Ma. Guadalupe y/o Guadalupe Cornejo García

Expediente 392/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
392/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe y/o Guadalupe Cornejo García
  • José Juan Santamaría Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de once de septiembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó su destrucción conforme a la fracción IV del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, respecto al cuaderno de antecedentes que obra en este expediente se determinó destruirlo conforme al Punto Vigésimo del citado acuerdo general. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso a) de dicho acuerdo general, así como en el numeral 1 del punto 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en la fracción I, inciso a) del artículo 20 del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/jcsp La Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis C E R T I F I C A: que la presente foja corresponde al acuerdo dictado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno en el recurso de revisión******************** y que, con fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace constar que el presente acuerdo obra en sus términos en el expediente electrónico, por lo que éste coincide en su totalidad con el expediente impreso. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 152), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 159). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciocho de junio de dos mil veinte este Órgano Colegiado resolvió conceder a Ma. Guadalupe Cornejo García o Guadalupe Cornejo García la protección constitucional para los efectos siguientes (fojas 103 y 104): "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el cual reitere las determinaciones relativas a los siguientes aspectos: a) Que es fundada la excepción de prescripción de la acción opuesta por la demandada. b) Existencia del vínculo de trabajo entre la actora y el Ayuntamiento demandado. c) El salario quincenal que se pagó a la actora fue de $1705.00 (mil setecientos cinco pesos 00/100) d) La fecha de ingreso de la actora a prestar sus servicios laborales fue el uno de abril de dos mil. e) El puesto desempeñado fue el de intendente. f) El horario de labores fue de las 13:30 horas a las 21:30 horas, de lunes a viernes. g) Que las funciones desempeñadas consistían en dar mantenimiento de limpieza en el área de la alberca, limpiar baños, sacar la basura, barrer, trapear, así como las labores inherentes al puesto desempeñado. h) Que la actora no desempeñó funciones de una trabajadora de confianza. i) La determinación de que la relación de trabajo culminó el dos de enero de dos mil diecisiete. j) La improcedencia de la acción de reinstalación, el pago de salarios caídos o vencidos y el otorgamiento de nombramiento de base, así como la consecuente absolución del demandado. k) El reconocimiento por parte de la demandada como parte efectiva de antigüedad a partir de uno de abril de dos mil y hasta el dos de enero de dos mil diecisiete. l) La absolución de otorgar el mantenimiento de los beneficios y prerrogativas médicas, quirúrgicas, farmacéuticas, hospitalarias y de prótesis. m) La condena impuesta al Ayuntamiento demandado respecto del pago retroactivo de aportaciones de seguridad social, previa inscripción del servidor público tal determinación de dar vista a Pensiones civiles del Estado de Tlaxcala. n) Las condenas impuestas al mencionado Ayuntamiento de pagar aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el periodo de un año retroactivo a la presentación de la demanda. o) La condena en contra del Ayuntamiento patrón de cubrir canasta básica, quinquenio, bono anual de productividad por el periodo de un año retroactivo a la presentación de la demanda. p) La absolución de respecto del pago de becas en términos del contrato colectivo de trabajo. q) La absolución del pago de descanso semanas los días sábado. r) La condena en contra de la patronal de pagar horas extras por el periodo comprendido del nueve de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. III. Siguiendo los lineamientos del fallo protector, subsane la incongruencia en que incurrió al resolver sobre la prestación consistente en el pago de diferencia salarial". Para lograr mayor claridad en la determinación que se asume en esta resolución, es oportuno citar la parte considerativa sustancial de la ejecutoria de amparo (fojas 101 vuelta y 102): "Establecido lo anterior, se advierte del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda que la actora demandó el pago de diferencia salarial en virtud de que, afirma, indebidamente se la pagaba la cantidad de $1705.00 (mil setecientos cinco pesos 00/100 M.N) en forma quincenal, ya que, aduce, un intendente de base percibía $4800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) quincenales, resultado de ello una diferencia de $3099.00 tres mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), misma que relama desde la fecha de ingreso hasta la total solución del asunto. Luego, en el capítulo de hechos argumenta que sus labores consistían dar mantenimiento de limpieza en el área de la alberca, limpiaba baños, sacaba basura, barría y trapeaba; que percibía un salario quincenal de $1705.00 (mil setecientos cinco pesos 00/100), pero debió percibir un salario quincenal de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos M.N.), el cual corresponde a un intendente de base. La actora también demandó el reconocimiento de haberse desempeñó en el puesto de intendente. El tribunal obrero en el considerando séptimo del laudo determinó que procede tener como hecho cierto el puesto que la actora adujo haber desempeñado, esto es, el de intendente. Posteriormente, la responsable se pronunció respecto de la prestación consistente en el pago de diferencia salarial en los siguientes términos: 1) Dicha prestación implica la comparación entre sujetos que desempeñan las mismas labores, pero salarialmente son tratados de forma desigual, lo cual descansa sobre el principio que establece "a mismo trabajo mismo salario". 2) La accionante debe acreditar a través de los medios de prueba, en primer lugar, que existe identidad de labores respecto a otros trabajadores y, en segundo lugar, que hay una diferencia salarial. 3) La actora no cumplió con el primer elemento, esto es, no acreditó que existan otros operarios que desarrollen idénticas funciones a las que ella desplegó, por tanto, se absuelve al demandado de pagar a la actora cantidad alguna por concepto de nivelación salarial. La responsable con tal pronunciamiento emitido al resolver sobre la prestación reclamada consistente en diferencia salarial, infringió el principio de congruencia que debe imperar en la emisión del laudo. Ello es así, pues primeramente determina que en el caso procede tener como hecho cierto el puesto que la actora adujo haber desempeñado, esto es, el de intendente. No obstante haber establecido lo anterior, a la postre, concluye que la actora no cumplió con el primer elemento, esto es, no acreditó que existan otros operarios que desarrollen idénticas funciones a las que ella desplegó, ello pese a que ya había tenido por demostrado que sí ocupó el puesto de intendente respecto el cual se demanda el pago de diferencia salarial. En consecuencia, el anterior concepto de violación resulta fundado suplido en su deficiencia, pues es patente la incongruencia en que incurrió la responsable al resolver sobre la prestación consistente en el pago de diferencia salarial. De ahí que este tribunal no pueda ocuparse de ese aspecto, pues llevar acabo tal estudio implica sustituirse en facultades que son propias de la responsable.". Del examen de las copias certificadas remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado aprecia que mediante oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veinte remitió el nuevo laudo pronunciado en la misma fecha en cumplimiento al fallo protector, en el cual realizó lo siguiente: I. Puntualizó que mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte dejó insubsistente el laudo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 115). II. Reiteró las determinaciones consistentes en: a) Es fundada la excepción de prescripción de la acción opuesta por la parte demandada (fojas 120 vuelta a 125). b) Existencia del vínculo de trabajo entre la accionante y el Ayuntamiento demandado (foja 127). c) El salario quincenal que se pagó a la actora fue de $1705.00 (mil setecientos cinco pesos 00/100) [foja 127]. d) La fecha de ingreso de la actora a prestar sus servicios laborales fue el uno de abril de dos mil (fojas 127 vuelta y 128). e) El puesto desempeñado por la actora fue el de intendente (fojas 128 vuelta a 130). f) El horario de labores fue de las 13:30 horas a las 21:30 horas, de lunes a viernes (fojas 130 vuelta a 132 vuelta). g) Las funciones desempeñadas consistían en dar mantenimiento de limpieza en el área de la alberca, limpiar baños, sacar la basura, barrer, trapear, así como las labores inherentes al puesto desempeñado (fojas 132 vuelta a 135). h) La actora no desempeñó funciones de una trabajadora de confianza (fojas 135 frente y vuelta). i) La determinación de que la relación de trabajo culminó el dos de enero de dos mil diecisiete (fojas 135 vuelta y 136). j) La improcedencia de la acción de reinstalación, el pago de salarios caídos o vencidos y el otorgamiento de nombramiento de base, así como la consecuente absolución del demandado (foja 136 vuelta). k) El reconocimiento por parte de la demandada como parte efectiva de antigüedad a partir de uno de abril de dos mil y hasta el dos de enero de dos mil diecisiete (foja 136 vuelta). l) La absolución de otorgar el mantenimiento de los beneficios y prerrogativas médicas, quirúrgicas, farmacéuticas, hospitalarias y de prótesis (foja 136 vuelta). m) La condena impuesta al Ayuntamiento demandado respecto del pago retroactivo de aportaciones de seguridad social, previa inscripción del servidor público, tal determinación de dar vista a Pensiones civiles del Estado de Tlaxcala (fojas 137 y 138). n) Las condenas impuestas al mencionado Ayuntamiento de pagar aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el periodo de un año retroactivo a la presentación de la demanda (fojas 138 vuelta a 141). o) La condena en contra del Ayuntamiento patrón de cubrir canasta básica, quinquenio, bono anual de productividad por el periodo de un año retroactivo a la presentación de la demanda (fojas 141 a 142 vuelta y 143). p) La absolución de respecto del pago de becas en términos del contrato colectivo de trabajo (fojas 142 vuelta y 143). q) La absolución del pago de descanso semanas los días sábado (foja 143 vuelta). r) La condena en contra de la patronal de pagar horas extras por el periodo comprendido del nueve de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 146 a 149). III. Siguiendo los lineamientos del fallo protector subsanó la incongruencia en que incurrió al resolver sobre la prestación consistente en el pago de diferencia salarial, para lo cual expuso lo siguiente (fojas 143 vuelta a 146): a) La responsable partió de la base de que el último puesto desempeñado por la accionante fue de intendente y las funciones de realizaba consistieron en dar mantenimiento de limpieza en el área de la alberca, esto es, limpiar los baños, sacar la basura, barrer, trapear, así como las labores inherentes al puesto desempeñado; luego, estableció que, dada su fecha de ingreso que no desarrolló funciones de las consideradas como de confianza. b) Lo anterior, con base en la prueba confesional ofrecida por la actora a cargo del Ayuntamiento demandado, en cuyo desahogo aceptó que al personal que ocupaba el puesto de intendente de base percibió la cantidad de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos) quincenales. c) En consecuencia, condenó a la parte demandada a pagar a la accionante la cantidad de $60,663.96 (sesenta mil seiscientos sesenta y tres pesos con noventa y seis centavos) por concepto de diferencias salariales. d) De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente al quejoso y por oficio a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso b) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 152), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 159). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciocho de junio de dos mil veinte este Órgano Colegiado resolvió conceder a Ma. Guadalupe Cornejo García o Guadalupe Cornejo García la protección constitucional para los efectos siguientes (fojas 103 y 104): I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el cual reitere las determinaciones relativas a los siguientes aspectos: a) Que es fundada la excepción de prescripción de la acción opuesta por la demandada. b) Existencia del vínculo de trabajo entre la actora y el Ayuntamiento demandado. c) El salario quincenal que se pagó a la actora fue de $1705.00 (mil setecientos cinco pesos 00/100) d) La fecha de ingreso de la actora a prestar sus servicios laborales fue el uno de abril de dos mil. e) El puesto desempeñado fue el de intendente. f) El horario de labores fue de las 13:30 horas a las 21:30 horas, de lunes a viernes. g) Que las funciones desempeñadas consistían en dar mantenimiento de limpieza en el área de la alberca, limpiar baños, sacar la basura, barrer, trapear, así como las labores inherentes al puesto desempeñado. h) Que la actora no desempeñó funciones de una trabajadora de confianza. i) La determinación de que la relación de trabajo culminó el dos de enero de dos mil diecisiete. j) La improcedencia de la acción de reinstalación, el pago de salarios caídos o vencidos y el otorgamiento de nombramiento de base, así como la consecuente absolución del demandado. k) El reconocimiento por parte de la demandada como parte efectiva de antigüedad a partir de uno de abril de dos mil y hasta el dos de enero de dos mil diecisiete. l) La absolución de otorgar el mantenimiento de los beneficios y prerrogativas médicas, quirúrgicas, farmacéuticas, hospitalarias y de prótesis. m) La condena impuesta al Ayuntamiento demandado respecto del pago retroactivo de aportaciones de seguridad social, previa inscripción del servidor público tal determinación de dar vista a Pensiones civiles del Estado de Tlaxcala. n) Las condenas impuestas al mencionado Ayuntamiento de pagar aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el periodo de un año retroactivo a la presentación de la demanda. o) La condena en contra del Ayuntamiento patrón de cubrir canasta básica, quinquenio, bono anual de productividad por el periodo de un año retroactivo a la presentación de la demanda. p) La absolución de respecto del pago de becas en términos del contrato colectivo de trabajo. q) La absolución del pago de descanso semanas los días sábado. r) La condena en contra de la patronal de pagar horas extras por el periodo comprendido del nueve de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. III. Siguiendo los lineamientos del fallo protector, subsane la incongruencia en que incurrió al resolver sobre la prestación consistente en el pago de diferencia salarial". Para lograr mayor claridad en la determinación que se asume en esta resolución, es oportuno citar la parte considerativa sustancial de la ejecutoria de amparo (fojas 101 vuelta y 102): Establecido lo anterior, se advierte del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda que la actora demandó el pago de diferencia salarial en virtud de que, afirma, indebidamente se la pagaba la cantidad de $1705.00 (mil setecientos cinco pesos 00/100 M.N) en forma quincenal, ya que, aduce, un intendente de base percibía $4800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) quincenales, resultado de ello una diferencia de $3099.00 tres mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), misma que relama desde la fecha de ingreso hasta la total solución del asunto. Luego, en el capítulo de hechos argumenta que sus labores consistían dar mantenimiento de limpieza en el área de la alberca, limpiaba baños, sacaba basura, barría y trapeaba; que percibía un salario quincenal de $1705.00 (mil setecientos cinco pesos 00/100), pero debió percibir un salario quincenal de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos M.N.), el cual corresponde a un intendente de base. La actora también demandó el reconocimiento de haberse desempeñó en el puesto de intendente. El tribunal obrero en el considerando séptimo del laudo determinó que procede tener como hecho cierto el puesto que la actora adujo haber desempeñado, esto es, el de intendente. Posteriormente, la responsable se pronunció respecto de la prestación consistente en el pago de diferencia salarial en los siguientes términos: 1) Dicha prestación implica la comparación entre sujetos que desempeñan las mismas labores, pero salarialmente son tratados de forma desigual, lo cual descansa sobre el principio que establece "a mismo trabajo mismo salario. 2) La accionante debe acreditar a través de los medios de prueba, en primer lugar, que existe identidad de labores respecto a otros trabajadores y, en segundo lugar, que hay una diferencia salarial. 3) La actora no cumplió con el primer elemento, esto es, no acreditó que existan otros operarios que desarrollen idénticas funciones a las que ella desplegó, por tanto, se absuelve al demandado de pagar a la actora cantidad alguna por concepto de nivelación salarial. La responsable con tal pronunciamiento emitido al resolver sobre la prestación reclamada consistente en diferencia salarial, infringió el principio de congruencia que debe imperar en la emisión del laudo. Ello es así, pues primeramente determina que en el caso procede tener como hecho cierto el puesto que la actora adujo haber desempeñado, esto es, el de intendente. No obstante haber establecido lo anterior, a la postre, concluye que la actora no cumplió con el primer elemento, esto es, no acreditó que existan otros operarios que desarrollen idénticas funciones a las que ella desplegó, ello pese a que ya había tenido por demostrado que sí ocupó el puesto de intendente respecto el cual se demanda el pago de diferencia salarial. En consecuencia, el anterior concepto de violación resulta fundado suplido en su deficiencia, pues es patente la incongruencia en que incurrió la responsable al resolver sobre la prestación consistente en el pago de diferencia salarial. De ahí que este tribunal no pueda ocuparse de ese aspecto, pues llevar acabo tal estudio implica sustituirse en facultades que son propias de la responsable.. Del examen de las copias certificadas remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado aprecia que mediante oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veinte remitió el nuevo laudo pronunciado en la misma fecha en cumplimiento al fallo protector, en el cual realizó lo siguiente: I. Puntualizó que mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte dejó insubsistente el laudo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 115). II. Reiteró las determinaciones consistentes en: a) Es fundada la excepción de prescripción de la acción opuesta por la parte demandada (fojas 120 vuelta a 125). b) Existencia del vínculo de trabajo entre la accionante y el Ayuntamiento demandado (foja 127). c) El salario quincenal que se pagó a la actora fue de $1705.00 (mil setecientos cinco pesos 00/100) [foja 127]. d) La fecha de ingreso de la actora a prestar sus servicios laborales fue el uno de abril de dos mil (fojas 127 vuelta y 128). e) El puesto desempeñado por la actora fue el de intendente (fojas 128 vuelta a 130). f) El horario de labores fue de las 13:30 horas a las 21:30 horas, de lunes a viernes (fojas 130 vuelta a 132 vuelta). g) Las funciones desempeñadas consistían en dar mantenimiento de limpieza en el área de la alberca, limpiar baños, sacar la basura, barrer, trapear, así como las labores inherentes al puesto desempeñado (fojas 132 vuelta a 135). h) La actora no desempeñó funciones de una trabajadora de confianza (fojas 135 frente y vuelta). i) La determinación de que la relación de trabajo culminó el dos de enero de dos mil diecisiete (fojas 135 vuelta y 136). j) La improcedencia de la acción de reinstalación, el pago de salarios caídos o vencidos y el otorgamiento de nombramiento de base, así como la consecuente absolución del demandado (foja 136 vuelta). k) El reconocimiento por parte de la demandada como parte efectiva de antigüedad a partir de uno de abril de dos mil y hasta el dos de enero de dos mil diecisiete (foja 136 vuelta). l) La absolución de otorgar el mantenimiento de los beneficios y prerrogativas médicas, quirúrgicas, farmacéuticas, hospitalarias y de prótesis (foja 136 vuelta). m) La condena impuesta al Ayuntamiento demandado respecto del pago retroactivo de aportaciones de seguridad social, previa inscripción del servidor público, tal determinación de dar vista a Pensiones civiles del Estado de Tlaxcala (fojas 137 y 138). n) Las condenas impuestas al mencionado Ayuntamiento de pagar aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el periodo de un año retroactivo a la presentación de la demanda (fojas 138 vuelta a 141). o) La condena en contra del Ayuntamiento patrón de cubrir canasta básica, quinquenio, bono anual de productividad por el periodo de un año retroactivo a la presentación de la demanda (fojas 141 a 142 vuelta y 143). p) La absolución de respecto del pago de becas en términos del contrato colectivo de trabajo (fojas 142 vuelta y 143). q) La absolución del pago de descanso semanas los días sábado (foja 143 vuelta). r) La condena en contra de la patronal de pagar horas extras por el periodo comprendido del nueve de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 146 a 149). III. Siguiendo los lineamientos del fallo protector subsanó la incongruencia en que incurrió al resolver sobre la prestación consistente en el pago de diferencia salarial, para lo cual expuso lo siguiente (fojas 143 vuelta a 146) a) La responsable partió de la base de que el último puesto desempeñado por la accionante fue de intendente y las funciones de realizaba consistieron en dar mantenimiento de limpieza en el área de la alberca, esto es, limpiar los baños, sacar la basura, barrer, trapear, así como las labores inherentes al puesto desempeñado; luego, estableció que, dada su fecha de ingreso que no desarrolló funciones de las consideradas como de confianza. b) Lo anterior, con base en la prueba confesional ofrecida por la actora a cargo del Ayuntamiento demandado, en cuyo desahogo aceptó que al personal que ocupaba el puesto de intendente de base percibió la cantidad de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos) quincenales. c) En consecuencia, condenó a la parte demandada a pagar a la accionante la cantidad de $60,663.96 (sesenta mil seiscientos sesenta y tres pesos con noventa y seis centavos) por concepto de diferencias salariales. d) De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente al quejoso y por oficio a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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