Ma. Irene Tapia Orduña

Expediente 852/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
852/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Ma. Irene Tapia Orduña

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho, contra actos de la Procuraduría Federal del Consumidor, con residencia en Querétaro, Querétaro; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 852/2021-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Pues bien, en primer término es necesario establecer que del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La resolución de once de octubre del año en curso, emitida por la Oficina de Defensa del Consumidor, zona Corregidora Josefa Ortiz, dentro del expediente PFC.QRO.B.3/000539-2020 de su índice, mediante la cual desechó el recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo de veintidós de marzo del presente año, mediante el cual se celebró convenio entre las partes. Bajo ese contexto, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia..." Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que se establece para conceder la suspensión provisional; en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y no establece que se autorice en un plazo mayor que el previsto para proveer sobre la suspensión provisional, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar los medios ordinarios de impugnación. Ello, porque el referido principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes, con violaciones directas a la Constitución Federal y cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución Federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto, es menester precisar que lo anterior no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos previstos en la Constitución sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a su elección determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Carta Magna. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución Federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que encuentra su justificación porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede, por ejemplo, cuando se atribuye infracción al derecho de audiencia. Tampoco está obligada la parte quejosa a observar el mencionado principio cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Fuera de las hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, en primer lugar, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación o derecho de audiencia, como tampoco exclusivamente de una violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad haciendo valer la vulneración a su derecho de legalidad pues la enmienda a dicha prerrogativa puede ser subsanada, en primera fase, ante la autoridad ordinaria, en donde el interesado debe expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Por ello, en primer lugar resulta importante destacar el contenido del artículo 3, fracciones IV, XII y XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dice: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo." Como se observa del precepto y fracciones reproducidos, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son competentes para conocer, en primera instancia, de los juicios que se promuevan contra de las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revisión con motivo de la imposición de multas o sanciones derivadas de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelven un expediente. Esto es, que los gobernados podrán promover el juicio contencioso administrativo y podrán solicitar la nulidad de la resolución cuando no haya sido emitida conforme a derecho, por lo que la sentencia que al efecto se emita podrá modificar o nulificar, total o parcialmente dicha resolución. Bajo ese contexto, el suscrito estima que respecto al acto reclamado que se analiza se actualiza la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa debió impugnarlo a través del medio de defensa previsto por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aplicable al caso concreto. Además del examen al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se pone de manifiesto que para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos de las autoridades de la Administración Pública Federal no exige mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia visible en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Luego, si la parte quejosa pretende impugnar en la vía de amparo el acto de autoridad de que se habla, sin acudir previamente a aquel procedimiento mediante el cual se puede revocar, modificar o nulificar, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al quedar incumplido el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el amparo que se insta resulta improcedente. Máxime que en el caso no se actualizan las excepciones al aludido principio de definitividad contenidas en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ello, porque de la lectura de la resolución reclamada se advierte que está fundada, por lo que será a través del juicio de nulidad citado en el cuerpo de esta resolución en que podrán atacarse los fundamentos invocados, así como los razonamientos jurídicos esgrimidos. La parte quejosa no alega únicamente violaciones directas a la Constitución, como se constata del escrito de demanda, ya que textualmente señaló: ".LEYES APLICADAS INEXACTAMENTE ARTICULOS 83 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN RELACIÓN A LOS ARTICULOS 1, 14 Y 16 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA CONSTITUCION POLITICA FEDERAL." Además que el medio de defensa que debe interponer la quejosa, como ya se vio, no se encuentra en un reglamento. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, así como la fracción XX del mismo numeral 61, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, como lo solicita la gestionante, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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