Ma. Hermenegilda Laguna Gómez

Expediente 818/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
818/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Ma. Hermenegilda Laguna Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación en la que este juzgado tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no existen documentos originales por devolver.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto, se previno a la parte quejosa para que subsanara su demanda de amparo, apercibida que para el caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendría por no presentada la demanda de que se trata, sin que lo haya hecho. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído y, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que de la revisión integral de las constancias físicas que integran el expediente en que se actúa, así como de la consulta del expediente electrónico realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se advierte la notificación electrónica a la parte quejosa del acuerdo de diecinueve de agosto actual, en que se le previno aclarara su demanda de amparo. Ahora, de la constancia asentada por la actuaria de la adscripción se advierte que debido a fallas técnicas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) no se realizó la notificación electrónica a la parte quejosa de dicho acuerdo. Por tanto, túrnense nuevamente los autos a la Actuaría, a efecto de que realice dicha notificación con las formalidades de ley establecidas para ello.

  4. Principal

    Recepción de demanda. Visto el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al que adjunta testimonio del amparo directo administrativo 490/2021, copia certificada de la demanda signada por ************* y oficio signado por el director de lo Contencioso de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Gobierno del estado de Guanajuato Del contenido de la resolución se desprende que remite la demanda de mérito por la legal incompetencia para conocer de algunos de los actos reclamados, al no encontrarse en ninguna de las hipótesis del artículo 170 de la Ley de Amparo. Ante ello, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento planteado y ordena su registro bajo el número 818/2022-III. Acúsese recibo a la superioridad Separación de juicios. Visto el contenido de la demanda y el testimonio adjunto, se advierte que ciertos actos reclamados se encuentran desvinculados entre sí, de tal manera que ameritan ser estudiados en procesos diversos. Se explica: El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el gobernador del estado decretó la expropiación por causa de utilidad pública de la parcela ************ ubicada en el ejido de Caleras de Ameche del municipio de Apaseo el Grande, cuya propiedad ostenta la quejosa. Éste es el primer acto reclamado. Inconforme con lo anterior, la peticionaria interpuso recurso de revocación del que conoció el Gobernador del estado, bajo el número ***********. El veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dicha autoridad emitió resolución confirmando la declaratoria de expropiación. Éste es el segundo acto reclamado. El fallo de mérito fue impugnado por la promovente, mediante procedimiento contencioso administrativo, del que conoció el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato bajo el número de expediente 540/2ª Sala/2020 quien resolvió el trece de septiembre de dos mil veintiuno, declarando infundada la pretensión. Éste es el tercer acto reclamado, del que sí conoció y resolvió el Tribunal Colegiado oficiante. El trece de enero de dos mil veinte, se publicó el decreto expropiatorio de mérito en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Éste es el cuarto acto reclamado. La ejecución de la declaratoria de expropiación se verificó (o pretendió verificar, pues la demanda carece de tal claridad) por parte de M*********** y **********, abogados adscritos a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato. Éste es el quinto acto reclamado. Es cierto que los actos anteriores se encuentran relacionados con la expropiación misma; empero, la superioridad determinó su estudio de forma separada por lo siguiente: "No pasa inadvertido de que todos los actos reclamados derivan de la expropiación que se realizó respecto de un bien inmueble que poseía la parte quejosa, sin embargo, del contenido integral de la demanda de amparo se aprecia que se reclaman de manera autónoma, con independencia de que algunos se sucedan entre sí, por lo que es necesario que el órgano jurisdiccional competente se pronuncie respecto de ellos. Además de lo anterior, ante el Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, se tramitó el procedimiento de jurisdicción voluntaria C-00021/2020 por parte del director de lo Contencioso de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Gobierno del estado de Guanajuato. Respecto de éste, la quejosa reclama "todos y cada uno de los actos realizados dentro del procedimiento. Éstos también son actos reclamados en forma destacada. Como puede advertirse, lo referente al procedimiento de expropiación que culminó en una resolución de amparo directo, se encuentran desvinculados del procedimiento de jurisdicción voluntaria; si bien, guardan relación en tanto que su origen se encuentra en la expropiación misma, lo cierto es que la naturaleza, procedimiento, autoridades y terceros intervinientes, son de distinta naturaleza, de forma tal que deben ser resueltos en forma separada. Esto es, se obstaculiza que sean estudiadas de manera conjunta en la presente vía constitucional o, dicho de otra manera, en la misma pieza de autos. La razón que lo sustenta es que, de existir las conductas y ser procedente el juicio, su análisis obedecerá a distintos parámetros constitucionales que no ameritan visualizarse en su conjunto; además, dificultarían tanto la integración del expediente como su resolución. En consecuencia, a fin de no violentar las reglas que rigen el juicio de amparo y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, de oficio este tribunal ordena la separación de autos. Es aplicable la parte conducente de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como P./J. 3/2021 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación. "SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA RESOLVER ESTOS CONFLICTOS, BAJO LAS REGLAS PREVISTAS PARA LA ACUMULACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a consideraciones diversas en cuanto a si los conflictos entre Jueces de Distrito generados por la separación de juicios en amparo indirecto deben resolverse por el Tribunal Colegiado de Circuito competente, o si son cuestiones meramente administrativas que deben ser resueltas conforme a los mecanismos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Criterio jurídico: La separación de autos, aun cuando no se encuentra prevista expresamente en la Ley de Amparo, es procedente dada su vinculación con la figura de la acumulación, de manera que los conflictos que se susciten deben ser resueltos por el Tribunal Colegiado de Circuito competente atendiendo a las mismas reglas. Justificación: La figura de la separación de autos no está prevista en la normativa del juicio de amparo, sin embargo, su aplicación se ha aceptado vía jurisprudencial, bajo las reglas de la figura de la acumulación. En ese sentido, cuando en una misma demanda de amparo se reclamen actos desvinculados entre sí, se podrá decretar de plano la separación de juicios, o bien, tramitar un procedimiento vía incidental, en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ello, si llegara a existir oposición del juzgador respecto a quién se le envían los actos que se estiman desvinculados, deberá considerarse que se trata de un conflicto materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberá remitir los autos a su superior, comunicándolo al Juez de origen para que haga lo propio. Así, seguido el procedimiento correspondiente, el Tribunal Colegiado de Circuito competente deberá resolver sobre la procedencia o no de la separación, ordenando, si se estima procedente, mantener el estado de separación de los autos y devolverlos a los juzgados competentes para su resolución, o de negarse a la separación, regresar la totalidad de los autos al juzgador que originalmente previno." En tales condiciones, el juicio que se actúa se proveerá respecto de los actos emanados en el procedimiento de jurisdicción voluntaria C-0021/2020 del índice del Juzgado Único Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato. Por lo que hace a las diversas conductas relacionadas con la expropiación misma, identificadas en este proveído como 1 a 5, en forma conjunta al sí estar concatenadas, deberán analizarse en un expediente diverso. Remisióna la Oficina de Correspondencia Común. Con copia certificada de la demanda y de los documentos adjuntos por la que se desvincula el presente asunto, se ordena formar cuaderno de amparo por separado y remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, a efecto de que registre un nuevo juicio de amparo promovido por Ma. Hermenegilda Laguna Gómez y lo remita al órgano que por turno corresponda. Prevención. Sentado lo anterior, de la narrativa de la demanda se advierten inconsistencias que ameritan formular una prevención en términos de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, se precisa: La quejosa reclama "Todos y cada uno de los actos realizados dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria iniciado por quien dijo ser Director de lo Contencioso de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Gobierno del estado de Guanajuato, tramitado en contra de la suscrita, en el expediente C001/2020 del Juzgado Único Civil de Apaseo el Grande Guanajuato, mediante el cual se pretende tener por realizado el pago de la cantidad de $************(************* pesos *********** M.N.) que se dice correspondiente al pago de la indemnización por la expropiación." Ahora bien, la afirmación de reclamo de todas las conductas efectuadas en dicho procedimiento resulta jurídicamente inadmisible, en la medida en que un Tribunal Constitucional no está facultado para verificar cada una de ellas en lo individual, sino que debe destacarse aquella que causa afectación. Luego, la promovente expone que dicho procedimiento fue instaurado "en contra de la suscrita", lo que permite presumir que fue parte en él, sin que se tenga plena certeza de ello. Por ende, se le previene para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga de este auto, bajo protesta de decir verdad: Narre los antecedentes de forma destacada del procedimiento de origen, en el entendido de que deberá precisar la naturaleza de la pretensión ahí planteada por la autoridad, el estado procesal que guarda y si ya se dictó resolución; en su caso, el sentido de ésta. Indique si participó en él y, en su caso, cuál fue su intervención y la fecha y forma en que lo hizo. Precise si en contra de la resolución que, en su caso, ahí se emitió, interpuso algún medio de impugnación ordinario; de ser así, precise sí este ya fue resuelto y el sentido. Aclare si reclama la resolución definitiva ahí dictada (en oposición a "todo lo actuado"). En su caso, la fecha y forma en que le fue notificada. De igual forma, se le requiere para que en el mismo término otorgado, exhiba sendas copias más de su escrito inicial de demanda, para correr traslado a cada una de las partes, siendo necesarios cinco juegos, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Materia, es decir, una para la autoridad responsable, una para el tercero interesado, dos para los cuadernos incidentales y una para el agente del Ministerio Público de la adscripción. En la inteligencia que esta prevención deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo antrior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." De igual forma, al no haber demostrado que se encuentra en alguno de los supuestos de excepción del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, en la forma ya indicada en supralíneas, de conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Usuario electrónico. Se autoriza para consultar el presente, por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "************", matriculado debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que desde ahora se tiene como sitio para recibir notificaciones personales al usuario en cita, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. Se instruye a la Oficial Judicial "A" de este juzgado, a fin de que habilite el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que si su alta o dato proporcionado no se encuentra en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Por otra parte, respecto del correo electrónico que señala, a efecto de que ahí se le practiquen las notificaciones que deriven del presente asunto, dígasele que se toma nota de él para entablar comunicación en caso de que este Tribunal lo estime necesario, ante la contingencia sanitaria en la que nos encontramos. Ello, sin que implique la autorización para que se le practiquen formalmente las notificaciones encomendadas, al no estar previsto en la Ley de Amparo. Autorizados. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier Villalobos Mancilla, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen registrada su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral a Arturo Monroy Reséndiz y María Fernanda Martínez González, por no contar con dicho registro. De igual forma, se tiene como autorizados con las facultades limitadas del precepto en cita a las diversas personas que menciona por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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