Ma. Guadalupe Zapata Mendoza
Expediente 640/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/09/2019
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Zapata Mendoza
- Ma. Guadalupe Zapata Mendoza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en contra del proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 48 a 51), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente juicio de amparo; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. En consecuencia de lo anterior, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otro lado, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los informes justificados rendidos por el Presidente por sí y por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; asimismo, con fundamento en el dispositivo 119 de la ley de la materia, dada su propia y especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales allegadas por la citada autoridad; sin embargo, resulta innecesario poner lo anterior a la vista de las partes por las consideraciones que enseguida se expondrán. De conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del asunto; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por las quejosas Ma. Guadalupe Zapata, Mendoza, Claudia Nereyda Rivera Orta, Irma Patricia Martínez Villanueva y Diana Patricia Velázquez López, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la actual Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por las agraviadas Ma. Guadalupe Zapata, Mendoza, Claudia Nereyda Rivera Orta, Irma Patricia Martínez Villanueva y Diana Patricia Velázquez López, se hace consistir en la omisión por parte del Presidente y de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en resolver el incidente de falta de personalidad planteado dentro del expediente administrativo laboral 00458/E06/2018, promovido por los demandados aquí terceros interesados Jovita Sala Torres y Dulce Karina Plata García, por conducto de su apoderado Ramiro Castillo Guerrero, en contra de las actoras aquí agraviadas. Ahora bien, de las copias certificadas anexadas a los informes de cuenta, se advierte que la Junta responsable emitió la resolución respecto al incidente de falta de personalidad planteado por los demandados aquí terceros interesados Jovita Sala Torres y Dulce Karina Plata García, por conducto de su apoderado Ramiro Castillo Guerrero, dentro del expediente administrativo laboral 00458/E06/2018, esto es, el nueve de agosto de dos mil diecinueve. Documentales a las que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo anterior, se puede apreciar que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de resolver el incidente de falta de personalidad planteado por los demandados aquí terceros interesados Jovita Sala Torres y Dulce Karina Plata García, por conducto de su apoderado Ramiro Castillo Guerrero, ha quedado sin efectos, puesto que la responsable emitió la resolución correspondiente el nueve de agosto de este año, en el que en el primer resolutivo declaró improcedente el mencionado incidente y, en el segundo, se ordenó la continuación con el procedimiento y sus demás trámites legales. No es óbice para la improcedencia apuntada en esta contienda, que en las constancias enviadas por la responsable no obre la notificación personal de las partes actora y demandada, aquí quejosa y tercera interesada, de la resolución recaída en el innominado de falta de personalidad, ya que el acto reclamado constituyó, en esencia, una omisión violatoria al derecho humano de administración de justicia consagrado por el artículo 17 constitucional, máxime que deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que los interesados se encuentran obligados a encontrarse pendiente de las solicitudes que planteén dentro del procedimiento que les interesa, por lo que, se reitera, han cesado los efectos del acto omisivo al emitirse la resolución respectiva. En consecuencia, se advierte con claridad que ha dejado de tener efectos el acto reclamado pues la autoridad ha resuelto el incidente de falta de personalidad, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional, actualizando la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, debe sobreseerse en esta contienda constitucional, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por la razón que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que consta en la foja 1343, del tomo XXX, octubre de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8o." No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con el derecho humano establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por todo lo anterior, se deja sin efectos el desahogo de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinticinco minutos del veintidós de agosto de dos mil diecinueve.. Notifíquese personalmente a las partes que integran el presente asunto. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VI...De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa Ma. Guadalupe Zapata Mendoza, Claudia Nereyda Rivera Orta, Irma Patricia Martínez Villanueva y Diana Patricia Velázquez López, el proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal....
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis, todos del mes y año en curso (foja 21), se advierte, en esencia, la imposibilidad de poder realizar de manera personal el emplazamiento a la presente contienda constitucional de las terceras interesadas Jovita Sala Torres y Dulce Karina Plata García, por conducto de su apoderado Ramiro Castillo Guerrero, por los motivos que se exponen en la misma. Por tanto, se reserva a hacer el llamamiento respectivo de las terceras interesadas citadas con antelación, hasta en tanto se tenga noticia de un diverso lugar en el que puedan ser emplazadas, lo cual podrá desprenderse de los informes justificados o, en su caso, de las constancias que los acompañen. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
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