Ma Lorenza Murillo Melendez

Expediente 393/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
393/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Ma Lorenza Murillo Melendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de trece de noviembre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del cuaderno incidental susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) de la disposición administrativa en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por otra parte, toda vez que obran documentos que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibida que de no hacerlo estos podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido de que para la entrega de dichas documentales, deberá realizar una cita a través de la página electrónica correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que la autoridad responsable juez Tercero Civil de Partido en Celaya Guanajuato, remitió como sustento de su informe justificado, consistente en un legajo de copias certificadas relacionadas con el juicio subyacente M9/2016, se ordena su devolución; en el entendido que no se hace necesario requerir el acuse de recibo respectivo, dado que este será recabado por conducto del actuario de la adscripción.

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 393/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinte (fojas 2 a 16), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado a este juzgado al siguiente día, Ma Lorenza Murillo Meléndez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos del Juzgado Tercero Civil de Partido en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: sendos embargos practicados sobre los bienes al inmuebles (2) que aduce son de su propiedad, dentro de los expedientes 9/2016-M y 20/2016-M, ambos asuntos del índice del juez responsable, así como el remate, adjudicación y la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de León, Guanajuato; por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte (fojas 35 a 37 vuelta), esta potestad federal la registró bajo el número 393/2020-V, y la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; también señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de once de septiembre de dos mil veinte (foja 42 y vuelta) se ordenó emplazar a la tercera interesada Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural), por conducto de su apoderada Adriana Lorena Rivera Valadez, quien se apersonó al sumario mediante escrito registrado con número 5716 (fojas 69 a 78). TERCERO. Autoridad inexistente. Por auto de nueve de octubre de dos mil veinte (foja 67), hizo efectivo el apercibimiento de veinticinco de septiembre de esa anualidad (foja 46 y vuelta) en contra de la parte quejosa, en el sentido de tener por inexistente para efectos de este asunto constitucional a la autoridad que denominó como "Juez Civil de Partido de León, Guanajuato"; en consecuencia, esta sentencia no se ocupará más de tal autoridad. CUARTO. Separación de autos. Mediante providencia de nueve de noviembre de la presente anualidad, este juzgado realizó una separación de autos respecto de los actos reclamados que derivan del expediente mercantil 20/2016-M del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido en esta ciudad, y remitió copias certificadas de las constancias de este expediente constitucional a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad, a fin de que turne el asunto motivo de la separación al Juzgado de Distrito que corresponda (foja 91 y 92). En consecuencia, esta resolución tampoco se ocupará de los actos reclamados consistentes en el embargo y sus consecuencias sobre un bien inmueble defendido por la agraviada, derivados del expediente mercantil 20/2016-M del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido con sede en esta localidad. Finalmente, el diez de noviembre de dos mil veinte, fue celebrada la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede (foja 95 y vuelta). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclaman actos atribuidos, entre otras, a una autoridad judicial residente en esta ciudad de Celaya, sitio en el que este órgano de control constitucional ejerce competencia territorial. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen: i) El embargo y la afectación al derecho real de propiedad del inmueble identificado como solar urbano y construcciones, lote 56, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato; inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad bajo el folio real R20*406437; bien raíz otorgado en garantía hipotecaria en el subyacente juicio ejecutivo mercantil M09/2016; y ii) En vía de consecuencia, los actos relativos al procedimiento de remate, eventual escrituración y anotación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de León, así como la orden de posesión a terceros. Las autoridades señaladas como responsables son: Como autoridad ordenadora 1. Juez Tercero Civil de Partido en Celaya, Guanajuato; y Como autoridad ejecutora 2. Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de León, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez Civil de Partido responsable (fojas 40 y 41), aceptó la existencia de los actos reclamados; en consecuencia, deben tenerse por ciertos, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con plena eficacia probatoria en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos debatidos se robustece con las constancias que el juez civil acompañó a su informe de ley, consistentes en copias certificadas relativas al expediente mercantil número M-9/2016 de su índice; documental con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un procedimiento mercantil tramitado por y ante autoridad judicial. Por su parte la titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de León, Guanajuato, negó los actos que se atribuyen (foja 57 y 58); sin embargo, dicha negativa está desvirtuada en autos en razón de que fue señalada como autoridad ejecutora y en el sumario quedó acreditada la existencia de los actos de la autoridad ordenadora; por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a dicha registradora pública. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. El veintiséis de enero de dos ml dieciséis, se radicó el juicio ejecutivo mercantil M09/2016 del Juzgado Tercero Civil de Partido en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Tal controvertido fue iniciado por Adriana Lorena Rivera Valadez como apoderada general para pleitos y cobranzas de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en contra de Juan Elías Vallejo Torres, representado por Pascual Torres Meléndez; Productores Agrícolas Vallado Viejo, S.C. de R.L. de C.V., por conducto de sus representantes Pascual Torres Meléndez, Luz Armando Torres Godínez y Armando Torres Meléndez; así como en contra de Armando Torres Meléndez como garante hipotecario; y como obligados solidarios Pascual Torres Meléndez, Luz Armando Torres Godínez, Armando Torres Meléndez, Elisa Murillo Meléndez, Adela Godínez Meléndez, Luz Adriana Torres Murillo, Alejandro Torres Murillo e Iliana López Zapién (fojas 61 a 63 tomo I de pruebas). 2. En diligencia de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, fue emplazado el codemandado Armando Torres Meléndez a quien en ese acto, le fue embargado, por el impago requerido, el inmueble identificado como como solar urbano y construcciones, lote 56, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato, con las medidas y colindancias ahí descritas (fojas 83 y 84 tomo I cuaderno de pruebas). 3. Tras la sustanciación del procedimiento de origen en data dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia de condena en contra de la parte reo. Esta determinación causó ejecutoria por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 170 a 181 y 186 tomo I cuaderno de pruebas). 4. Por auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, el juez de la causa tuvo a José de Jesús Torres Meléndez, como apoderado, entre otros codemandados, de Armando Torres Meléndez, por señalando como garantía hipotecaria del contrato base de la acción el inmueble consistente en solar urbano y construcciones ubicado en poblado La Sandía, en León, Guanajuato, específicamente, en zona sub urbana, lote 56, manzana 2, zona 2, a nombre del referido Armando Torres Meléndez; ello con objeto de garantizar el adeudo y continuar con el trámite de un convenio judicial (fojas 294 a 295 tomo I cuaderno de pruebas). 5. En acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la apoderada de la parte actora nombrando como perito de su intención a Juana Elia Rivera Valadez y por exhibiendo avalúo emitido por dicha experta (foja 236 tomo II cuaderno de prueba). 6. En auto de veinte de marzo de dos mil veinte, se señaló fecha y hora para el verificativo del remate en primera almoneda. De las constancias del sumario se desprende que no se ha llevado a cabo la audiencia de remate. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ciertamente, en principio ha de establecerse que la parte quejosa es tercera auténtico con relación al juicio ejecutivo mercantil de origen en tanto que no figura como parte procesal en dicha contienda; empero, tal circunstancia no es suficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos de la agraviada, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que la parte quejosa tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente. Considera la parte promovente del amparo, en síntesis, que sus derechos de propiedad y posesión se ven violentados por la sustanciación del juicio ejecutivo mercantil de origen M09/2016, donde se afectó el bien inmueble identificado como solar urbano y construcciones, lote 56, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato; inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa localidad bajo el folio real R20*406437; pues aduce que ese bien raíz es de su propiedad, y que no fue oída en tal controvertido; derechos que se encuentran amparados con el contrato privado de compraventa fechado el trece de abril de dos mil siete con Armando Torres Meléndez -codemandado en el asunto natural-; por lo que dichos actos violan en su perjuicio los derechos reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el objeto de acreditar la propiedad que aduce tener sobre el bien inmueble que defiende, la quejosa ofreció la documental exhibida con su escrito constitucional (fojas 25 a 28), consistente en copia certificada por notario público del siguiente contrato: Contrato de compraventa fechado el trece de abril de dos mil siete, celebrado por Armando Torres Meléndez (como vendedor) y la agraviada Ma Lorenza Murillo Meléndez (como compradora), respecto el inmueble identificado como solar urbano y construcciones, lote 56, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato (fojas 25 a 28). Destaca que dicho contrato fue ratificado ante la fe del notario público treinta con ejercicio y residencia en León, Guanajuato, el trece de abril de dos mil trece (foja 27). Medio de convicción que valorado en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2º, resulta insuficiente para el fin pretendido, esto es, acreditar el interés jurídico de la parte quejosa en este juicio constitucional. Cabe aclarar que de conformidad con el precepto 197 de la mencionada codificación procesal civil federal, quien esto resuelve goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, para obtener el valor de las mismas, unas frente a las otras y para fijar el resultado final de dicha valuación; además, el pronunciamiento aquí realizado sobre la valoración a la documental exhibida por la parte agraviada, es útil solo para determinar la procedencia de este juicio constitucional, dado que no implica un pronunciamiento sobre la titularidad del derecho que se defiende, o la validez del acto jurídico que le dio origen, toda vez que ello se debe dilucidar ante la potestad común. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada IV.1o.C.39 K visible a foja 1774, tomo XXXII, diciembre de 2010 del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163326, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ALCANCES DE LA VALORACIÓN DEL DOCUMENTO QUE SE EXHIBA PARA ACREDITAR LA TITULARIDAD DEL DERECHO QUE SE ESTIMA TRANSGREDIDO, TRATÁNDOSE DE TERCEROS EXTRAÑOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, tratándose de terceros extraños a juicio, basta con demostrar la titularidad del derecho conculcado por el acto de autoridad; en tal contexto, la valoración del documento que se exhiba con ese propósito, debe ser exclusivamente para determinar la procedencia del juicio constitucional, es decir, no implica un pronunciamiento sobre la titularidad del derecho que se defiende, o la validez del acto jurídico que le dio origen, sino únicamente en cuanto a su existencia con anterioridad al acto reclamado, pues en la medida en que se acredite la existencia del acto que le dio origen, se demuestra el derecho que se estima transgredido." Enseguida se analiza el referido documento exhibido por la parte quejosa -copia certificada del contrato de compraventa-, para corroborar si merece eficacia probatoria, y por ende, se justifica el interés jurídico. Como cuestión previa, es relevante indicar que la propiedad es un derecho real cuyos medios de adquisición son de índole muy variada: contrato, prescripción, adjudicación, sucesión, accesión, incorporación, etcétera, siendo el acuerdo de voluntades -contrato o convenio-, sin duda, el medio más frecuente para adquirir la propiedad. El Código Civil para el Estado de Guanajuato regula diversos contratos por medio de los cuales la propiedad de una cosa puede adquirirse, verbigracia, la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo, estableciendo determinadas reglas relativas a su contenido, forma y efectos jurídicos. En efecto, de los artículos 1741, 1764 y 1765 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, se desprende: La compraventa es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho; Solo puede vender lo que es de su propiedad, y; La venta de cosa ajena resulta nula. La referida legislación civil sustantiva ha reconocido normalmente eficacia instantánea a esta traslación de dominio derivada del simple consenso contractual de voluntades respecto a la cosa. Sin embargo, tratándose de cierto tipo de bienes, específicamente, los inmuebles, la ley ha dispuesto como observancia adicional algunas formalidades a efecto de garantizar la certeza y seguridad jurídica en su tráfico, en razón de su valor y de las importantes repercusiones sociales que conlleva la adquisición de estos bienes, lo que hace conveniente dar publicidad al dominio y a las distintas formas de su manifestación estableciendo un control minucioso y continuo sobre los actos que afecten la plena disposición de estos bienes patrimoniales. Con la finalidad de garantizar la certeza y seguridad jurídica en la celebración de los actos jurídicos entre particulares, la ley civil se ha valido de dos importantes auxiliares: el notariado y el Registro Público de la Propiedad. El primero de estos auxiliares se integra por un calificado grupo de peritos en derecho investidos de fe pública y facultados para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos. La intervención del notario conduce a garantizar la perfección jurídica del negocio celebrado y la conservación de su constancia, produciéndose, además, un medio probatorio de la operación realizada al que la ley le atribuye eficacia de prueba plena, a diferencia de aquellos contratos de carácter privado que son elaborados y celebrados por las partes a su leal saber y entender. El Registro Público de la Propiedad, por su parte, es una institución producto de las necesidades de la vida cotidiana para evitar que las transmisiones y gravámenes relativos a bienes inmuebles se efectúen en forma clandestina y se vea afectada o disminuida la estabilidad y seguridad que debe caracterizar a los actos traslativos de esta clase de bienes, y ante la necesidad de ponerlos jurídicamente en circulación haciendo necesaria la intervención del poder público a fin de que sea el encargado de organizar su funcionamiento. Este Registro, en su carácter de oficina pública, tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente los inmuebles, para que toda persona que tenga interés en efectuar una operación en relación con ellos conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es: quién es propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie con que cuenta y se pretende adquirir, y demás datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar. En este orden de ideas, un principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe de la operación es su fecha cierta. Si bien el asiento registral proporciona total certidumbre sobre la fecha del documento, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido que la fecha cierta tiene lugar cuando se acredita que: El documento se hubiese presentado para su inscripción en algún Registro Público; El instrumento se hubiese presentado ante un fedatario o funcionario público con motivo de sus funciones; y, Hubiese ocurrido la muerte de cualquiera de los contratantes o de quienes intervinieron en su declaración. Cierto, la Primera Sala de nuestro más alto tribunal estableció que al ocurrir cualquiera de estas circunstancias, surge la presunción clara de que el documento al menos existió en esos momentos pues con ello se genera un principio de prueba que necesariamente orienta a esa conclusión, porque la inscripción en el registro no deja duda de que el documento existía en el momento en que se hizo, su presentación ante funcionario o fedatario público produce también esta misma consecuencia y la muerte de los contratantes o firmantes lleva entender que no pudieron plasmar su firma después de su fallecimiento. Así las cosas, tratándose de documentos privados, es requisito indispensable para que surtan efectos contra terceros que se hubiesen celebrado ante fedatario público o funcionario autorizado, que se encuentren inscritos en el Registro Público de la propiedad del lugar de su ubicación, o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes, lo que significa que el documento privado que no actualice alguna de las mencionadas hipótesis solo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Las anteriores consideraciones se encuentran en la jurisprudencia por contradicción de tesis, que se suscitó entre las sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, publicada en la página 214, del tomo IV, Materia Civil, Novena Época, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 192662, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en, los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes ; por lo que es dable concluir , que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta , imposibilita determinar que todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de ésta manera, la legalidad y la certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Se reitera que en el caso, la parte quejosa, con el propósito de justificar su interés jurídico exhibió copia certificada por notario público del contrato de compraventa fechado el trece de abril de dos mil siete, celebrado por Armando Torres Meléndez (como vendedor) y la agraviada Ma Lorenza Murillo Meléndez (como compradora), respecto el inmueble identificado como solar urbano y construcciones, lote 56, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato (fojas 25 a 28). Se insiste, dicho medio de convicción se estima ineficaz para alcanzar la pretensión constitucional de la quejosa, toda vez que la certificación que el notario público realizó sobre la copia del contrato de compraventa ratificado ante diverso fedatario público, incumple con los requisitos que establece el artículo 72, último párrafo, de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato; requisitos legales necesarios para ponderarla válida, por lo que carece de valor probatorio. Tal numeral dispone: "Artículo 72. Queda prohibido a los notarios actuar fuera del protocolo, con las excepciones siguientes: (.) II. Los testimonios que legalmente extiendan; III. Las certificaciones relativas a los instrumentos públicos y las que resulten del cotejo de documentos; (.) Las certificaciones derivadas de cotejos se asentarán en la última hoja que corresponda al documento que se compulsa y coteja con su original o en hoja adherida al mismo. La certificación deberá contener: la mención del documento original cuyo cotejo se certifica, el número de fojas que comprende, el nombre de la persona a quien se expide, la razón «doy fe», la firma del notario y el sello de autorizar, así como las demás medidas de seguridad que se establezcan por el Ejecutivo del Estado". Ahora, en la certificación notarial en examen, se estableció: "YO LICENCIADO TOMAS BUSTOS MUÑOZ TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 103 CIENTO TRES, EN LEGAL EJERCICIO EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, CERTIFICO: QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SUS ORIGINALES DE LAS QUE PROCEDEN Y QUE TENGO A LA VISTA, LAS CUALES VAN EN 03 TRES HOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS, Y QUE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE A SOLICITUD DE MA LORENZA MURILLO MELENDEZ, EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO EL DÍA 19 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE. DOY FE. --- LIC. TOMÁ BUSTOS MUÑOZ --- TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 103 RUBRICA Y SELLO DE NOTARIO)." De la lectura de la certificación transcrita, se advierte que el notario no realizó la mención del documento cuyo cotejo se certifica, dado que únicamente se hace alusión a que lo tuvo a la vista sin especificar en qué consiste. La resaltada inconsistencia genera duda fundada sobre el actuar del notario, pues no se sabe qué o cuál documento original tuvo a la vista al asentar su certificación. Luego, si la certificación notarial incumple con la totalidad de requisitos legales para su validez, en tanto que no se estableció la mención del documento original cuyo cotejo se certifica; entonces es inconcuso que la certificación de mérito carece de valor probatorio, toda vez que ese dato constituye exigencia de validez para la actuación notarial en análisis, en términos del artículo 72, último párrafo, de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, habida cuenta que esa disposición tiene como objetivo primordial salvaguardar el principio de certeza de los actos encomendados a los notarios públicos. Conviene resaltar que la finalidad de las certificaciones producidas por fedatarios públicos, es dar seguridad jurídica a las partes con relación tanto a la fecha de celebración de los actos, como a los documentos que realmente cotejan, y puede estimarse que existe esa seguridad jurídica, si se reconoce un acto que no contravino las disposiciones legales que establecen las exigencias necesarias para su validez, y además, no contiene irregularidades evidentes que pongan en entredicho su autenticidad. Es aplicable al caso, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis jurisprudencial 1./J 51/2005, visible en la página 183, del tomo XXII, julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial." Partiendo de los razonamientos expuestos, se colige que la documental allegada por la quejosa, consistente en copia certificada del contrato de compraventa a que se ha hecho alusión, es insuficiente para demostrar su interés jurídico en la presente instancia constitucional. Por otra parte, no se inadvierte que la parte agraviada exhibió al sumario la diversa documental consistente en diversa copia certificada por notario público del contrato de compraventa fechado el veintiocho de marzo de dos mil siete, celebrado por Pascual Torres Meléndez (como vendedor) y la agraviada xxxxxxxxx (como compradora), respecto del inmueble identificado como xxxxxxxx, Guanajuato (fojas 29 a 32). Sin embargo, con independencia de la eficacia probatoria de tal documental, también se estima insuficiente para acreditar el interés jurídico de la solicitante de la tutela federal; es así porque esa probanza está relacionada con la compraventa de un inmueble distinto al que se afectó en el juicio ejecutivo mercantil M-09/2016 -solar urbano y construcciones, lote 56, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato-; de ahí la ineficacia del ese medio de convicción. En ese orden de ideas, al no haberse acreditado fehacientemente el derecho de propiedad que la quejosa alegó en su favor, resulta manifiesto y de modo indudable que en el caso se actualiza la referida hipótesis de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento en este asunto, con fundamento en el 63, fracción V, del mencionado cuerpo normativo. Es importante señalar que al haberse actualizado en forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, por cuestión de técnica jurídica se genera un impedimento legal para entrar al análisis del fondo de la cuestión planteada; asimismo, deviene innecesario el tratamiento sobre diversos motivos de improcedencia, porque el que operen o no, no cambiaría el sentido de esta resolución. Es de citarse en respaldo, por su contenido, la tesis visible en la página 1264, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por algunas de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Asimismo, la jurisprudencia 2/J.54/98, consultable en la página 414, del tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxxxxxxxxx respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en el último punto considerativo de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta; del análisis del sumario se advierte que la quejosa Ma. Lorenza Murillo Meléndez, señaló como actos reclamados: El embargo practicado sobre los bienes inmuebles identificados como: Solar urbano identificado como xxxxxxxxx; y Solar urbano identificado como xxxxxxxxxx. Ello, ordenado en los juicios 20/2016-M y 9/2016-M, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, así como sus consecuencias legales tales como el remate, escrituración y entrega de la posesión a terceros, sin haber sido parte de esos controvertidos (tercera extraña auténtica). De lo anterior, se colige que los embargos reclamados provienen de juicios mercantiles diferentes, que se encuentran desvinculados entre sí, pues aún y cuando fueron emitidos en contra de la misma persona, sin embargo, ello es insuficiente para establecer vinculación entre tales procedimientos, para efecto de ser estudiados de manera conjunta en la presente vía constitucional, razón por la cual este tribunal está imposibilitado para analizar su constitucionalidad en la misma pieza de autos, esto es, en el presente juicio. En consecuencia, a fin de no violentar las reglas que rigen el juicio de amparo, de oficio este tribunal ordena la separación de autos, a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia l P./J. 78/97, de rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." Así como la diversa Jurisprudencia P./J. 77/97, del siguiente rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS." En tales condiciones, de conformidad con los artículos 72 y 73, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, aplicados en sentido contrario, se procede a separar el juicio de amparo, esto es, en el presente asunto se analizará únicamente la constitucionalidad de los reclamados en el juicio M9/2016 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, respecto del solar urbano identificado como lote 56, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato. En tanto que por lo que hace a los diversos actos derivados del expediente mercantil M20/2016, deberá ser analizado en distinto juicio de amparo que ha de tramitarse por separado. Por tanto, mediante oficio que derive de este acuerdo remítanse copias certificadas del presente asunto a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad, a efecto de que turne el asunto motivo de la separación al órgano que corresponda.

  4. Incidental

    Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de septiembre de la presente anualidad se dio vista a la parte quejosa con el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio dirigido a la autoridad que denominó "Juez Civil de Partido de León, Guanajuato", toda vez que se asentó que dicha autoridad no existe, a efecto de que manifestara bajo el término de tres días lo que a su interés legal conviniere respecto a dicha circunstancia, plazo que actualmente se encuentra transcurriendo. Por tanto, la audiencia incidental programada para el día de hoy se difiere y se señalan las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil veinte, para su desahogo.

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