Ma. Irene Tapia Orduña

Expediente 1170/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1170/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Ma. Irene Tapia Orduña

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la quejosa en auto de doce de diciembre del año en curso, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que presenta ************, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto Menor Civil de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1170/2019-II. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I, II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La fracción IV del artículo 108 de la legislación en comento que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En tal virtud, en el caso concreto la quejosa en el apartado relativo al acto reclamado señaló: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL A JUICIO, ASI COMO TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NO. M1591/2019, QUE SE LLEVO ACABO ANTE EL JUEZ QUINTO MENOR CIVIL DE PARTIDO DE CELAYA, GTO. A QUIEN SEÑALO COMO AUTORIDAD ORDENADORA Y A LAS DEMAS AUTORIDADES RESPONSABLES COMO EJECUTORAS." De la narrativa anterior no se puede establecer con exactitud cuál es realmente la intención de la promovente del amparo, dado que aparentemente reclama su falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil M1591/2019, de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad; sin embargo, es omisa en establecer si además de ello, también se duele del embargo llevado a cabo en algún bien mueble o inmueble de su propiedad, dado que el acto reclamado emana de un juicio ejecutivo mercantil, el cual por su naturaleza trae aparejado un auto con efectos de mandamiento de ejecución, que se traduce en, el requerimiento de pago al deudor, el embargo de bienes y el emplazamiento para que la parte demandada conteste la demanda (auto de exequendo = a orden de embargo y emplazamiento). Circunstancia que hace que su demanda se torne obscura e irregular, dado que es omisa en establecer si también reclama el embargo llevado a cabo en bienes de su propiedad. Lo anterior, resulta necesario para proveer respecto a la procedencia de la demanda de amparo y la suspensión del acto reclamado, además de no dejar en estado de indefensión a las responsables, ya que solamente sabiendo cual es el acto que se les imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación. B) La segunda irregularidad surge de la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, que dispone: "(.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que la solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en el apartado relativo señaló algunos antecedentes, también lo es que omitió expresar: La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que únicamente refiere: "Resulta que el día de hoy, me di cuenta, de forma extrajudicial que existe un Juicio en mi contra."; y, El estado procesal que guarda el juicio ejecutivo mercantil M1591/2019, del índice del Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad, es decir, la etapa en la que se encuentra, ya que sólo manifestó: ". al parecer ya va bien avanzado.". Datos que al constituir los antecedentes del acto que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resultan determinantes para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de su procedencia. Lo anterior, resulta relevante si se toma en consideración el contenido del artículo 261, fracción I, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." El cual, hace patente la penalización por afirmar hechos falsos u omitir los relacionados con el acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal. De ahí que de acuerdo con el contenido de tal precepto la hoy quejosa se encuentra ceñida a manifestar "bajo protesta de decir verdad" lo señalado en los incisos 1 y 2 de la presente, pues resulta relevante para conocer la verdad legal. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas lo procedente, conforme a los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, es prevenirla para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Aclare, cuales son los actos que reclama en esta instancia constitucional, de conformidad a lo establecido en el inciso A de la presente determinación. Manifieste bajo protesta de decir verdad, lo requerido en el inciso B del presente proveído. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere por así haberlo solicitado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c-, de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA: Por recibida la demanda de amparo que presenta *********, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto Menor Civil de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1170/2019-II. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I, II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La fracción IV del artículo 108 de la legislación en comento que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En tal virtud, en el caso concreto la quejosa en el apartado relativo al acto reclamado señaló: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL A JUICIO, ASI COMO TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NO. M1591/2019, QUE SE LLEVO ACABO ANTE EL JUEZ QUINTO MENOR CIVIL DE PARTIDO DE CELAYA, GTO. A QUIEN SEÑALO COMO AUTORIDAD ORDENADORA Y A LAS DEMAS AUTORIDADES RESPONSABLES COMO EJECUTORAS." De la narrativa anterior no se puede establecer con exactitud cuál es realmente la intención de la promovente del amparo, dado que aparentemente reclama su falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil M1591/2019, de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad; sin embargo, es omisa en establecer si además de ello, también se duele del embargo llevado a cabo en algún bien mueble o inmueble de su propiedad, dado que el acto reclamado emana de un juicio ejecutivo mercantil, el cual por su naturaleza trae aparejado un auto con efectos de mandamiento de ejecución, que se traduce en, el requerimiento de pago al deudor, el embargo de bienes y el emplazamiento para que la parte demandada conteste la demanda (auto de exequendo = a orden de embargo y emplazamiento). Circunstancia que hace que su demanda se torne obscura e irregular, dado que es omisa en establecer si también reclama el embargo llevado a cabo en bienes de su propiedad. Lo anterior, resulta necesario para proveer respecto a la procedencia de la demanda de amparo y la suspensión del acto reclamado, además de no dejar en estado de indefensión a las responsables, ya que solamente sabiendo cual es el acto que se les imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación. B) La segunda irregularidad surge de la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, que dispone: "(.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que la solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en el apartado relativo señaló algunos antecedentes, también lo es que omitió expresar: La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que únicamente refiere: "Resulta que el día de hoy, me di cuenta, de forma extrajudicial que existe un Juicio en mi contra."; y, El estado procesal que guarda el juicio ejecutivo mercantil M1591/2019, del índice del Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad, es decir, la etapa en la que se encuentra, ya que sólo manifestó: ". al parecer ya va bien avanzado.". Datos que al constituir los antecedentes del acto que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resultan determinantes para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de su procedencia. Lo anterior, resulta relevante si se toma en consideración el contenido del artículo 261, fracción I, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." El cual, hace patente la penalización por afirmar hechos falsos u omitir los relacionados con el acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal. De ahí que de acuerdo con el contenido de tal precepto la hoy quejosa se encuentra ceñida a manifestar "bajo protesta de decir verdad" lo señalado en los incisos 1 y 2 de la presente, pues resulta relevante para conocer la verdad legal. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas lo procedente, conforme a los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, es prevenirla para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Aclare, cuales son los actos que reclama en esta instancia constitucional, de conformidad a lo establecido en el inciso A de la presente determinación. Manifieste bajo protesta de decir verdad, lo requerido en el inciso B del presente proveído. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere por así haberlo solicitado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c-, de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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