y no se haga efectivo el cobro de la multa impuesta a la parte quejosa en la controversia administrativa 219/1ª Sala/19 de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato de setenta unidades de medida y actualización equivalente a cinco mil novecientos catorce pesos. Lo anterior siempre y cuando, en la fecha en que se dicta el presente acuerdo, no haya acontecido tal circunstancia, pues en ese caso, estaríamos en presencia de actos consumados, en contra de los que es improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Ahora bien, cabe acotar que la medida de apremio pecuniaria de que se trata, debe ser considerada como una multa no fiscal, lo que constituye un aprovechamiento, resultando aplicable por analogía, la tesis 2a./J. 50/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, de junio de dos mil tres, página doscientos cincuenta y dos, cuyo rubro dice: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código." La presente medida surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si los quejosos: Dentro del plazo de cinco días, no garantiza cada uno, con el depósito que hagan ante la autoridad exactora correspondiente, de la cantidad determinada con motivo de la multa que les fue impuesta, en atención a que así lo dispone el artículo 135 de la Ley de Amparo. En el entendido de que dichas autoridades no podrán disponer de las cantidades depositadas, por estar sujetas a lo que se resuelva en cuanto al fondo del amparo. Lo que deberá acreditar ante esta autoridad dentro del plazo de tres días contado a partir de que concluya el término otorgado en el acápite que antecede. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial con número de registro 2010522, décima época, sostenido por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Página 2118, que es de rubro literal: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE DE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO" Cuarto. Notificación al tercero interesado. Atento a que en el expediente principal del que emana la presente incidencia se reconoció como tercero interesado a Juan Carlos Salazar Arellano, se ordena la notificación de la presente resolución al mencionado tercero, por conducto de la autoridad responsable, en los términos indicados en el auto admisorio de esta data. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a xxxxxxx, para los efectos narrados en el considerando cuarto de esta interlocutoria.

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