Ma. Guillermina Ledesma Morales

Expediente 649/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
649/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2021

Partes del expediente

  • Ma. Guillermina Ledesma Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Asimismo, del estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida el siete de diciembre de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo 649/2020-IX, promovido por Ma. Guillermina Ledesma Morales; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de diciembre de dos mil veinte. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 649/2020-IV, promovido por Ma. Guillermina Ledesma Morales, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Ciudad Victoria, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado el catorce siguiente, a este órgano jurisdiccional, Ma. Guillermina Ledesma Morales promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto y autoridades que a continuación se indican: Autoridades responsables: a) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. b) Secretaria General de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "4.1.-La omisión de la radicación de la demanda planteada por mí, en contra de OLSON INTERNACIONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, recibida en la oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable, con fecha 05 DE AGOSTO DEL 2020, y en la cual se demanda la REINSTALACIÓN en mis labores a consecuencia del despido injustificado del que fui objeto, además del pago de diversas prestaciones inherentes a dicho despido, sin que hasta la fecha se haya radicado la demanda en términos de lo que dispone el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio hasta su conclusión, en términos de lo dispuesto por dicho ordenamiento legal. 4.2.- La substanciación del procedimiento laboral en la forma y términos previsto por la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 883, 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, hasta concluir con el laudo que ponga fin al juicio." (sic) Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló los derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto emitido el dieciséis de octubre de dos mil veinte, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 649/2020-IV, se admitió a trámite la misma; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Es de destacarse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad y de su Secretaria adscrita, de radicar la demanda que presentó el cinco de agosto de dos mil veinte. No escapa para este Juzgado de Distrito que la parte quejosa señala también como acto destacado: ".la substanciación del procedimiento laboral en la forma y términos previstos por la ley Federal del Trabajo, en los artículos 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 883, 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, hasta concluir con el laudo que ponga fin al juicio." Por lo que solicita se le conceda el amparo de forma extensiva para todas las actuaciones subsecuentes, pretensión que sustenta en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 45/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, negó el acto que le fue reprochado en esta contienda. La parte agraviada no desvirtuó la negativa a que se ha hecho referencia; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías por lo que a dichas autoridades se refiere. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." La anterior negativa, además, encuentra sustento en las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, relativas a copia certificada de diversas constancias que integran el expediente administrativo laboral 512/E06/2020, pues de ellas se advierte que, la demanda cuya falta de acuerdo aqueja a la agraviada, se radicó el seis de agosto de dos mil veinte bajo el expediente laboral antes mencionado, lo cual era la causa de pedir en esta contienda constitucional. Entonces, si la demanda de amparo se presentó el trece de octubre de dos mil veinte, resulta inconcuso que, con antelación ya se había radicado aquella que dio origen a la controversia laboral ante la responsable, e incluso, según contenido del acuerdo respectivo, ese auto fue notificado por lista; de ahí que, como se adelantó, el acto reclamado resulta inexistente para efectos de este juicio. De igual manera, por lo que hace a la autoridad responsable denominada: Secretaria General de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; con el fundamento legal apuntado en párrafos precedentes, también debe sobreseerse en el juicio por lo que a dicha responsable refiere, pues fue declarada como inexistente en la audiencia constitucional que antecede, lo cual tiene como consecuencia que el acto que se le reprocha, igualmente sea inexistente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Ma. Guillermina Ledesma Morales. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y el anexo que adjuntó al mismo; en tal razón, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional respectiva. En relación a las constancias que se adjuntaron al informe de cuenta, téngase a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del comunicado de referencia se advierte que la responsable denominada por la parte quejosa como Secretaria General de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, no existe, en esta ciudad; en consecuencia, dése vista a la quejosa por el término de tres días legalmente computado, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer ninguna alusión en dicho lapso, se tendrá por inexistente a dicha autoridad, suspendiéndose desde este momento toda comunicación con la misma. Atento a lo anterior, y toda vez que en esta fecha se pone a la vista el informe justificado de cuenta, se considera necesario diferir la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta y tres minutos del siete de diciembre de dos mil veinte, para su verificativo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por Ma. Guillermina Ledesma Morales contra actos de contra actos de la Secretaria General de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este Tribunal Federal bajo el 649/2020-IV y con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo en vigor, se admite la misma. Por otra parte, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia en vigor, dése la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, sin que sea necesaria la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. En términos del artículo 117 de la ley de la materia, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables quienes deberán rendirlos dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras cada una, a una multa de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Se requiere a las partes para que informen oportunamente a este Tribunal Federal si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con cuarenta minutos del once de noviembre de dos mil veinte. En otro contexto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba documental que la promovente ofrece con su libelo de cuenta, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Por otra parte, de la demanda que se recibe se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable, entre otra, a la siguiente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Sin embargo, de un análisis exhaustivo realizado a la constancia que anexó la parte agraviada a su escrito de demanda, se advierte que la autoridad responsable que tiene injerencia en el acto reclamado que se viene a combatir en esta contienda constitucional, es la siguiente: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con asentamiento en esta ciudad. De ahí que, será a esta última a la que se llamará a este juicio, ello es así con el único propósito de no obstruir los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo por parte del promovente. Tiene aplicación al caso, la tesis XXVII.3. 17 K (10ª), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AÚN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTA QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Por otro lado, se tiene como domicilio de la agraviada para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la ley en cita, a los profesionistas que refiere en su ocurso, por tratarse de la parte trabajadora en materia laboral. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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