Ma. Ines Gloria Cuatle Montiel
Expediente 1150/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Ma. Ines Gloria Cuatle Montiel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 105), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 108). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, este Órgano Colegiado resolvió conceder a ********************, la protección constitucional para los efectos siguientes: "1) Deje insubsistente el laudo reclamado.- 2) "Emita otro en el que reitere: a) las condenas decretadas en "contra del Instituto por conceptos de reconocimiento y pago "de la pensión por cesantía en edad avanzada, incrementos a "ésta, aguinaldo, asignaciones familiares y asistencia médica; "b) la determinación de dejar a salvo los derechos del "Instituto respecto de la retención del Impuesto Sobre la "Renta que opuso; c) la absolución del reclamo de ayuda "asistencial; y, d) la improcedencia de la excepción de "prescripción.- 3) Exponga las razones que funden y motiven "su determinación respecto del salario que debe tomarse en "consideración para cuantificar las condenas; y con libertad "de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda" (fojas 77 vuelta y 78 frente). Cabe destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, enjuiciado en el juicio laboral, se adhirió al presente amparo, negándose por cuanto hace a dicha demanda (fojas 78 a 84); así como que el presente asunto está relacionado con el 1247/2016, promovido por el referido Instituto, en el cual, en la misma sesión, se negó la protección constitucional solicitada. Ahora bien, del examen de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado aprecia que mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el laudo reclamado de veinte de junio de dos mil dieciséis, y ordenó turnar los autos a su auxiliar para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 88). El siete de febrero de dos mil dieciocho, dictó nuevo laudo, en los siguientes términos: I. Reiteró: a) Las condenas decretadas al Instituto enjuiciado respecto del reconocimiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a partir del veintidós de enero de dos mil quince (fecha en la que la actora cumplió sesenta años de edad), así como sus correspondientes incrementos y aguinaldo anual; lo anterior, una vez analizadas las pruebas presentadas por ambas partes, así como las excepciones opuestas en la contestación a la demanda (fojas 95 a 99 frente). b) La improcedencia de la excepción de prescripción (foja 99 frente). c) La condena a cubrirle a la actora, asignaciones familiares (foja 99). d) La absolución del reclamo de ayuda asistencial (foja 99 vuelta). e) La determinación de dejar a salvo los derechos del Instituto respecto de la retención del Impuesto Sobre la Renta que opuso (foja 103). f) La condena al otorgamiento de asistencia médica (foja 103 frente). II. Al cuantificar las condenas y pronunciarse respecto del salario dijo: "Ahora bien, y en estricto acatamiento a la ejecutoria de mérito que se cumplimenta, se señala que: en las relatadas condiciones acreditadas por la actora que tiene derecho a gozar de la pensión de cesantía en edad avanzada, lo procedente es determinar su cuantía. En primer término es preciso destacar que, es cierto que la carga de la prueba del salario promedio percibido por el asegurado corresponde al Instituto, por ser éste quien posee los comprobantes e información idónea para acreditar ese extremo. Tiene aplicación la jurisprudencia que al rubro se cita: SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- Ahora, en la especie, el actor, en su demanda señaló que, su último salario registrado acreditable ante el Instituto demandado, fue el de $218.60 (DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) pesos diarios.- Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social al producir su contestación, refirió que: [.] resulta falso el salario promedio de las últimas 250 semanas que señala pues la verdad de los hechos es que su último salario registrado fue de $189.03 [.].- Sin embargo, el Instituto no cumplió con la carga probatoria, puesto que, si bien ofreció la Hoja de Certificación de Vigencia de Derechos, en la que se asienta que el salario que percibió el actor fue el señalado en el escrito de contestación de demanda; también lo es que, esta Junta le negó valor probatorio en párrafos anteriores a dicha documental, con base en las presunciones generadas por la prueba de inspección ofrecida por la parte actora.- De ahí que, el salario precisado en este medio de convicción, no puede servir de sustento para calcular la referida pensión. Ahora bien, esta Autoridad laboral estima que el salario diario promedio $218.60 (DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) señalado por el actor en su escrito inicial de demanda resulta inverosímil, atento a la desproporción evidente que el mismo refleja en relación al promedio de los salarios que sirven de base normalmente, para el otorgamiento de pensiones a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la zona económica del Estado de Tlaxcala, sin que por otra parte de autos se advierta constancia alguna que demuestre que, el actor realizó un trabajo especializado, peligroso o, en general, que requiriera habilidades especiales que justificaran un salario de tal magnitud; criterio que ha sido sostenido por esta Junta de manera reiterada, en términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo al tener facultades para "apreciar los hechos en conciencia", lo que implica aplicar los principios generales de derechos, así como las máximas de la experiencia, a fin de dictar un laudo congruente a verdad sabida y buena fe guardada, haciendo innecesario incluso, abrir el incidente de liquidación de laudo. Al existir parámetros para determinar el promedio, como a continuación se demuestra. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que al rubro se cita: SALARIO. LA JUNTA PUEDE HACER UN JUICIO DE VEROSIMILITUD SOBRE SU MONTO AL CONSIDERARLO EXCESIVO, CUANDO SE HAYA TENIDO POR CIERTO EL HECHO RELATIVO, ANTE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL PATRÓN.- Al respecto, esta Autoridad del trabajo estima que, el ejercicio del juicio de verosimilitud de un hecho afirmado dogmáticamente por las partes, que de ordinario consiste en una racionalización lógica de hechos conocidos por la experiencia; en el sistema de apreciación concedido a las Juntas de Conciliación y Arbitraje por la Ley Federal del Trabajo, le imprime características especiales, expresamente concedidas por el artículo 841 de la propia ley, en cuanto les faculta a apreciar los "hechos de conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas", del que se desprenden los puntos siguientes: a) Las Juntas pueden dictar el laudo sin sujetarse a las reglas utilizadas por los órganos judiciales, por no ser tribunales de derecho, sino de arbitraje; pero deben fallar con base en la vedad que resulte de las actuaciones del juicio, por lo que están constreñidas a examinar las actuaciones habidas y a hacer constar en autos ese análisis.- b) La apreciación en conciencia de las pruebas sólo tiene aplicación dentro de los límites fijados en la litis y deben descansar en la lógica del raciocinio.- c) Verdad sabida y buena fe guardada es una clásica expresión forense usada desde hace siglos para entender que un pleito o una causa debe sentenciarse sin atender a las formalidades del derecho; y, d) Se permite a las Juntas recabar pruebas oficiosamente para conocer la verdad buscada en aplicación de una justicia objetiva, acorde con la realidad de los hechos debatidos en el conflicto.- En este orden de ideas, de la consulta de la tabla de "Salario Mínimo General Promedio de los Estados Unidos Mexicanos 1964-2016" que es del dominio público y puede consultarse en la página web de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), se desprende que el salario mínimo general, vigente a partir del 22 de enero de 2015, anualidad a partir de la cual fue decretada la condena al pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, ascendió a la cantidad de $70.10 (SETENTA PESOS, DIEZ CENTAVOS) diarios, desprendiéndose así una notable desproporción a los $218.60 (DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) señalados expresamente por el actor en su demanda.- Lo anterior en razón de que conforme al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, los tribunales del trabajo deben resolver los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad se ajustarse a reglas o formulismos sobre legitimación de pruebas, tomando en cuenta que el principio de congruencia, pero siempre fundando y motivando todos sus actos, en estricto respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas a favor de los particulares en el artículo 16 constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia que al rubro se cita: SALARIO INVEROSÍMIL. LA AUTORIDAD LABORAL DEBE DECLARAR ASÍ AL INDICADO POR EL TRABAJADOR, CUANDO DE ACUERDO A LA CATEGORÍA QUE OCUPA RESULTA EXCESIVO, NO OBSTANTE QUE SE HAYA TENIDO POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO.- En efecto para el cálculo de la pensión demandada debe tomarse en cuenta el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) al momento de dictar la resolución, ello en razón de que la hoja de certificación de vigencia de derechos correspondiente al actor, carece de valor probatorio para acreditar los datos o información contenidos en ella, aplicando al efecto, los porcentajes previstos por el artículo 167 de la Ley del Seguro Social, que establece: (lo trascribe).- En caso de que una vez realizadas las operaciones aritméticas procedentes, con base en el referido precepto 167, de la Ley del Seguro Social, diera como resultado un monto inferior al salario mínimo general del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y en lo dispuesto por el diverso 168, debe determinarse que la referida pensión debía ser la mínima garantizada por dicho Instituto, de acuerdo con el monto del salario mínimo vigente en la fecha de la resolución.- El referido artículo 168, de la Ley del Seguro Social, prevé: (lo trascribe).- De lo anterior se desprende que, para determinar el monto de las pensiones reclamadas, el Instituto debe partir de lo previsto en el referido numeral 16, por lo que la pensión mínima a pagarse no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo que rija para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Es aplicable a lo anterior, la tesis cuyo rubro y contenido se citan a continuación: PENSIÓN DE INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. SU CUANTIFICACIÓN NO DEBE SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO GENERAL QUE RIJA PARA EL DISTRITO FEDERAL" (fojas 99 vuelta a 101). De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE DIEZ DIAS, CONCEDIDO A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU INTERES CONVINIERA, SIN QUE LO HAYAN HECHO; PROCEDASE A DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
TENGASE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA CERTIFICADA DEL LAUDO DICTADO. DESE VISTA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DÍAS EXPRESEN LO QUE A SU INTERES CORRESPONDA.
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