Ma Lorenza Murillo Melendez
Expediente 620/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma Lorenza Murillo Melendez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de once de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en el artículos 21, inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, contado a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que la autoridad responsable juez Tercero Civil de Partido en Celaya Guanajuato, remitió como sustento de su informe justificado, consistente en un legajo de copias certificadas relacionadas con el juicio subyacente*, se ordena su devolución; en el entendido que no se hace necesario requerir el acuse de recibo respectivo, dado que este será recabado por conducto del actuario de la adscripción.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 620/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinte (fojas 4 a 17), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado a este juzgado al siguiente día, Ma Lorenza Murillo Meléndez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos del Juzgado Tercero Civil de Partido en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en sendas afectaciones sobre los bienes inmuebles (2) que aduce son de su propiedad, dentro de los expedientes 9/2016-M y 20/2016-M, ambos asuntos del índice del juzgado en mención, así como actos derivados del procedimiento de remate e inminente adjudicación e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de León, Guanajuato; por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte (fojas 35 a 37 vuelta), esta potestad federal la registró bajo el número 399/2020-V, y la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; también señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de once de septiembre de dos mil veinte (foja 42 y vuelta) se ordenó emplazar a la tercera interesada Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural), por conducto de su apoderada Adriana Lorena Rivera Valadez, quien se apersonó al sumario mediante escrito registrado con número 5716 (fojas 70 a 72). TERCERO. Autoridad inexistente. Por auto de nueve de octubre de dos mil veinte (foja 68), hizo efectivo el apercibimiento de veinticinco de septiembre de esa anualidad (foja 50 y vuelta) en contra de la parte quejosa, en el sentido de tener por inexistente para efectos de este asunto constitucional a la autoridad que denominó como "Juez Civil de Partido de León, Guanajuato"; en consecuencia, esta sentencia no se ocupará más de tal autoridad. CUARTO. Separación de autos. Mediante providencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, este juzgado realizó una separación de autos en la medida en que la parte quejosa se ostenta tercera extraña a dos procedimientos jurisdiccionales desvinculados entre sí -juicios ejecutivos mercantiles 9/2016-M y 20/2016-M-. De esa guisa, en el juicio de amparo 393/2020 se ordenó continuar el procedimiento respecto de los actos reclamados que derivaron del primero de los juicios mercantiles (9/2016-M). Así, con relación a los actos debatidos que emanan del expediente mercantil 20/2016-M, se remitieron copias certificadas de las constancias del expediente constitucional 393/2020 a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad, a fin de que turnara el asunto motivo de la separación al Juzgado de Distrito que corresponda (foja 82 y vuelta). QUINTO. Conocimiento del nuevo asunto por cuestión de turno. Con motivo de la referida separación de autos, por cuestión de turno, se generó el presente expediente 620/2020 del índice de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato; mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veinte (fojas 93 a 95), esta órgano judicial admitió a trámite el libelo constitucional respectivo; dio vista a las partes con el los informes justificados obrantes en el sumario y dio la intervención que corresponde a la fiscal federal adscrita; también señaló tanto fecha como hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo acorde al acta que precede (foja 101 y vuelta). En razón de lo que precede, cabe precisar que esta resolución solo se ocupará de los actos derivados del expediente mercantil 20/2016-M del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido con sede en esta localidad. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclaman actos atribuidos, entre otras, a una autoridad judicial residente en esta ciudad de Celaya, sitio en el que este órgano de control constitucional ejerce competencia territorial. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen: i) La afectación al derecho real de propiedad del inmueble identificado como solar urbano y construcciones, lote 2, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato; inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad bajo el folio real R20*345368; bien raíz otorgado en garantía hipotecaria en el subyacente juicio ejecutivo mercantil M20/2016; y ii) En vía de consecuencia, los actos relativos al procedimiento de remate, eventual escrituración y anotación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de León, así como la orden de posesión a terceros. Las autoridades señaladas como responsables son: Como autoridad ordenadora 1. Juez Tercero Civil de Partido en Celaya, Guanajuato; y Como autoridad ejecutora 2. Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de León, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez Civil de Partido responsable (foja 88), aceptó la existencia de los actos reclamados; en consecuencia, deben tenerse por ciertos, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con plena eficacia probatoria en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos debatidos se robustece con las constancias que el juez civil acompañó a su informe de ley, consistentes en copias certificadas relativas al expediente mercantil número M-20/2016 de su índice; documental con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un procedimiento mercantil tramitado por y ante autoridad judicial. Por su parte la titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de León, Guanajuato, negó los actos que se atribuyen (foja 59); sin embargo, dicha negativa está desvirtuada en autos en razón de que fue señalada como autoridad ejecutora y en el sumario quedó acreditada la existencia de los actos de la autoridad ordenadora; por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a dicha registradora pública. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. El veintitrés de febrero de dos ml dieciséis, se radicó el juicio ejecutivo mercantil M20/2016 del Juzgado Tercero Civil de Partido en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Tal controvertido fue iniciado por Adriana Lorena Rivera Valadez como apoderada general para pleitos y cobranzas de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en contra de Juan Elías Vallejo Torres, representado por Pascual Torres Meléndez; Productores Agrícolas Vallado Viejo, S.C. de R.L. de C.V., por conducto de sus representantes Pascual Torres Meléndez, Luz Armando Torres Godínez y Armando Torres Meléndez; así como en contra de María Irene Meléndez Mireles y Pascual Torres Meléndez como garantes hipotecarios y obligados solidarios; así como en contra de Pascual Torres Meléndez, Luz Armando Torres Godínez, Armando Torres Meléndez, Elisa Murillo Meléndez, Adela Godínez Meléndez, Luz Adriana Torres Murillo, Alejandro Torres Murillo e Iliana Guadalupe López Zapién (fojas 42 a 45 tomo I cuaderno de pruebas). 2. Mediante comparecencia ante el juez de la causa, en data quince de junio de dos mil dieciséis, Adriana Lorena Rivera Valadez, en calidad de apoderada de la parte actora del juicio natural, expresó reservarse el derecho a practicar requerimiento de pago y/o embargo en contra de la parte reo; lo que fue acordado favorablemente por el juez del conocimiento primario (foja 98 y vuelta tomo I cuaderno de pruebas). 3. En diligencia de quince de junio de dos mil dieciséis, celebrada en local del juzgado natural, fue emplazado: i) Armando Torres Meléndez con carácter de apoderado de los codemandados Luz Armando Torres Godínez; María Irene Meléndez Mireles; Elisa Murillo Meléndez; Adela Godínez Meléndez; Luz Adriana Torres Murillo; Alejandro Torres Murillo e Iliana Guadalupe López Zapién. ii) Pascual Torres Meléndez, por sí y como apoderado de Juan Elías Vallejo Torres y la persona moral Productores Agrícolas Vallado Viejo, S.C. de R.L. de C.V., y, iii) Armando Torres Meléndez (fojas 106 y vuelta tomo I cuaderno de pruebas). 4. Tras la sustanciación del procedimiento de origen en data siete de febrero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia de condena en contra de la parte reo (fojas 147 a 1127 tomo I cuaderno de pruebas). 5. En el procedimiento de ejecución de sentencia, por auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, el juez de la causa tuvo a José de Jesús Torres Meléndez, como apoderado, entre otros codemandados, de Pascual Torres Meléndez, por señalando para garantizar el adeudo en autos del juicio natural los bienes que se dejaron en garantía hipotecaria en el contrato base de la acción consistentes en: 1. Lote de terreno y construcciones ubicado en el poblado La Sandía, zona suburbana lote B39, manzana 1, del municipio de León, Guanajuato; a nombre María Yrene Meléndez Mirles; y, 2. Solar urbano y construcciones identificado como lote 2, manzana 2, zona 2, del poblado La Sandía, en León, Guanajuato; propiedad de Pascual Torres Meléndez; ello con objeto de garantizar el adeudo y continuar con el trámite de un convenio judicial (fojas 172, 173 y 178 tomo I cuaderno de pruebas). 6. En acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a la apoderada de la parte actora nombrando como perito de su intención a Juana Elia Rivera Valadez y por exhibiendo avalúo emitido por dicha experta (foja 233 tomo I cuaderno de pruebas). 7. En auto de veinte de marzo de dos mil veinte, se señaló fecha y hora para el verificativo del remate en primera almoneda, de sendos bienes inmuebles afectos en el juicio natural (foja 250 tomo I cuaderno de pruebas). De las constancias del sumario se desprende que no se ha llevado a cabo la audiencia de remate. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ciertamente, en principio ha de establecerse que la parte quejosa es tercera auténtica con relación al juicio ejecutivo mercantil de origen, en tanto que no figura como parte procesal en dicha contienda; empero, tal circunstancia es insuficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos de la agraviada, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que la parte quejosa tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente. Considera la parte promovente del amparo, en síntesis, que sus derechos de propiedad y posesión se ven violentados por la sustanciación del juicio ejecutivo mercantil de origen M20/2016, donde se afectó el bien inmueble identificado como solar urbano y construcciones, lote 02, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato; inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa localidad bajo el folio real R20*345368; pues aduce que ese bien raíz es de su propiedad, y que no fue oída en tal controvertido; derechos que se encuentran amparados con la copia certificada contrato privado de compraventa fechado el veintiocho de marzo de dos mil siete con Pascual Torres Meléndez -codemandado en el asunto natural-; por lo que dichos actos violan en su perjuicio los derechos reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el objeto de acreditar la propiedad que aduce tener sobre el bien inmueble que defiende, la quejosa ofreció la documental exhibida con su escrito constitucional (fojas 18, 19 y 22), consistente en copia certificada por notario público del siguiente contrato: Contrato de compraventa, fechado el veintiocho de marzo de dos mil siete, celebrado entre Pascual Torres Meléndez (como vendedor) y la agraviada Ma Lorenza Murillo Meléndez (como compradora), respecto el inmueble identificado como solar urbano y construcciones, lote 02, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato (fojas 18, 19 y 22). Destaca que dicho contrato fue ratificado ante la fe del notario público treinta con ejercicio y residencia en León, Guanajuato, el veintiocho de marzo de dos mil siete (foja 22). Medio de convicción que valorado en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2º, resulta insuficiente para el fin pretendido, esto es, acreditar el interés jurídico de la parte quejosa en este juicio constitucional. Cabe aclarar que de conformidad con el precepto 197 de la mencionada codificación procesal civil federal, quien esto resuelve goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, para obtener el valor de las mismas, unas frente a las otras y para fijar el resultado final de dicha valuación; además, el pronunciamiento aquí realizado sobre la valoración a la documental exhibida por la parte agraviada, es útil solo para determinar la procedencia de este juicio constitucional, dado que no implica un pronunciamiento sobre la titularidad del derecho que se defiende, o la validez del acto jurídico que le dio origen, toda vez que ello se debe dilucidar ante la potestad común. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada IV.1o.C.39 K visible a foja 1774, tomo XXXII, diciembre de 2010 del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163326, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ALCANCES DE LA VALORACIÓN DEL DOCUMENTO QUE SE EXHIBA PARA ACREDITAR LA TITULARIDAD DEL DERECHO QUE SE ESTIMA TRANSGREDIDO, TRATÁNDOSE DE TERCEROS EXTRAÑOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, tratándose de terceros extraños a juicio, basta con demostrar la titularidad del derecho conculcado por el acto de autoridad; en tal contexto, la valoración del documento que se exhiba con ese propósito, debe ser exclusivamente para determinar la procedencia del juicio constitucional, es decir, no implica un pronunciamiento sobre la titularidad del derecho que se defiende, o la validez del acto jurídico que le dio origen, sino únicamente en cuanto a su existencia con anterioridad al acto reclamado, pues en la medida en que se acredite la existencia del acto que le dio origen, se demuestra el derecho que se estima transgredido." Enseguida se analiza el referido documento exhibido por la parte quejosa -copia certificada del contrato de compraventa ratificado notarialmente-, para corroborar si merece eficacia probatoria, y por ende, se justifica el interés jurídico. Como cuestión previa, es relevante indicar que la propiedad es un derecho real cuyos medios de adquisición son de índole muy variada: contrato, prescripción, adjudicación, sucesión, accesión, incorporación, etcétera, siendo el acuerdo de voluntades -contrato o convenio-, sin duda, el medio más frecuente para adquirir la propiedad. El Código Civil para el Estado de Guanajuato regula diversos contratos por medio de los cuales la propiedad de una cosa puede adquirirse, verbigracia, la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo, estableciendo determinadas reglas relativas a su contenido, forma y efectos jurídicos. En efecto, de los artículos 1741, 1764 y 1765 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, se desprende: La compraventa es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho; Solo puede vender lo que es de su propiedad, y; La venta de cosa ajena resulta nula. La referida legislación civil sustantiva ha reconocido normalmente eficacia instantánea a esta traslación de dominio derivada del simple consenso contractual de voluntades respecto a la cosa. Sin embargo, tratándose de cierto tipo de bienes, específicamente, los inmuebles, la ley ha dispuesto como observancia adicional algunas formalidades a efecto de garantizar la certeza y seguridad jurídica en su tráfico, en razón de su valor y de las importantes repercusiones sociales que conlleva la adquisición de estos bienes, lo que hace conveniente dar publicidad al dominio y a las distintas formas de su manifestación estableciendo un control minucioso y continuo sobre los actos que afecten la plena disposición de estos bienes patrimoniales. Con la finalidad de garantizar la certeza y seguridad jurídica en la celebración de los actos jurídicos entre particulares, la ley civil se ha valido de dos importantes auxiliares: el notariado y el Registro Público de la Propiedad. El primero de estos auxiliares se integra por un calificado grupo de peritos en derecho investidos dotados con fe pública y facultados para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos. La intervención del notario conduce a garantizar la perfección jurídica del negocio celebrado y la conservación de su constancia, produciéndose, además, un medio probatorio de la operación realizada al que la ley le atribuye eficacia de prueba plena, a diferencia de aquellos contratos de carácter privado que son elaborados y celebrados por las partes a su leal saber y entender. El Registro Público de la Propiedad, por su parte, es una institución producto de las necesidades de la vida cotidiana para evitar que las transmisiones y gravámenes relativos a bienes inmuebles se efectúen en forma clandestina y se vea afectada o disminuida la estabilidad y seguridad que debe caracterizar a los actos traslativos de esta clase de bienes, y ante la necesidad de ponerlos jurídicamente en circulación haciendo necesaria la intervención del poder público a fin de que sea el encargado de organizar su funcionamiento. Este Registro, en su carácter de oficina pública, tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente los inmuebles, para que toda persona que tenga interés en efectuar una operación en relación con ellos conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es: quién es propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie con que cuenta y se pretende adquirir, y demás datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar. En este orden de ideas, un principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe de la operación es su fecha cierta. Si bien el asiento registral proporciona total certidumbre sobre la fecha del documento, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido que la fecha cierta tiene lugar cuando se acredita que: El documento se hubiese presentado para su inscripción en algún Registro Público; El instrumento se hubiese presentado ante un fedatario o funcionario público con motivo de sus funciones; y, Hubiese ocurrido la muerte de cualquiera de los contratantes o de quienes intervinieron en su declaración. Cierto, la Primera Sala de nuestro más alto tribunal estableció que al ocurrir cualquiera de estas circunstancias, surge la presunción clara de que el documento al menos existió en esos momentos pues con ello se genera un principio de prueba que necesariamente orienta a esa conclusión, porque la inscripción en el registro no deja duda de que el documento existía en el momento en que se hizo, su presentación ante funcionario o fedatario público produce también esta misma consecuencia y la muerte de los contratantes o firmantes lleva entender que no pudieron plasmar su firma después de su fallecimiento. Así las cosas, tratándose de documentos privados, es requisito indispensable para que surtan efectos contra terceros que se hubiesen celebrado ante fedatario público o funcionario autorizado, que se encuentren inscritos en el Registro Público de la propiedad del lugar de su ubicación, o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes, lo que significa que el documento privado que no actualice alguna de las mencionadas hipótesis solo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Las anteriores consideraciones se encuentran en la jurisprudencia por contradicción de tesis, que se suscitó entre las sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, publicada en la página 214, del tomo IV, Materia Civil, Novena Época, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 192662, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en, los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes ; por lo que es dable concluir , que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta , imposibilita determinar que todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de ésta manera, la legalidad y la certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Se reitera que en el caso, la parte quejosa, con el propósito de justificar su interés jurídico exhibió copia certificada por notario público del contrato de compraventa fechado el veintiocho de marzo de dos mil siete, celebrado entre Pascual Torres Meléndez (como vendedor) y la agraviada Ma Lorenza Murillo Meléndez (como compradora), respecto el inmueble identificado como solar urbano y construcciones, lote 02, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato. Se insiste, dicho medio de convicción se estima ineficaz para alcanzar la pretensión constitucional de la quejosa, toda vez que la ratificación del contrato celebrado, hecha ante el notario público número treinta en León, Guanajuato, carece de los elementos legales necesarios para ser considerada como tal, pues fue llevada a cabo sin cumplir, a cabalidad, con los requisitos a que aluden los artículos 67 y 68 de la Ley del Notariado para el estado de Guanajuato que disponen: "Artículo 67. En el libro de ratificaciones se asentarán, en registros numerados sucesivamente, los datos que identifiquen los actos jurídicos cuyo contenido y firmas se ratifique ante el notario, haciendo constar: I. La fecha de celebración del acto jurídico como conste en el mismo; II. La naturaleza jurídica del acto; III. Los datos personales generales de quienes lo ratifican ante la presencia del notario; IV. La forma como el notario identificó a las partes; V. La fecha de ratificación; y VI. Las firmas de el o los comparecientes, y el sello y firma del notario." "Artículo 68. El notario deberá hacer constar en el documento cuyo contenido y firmas se ratifican conforme al artículo anterior, el número de registro que corresponda a la razón que se asiente en el libro. La numeración del orden del libro de ratificaciones y de las inscripciones que en éste se contengan, serán independientes de las que se consignen en el protocolo." De la trascripción anterior se advierten las formalidades que debe respetar el fedatario público, a efecto de que las ratificaciones que ante él se practiquen tengan plena validez, requisitos tales como los datos personales generales de quienes comparecen a ratificar ante él; la fecha de celebración del acto jurídico como conste en el mismo; la forma en que el notario identificó a las partes; las firmas de el o los comparecientes, así como el sello y firma del notario; aunado a que en el documento cuyo contenido y firmas se ratifican, deberá hacerse constar el número de registro que corresponda a la razón que se asiente en el libro del fedatario público relativo a las ratificaciones. Ahora bien, la ratificación del fedatario contiene la siguiente leyenda: "(.) EL CIUDADANO LICENCIADO RAMÓN RAMÍREZ MARTÍNEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 30 TREINTA, EN LEGAL EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL DE LEON, GUANAJUATO, UBICADA EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 332 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS, ZONA CENTRO CERTIFICA: --- QUE COMPARECEN ANTE MI LOS QUE MANIFIESTAN SER: EL SEÑOR PASCUAL TORRES MELÉNDEZ EN SU CALIDAD DE PARTE VENDEDORA QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUANAJUATO, MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO. CON DOMICILIO EN CALLE MAURO LÓPEZ NÚMERO 66 SESENTA Y SEIS. DE OCUPACIÓN CAMPESINO, FECHA DE NACIMIENTO 17 DIECISIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE. ESTADO CIVIL CASADO BAJO RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON FOTOGRAFÍA NÚMERO 1670047315974. Y DE LA OTRA PARTE EL (SIC) SEÑORITA MA. LORENZA MURILLO MELENDEZ. MEXICANA POR NACIMIENTO, ORIGINARIA Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, CON DOMICILIO EN CALLE 2 DOS 114 CIENTO CATORCE COLONIA PLAN DE GUANAJUATO Y DE OCUPACIÓN CAMPESINA. FECHA DE NACIMIENTO 7 SIETE DE FEBRERO DE 1969 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE. ESTADO CIVIL SOLTERA. QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON FOTOGRAFÍA NÚMERO 1670121559999. EN MI CONCEPTO CAPACITADO (sic) PLENA Y LEGALMENTE PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE YA QUE EN NADA EN CONTRARIO ME CONSTA Y MANIFIESTA (sic): QUE RECONOCEN Y RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO DE COMPRAVENTA. --- POR ESTAR HECHO CONFORME A SUS INSTRUCCIONES E INTERESES Y RECONOCEN COMO SUYA (sic) LAS FIRMAS QUE LOS CALZAN POR SER LAS QUE SIEMPRE USAN EN TODOS SUS ASUNTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. --- LEON, GUANAJUATO. SIENDO 17:00 DIECISIETE HORAS, DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE MARZO DE 2007 DOS MIL SIETE.- DOY FE. . LIC. RAMÓN RAMÍREZ MARTÍNEZ N.P. 30 (RUBRICA)"; (foja 22). La transcripción anterior, contrastada con los requisitos que debe contener toda actuación notarial, acorde con los preceptos legales transcritos, permite advertir claramente que carece de la totalidad de las formalidades, sin que se requieran mayores argumentos, dado que la conclusión se obtiene claramente de una mera subsunción de la leyenda notarial, frente a los requisitos de ley como premisa mayor. En efecto, en la especie se omitió hacer constar en el documento cuyo contenido y firmas se ratifican, el número de registro que corresponda a la razón que se asiente en el libro del notario público relativo a las ratificaciones. Asimismo, la fecha de celebración del acto jurídico como conste en el mismo; y tampoco se estamparon las firmas de los comparecientes o ratificantes. A tal situación -hacer constar el número de registro que corresponda a la razón que se asiente en el libro respectivo y la fecha del acto jurídico que se ratifica-, se encontraba obligado el notario público que practicó la ratificación materia de análisis; de igual modo, se debió estampar la respectiva firma de los comparecientes; es así porque que la ratificación tiene como fecha el veintiocho de marzo de dos mil siete, mientras que la Ley del Notariado para el estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el veintidós de agosto de dos mil seis, entró en vigor el uno de enero de dos mil siete, acorde con su artículo primero transitorio; es decir, al momento en que se realizó la actuación notarial en trato, ya estaba vigente la normatividad referida. Es importante destacar que la reforma a la Ley del Notariado nació con la finalidad de otorgar seguridad al acto jurídico materia de la ratificación, así como a la actuación notarial, obligando a los fedatarios actuantes a numerar progresivamente las ratificaciones y cumplir con los demás requisitos legales, tales como el asentar indubitablemente la fecha de celebración del acto jurídico que ante él se ratifica; la forma como el notario identificó a las partes; dejar constancia sobre el documento ratificado respecto el número de registro que corresponda a la razón que se asiente en el libro notarial. Lo que en el caso no ocurrió a cabalidad. Luego, si como se vio, el Alto Tribunal ha establecido que para que un documento sea considerado como de fecha cierta, es necesario, en lo que interesa, que haya sido pasado ante la fe de un funcionario que tenga facultades para tal efecto, resulta claro que la actuación del fedatario debe ser apegada a la normatividad aplicable; en caso contrario, el documento carecerá eficacia probatoria en un juicio constitucional. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia del rubro: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL", habida cuenta que no se desconoce que un contrato privado ratificado en cuanto su contenido y firmas ante un notario público sea susceptible de acreditar el interés jurídico de quien comparece a defender los derechos de propiedad o de posesión; sin embargo, para ello, se hace indispensable que la certificación o constancia correspondiente se haya efectuado acorde a los requisitos legales que brindan seguridad jurídica y dotan de validez a esa clase de actos, pues es incuestionable que no es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando la parte quejosa reclama actos de privación derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño, mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, de cuya certificación se advierten elementos que permiten dudar de la certeza en cuanto a la fecha plasmada, como sucede en el caso, tal y como al respecto se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. 51/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005, página 183 que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivado de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial." Lo anterior permite concluir que si el documento con el que la quejosa pretende demostrar la afectación a su esfera jurídica fue ratificado frente a un notario público, pero la ratificación llevada a cabo no se apegó a las formalidades legales, el propio instrumento se torna ineficaz para demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Orienta a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis número XIV.2o.90 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, enero de 2000, página 1007, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. NO SE DEMUESTRA SU AFECTACIÓN CON UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CERTIFICADO POR NOTARIO PÚBLICO SIN DATOS DEL REGISTRO PROTOCOLARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). Conforme a la Ley del Notariado para el Estado de Campeche, el notario es un funcionario investido de fe pública, facultado para autenticar los actos y contratos en que deba o pueda intervenir, su función es protocolaria, por lo que siempre debe asentar en el libro protocolo las actas relativas a los actos y contratos que se otorguen ante su fe, y le está prohibido expedir certificaciones de actos que no consten en dichos protocolos, y aquéllos en los que intervengan y no obren en dicho libro, deben ser inscritos en los folios que lo forman, así como en el libro de índice; por lo que fuera del protocolo, no puede darse la función notarial, bajo pena de resultar ineficaces las actos que soslayen dichos requisitos. En ese sentido, resulta incuestionable que el contrato de arrendamiento aportado en el juicio de garantías por la quejosa, es ineficaz por sí mismo para acreditar la afectación a su interés jurídico, aun cuando aparece una certificación de las firmas de las personas que celebraron el mismo, dado que no existen datos del registro protocolario como lo exige la ley". De modo que si de la documental exhibida por la quejosa emerge que se levantó la ratificación notarial con desapego a las normas que rigen tales actos, entonces es inconcuso que tal constancia, valorada en su adecuada dimensión, no puede ser considerada de fecha cierta y, por ende, es ineficaz para demostrar el interés jurídico a que se refiere la ley de la materia. De igual modo, no es inadvertido que la documental en trato es una copia certificada por notario público, es decir, consta de la reproducción fotostática del documento original que contiene el contrato de compraventa aludido. Tal documento obra en copia certificada por el notario púbico 72 en León, Guanajuato, de fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, lo que conlleva a establecer que su expedición es de fecha posterior a la en que se instauró el juicio de donde derivan los acto reclamados que se tildan de inconstitucionales y por ende, tal certificación tampoco resulta eficaz para los fines seguidos por la quejosa, esto es, acreditar el interés jurídico. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia donde estableció que un documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de este, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues, indicó, no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en este se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que la parte quejosa señala como transgredido por los actos reclamados. Tal jurisprudencia fue sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, abril de 2010, Novena Época, página 259; de rubro y texto: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." Bajo esas circunstancias, revisado el documento de que se trata, puede concluirse que para los efectos del presente juicio biinstancial, es insuficiente para acreditar el interés jurídico, pues si bien consta en copia certificada por funcionario competente y en ejercicio de sus funciones y, que de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 21/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría resultar suficiente para ello -acreditar el interés jurídico-; sin embargo, en el caso concreto no sucede así, pues de la lectura de la certificación correspondiente se advierte que fue expedido el diecisiete de agosto de dos mil veinte; mientras que la radicación de la demanda del expediente mercantil de origen M20/2016, lo fue el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, esto es, con demasía anterioridad a la certificación del contrato de compraventa correspondiente. En consecuencia, en atención a lo que indica de manera analógica la propia jurisprudencia transcrita en párrafos que anteceden, en el caso concreto no acontece de esta forma, ya que la certificación de dicha documental es de fecha posterior a la emisión de los actos reclamados. De igual forma, sirve de apoyo por analogía a lo considerado, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, página 314, de rubro y texto: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Partiendo de los razonamientos expuestos, se colige que la documental allegada por la quejosa, consistente en copia certificada del contrato de compraventa a que se ha hecho alusión, es insuficiente para demostrar su interés jurídico en la presente instancia constitucional. Por otra parte, no se inadvierte que la parte agraviada exhibió al sumario la diversa documental consistente en copia certificada por notario público del contrato de compraventa fechado el trece de abril de dos mil siete, celebrado entre Armando Torres Meléndez (como vendedor) y la agraviada Ma Lorenza Murillo Meléndez (como compradora), respecto del inmueble identificado como solar urbano, lote 56, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato (fojas 20, 21, 24 y 25). Sin embargo, con independencia de la eficacia probatoria de tal documental, también se estima insuficiente para acreditar el interés jurídico de la solicitante de la tutela federal; es así porque esa probanza está relacionada con la compraventa de un inmueble distinto al que se afectó en el juicio ejecutivo mercantil M20/2016 -solar urbano y construcciones, lote 02, manzana 02, zona 02 del poblado La Sandía, municipio de León, Guanajuato-; de ahí la ineficacia del ese medio de convicción. En ese orden de ideas, al no haberse acreditado fehacientemente el derecho de propiedad que la quejosa alegó en su favor, resulta manifiesto y de modo indudable que en el caso se actualiza la referida hipótesis de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento en este asunto, con fundamento en el 63, fracción V, del mencionado cuerpo normativo. Es importante señalar que al haberse actualizado en forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, por cuestión de técnica jurídica se genera un impedimento legal para entrar al análisis del fondo de la cuestión planteada; asimismo, deviene innecesario el tratamiento sobre diversos motivos de improcedencia, porque el que operen o no, no cambiaría el sentido de esta resolución. Es de citarse en respaldo, por su contenido, la tesis visible en la página 1264, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por algunas de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Asimismo, la jurisprudencia 2ª/J.54/98, consultable en la página 414, del tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por XXXXXXXXXX respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en el último punto considerativo de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Recepción de oficio, registro y admisión de la demanda Visto el oficio firmado por la secretaria de este juzgado, al que anexó copia certificada del juicio de amparo 393/2020-V de la estadística de este órgano jurisdiccional, promovido por xxxxxxxxx, de las que se advierte que hubo una separación de autos, al existir actos reclamados derivados de dos juicios mercantiles, por lo que, en el presente se analizarán los actos cuestionados al juez Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, derivados del juicio ejecutivo mercantil M20/2016 de su índice. Por tanto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo formulada por Ma Lorenza Murillo Meléndez en contra de los actos reclamados al juez Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente de amparo físico y digital, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 620/2020-V. Intervención del fiscal adscrito Dese la intervención que corresponda a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Solicitud de informes justificados Ahora bien, vistos los oficios que firman las autoridades señaladas como responsables registradora Pública de la Propiedad de León, Guanajuato y juez Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, que obran en copia certificada dentro de las constancias adjuntas al oficio de cuenta, mediante los cuales rinden su respectivo informe justificado, en los que, la primera de las nombradas niega la existencia de los actos que se le atribuyen, en el ámbito de su respectiva competencia; en tanto que la segunda, los acepta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense con vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional. Sin que sea menester requerir a la autoridad jurisdiccional responsable copia certificada de los autos del subyacente juicio mercantil M20/2016, dado que ya obran en la secretaría de este juzgado federal en un tomo de pruebas que se lleva por separado del juicio de amparo de origen -393-2020-V-; testimonio que se ordena atraer al presente asunto para los efectos legales a que haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior, mediante oficio que derive del presente notifíquese la presente determinación a las nombradas autoridades responsables, para constancia y efectos jurídicos conducentes. Audiencia constitucional Se señalan las trece horas con cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://dpepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_iniasp. Es aplicable la jurisprudencia 2./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253. Libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Sumario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Causales de sobreseimiento Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tercero interesado Ahora, de las constancias certificadas que conforman este juicio de amparo, se advierte que se tuvo a la persona jurídica Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes FINANCIERA RURAL) a través de su apoderada Adriana Lorena Rivera Valadez por apersonándose al juicio de amparo del que deriva el presente, con la calidad de tercera interesada; se ordena notificarle este proveído para los efectos legales que estime pertinentes. Pruebas Por lo que hace a las pruebas documentales que la quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, las que obran agregadas en copia cotejada al presente, que consisten en sendas copias certificadas de: a) Contrato de compraventa, celebrado el trece de abril de dos mil siete, entre xxxxxxxxxx y la quejosa Ma Lorenza Murillo Meléndez, respecto del solar urbano identificado como xxxxxx, Guanajuato, en el que se precisan medidas y colindancias; y, b) Contrato de compraventa, celebrado el veintiocho de marzo dos mil siete, entre xxxxxxxx, respecto del solar urbano identificado como lote xxxxxx, Guanajuato, en el que se precisan medidas y colindancias. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Sirve de apoyo la Tesis jurisprudencial: P./J. 71/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." Incidente de suspensión Sin que sea dable proveer sobre la tramitación del incidente de suspensión solicitado en el escrito de demanda que integra el presente asunto, dado que con respecto a la suspensión de los actos reclamados -derivados del subyacente juicio ejecutivo mercantil M-20/2016- ya se proveyó lo conducente en los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 393/2020-V, del que deriva el juicio de derechos fundamentales en que se actúa dada la separación de autos decretada en aquel. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la agraviada para recibir notificaciones, la lista de acuerdos que se publique en los estrados de este juzgado federal por así haberlo solicitado expresamente y como autorizado de su parte en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que el autorizado cuente con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que, en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea Acorde con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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