Ma. Inés León Tlatelpa
Expediente 826/2015 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 36 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 30/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Ma. Inés León Tlatelpa
- Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de octubre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 179 a la 199), así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 201), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 206). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, este órgano colegiado concedió a Ma. Inés León Tlatelpa, la protección constitucional, en los siguientes términos: ".que el juez responsable proceda bajo los "siguientes efectos: 1) deje insubsistente la sentencia "reclamada; 2) dicte otra en la que: a) prescinda de otorgarle "valor probatorio a los mencionados recibos de pago y en su "lugar, resolver lo que en derecho corresponda respecto a "dicha excepción de pago; y b) en relación a la prestación "sobre intereses moratorios, tome en consideración los "efectos para los cuales se concede la protección "constitucional al quejoso Juan Julio (sic) Martínez "Hernández, en el diverso juicio de amparo 827/2015, "vinculado con este juicio" (foja 74). Los aspectos relacionados a la prestación sobre intereses moratorios, a que se alude en la ejecutoria que se cumplimenta, y que se precisaron en el diverso juicio de amparo 827/2015, relacionado con este asunto, consiste en lo siguiente: ".c) con libertad de jurisdicción pero de manera "motivada resuelva lo que en derecho corresponda respecto "al pago de intereses moratorios. En el entendido de que el "porcentaje de interés moratorio que en su momento llegue a "fijar el juzgador, no podrá ser mayor al 3% mensual ya fijado, "atendiendo al principio non reformatio in peius.". Por resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 103 a la 105), este Tribunal tuvo por no cumplida la sentencia de amparo por las razones siguientes: ".En cuanto a los intereses moratorios que debió "pagar Julio Juan Martínez Hernández, si bien determinó que "en atención a lo establecido en el artículo 21, apartado 3, de "la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la "interpretación del numeral 174, párrafo segundo de la Ley "General de Títulos y Operaciones de Crédito, el interés "pactado por las partes (seis punto veinticinco por ciento "mensual) era usurario, por lo que de oficio, decretó condena "al pago de los mismos a razón del tres por ciento mensual, "pues consideró que el pactado contravenía las citadas "disposiciones (foja 90). "Sin embargo, para determinar si la tasa de "interés era o no excesiva, la responsable no tomó en cuenta "los parámetros guía que se le fijaron en la ejecutoria del "diverso juicio de amparo 827/2015 vinculado con éste, a "saber: "a) El tipo de relación existente entre las partes. "b) La calidad de los sujetos que intervienen en la "suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se "encuentra regulada. "c) El destino o finalidad del crédito. "d) El monto del crédito. "e) El plazo del crédito. "f) La existencia de garantías para el pago del "crédito. "g) Las tasas de interés de las instituciones "bancarias para operaciones similares a las que se analizan, "cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de "referencia. "h) La variación del índice inflacionario nacional "durante la vida real del adeudo. "i) Las condiciones del mercado. "j) Otras cuestiones que generen convicción en el "juzgador. "Además, que el análisis respectivo, debe "complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a "partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna "situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en "relación con el acreedor. "En tales condiciones, se concluye que, la "responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria "dictada en este juicio de garantías...." (foja 104). Atento a lo anterior, se requirió nuevamente a la autoridad responsable quien informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 141 a la 150) y con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 152), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 157). Por acuerdo de trece de septiembre, con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, se ordenó returnar los presentes autos al entonces Magistrado Presidente, para dictar la resolución correspondiente (foja 158). Posteriormente, el entonces Magistrado Presidente de este órgano colegiado, por resolución de seis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 159 a la 162), una vez más tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, por los motivos que a continuación se transcriben: ".En cuanto a los intereses moratorios que debió "pagar Julio Juan Martínez Hernández, si bien determinó: "a) Que en atención a lo establecido en el artículo "21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos "Humanos, y la interpretación del numeral 174, párrafo "segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de "Crédito, el interés pactado por las partes 6.25% (seis punto "veinticinco por ciento mensual) era usurario, por lo que de "oficio, decretó condena al pago de los mismos a razón del "tres por ciento mensual, pues consideró que el pactado "contravenía las citadas disposiciones (foja 148). "b) Que el documento base de la acción fue "suscrito el nueve de diciembre de dos mil trece, con "vencimiento el treinta y uno de julio de dos mil catorce, y "hasta abril de dos mil diecisiete han transcurrido treinta y "tres meses que da como resultado veintiséis mil ochocientos "pesos cincuenta centavos, como intereses moratorios, "mismo que se considera excesivo ya que el título de crédito "es por la cantidad de trece mil pesos, y se estaría "multiplicando dos veces el monto del crédito lo que resulta "lesivo a la parte demandada y denota una notoria desventaja "y vulnerabilidad frente al acreedor por lo que condenó a "pagar el 3% de interés mensual (foja 151). "Sin embargo, para determinar si la tasa de "interés era o no excesiva, la responsable no tomó en cuenta "los parámetros guía que se le fijaron en la ejecutoria del "diverso juicio de amparo 827/2015 vinculado con éste, a "saber: "a) El tipo de relación existente entre las partes. "b) La calidad de los sujetos que intervienen en la "suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se "encuentra regulada. "c) El destino o finalidad del crédito. "d) El monto del crédito. "e) El plazo del crédito. "f) La existencia de garantías para el pago del "crédito. "g) Las tasas de interés de las instituciones "bancarias para operaciones similares a las que se analizan, "cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de "referencia. "h) La variación del índice inflacionario nacional "durante la vida real del adeudo. "i) Las condiciones del mercado. "j) Otras cuestiones que generen convicción en el "juzgador. "Además, que el análisis respectivo, debe "complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a "partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna "situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en "relación con el acreedor. "En tales condiciones, se concluye que, la "responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria "dictada en este juicio de garantías." (fojas 161 vuelta y 162). Ahora bien, del examen de las últimas constancias remitidas por la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete y ordenó dictar una nueva resolución (foja 181), misma que se emitió en la misma fecha (fojas 182 a 199), en la cual: a) Determinó que los recibos de pago de catorce de enero y catorce de mayo, ambos de dos mil catorce, exhibidos por el demandado Julio Juan Martínez Hernández, en su carácter de aval solidario, carecen de valor probatorio al no acreditar relación o vínculo alguno con el pagaré de nueve de diciembre de dos mil trece; en consecuencia, declaró no acreditada la excepción opuesta por aquél (foja 189 a 190 vuelta). b) En relación al pago de intereses moratorios, tomó en consideración los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional al quejoso Juan Julio Martínez Hernández, en el diverso juicio de amparo 827/2015, relacionado con el presente asunto, y en términos de los artículos 77, 78 y 362 del Código de Comercio aplicable, 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como el principio non reformatio in peius, para determinar si la tasa de interés era o no excesiva, la responsable tomó en cuenta los parámetros guía que se fijaron en la citada ejecutoria de amparo y determinó lo siguiente: "a) El tipo de relación existente entre las partes, la "que se determina es de obligación compartida o solidaria, en "miras de lo dispuesto por el artículo 109 de la ley General de "Títulos y Operaciones de Crédito y se justifica con el pagaré "fundatorio de la acción, misma que tiene valor probatorio "pleno, al estar reconocido expresamente por las partes y no "haber sido impugnado en su literalidad; b) La calidad de los "sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la "actividad del acreedor se encuentra regulada, misma que se "justifica con el propio documento fundatorio de la acción, con "pleno valor probatorio en miras de lo dispuesto por el artículo "1296 del Código de Comercio aplicable; c) El destino o "finalidad del crédito, a provecho de los obligados, tanto del "principal como del solidario; d) El monto del crédito, en una "cantidad de trece mil pesos cero centavos, que se justifica "con el propio documento fundatorio de la acción, valorado "con antelación y que ha sido reconocido judicialmente por el "excepcionante Julio Martínez Hernández; e) El plazo del "crédito, el cual resulta a fecha cierto, es decir, al día treinta y "uno de julio de dos mil catorce, lo que se justifica con el "multicitado documento base de la causa; f) La existencia de "garantías para el pago del crédito, como lo es, el propio título "en mención, así como el bien inmueble sobre el que se trabó "formal embargo en fecha veintiséis de septiembre de dos mil "catorce; g) Las tasas de interés de las instituciones "bancarias para operaciones similares a las que se analizan, "cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de "referencia, apreciándose en este juicio, que conforme al "informe anual del Banco de México, visible en la página "electrónica http://banxico.gob.mx/publicaciones-y-, del año "dos mil diez, la tasa de interés promedio anual en ese año, "lo fue del cinco punto cinco por ciento; h) La variación del "índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo, "acreditándose conforme al informe anual del Banco de "México, que hizo valer la parte excepcionante Julio Juan "Martínez Hernández, ha sido variante, pero que en el año "dos mil trece, el aplicable resultaba el vigente al dos mil diez, "y que en comparativo con el pactado en el pagaré fundatorio "de la acción, es menor el interés pactado de forma mensual; "i) Las condiciones del mercado, que sólo rigen en actos de "comercio, sin que esté justificado en autos que las partes en "el pagaré de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, se "dediquen al comercio, causa por la que este parámetro no "resulta observable; j) Otras cuestiones que generen "convicción en el Juzgador, y que lo es, el hecho notorio de "que los intereses pactados convencionalmente en el pagaré "de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, resultan "excesivos en un comparativo con el emitido de manera anual "por el Banco de México, además de que, del análisis de los "autos de este expediente, antes justipreciados, así como de "la defensa hecha valer por el demandado aval.se aprecia "que la solidaridad en la obligación, le genera vulnerabilidad o "desventaja respecto de la propia obligada principal y el "acreedor." (fojas 195 vuelta a la 197 frente). Tomando en consideración lo anterior, condenó a la deudora principal y aval, respectivamente, a pagar al actor la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.), por suerte principal, así como al pago de intereses moratorios a razón del 3% (tres por ciento) mensual, causados desde la fecha que se constituyeron en mora; asimismo, al pago de gastos y costas del juicio (foja 197). De lo anterior se concluye, que atento a lo resuelto por la autoridad ordenadora, en el caso concreto ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la ley de amparo. Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 179 a la 199), así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 201), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 206). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, este órgano colegiado concedió a Ma. Inés León Tlatelpa, la protección constitucional, en los siguientes términos: ".que el juez responsable proceda bajo los "siguientes efectos: 1) deje insubsistente la sentencia "reclamada; 2) dicte otra en la que: a) prescinda de otorgarle "valor probatorio a los mencionados recibos de pago y en su "lugar, resolver lo que en derecho corresponda respecto a "dicha excepción de pago; y b) en relación a la prestación "sobre intereses moratorios, tome en consideración los "efectos para los cuales se concede la protección "constitucional al quejoso Juan Julio (sic) Martínez "Hernández, en el diverso juicio de amparo 827/2015, "vinculado con este juicio" (foja 74). Los aspectos relacionados a la prestación sobre intereses moratorios, a que se alude en la ejecutoria que se cumplimenta, y que se precisaron en el diverso juicio de amparo 827/2015, relacionado con este asunto, consiste en lo siguiente: ".c) con libertad de jurisdicción pero de manera "motivada resuelva lo que en derecho corresponda respecto "al pago de intereses moratorios. En el entendido de que el "porcentaje de interés moratorio que en su momento llegue a "fijar el juzgador, no podrá ser mayor al 3% mensual ya fijado, "atendiendo al principio non reformatio in peius.". Por resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 103 a la 105), este Tribunal tuvo por no cumplida la sentencia de amparo por las razones siguientes: ".En cuanto a los intereses moratorios que debió "pagar Julio Juan Martínez Hernández, si bien determinó que "en atención a lo establecido en el artículo 21, apartado 3, de "la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la "interpretación del numeral 174, párrafo segundo de la Ley "General de Títulos y Operaciones de Crédito, el interés "pactado por las partes (seis punto veinticinco por ciento "mensual) era usurario, por lo que de oficio, decretó condena "al pago de los mismos a razón del tres por ciento mensual, "pues consideró que el pactado contravenía las citadas "disposiciones (foja 90). "Sin embargo, para determinar si la tasa de "interés era o no excesiva, la responsable no tomó en cuenta "los parámetros guía que se le fijaron en la ejecutoria del "diverso juicio de amparo 827/2015 vinculado con éste, a "saber: "a) El tipo de relación existente entre las partes. "b) La calidad de los sujetos que intervienen en la "suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se "encuentra regulada. "c) El destino o finalidad del crédito. "d) El monto del crédito. "e) El plazo del crédito. "f) La existencia de garantías para el pago del "crédito. "g) Las tasas de interés de las instituciones "bancarias para operaciones similares a las que se analizan, "cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de "referencia. "h) La variación del índice inflacionario nacional "durante la vida real del adeudo. "i) Las condiciones del mercado. "j) Otras cuestiones que generen convicción en el "juzgador. "Además, que el análisis respectivo, debe "complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a "partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna "situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en "relación con el acreedor. "En tales condiciones, se concluye que, la "responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria "dictada en este juicio de garantías...." (foja 104). Atento a lo anterior, se requirió nuevamente a la autoridad responsable quien informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 141 a la 150) y con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 152), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 157). Por acuerdo de trece de septiembre, con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, se ordenó returnar los presentes autos al entonces Magistrado Presidente, para dictar la resolución correspondiente (foja 158). Posteriormente, el entonces Magistrado Presidente de este órgano colegiado, por resolución de seis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 159 a la 162), una vez más tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, por los motivos que a continuación se transcriben: ".En cuanto a los intereses moratorios que debió "pagar Julio Juan Martínez Hernández, si bien determinó: "a) Que en atención a lo establecido en el artículo "21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos "Humanos, y la interpretación del numeral 174, párrafo "segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de "Crédito, el interés pactado por las partes 6.25% (seis punto "veinticinco por ciento mensual) era usurario, por lo que de "oficio, decretó condena al pago de los mismos a razón del "tres por ciento mensual, pues consideró que el pactado "contravenía las citadas disposiciones (foja 148). "b) Que el documento base de la acción fue "suscrito el nueve de diciembre de dos mil trece, con "vencimiento el treinta y uno de julio de dos mil catorce, y "hasta abril de dos mil diecisiete han transcurrido treinta y "tres meses que da como resultado veintiséis mil ochocientos "pesos cincuenta centavos, como intereses moratorios, "mismo que se considera excesivo ya que el título de crédito "es por la cantidad de trece mil pesos, y se estaría "multiplicando dos veces el monto del crédito lo que resulta "lesivo a la parte demandada y denota una notoria desventaja "y vulnerabilidad frente al acreedor por lo que condenó a "pagar el 3% de interés mensual (foja 151). "Sin embargo, para determinar si la tasa de "interés era o no excesiva, la responsable no tomó en cuenta "los parámetros guía que se le fijaron en la ejecutoria del "diverso juicio de amparo 827/2015 vinculado con éste, a "saber: "a) El tipo de relación existente entre las partes. "b) La calidad de los sujetos que intervienen en la "suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se "encuentra regulada. "c) El destino o finalidad del crédito. "d) El monto del crédito. "e) El plazo del crédito. "f) La existencia de garantías para el pago del "crédito. "g) Las tasas de interés de las instituciones "bancarias para operaciones similares a las que se analizan, "cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de "referencia. "h) La variación del índice inflacionario nacional "durante la vida real del adeudo. "i) Las condiciones del mercado. "j) Otras cuestiones que generen convicción en el "juzgador. "Además, que el análisis respectivo, debe "complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a "partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna "situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en "relación con el acreedor. "En tales condiciones, se concluye que, la "responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria "dictada en este juicio de garantías." (fojas 161 vuelta y 162). Ahora bien, del examen de las últimas constancias remitidas por la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete y ordenó dictar una nueva resolución (foja 181), misma que se emitió en la misma fecha (fojas 182 a 199), en la cual: a) Determinó que los recibos de pago de catorce de enero y catorce de mayo, ambos de dos mil catorce, exhibidos por el demandado Julio Juan Martínez Hernández, en su carácter de aval solidario, carecen de valor probatorio al no acreditar relación o vínculo alguno con el pagaré de nueve de diciembre de dos mil trece; en consecuencia, declaró no acreditada la excepción opuesta por aquél (foja 189 a 190 vuelta). b) En relación al pago de intereses moratorios, tomó en consideración los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional al quejoso Juan Julio Martínez Hernández, en el diverso juicio de amparo 827/2015, relacionado con el presente asunto, y en términos de los artículos 77, 78 y 362 del Código de Comercio aplicable, 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como el principio non reformatio in peius, para determinar si la tasa de interés era o no excesiva, la responsable tomó en cuenta los parámetros guía que se fijaron en la citada ejecutoria de amparo y determinó lo siguiente: "a) El tipo de relación existente entre las partes, la "que se determina es de obligación compartida o solidaria, en "miras de lo dispuesto por el artículo 109 de la ley General de "Títulos y Operaciones de Crédito y se justifica con el pagaré "fundatorio de la acción, misma que tiene valor probatorio "pleno, al estar reconocido expresamente por las partes y no "haber sido impugnado en su literalidad; b) La calidad de los "sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la "actividad del acreedor se encuentra regulada, misma que se "justifica con el propio documento fundatorio de la acción, con "pleno valor probatorio en miras de lo dispuesto por el artículo "1296 del Código de Comercio aplicable; c) El destino o "finalidad del crédito, a provecho de los obligados, tanto del "principal como del solidario; d) El monto del crédito, en una "cantidad de trece mil pesos cero centavos, que se justifica "con el propio documento fundatorio de la acción, valorado "con antelación y que ha sido reconocido judicialmente por el "excepcionante Julio Martínez Hernández; e) El plazo del "crédito, el cual resulta a fecha cierto, es decir, al día treinta y "uno de julio de dos mil catorce, lo que se justifica con el "multicitado documento base de la causa; f) La existencia de "garantías para el pago del crédito, como lo es, el propio título "en mención, así como el bien inmueble sobre el que se trabó "formal embargo en fecha veintiséis de septiembre de dos mil "catorce; g) Las tasas de interés de las instituciones "bancarias para operaciones similares a las que se analizan, "cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de "referencia, apreciándose en este juicio, que conforme al "informe anual del Banco de México, visible en la página "electrónica http://banxico.gob.mx/publicaciones-y-, del año "dos mil diez, la tasa de interés promedio anual en ese año, "lo fue del cinco punto cinco por ciento; h) La variación del "índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo, "acreditándose conforme al informe anual del Banco de "México, que hizo valer la parte excepcionante Julio Juan "Martínez Hernández, ha sido variante, pero que en el año "dos mil trece, el aplicable resultaba el vigente al dos mil diez, "y que en comparativo con el pactado en el pagaré fundatorio "de la acción, es menor el interés pactado de forma mensual; "i) Las condiciones del mercado, que sólo rigen en actos de "comercio, sin que esté justificado en autos que las partes en "el pagaré de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, se "dediquen al comercio, causa por la que este parámetro no "resulta observable; j) Otras cuestiones que generen "convicción en el Juzgador, y que lo es, el hecho notorio de "que los intereses pactados convencionalmente en el pagaré "de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, resultan "excesivos en un comparativo con el emitido de manera anual "por el Banco de México, además de que, del análisis de los "autos de este expediente, antes justipreciados, así como de "la defensa hecha valer por el demandado aval.se aprecia "que la solidaridad en la obligación, le genera vulnerabilidad o "desventaja respecto de la propia obligada principal y el "acreedor." (fojas 195 vuelta a la 197 frente). Tomando en consideración lo anterior, condenó a la deudora principal y aval, respectivamente, a pagar al actor la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.), por suerte principal, así como al pago de intereses moratorios a razón del 3% (tres por ciento) mensual, causados desde la fecha que se constituyeron en mora; asimismo, al pago de gastos y costas del juicio (foja 197). De lo anterior se concluye, que atento a lo resuelto por la autoridad ordenadora, en el caso concreto ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la ley de amparo. Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 179 a la 199), así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 201), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 206). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, este órgano colegiado concedió a Ma. Inés León Tlatelpa, la protección constitucional, en los siguientes términos: ".que el juez responsable proceda bajo los "siguientes efectos: 1) deje insubsistente la sentencia "reclamada; 2) dicte otra en la que: a) prescinda de otorgarle "valor probatorio a los mencionados recibos de pago y en su "lugar, resolver lo que en derecho corresponda respecto a "dicha excepción de pago; y b) en relación a la prestación "sobre intereses moratorios, tome en consideración los "efectos para los cuales se concede la protección "constitucional al quejoso Juan Julio (sic) Martínez "Hernández, en el diverso juicio de amparo 827/2015, "vinculado con este juicio" (foja 74). Los aspectos relacionados a la prestación sobre intereses moratorios, a que se alude en la ejecutoria que se cumplimenta, y que se precisaron en el diverso juicio de amparo 827/2015, relacionado con este asunto, consiste en lo siguiente: ".c) con libertad de jurisdicción pero de manera "motivada resuelva lo que en derecho corresponda respecto "al pago de intereses moratorios. En el entendido de que el "porcentaje de interés moratorio que en su momento llegue a "fijar el juzgador, no podrá ser mayor al 3% mensual ya fijado, "atendiendo al principio non reformatio in peius.". Por resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 103 a la 105), este Tribunal tuvo por no cumplida la sentencia de amparo por las razones siguientes: ".En cuanto a los intereses moratorios que debió "pagar Julio Juan Martínez Hernández, si bien determinó que "en atención a lo establecido en el artículo 21, apartado 3, de "la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la "interpretación del numeral 174, párrafo segundo de la Ley "General de Títulos y Operaciones de Crédito, el interés "pactado por las partes (seis punto veinticinco por ciento "mensual) era usurario, por lo que de oficio, decretó condena "al pago de los mismos a razón del tres por ciento mensual, "pues consideró que el pactado contravenía las citadas "disposiciones (foja 90). "Sin embargo, para determinar si la tasa de "interés era o no excesiva, la responsable no tomó en cuenta "los parámetros guía que se le fijaron en la ejecutoria del "diverso juicio de amparo 827/2015 vinculado con éste, a "saber: "a) El tipo de relación existente entre las partes. "b) La calidad de los sujetos que intervienen en la "suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se "encuentra regulada. "c) El destino o finalidad del crédito. "d) El monto del crédito. "e) El plazo del crédito. "f) La existencia de garantías para el pago del "crédito. "g) Las tasas de interés de las instituciones "bancarias para operaciones similares a las que se analizan, "cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de "referencia. "h) La variación del índice inflacionario nacional "durante la vida real del adeudo. "i) Las condiciones del mercado. "j) Otras cuestiones que generen convicción en el "juzgador. "Además, que el análisis respectivo, debe "complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a "partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna "situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en "relación con el acreedor. "En tales condiciones, se concluye que, la "responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria "dictada en este juicio de garantías...." (foja 104). Atento a lo anterior, se requirió nuevamente a la autoridad responsable quien informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 141 a la 150) y con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 152), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 157). Por acuerdo de trece de septiembre, con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, se ordenó returnar los presentes autos al entonces Magistrado Presidente, para dictar la resolución correspondiente (foja 158). Posteriormente, el entonces Magistrado Presidente de este órgano colegiado, por resolución de seis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 159 a la 162), una vez más tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, por los motivos que a continuación se transcriben: ".En cuanto a los intereses moratorios que debió "pagar Julio Juan Martínez Hernández, si bien determinó: "a) Que en atención a lo establecido en el artículo "21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos "Humanos, y la interpretación del numeral 174, párrafo "segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de "Crédito, el interés pactado por las partes 6.25% (seis punto "veinticinco por ciento mensual) era usurario, por lo que de "oficio, decretó condena al pago de los mismos a razón del "tres por ciento mensual, pues consideró que el pactado "contravenía las citadas disposiciones (foja 148). "b) Que el documento base de la acción fue "suscrito el nueve de diciembre de dos mil trece, con "vencimiento el treinta y uno de julio de dos mil catorce, y "hasta abril de dos mil diecisiete han transcurrido treinta y "tres meses que da como resultado veintiséis mil ochocientos "pesos cincuenta centavos, como intereses moratorios, "mismo que se considera excesivo ya que el título de crédito "es por la cantidad de trece mil pesos, y se estaría "multiplicando dos veces el monto del crédito lo que resulta "lesivo a la parte demandada y denota una notoria desventaja "y vulnerabilidad frente al acreedor por lo que condenó a "pagar el 3% de interés mensual (foja 151). "Sin embargo, para determinar si la tasa de "interés era o no excesiva, la responsable no tomó en cuenta "los parámetros guía que se le fijaron en la ejecutoria del "diverso juicio de amparo 827/2015 vinculado con éste, a "saber: "a) El tipo de relación existente entre las partes. "b) La calidad de los sujetos que intervienen en la "suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se "encuentra regulada. "c) El destino o finalidad del crédito. "d) El monto del crédito. "e) El plazo del crédito. "f) La existencia de garantías para el pago del "crédito. "g) Las tasas de interés de las instituciones "bancarias para operaciones similares a las que se analizan, "cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de "referencia. "h) La variación del índice inflacionario nacional "durante la vida real del adeudo. "i) Las condiciones del mercado. "j) Otras cuestiones que generen convicción en el "juzgador. "Además, que el análisis respectivo, debe "complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a "partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna "situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en "relación con el acreedor. "En tales condiciones, se concluye que, la "responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria "dictada en este juicio de garantías." (fojas 161 vuelta y 162). Ahora bien, del examen de las últimas constancias remitidas por la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete y ordenó dictar una nueva resolución (foja 181), misma que se emitió en la misma fecha (fojas 182 a 199), en la cual: a) Determinó que los recibos de pago de catorce de enero y catorce de mayo, ambos de dos mil catorce, exhibidos por el demandado Julio Juan Martínez Hernández, en su carácter de aval solidario, carecen de valor probatorio al no acreditar relación o vínculo alguno con el pagaré de nueve de diciembre de dos mil trece; en consecuencia, declaró no acreditada la excepción opuesta por aquél (foja 189 a 190 vuelta). b) En relación al pago de intereses moratorios, tomó en consideración los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional al quejoso Juan Julio Martínez Hernández, en el diverso juicio de amparo 827/2015, relacionado con el presente asunto, y en términos de los artículos 77, 78 y 362 del Código de Comercio aplicable, 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como el principio non reformatio in peius, para determinar si la tasa de interés era o no excesiva, la responsable tomó en cuenta los parámetros guía que se fijaron en la citada ejecutoria de amparo y determinó lo siguiente: "a) El tipo de relación existente entre las partes, la "que se determina es de obligación compartida o solidaria, en "miras de lo dispuesto por el artículo 109 de la ley General de "Títulos y Operaciones de Crédito y se justifica con el pagaré "fundatorio de la acción, misma que tiene valor probatorio "pleno, al estar reconocido expresamente por las partes y no "haber sido impugnado en su literalidad; b) La calidad de los "sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la "actividad del acreedor se encuentra regulada, misma que se "justifica con el propio documento fundatorio de la acción, con "pleno valor probatorio en miras de lo dispuesto por el artículo "1296 del Código de Comercio aplicable; c) El destino o "finalidad del crédito, a provecho de los obligados, tanto del "principal como del solidario; d) El monto del crédito, en una "cantidad de trece mil pesos cero centavos, que se justifica "con el propio documento fundatorio de la acción, valorado "con antelación y que ha sido reconocido judicialmente por el "excepcionante Julio Martínez Hernández; e) El plazo del "crédito, el cual resulta a fecha cierto, es decir, al día treinta y "uno de julio de dos mil catorce, lo que se justifica con el "multicitado documento base de la causa; f) La existencia de "garantías para el pago del crédito, como lo es, el propio título "en mención, así como el bien inmueble sobre el que se trabó "formal embargo en fecha veintiséis de septiembre de dos mil "catorce; g) Las tasas de interés de las instituciones "bancarias para operaciones similares a las que se analizan, "cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de "referencia, apreciándose en este juicio, que conforme al "informe anual del Banco de México, visible en la página "electrónica http://banxico.gob.mx/publicaciones-y-, del año "dos mil diez, la tasa de interés promedio anual en ese año, "lo fue del cinco punto cinco por ciento; h) La variación del "índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo, "acreditándose conforme al informe anual del Banco de "México, que hizo valer la parte excepcionante Julio Juan "Martínez Hernández, ha sido variante, pero que en el año "dos mil trece, el aplicable resultaba el vigente al dos mil diez, "y que en comparativo con el pactado en el pagaré fundatorio "de la acción, es menor el interés pactado de forma mensual; "i) Las condiciones del mercado, que sólo rigen en actos de "comercio, sin que esté justificado en autos que las partes en "el pagaré de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, se "dediquen al comercio, causa por la que este parámetro no "resulta observable; j) Otras cuestiones que generen "convicción en el Juzgador, y que lo es, el hecho notorio de "que los intereses pactados convencionalmente en el pagaré "de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, resultan "excesivos en un comparativo con el emitido de manera anual "por el Banco de México, además de que, del análisis de los "autos de este expediente, antes justipreciados, así como de "la defensa hecha valer por el demandado aval.se aprecia "que la solidaridad en la obligación, le genera vulnerabilidad o "desventaja respecto de la propia obligada principal y el "acreedor." (fojas 195 vuelta a la 197 frente). Tomando en consideración lo anterior, condenó a la deudora principal y aval, respectivamente, a pagar al actor la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.), por suerte principal, así como al pago de intereses moratorios a razón del 3% (tres por ciento) mensual, causados desde la fecha que se constituyeron en mora; asimismo, al pago de gastos y costas del juicio (foja 197). De lo anterior se concluye, que atento a lo resuelto por la autoridad ordenadora, en el caso concreto ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
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