Ma. Hermenegilda Laguna Gómez

Expediente 834/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
834/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Ma. Hermenegilda Laguna Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Recepción de oficio. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario de este juzgado, al que anexó un legajo de copias certificadas del expediente relativo al juicio de amparo número 818/2022, promovido por *************. Consideraciones previas y registro de demanda. De las constancias de cuenta se advierte que, atento a que en la demanda de mérito la quejosa combate actos desvinculados entre sí, dada su naturaleza, se ordenó la separación de autos y, en consecuencia, se remitieron copias certificadas de ese expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad; así, por razón de turno, correspondió conocer de ese nuevo asunto a este mismo órgano jurisdiccional. En tal virtud, en el presente asunto únicamente se conocerá de los actos reclamados que derivan de la expropiación por causa de utilidad pública de la parcela *********** ubicada en el ejido de Caleras de Ameche del municipio de Apaseo el Grande, que defiende en la presente instancia la parte quejosa. Fórmese el expediente físico y digital con el número 834/2022-4. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, los juzgadores tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que, deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias allegadas al presente, se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: La declaratoria de expropiación por causa de utilidad pública de la parcela 142 Z-1 P2/2 ubicada en el ejido de Caleras de Ameche del municipio de Apaseo el Grande, cuya propiedad ostenta la quejosa, de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve. La resolución de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, por la cual se confirmó la declaratoria de expropiación de mérito, emitida en el recurso de revocación que número SOP-03/2018, interpuesto por la parte quejosa. La publicación del decreto expropiatorio de referencia en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el trece de enero de dos mil veinte. La ejecución de dicha expropiación que se verificó (o pretendió verificar, pues la demanda carece de tal claridad) por parte de ********** y ************, abogados adscritos a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato. Ahora, del análisis de la propia demanda y las constancias de mérito, se advierten los antecedentes siguientes: El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, la autoridad señalada como responsable, gobernador del estado de Guanajuato, decretó la expropiación por causa de utilidad pública de la parcela ************ ubicada en el ejido de Caleras de Ameche del municipio de Apaseo el Grande, cuya propiedad ostenta la aquí quejosa. Inconforme, la peticionaria interpuso recurso de revocación, el cual fue registrado con el número de expediente ***********, del que conoció la citada autoridad. El veinte de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable de referencia confirmó la declaratoria de expropiación reclamada, En contra de la citada resolución, la quejosa instó un procedimiento contencioso administrativo, el cual fue registrado con el número de expediente 540/2ª Sala/2020, del índice de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, el cual fue resuelto el trece de septiembre de dos mil veintiuno, declarando infundada la pretensión de la parte accionante. Inconforme con lo anterior, la quejosa promovió amparo directo, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, registrado con el número 490/2021, en el cual reclamó, entre otros actos, la resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno en la que la citada sala declaró infundada su pretensión. El catorce de julio de dos mil veintidós, el mencionado órgano colegiado concedió el amparo a la promovente, para el efecto de que la sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva en la que deberá subsanar los vicios formales indicados. En tal virtud, se advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, en específico, la causal prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dicha disposición normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En ese sentido, para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se deben cumplir los siguientes requisitos: a. Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b. Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c. Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. En la especie, el acto combatido consiste en la declaratoria de expropiación por causa de utilidad pública de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, respecto de la parcela *********** ubicada en el ejido de Caleras de Ameche del municipio de Apaseo el Grande, cuya propiedad ostenta la quejosa, así como sus consecuencias jurídicas. En ese sentido, de autos se desprende que la aquí quejosa interpuso recurso de revocación en contra de la citada determinación, el cual fue registrado con el número de expediente SOP-03/2018, en el que se confirmó la declaratoria de expropiación de referencia; por lo que instó procedimiento contencioso administrativo, el cual fue registrado con el número de expediente 540/2ª Sala/2020, del índice de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en el que se declaró infundada su pretensión; y, finalmente, promovió amparo directo el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, registrado con el número 490/2021, en el cual se le concedió el amparo para el efecto de que la sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva en la que deberá subsanar los vicios formales indicados. Lo anterior se corrobora con la copia certificada del juicio de amparo directo 490/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, las cuales obran agregadas al presente cuaderno; documental con eficacia probatoria plena acorde a lo establecido en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. En razón de lo anterior, se evidencia que existe un cambio de situación fáctica y jurídica, que hace que este órgano jurisdiccional se encuentre imposibilitado para pronunciarse sobre los actos aquí reclamados. Es así, pues la declaratoria de expropiación y sus consecuencias fue materia, tanto del recurso de revocación, como del juicio contencioso, este último culminó con una resolución definitiva la cual puso fin a la instancia; determinación que fue combatida vía amparo directo, en donde se otorgó la protección constitucional. De ahí que, en esta instancia constitucional no se puede analizar los actos reclamados sin alterar la situación fáctica y jurídica creada a partir de las resoluciones emitidas en el juicio de nulidad y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, en virtud de que, por el momento, no es posible analizar las violaciones aquí reclamadas, pues de hacerlo se atentaría en contra de las resoluciones aludidas, incluida la emitida por la superioridad; por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica y fáctica, lo que impide entrar al estudio de fondo en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica de la peticionaria de amparo; en las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. Es aplicable, al caso la tesis I.11o.C.28 K (10a.), registro digital 2018570, localizable en el libro 61, diciembre de 2018, tomo II, página 1065, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autonomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia." En las relatadas condiciones, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Ahora, el desechamiento aludido debe hacerse extensivo a los diversos actos reclamados relativos a la publicación del decreto expropiatorio, así como la ejecución de dicha expropiación, en virtud de que no se impugnaron por vicios propios, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Además, la presente resolución no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues la resolución que se emita en cumplimiento a la ejecutoria de amparo puede ser favorable a sus intereses y desaparecer las violaciones aquí reclamadas, y, en caso de no serlo, podría combatirlo por los medios legales conducentes.

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