Ma. Guadalupe Y/O María Guadalupe Rodriguez
Expediente 611/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Y/O María Guadalupe Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado sobreseyó en el juicio de amparo, no fue recurrida en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; de igual forma, con apego a lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a) del propio acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, ambos supuestos una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación, así como de ese proveído que ordena el archivo del presente asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Finalmente, acorde con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo del multicitado acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento original que exhibió con su demanda; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se destruirá junto con el expediente. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y acudir en un horario de trece a dieciocho horas. Medidas que se adoptan de forma temporal, ante las restricciones generadas con motivo de la contingencia de salud, derivadas del virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido como COVID-19.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponde el escrito signado por la quejosa ***, por medio del cual realiza manifestaciones a manera de alegatos respecto de la vista otorgada en auto de veintidós de enero del presente año, relativa a las diversas documentales remitidas por la responsable respecto del tratamiento y cirugía que le fueron realizadas a la aludida accionante de la tutela federal; toda vez que en dieciocho de febrero del año en curso, se dictó sentencia en el presente asunto.
- Principal
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las trece horas con veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, día y hora programados para la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 611/2020, se encuentra presente el maestro en derechos ***** juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa con la licenciada *****, secretaria que autoriza y da fe, la declara abierta de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin comparecencia de las partes, ni persona alguna que las represente legalmente, y procede a celebrarla. Además, se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias. La secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, destacando las siguientes: 1. Escrito inicial de demanda de amparo presentada por ***** también conocida como ******; 2. Auto de diez de noviembre de dos mil veinte, por el que se admitió la demanda promovida y se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley; 3. Acuerdos de veinticinco, veintiséis de noviembre y cuatro de diciembre, todas las datas de dos mil veinte, donde se tuvieron por recibidos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Secretaría de Salud con sede en la ciudad de México, por conducto de la Subdirectora de Área, adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud; el director del Hospital General de Zona Número 4 en Celaya, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien señala que es su denominación correcta a la señalada por la quejosa como "Instituto Mexicano del Seguro Social y Hospital General de Zona Número 4 de Celaya, Guanajuato" y la directora de la Unidad de Medicina Familiar número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Celaya, Guanajuato. A lo que el juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que se indica para los efectos legales conducentes y por rendidos los informes de las autoridades responsables. Periodo probatorio. Enseguida se abre el período probatorio, en el que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y las remitidas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, así como las remitidas con los oficios registrados con números 8075 y 77. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en la que se da cuenta, con las manifestaciones vertidas por las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado. A lo que se determina: Se tienen por reproducidas las manifestaciones que vierten las autoridades responsables a manera de alegatos en su respectivo informe justificado, y se tiene a las restantes partes por omisas en formularlos; con lo que se cierra esta etapa, se da por concluida la audiencia, y se dicta la siguiente resolución. SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 611/2020-II; y R E S U L T A N D O Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 611/2020-II, promovido por ****, también conocida como ****, en contra de actos del Hospital General de Celaya; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito depositado en el buzón judicial el nueve de noviembre de dos mil veinte, recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, y turnado a este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, el diez de noviembre de dos mil veinte, promovido por ****, también conocida ***, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la Secretaría de Salud, con sede en Ciudad de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona Número 4, Unidad Médica Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De todas las autoridades antes mencionadas, les reclamo la violación flagrante al artículo 4º de la Constitución General de la República; ante su omisión de otorgarme el derecho a la salud que tengo, así como, el derecho a la protección de mi vida; ante la negativa de proporcionarme la atención médica efectiva, medicamentos y en general todos los servicios necesarios para la protección de mi salud y de mi vida; en virtud de que presento un cuadro clínico de CARCINOMA (ADENOCARCINOMA ENDOMETROIDE BIEN DIFERENCIADO)." Por estimar dichos actos violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 4º constitucional. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 611/2020; otorgó la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, el cual se recabó; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es la negativa a proporcionar servicio médico a la quejosa, por parte de las autoridades con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, lugar donde se ejecutó el acto reclamado y en el cual este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, intitulada: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se tienen como actos reclamados los siguientes: La negativa a la atención médica efectiva de la quejosa, así como a proporcionarle medicamentos y en general todos los servicios necesarios relativos al padecimiento de carcinomia (adenocarcinoma endometroide bien diferenciado). Actos que atribuye al: 1. Secretaría de Salud, con sede en Ciudad de México. 2. Instituto Mexicano del Seguro Social, en Celaya, Guanajuato. 3. Hospital General de Zona Número 4, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Celaya, Guanajuato. 4. Unidad Médica Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Celaya, Guanajuato. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. La autoridad señalada como responsable Secretaría de Salud con sede en la ciudad de México, por conducto de la Subdirectora de Área, adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario, para desvirtuar dichas negativas. Aunado a que, de los antecedentes de los actos reclamados, se desprende que la quejosa señaló que fueron las autoridades del Instituto Mexicano de Seguro Social, residentes en esta ciudad, quienes le negaron el servicio médico. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto, por lo que respecta a los actos atribuidos a la autoridad responsable antes indicada. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El director del Hospital General de Zona Número 4 en Celaya, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien manifiesta que es su denominación correcta a la señalada por la quejosa como "Instituto Mexicano del Seguro Social y Hospital General de Zona Número 4 en Celaya, Guanajuato" (fojas 115 a 138), y la directora de la Unidad de Medicina Familiar número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Celaya, Guanajuato (fojas 34 a 34 a 107), al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos que se les atribuyen; sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse. Es así, pues las autoridades al momento de negar los actos que se les atribuyen manifestaron, en esencia, que han realizado acciones para evitar afectaciones irreparables a la salud de la quejosa y que se le ha garantizado el acceso a la salud. Tales argumentos únicamente constituyen alegatos por parte de las responsables, en los cuales pretenden sostener la constitucionalidad de su actuar; por tanto, en dicha manifestación se encuentra implícita la aceptación de la existencia de los actos que se les atribuyen. Consecuentemente, son ciertos los actos reclamados a dichas autoridades. Aunado a que las negativas informadas por las responsables quedan desvirtuadas dado que con posterioridad a la presentación de la demanda brindaron atención médica a la quejosa, respecto de los padecimientos que se queja; de ahí que, se tengan por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitieron al rendir su informe, consistentes en copias certificadas del expediente clínico de la quejosa, documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Circunstancias por las cuales, este órgano jurisdiccional no puede sobreseer en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, como lo pretende la directora de la Unidad Médica Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Celaya, Guanajuato, toda vez que se desvirtuó la negativa manifestada en su respectivo informe con justificación; por tanto, se desestima dicha causal de sobreseimiento. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, conforme a la narración señalada por la quejosa en su demanda, siendo los siguientes: 1. En el mes de enero de dos mil veinte, acudió a las instalaciones del Hospital General de Zona Número 4 en Celaya, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el departamento de Anatomía Patológica, a efecto de obtener un resultado de patología quirúrgica que se había practicado antes a la quejosa, de cuyo documento que le fue entregado, se desprende lo siguiente: "DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Fragmentos de tejido irregulares, miden 2X2X0.08 centímetros, café claros, con zonas café obscuras de aspecto hemorrágicos blandos. Fragmentos en tres capsulas. DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO: Biopsia de endometrio: - Hiperplasia endometrial adenomatosa (compleja atípica) extensa. - Cambios focales por hormonoterapia. [.]". Sin que se le explicara lo anterior. 2. Ante tal circunstancia, el tres de noviembre de dos mil veinte, acudió nuevamente ante tales instalaciones, a efecto de que se le practicaran diversos estudios de biometría hepática, coagulación química clínica y uroanálisis. Donde fue informada que había la imposibilidad general de que se le diera la atención médica, cirugías y medicamentos concernientes a su problema de salud, por lo ante tal negativa, el seis de noviembre siguiente, acudió a la Unidad Especializada en Patología, del Hospital San José de esta ciudad, donde la doctora ***, le diagnosticó la existencia de cáncer conocido como adenocarcinoma endometroide bien diferenciado, recomendando se sometiera a diversos estudios y tratamientos, por ser una enfermedad de peligro. 3. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, se negó a proporcionarle la atención a dicho padecimiento. 4. Por su parte, el director del Hospital General de Zona Número 4 en Celaya, Guanajuato, señala que conforme a las constancias que integran el expediente clínico de la quejosa, se obtiene que fue valorada por primera vez en ese hospital el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, con antecedentes de diabetes e hipertensión, donde se le diagnosticó Neoplasia Intraepitelial cervical grado 1 (NIC1); que de las diversas revisiones médicas a la quejosa en ese año de dos mil dieciocho se le dio tratamiento; que no se tiene registro de que la quejosa acudió en noviembre de dos mil veinte al hospital que representa, pero que en cumplimiento a la suspensión decretada a su favor y de acuerdo a la valoración practicada por el doctor ****, se determinó que es candidata a histerectomía por diagnóstico de hiperplasia de glándula del endometrio, por lo que se le solicitó estudios de laboratorio, así como interconsulta al servicio de medicina interna para otorgar riesgo quirúrgico con electrocardiograma. 5. Que el once de diciembre de dos mil veinte, se programó un procedimiento quirúrgico de rutina de endometrio para el treinta y uno de diciembre de igual año. 6. Que el treinta de diciembre de dos mil veinte, se intervino quirúrgicamente a la quejosa por su padecimiento tumor maligno en el endometrio y dada de alta el cuatro de enero de dos mil veintiuno. SEXTO. Causales de improcedencia. En ese contexto, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que invoca la autoridad responsable prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/992, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, el acto reclamado consiste en: ? La negativa de atención médica efectiva, medicamentos y en general todos los servicios necesarios relativos al padecimiento de carcinomia (adenocarcinoma endometroide bien diferenciado) Al respecto, debe señalarse que en la especie, dicha negativa ha quedado superada, pues la autoridad responsable brindó la atención médica requerida por la parte quejosa. En efecto, de las constancias que allegó el director del Hospital General de Zona 4 en Celaya, Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado (fojas 117 a 138), se destaca en lo que interesa, que: ? El doce de noviembre de dos mil veinte la quejosa fue valorada por el doctor *****, quien, con base en la historia clínica, exploración física y resultado de estudio histopatológico proporcionado por la quejosa, determinó que es candidata a histerectomía por diagnóstico de hiperplasia de glándula del endometrio, por lo que se le solicitó estudios de laboratorio, así como interconsulta al servicio de medicina interna para otorgar riesgo quirúrgico con electrocardiograma. ? El trece de noviembre de dos mil veinte, se realizaron los estudios de laboratorio (electrocardiograma) a la quejosa, y en esa data fue valorada por clínica de displasias, quien realiza papanicolaou para complemento de estudio preoperatorio, así como toma de muestras de cérvix; así como por medicina interna, donde se determina que presenta descontrol en su padecimiento de diabetes mellitus. ? El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, acude con reporte de medicina privada con adenocarcinoma de endometrio, siendo valorada por el servicio de ginecobstetricia, quien complementa con protocolo de estudio preoperatorio solicitando valoración por el servicio de oncología quirúrgica, estudios de laboratorio con pruebas de función hepática (PFH), y marcadores tumorales, así como tomografía abdominopélvica, los cuales se practicaron el dieciocho de noviembre siguiente. Asimismo, de las diversas constancias allegadas con sus oficios registrados con números 8075 y 77 se desprende que el once de diciembre de dos mil veinte, se expidió nota médica del servicio de oncología quirúrgica a nombre de la quejosa, así como orden de internamiento, donde se indica que se opera el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; consentimiento informado, firmado por la quejosa, solicitud de servicio de transfusión y carta de consentimiento informado para la transfusión. De igual forma, se advierte que el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la quejosa fue intervenida quirúrgicamente por el padecimiento de tumor maligno del endometrio y dada de alta el cuatro de enero del año dos mil veintiuno. Documentales a las que se otorga eficacia probatoria plena en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con las que se acredita que sí se atendió a la quejosa sobre el padecimiento que presenta. Lo anterior, pone de relieve en este momento, que la negativa de atención médica reclamada por la quejosa, cesó en sus efectos, al ya haber sido atendida por médicos adscritos a las autoridades responsables, los cuales le proporcionan los tratamientos que consideran adecuados para sus padecimientos, incluso la intervención quirúrgica con motivo del tumor maligno en el endometrio, por lo que resulta inconcuso que han cesado los efectos de la negativa reclamada y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Cobra aplicación la jurisprudencia 17473, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 5094, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por promovido por ******, también conocida como ******, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero y último de este fallo. Notifíquese; efectúense las anotaciones de rigor en el libro y sistema correspondientes.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que por acuerdo de veintidós de enero del presente año, se ordenó dar vista a las partes para que se impongan del contenido de las constancias remitidas por el director médico del Hospital General Zona número 4, en Celaya, Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual se publicó mediante lista de veinticinco de enero siguiente, lo que evidencia que aún no trascurre el plazo de ocho días que la ley les otorga para tal efecto. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional programada en esta fecha, y se fijan para su celebración las trece horas con veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis V.2o.P.A.4 K, legible en la página 1620, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, libro 4, marzo de 2014, décima época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE."
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