Ma. Guadalupe Puentes Verdines

Expediente 941/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
941/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Puentes Verdines

Actuaciones

  1. Principal

    IX... dicho fallo ha causado ejecutoria... se ordena su archivo...

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 941/2021-IX, promovido por la parte quejosa Ma. Guadalupe Puentes Verdines, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado ese mismo día a este Juzgado Federal, Ma. Guadalupe Puentes Verdines promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: Autoridades responsables: a) Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. b) Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Acto reclamado: "4.1.- De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2.- De la autoridad señala en el numeral 3, 1. se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada CONTROLES LATINOAMERICANOS, S. DE R. L. DE C.V, y las notificaciones personales que se deba realizar durante todo el procedimiento." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8, 14, 16, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Mediante auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 941/2021-IX; se admitió a trámite la misma; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 537/E06/2020; y, La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada CONTROLES LATINOAMERICANOS, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. La omisión de la actuaria adscrita a la citada junta de llevar a cabo el emplazamiento a la demandada. No escapa para este Juzgado de Distrito que la quejosa señala también como acto destacado: ".la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal." ".las notificaciones personales que se deba realizar durante todo el procedimiento." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO QUE SE IDENTIFICÓ CON EL INCISO C). La autoridad que la parte quejosa denominó como Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificado para ello desde el seis de septiembre de dos mil veintiuno, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 7). Sin embargo, no resulta dable presumir la existencia del acto reclamado en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se advierte de las constancias de autos, al momento en que se presentó la demanda de garantías, que lo fue el uno de septiembre de dos mil veintiuno, la Junta a la que se encuentra adscrita la Actuaria responsable, aún no admitía la demanda laboral que le fue presentada por la aquí quejosa, ello en virtud de que había planteado excusa para conocer de la misma; por tanto, a la fecha en que se presentó el escrito que dio origen a este asunto no existía emplazamiento que realizar por parte de la Actuaria señalada como responsable. En consecuencia, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías respecto al acto materia de análisis. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS IDENTIFICADOS CON LOS INCISOS A) Y B). Son ciertos los actos que se le reprochan a la presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado manifestó no había atendido la petición de la quejosa; sin embargo, el seis de noviembre de dos mil veinte, se resolvió la excusa planteada dentro del expediente administrativo laboral 537/E06/2020; en la inteligencia que la autoridad responsable sustentó su dicho con las copias certificadas que adjuntó a su informativa de mérito. QUINTO. ANALISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la legislación de la materia. Así las cosas, no habrá de analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, ni el concepto de violación que expresa la parte quejosa, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público, y que debe realizarse de manera oficiosa en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, quien ahora resuelve estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer lo conducente en relación al señalamiento de la fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 537/E06/2020, y ordenar el emplazamiento de la parte demandada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la legislación de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. .." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación) y, b) Cuando se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Lo anterior tiene sustento en la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 165870, en el Portal de Internet del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Importa señalar que en el primero de los supuestos en cita, los efectos del acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Dicho en otros términos, de acuerdo con el supuesto en análisis, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del justiciable al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma de esa actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra vigencia al caso en particular, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, con registro 196820, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir, en esencia, en la omisión de proveer lo conducente en relación a señalar hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 537/E06/2020, y ordenar el emplazamiento de la parte demandada. Sin embargo, de las copias certificadas anexadas al informe justificado rendido por la presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que dentro del expediente administrativo laboral 537/E06/2020, el día cuatro de octubre de dos mil veintiuno, señalaron las catorce horas del treinta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, ordenó el emplazamiento de la parte demandada, cuya omisión se dolía la parte quejosa. Documentales a las que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Con base en lo anterior, se puede apreciar que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de proveer lo proveer lo conducente en relación a señalar hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 537/E06/2020, y ordenar el emplazamiento de la parte demandada, ha quedado sin efectos, puesto que el día cuatro de octubre del año en curso, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, acordó lo correspondiente, lo que se justifica con los medios de convicción allegados juntamente con su informe justiciado (fojas 10 y 11). En consecuencia, se advierte con claridad que ha dejado de tener efectos el acto reclamado, pues la autoridad ha emitido el acuerdo correspondiente al señalar hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 537/E06/2020, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional, actualizando la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, debe sobreseerse en esta contienda constitucional, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Ma. Guadalupe Puentes Verdines. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Téngase al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, téngase a la autoridad en cita cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral antes citado, en relación a las documentales que adjuntó a su informe de cuenta. Ahora bien, de lo anterior se advierte que en esta propia fecha se está ordenando poner a la vista el informe justificado de la autoridad responsable de cuenta, por lo que es evidente que no fue rendido con la anticipación de ocho días al de la celebración de la audiencia constitucional, que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, y se considera que las partes no tuvieron el tiempo suficiente para imponerse del contenido del mismo y hacer valer lo que a sus intereses convenga; en consecuencia, a fin de no causar un estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional que se encuentra señalada para el día de hoy y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las once horas con treinta minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno, debiéndose notificar a las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe previo rendido por el Encargado del Despacho de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable de San Carlos, Tamaulipas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe. Juan Pablo.

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