Ma. Guadalupe López González

Expediente 1260/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1260/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe López González

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1260/2023, promovido por Ma. Guadalupe López González, a través de su apoderada jurídica por alegada violación de los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: La omisión de despachar ejecución de laudo en el expediente laboral ********************SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclama un acto omisivo cuya demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. La autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, manifestando que el veinte de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó despachar ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, requiriendo a la parte condenada el pago de la cantidad de $683,956.91 seiscientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 91/100 moneda nacional, bajo el apercibimiento que no hacerlo en el plazo de tres días se aplicaría el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, anexando copia certificada de las principales constancias del juicio laboral ********************, a las que se les concede valor probatorio en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de abordar el estudio del fondo del negocio, debe analizarse la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta de orden público. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Para sostener lo anterior, en principio debe decirse que para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelva al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. En el presente, la parte quejosa reclama la omisión por parte del Tribunal responsable de despachar ejecución de laudo en el expediente laboral ********************Como quedó precisado en el considerando que precede, el veinte de octubre de la presente anualidad, la responsable emitió auto donde ordena despachar ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ********************, requiriendo a la parte condenada el pago de la cantidad de $683,956.91 seiscientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 91/100 moneda nacional, bajo el apercibimiento que no hacerlo en el plazo de tres días se aplicaría el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. En ese contexto, este órgano de control constitucional advierte que a la fecha en que se resuelve este juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad responsable ha cesado sus efectos dado que, posterior a la fecha en que se presentó la demanda, que lo fue el veintisiete de septiembre del año en curso, en el proceso laboral se dictó el proveído en el que se ordena despachar ejecución, lo que constituye el acto reclamado en el presente. Como sustento a lo anterior tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí impugnado, en virtud de que ya no continúa surtiendo sus efectos, ni los surtirá; y, además, porque no se dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En virtud de lo anterior, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sin que sea el caso hacer manifestación alguna en cuanto a lo que concierne al pedimento presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, dado que no forma parte de la litis. Apoya la consideración anterior, la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA AL JUZGADOR CONSTITUCIONAL.- Al dictar sentencia, el juez de Distrito no está obligado a resolver en el sentido del pedimento del Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, cuenta habida de que ese documento tan sólo contiene la opinión de una de las partes del juicio y, por lo tanto, no obliga al juzgador constitucional a fallar necesariamente en tal sentido". Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por********************Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Responsables informan. Agréguese sin mayor acuerdo, el oficio y anexo signados por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que del estado que guardan los autos se desprende que en proveído de treinta de octubre del presente año, se tuvo por recibida la información que proporciona y se acordó lo relativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se fija fecha para audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba programada para las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte que con motivo del paro nacional de labores convocado en toda la República Mexicana en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con la Circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó declarar inhábiles los días comprendidos del dieciséis al veinticuatro de octubre de la presente anualidad, con motivo del citado paro nacional y como consecuencia, suspender labores, términos y plazos durante el citado periodo. Así como que, en la diversa Circular 29/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno dicho Consejo, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, estableció que corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales preservar el principio de continuidad de la función; pero que, dadas las condiciones que prevalecen en algunas instalaciones de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, podrán declarar inhábiles los días que, a su consideración, deban suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la Federación. Además, dado que fueron declarados inhábiles del veinticinco al veintisiete de octubre del año actual, no fue posible la preparación de la prueba testimonial admitida en autos, de modo que, a efecto de que el presente expediente quede debidamente integrado, se señalan las ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. 1. Autoridad informa. Agréguese el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído diez de octubre del presente año, informa lo siguiente: -Que recibió el correo electrónico signado por el Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, del cual se advierte que en respuesta a la solicitud a dicha coordinación, particularmente del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán, para que informara el resultado de la licitación de los documentos que acrediten las acciones tendentes a la adquisición de la clave ********************; al cual le dio respuesta en el siguiente término: ".no hubo proveeduría que cotizara la clave ********************, en el evento ********************, mismo que se llevó a cabo el diez de octubre del año en curso". -Sigue manifestando que no hay proveedores que oferten la citada clave. -Mencionó que, a través del correo electrónico de nueve de octubre de este año enviado al fabricante del medicamento ya mencionado "********************" para que informara si tenía en existencia o algún distribuidor en este país, a lo que se respondió que no cuentan con disponibilidad. 2. Se requiere. No obstante lo referido en la respuesta dada por el departamento de abastecimiento, se requiere a las autoridades responsables para que realicen todas las gestiones a su alcance para que den cabal cumplimiento a la ejecutoria, lo que se traduce en la adquisición de la clave ********************. Por lo que, en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS computado legalmente, deberán remitir las constancias completas, legibles y certificadas que acrediten que continúan realizando las gestiones necesarias para la adquisición de la clave antes mencionada. Además, se reitera que de no tomar las medidas necesarias para otorgar el tratamiento pertinente al peticionario, podría implicar una merma en su integridad física y estado de salud, circunstancia que a toda costa debe evitarse con el fin de garantizar la vida e integridad de la parte quejosa, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de molestias, ocasionando graves afectaciones a su salud, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 2.1. Apercibimiento. Apercibida dicha autoridad que, de no cumplir, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.

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