Ma. Guadalupe Solórzono Lugo

Expediente 1197/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 29 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1197/2016
Año
2016
Actuaciones
29
Última actuación
01/06/2017

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Solórzono Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo 1197/2016-II, promovido por **********, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad y otra autoridad, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 96/2017, que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio, promovido por **********, en contra de los actos que reclama del Juzgado Tercero Civil de Partido y del Actuario designado por la Oficina Central de Actuarios ambos de Celaya, Guanajuato, consistentes en la orden de desocupación o desalojo, emitida dentro del juicio especial sumario hipotecario 120/2013; y su ejecución." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada, notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por otra parte, en atención al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, en tal virtud, remítase al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, los tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que adjuntó a su informe justificado. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Incidental

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE A LOS TERCEROS INTERESADOS: Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el incidente en revisión 48/2017, interpuesto por la quejosa *******, contra la interlocutoria pronunciada el diecisiete de enero del año en curso, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se concede a ******** la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Civil de Partido Judicial de Celaya Y DEL Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes de Partes Común (sic), de la misma ciudad." Consecuentemente, en el considerando cuarto de la resolución citada, el Tribunal de alzada procedió a concederle la suspensión a la quejosa en los siguientes términos: a fin de proveer respecto a la suspensión definitiva en el incidente de suspensión es pertinente precisar que del contenido de los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo- el primero ya transcrito en esta ejecutoria- establecen como requisitos para otorgar la medida cautelar los siguientes: a) Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c) Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que quien la solicita acredite su interés suspensional; y, d) Que la suspensión definitiva no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. En la especie, tales requisitos se encuentran satisfechos, pues por una parte la suspensión fue solicitada por la parte quejosa a); la naturaleza de los actos reclamados permiten la suspensión b); adujo ser titular de un derecho de posesión derivada de un contrato de arrendamiento respecto del inmueble que defiende y del cual se le pretende desposeer sin que haya sido oída y vencida en juicio c); y, se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar no se contraviene el orden público e interés social al no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, o alguna análoga d). Por ello, al colmarse tales requisitos para otorgar la suspensión definitiva a la quejosa y además estar acreditado que los actos reclamados son ciertos, lo procedente es conceder la suspensión definitiva a la quejosa Ma. Guadalupe Slórzano Lugo de los actos reclamados, para el efecto de que en caso de que no se haya ejecutado la orden de desalojo sobre el bien inmueble ubicado en calle Jiménez, número 431-A antes 95 en Celaya, Guanajuato, se mantengan las cosas en el estado en que actualmente guardan y no se materialice la misma hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo indirecto principal del cual deriva el incidente de suspensión. En el caso, por no existir ningún otro dato objetivo para calcular el monto sobre el que debe fijarse la garantía dado que al rendir su informe justificado el Juez Tercero Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, únicamente señaló que los actos reclamados tenían como origen la ejecución de la sentencia dictada en el juicio sumario hipotecario promovido por Jorge Aguilar Mejía contra Ma. de los Ángeles Herrera Lugo, en el cual se adjudicó el bien inmueble que defiende la quejosa a un tercero lo que implica que de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo la quejosa, se ocasionarían perjuicios al tercero que se adjudicó el bien en subasta pública, por ello este tribunal estima que debe atenderse a que del presente incidente se desprende que el contrato de arrendamiento que exhibió la agraviada, en la cláusula tercera se pactó como pago por concepto de renta la cantidad de ocho mil pesos mensuales. Así pues, será sobre dicha cantidad de ocho mil pesos que se calculará la garantía que deberá otorgar la quejosa para indemnizar los perjuicios que con motivo de dicha suspensión se ocasionen al tercero interesado, tomando como referente el tiempo que en promedio tarda en resolverse un juicio de amparo indirecto ante el Juez de distrito y una eventual revisión ante un órgano colegiado y que lo son aproximadamente seis meses, considerando que la demanda se presentó el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y que de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, que resulta ser un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete se decretó el sobreseimiento del juicio en contra del cual se interpuso recurso de revisión, motivo por el cual, en auto de cuatro de abril del año en cita, se ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito para la substanciación del recurso, lo que implica que si a la fecha ha transcurrido un poco más de tres meses y en términos del artículo 92 de la Ley de Amparo, el plazo para que el tribunal revisor dicte la sentencia que en derecho proceda es de noventa días, por lo que en este sentido, la cantidad que la quejosa habrá de otorgar como garantía es de $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), que se obtienen de multiplicar $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) (cantidad fijada como base para el cálculo de la garantía) por seis meses que representa, como ya se dijo, el tiempo estimado de resolución del asunto del cual deriva el incidente de suspensión en el que se otorga la medida cautelar. Tal garantía deberá exhibirse ante el Juzgado de Distrito del conocimiento, y podrá ser otorgada a través de certificado de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional del Crédito, o bien, en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley. En caso de que se exhiba en billete de depósito, este debe ser constituido ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), en el entendido de que la suma depositada para que surta efectos la suspensión no genera intereses, rendimientos ni contraprestación alguna a favor del depositante, de conformidad con los artículos 28 y 52 fracción I, del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en atención a lo dispuesto por el numeral 32 en relación con el 52 del Acuerdo citado, la cédula bancaria deberá contener además de los requisitos legales propios de la garantía, la siguiente leyenda: "se autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de Bansefi la información que le permite el control del presente deposito." Sin que la obligación anterior implique el establecimiento de mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados, ya que lejos de representar una potencial carga para la parte quejosa en la exhibición de la caución respectiva, constituyen parámetros para el control y manejo de tales documentos, que solo trascienden en la relación existente entre el órgano jurisdiccional, la institución depositaria y el Fondo de Apoyo a quienes les resulta obligatoria su observancia, pues así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 193/2010, del rubro "SUSPENSIÓN EN AMPARO. "LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DEL ACUERDO GENERAL 17/2007 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NO ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA EXHIBIR LA GARANTÍA CON EL PROPÓSITO DE QUE AQUELLA SURTA SUS EFECTOS." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, remitiéndoles copia certificada de la ejecutoria emitida por la superioridad para su conocimiento.

  3. Incidental

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el incidente en revisión 48/2017, interpuesto por la quejosa *******, contra la interlocutoria pronunciada el diecisiete de enero del año en curso, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se concede a ******** la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Civil de Partido Judicial de Celaya Y DEL Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes de Partes Común (sic), de la misma ciudad." Consecuentemente, en el considerando cuarto de la resolución citada, el Tribunal de alzada procedió a concederle la suspensión a la quejosa en los siguientes términos: a fin de proveer respecto a la suspensión definitiva en el incidente de suspensión es pertinente precisar que del contenido de los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo- el primero ya transcrito en esta ejecutoria- establecen como requisitos para otorgar la medida cautelar los siguientes: a) Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c) Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que quien la solicita acredite su interés suspensional; y, d) Que la suspensión definitiva no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. En la especie, tales requisitos se encuentran satisfechos, pues por una parte la suspensión fue solicitada por la parte quejosa a); la naturaleza de los actos reclamados permiten la suspensión b); adujo ser titular de un derecho de posesión derivada de un contrato de arrendamiento respecto del inmueble que defiende y del cual se le pretende desposeer sin que haya sido oída y vencida en juicio c); y, se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar no se contraviene el orden público e interés social al no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, o alguna análoga d). Por ello, al colmarse tales requisitos para otorgar la suspensión definitiva a la quejosa y además estar acreditado que los actos reclamados son ciertos, lo procedente es conceder la suspensión definitiva a la quejosa Ma. Guadalupe Slórzano Lugo de los actos reclamados, para el efecto de que en caso de que no se haya ejecutado la orden de desalojo sobre el bien inmueble ubicado en calle Jiménez, número 431-A antes 95 en Celaya, Guanajuato, se mantengan las cosas en el estado en que actualmente guardan y no se materialice la misma hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo indirecto principal del cual deriva el incidente de suspensión. En el caso, por no existir ningún otro dato objetivo para calcular el monto sobre el que debe fijarse la garantía dado que al rendir su informe justificado el Juez Tercero Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, únicamente señaló que los actos reclamados tenían como origen la ejecución de la sentencia dictada en el juicio sumario hipotecario promovido por Jorge Aguilar Mejía contra Ma. de los Ángeles Herrera Lugo, en el cual se adjudicó el bien inmueble que defiende la quejosa a un tercero lo que implica que de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo la quejosa, se ocasionarían perjuicios al tercero que se adjudicó el bien en subasta pública, por ello este tribunal estima que debe atenderse a que del presente incidente se desprende que el contrato de arrendamiento que exhibió la agraviada, en la cláusula tercera se pactó como pago por concepto de renta la cantidad de ocho mil pesos mensuales. Así pues, será sobre dicha cantidad de ocho mil pesos que se calculará la garantía que deberá otorgar la quejosa para indemnizar los perjuicios que con motivo de dicha suspensión se ocasionen al tercero interesado, tomando como referente el tiempo que en promedio tarda en resolverse un juicio de amparo indirecto ante el Juez de distrito y una eventual revisión ante un órgano colegiado y que lo son aproximadamente seis meses, considerando que la demanda se presentó el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y que de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, que resulta ser un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete se decretó el sobreseimiento del juicio en contra del cual se interpuso recurso de revisión, motivo por el cual, en auto de cuatro de abril del año en cita, se ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito para la substanciación del recurso, lo que implica que si a la fecha ha transcurrido un poco más de tres meses y en términos del artículo 92 de la Ley de Amparo, el plazo para que el tribunal revisor dicte la sentencia que en derecho proceda es de noventa días, por lo que en este sentido, la cantidad que la quejosa habrá de otorgar como garantía es de $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), que se obtienen de multiplicar $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) (cantidad fijada como base para el cálculo de la garantía) por seis meses que representa, como ya se dijo, el tiempo estimado de resolución del asunto del cual deriva el incidente de suspensión en el que se otorga la medida cautelar. Tal garantía deberá exhibirse ante el Juzgado de Distrito del conocimiento, y podrá ser otorgada a través de certificado de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional del Crédito, o bien, en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley. En caso de que se exhiba en billete de depósito, este debe ser constituido ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), en el entendido de que la suma depositada para que surta efectos la suspensión no genera intereses, rendimientos ni contraprestación alguna a favor del depositante, de conformidad con los artículos 28 y 52 fracción I, del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en atención a lo dispuesto por el numeral 32 en relación con el 52 del Acuerdo citado, la cédula bancaria deberá contener además de los requisitos legales propios de la garantía, la siguiente leyenda: "se autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de Bansefi la información que le permite el control del presente deposito." Sin que la obligación anterior implique el establecimiento de mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados, ya que lejos de representar una potencial carga para la parte quejosa en la exhibición de la caución respectiva, constituyen parámetros para el control y manejo de tales documentos, que solo trascienden en la relación existente entre el órgano jurisdiccional, la institución depositaria y el Fondo de Apoyo a quienes les resulta obligatoria su observancia, pues así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 193/2010, del rubro "SUSPENSIÓN EN AMPARO. "LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DEL ACUERDO GENERAL 17/2007 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NO ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA EXHIBIR LA GARANTÍA CON EL PROPÓSITO DE QUE AQUELLA SURTA SUS EFECTOS." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, remitiéndoles copia certificada de la ejecutoria emitida por la superioridad para su conocimiento.

  4. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa **********, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes.

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