Ma. Guadalupe Cruz Solorio
Expediente 492/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Cruz Solorio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil veintitrés. 1. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 4. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Autoridad remite notificación. Agréguese a los autos las constancias que remite el asistente del despacho judicial, encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, de las que se advierte la constancia de notificación del oficio 10951/2023, dirigido al tercero interesado Damián Pinos Hernández, Agente del Ministerio Público que intervino dentro de la causa penal 357/2022, a través del que se hace de su conocimiento la interposición del recurso de revisión interpuesto dentro del juicio en que se actúa; de lo que se toma conocimiento. En merito a lo anterior, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de veintiséis de abril del año en curso, se ordenó remitir el recurso de revisión interpuesto en autos, ya que se encontraban notificadas todas las partes de este juicio, entre ellas el Agente de Ministerio Público que intervino dentro de la causa penal de origen. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.SSCH/AEOL/vmv
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Director de Gestiones de Personal y Nóminas de la Secretaría de Educación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que por misiva SEE/SA/DPyF/674/2023 la Directora de Presupuesto y Finanzas indicó la creación del Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEEPP) 120000004497 por el monto de $3,772.36 (tres mil setecientos setena y dos pesos 36/100 M.N.), a fin de cubrir las aportaciones patronales de seguridad social correspondientes al año dos mil catorce, el cual fue transferido a la oficiante el pasado cuatro de abril. 1.1. Ante ello, por misivas SE/SA/DGPyN/DCFSP/SPSP/2023/292 la Subdirectora de Pagos de Servicios Personales remitió el comprobante de pago, realizado a través del aplicativo de la institución bancaria, por el que se realizó el pago de la línea generada, por la cantidad de $2,599.27 (dos mil quinientos noventa y nueve pesos 27/100 M.N.). 1.2. Asimismo, que por oficio SE/SA/DGPN/SP/DN/2198/2023 solicitó al Subdirector de Nóminas la generación de la línea de captura únicamente del segundo bimestre del año dos mil catorce, el cual fue recibido el pasado diecisiete de abril. 1.3. De igual forma, precisa que se encuentra en espera de que la Dirección de Presupuesto y Finanzas informe el presupuesto que cuenta para estar en condiciones de pagar las cuotas y aportaciones para el reconocimiento de la antigüedad de la parte quejosa. 2. Estado de autos. Ahora, del estado que guardan los autos se advierte que por auto de siete de marzo de dos mil veintidós, se recibió la resolución dictada en el incidente de inejecución de la sentencia amparadora, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, determinando lo siguiente: ".En ese orden de ideas, aunado a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, en la etapa de ejecución, el juzgador de amparo tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ejecutoria; requerir a la autoridad responsable, al superior jerárquico y a las que legalmente tengan intervención en su ejecución, así como dictar las determinaciones que resulten necesarias para lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector. Una vez efectuadas esas gestiones sin que se acredite el cumplimiento o la realización de actos que entrañen un principio de ejecución del fallo protector, el juzgador de amparo deberá ordenar la remisión de los autos del juicio de ampro al Tribunal Colegiado de Circuito en turno. Asimismo, el auto que decreta el incumplimiento de la ejecutoria de amparo deberá hacerse del conocimiento de las autoridades respecto de las cuales se sustanció la etapa de ejecución, a efecto de que tengan conocimiento de la determinación judicial relativa al incumplimiento y a la remisión de los autos del Tribunal Colegiado de Circuito, con el fin de que dichas autoridades estén en posibilidad de justificar su contumacia, o bien acreditar el cumplimiento al fallo protector. Agotado el procedimiento sin lograr el cumplimiento del fallo protector, el juzgador de amparo está obligado a determinar la contumacia de las autoridades responsables y de los superiores jerárquicos de cada una de ellas de ser el caso; por tanto, en el auto respectivo deberá pronunciarse en torno al incumplimiento de cada una de las autoridades por las cuales tramitó la etapa de ejecución, para de ser el caso pueda proceder en términos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. En ese tenor, se infiere que el objetivo de la presente instancia es determinar si se configura desacato, es decir, si la autoridad abiertamente o con evasivas se abstiene de realizar las actuaciones necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, o bien, no realiza la obligación de dar o hacer que constituye la materia de la restitución del derecho violado.". ".Sobre la base de dichas premisas, se estima que en el caso que nos ocupa, deben devolverse los autos del ju9icio de amparo al juzgado de distrito. En efecto, de la sentencia emitida en el juicio de amparo de origen, se desprende que se concedió la protección solicitada, para que la responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad realizara todas las acciones pertinentes para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo emitido en el juicio ordinario laboral 496/2014, hasta su total conclusión de esa etapa. Asimismo, que en los puntos resolutivos de dicho laudo se resolvió condenar a la parte demanda, Secretaría de Educación en el Estado, a la ratificación de la clave presupuestal de pago número 1613A0180300.0300257 y la entrega del formato único de personal con la clave en comento, a favor de la trabajadora actora María Yunuen Salas Espino, así como al pago de su favor por la cantidad de $206,933.26 (doscientos seis mil novecientos treinta y tres pesos 26/100 m.n.) por concepto de salario devengado. Sin embargo, no obstante haberse tenido al tribunal responsable, por informando que ya se habían cubierto los salarios de la trabajadora actora, pero que seguían pendientes diversos trámites administrativos tendentes a reconocer la antigüedad de esta; en el auto por el cual se decidió aperturar el presente incidente de inejecución de sentencia por parte de la juzgadora de amparo, no se logra precisar de manera concreta y específica, a qué autoridad se le atribuye el retraso, y que actuación vinculada con los efectos de la concesión de amparo, se encuentra demorada, o la narrativa de la traba material o jurídica de la contumacia de la autoridad a la que en concreto se le atribuya la misma, con la finalidad de cumplir debidamente con el objetivo del incidente de inejecución de sentencia antes precisado; lo anterior, toda vez que de manera genérica se alude a que la materia sustancial del asunto se encuentra paralizada, debido a que las acciones para lograr su cumplimiento dependen de las autoridades de la Secretará de Educación en el Estado que no han realizado de manera cabal las gestiones contundentes para ejecutar el laudo. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se ordena tramitar el incidente de inejecución de sentencia, ello obedece a una concreta y definida contumacia de la autoridad responsable que determine el juzgador de amparo resulte necesaria para acatar el fallo protector, remitiéndose los autos al tribunal colegiado para que dictamine la remisión o no del incidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, si de las constancias que obran dentro del juicio de amparo indirecto de donde emana el incidente de inejecución de sentencia, aún no se desprende la determinación por parte del juzgador de amparo, tanto del retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de una autoridad responsable en específico, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo jurídicamente imperante es que, al estar pendientes determinaciones sobre la totalidad de las gestiones realizadas por la responsable y autoridad vinculada al cumplimiento, así como respecto a la posible vinculación de diversas autoridades, y el conducente requerimiento a las mismas para que estas acrediten haber realizado actos que entrañen el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se deben devolver los autos a la jueza de distrito para que valore y determine tales gestiones, así como la posibilidad de vincular a cumplimiento a las autoridades dependientes de la parte demandada en el juicio de origen.". 3. Se amplían actos de ejecución. Por ello, de la narrativa se aprecia que se iniciaron diversas gestiones que se estimaron vinculadas a la ejecución del laudo, específicamente aquéllas relacionadas con los trámites administrativos de: 1. Reconocimiento de antigüedad. 2. Inscripción. 3. Señalamiento de manera fundada y motivada de la equivalencia de la clave presupuestal otorgada a la quejosa, respectivamente. 4. Pago de las cuotas obrero patronales ante la Institución de Seguridad Social con la que tenga celebrado el convenio; mismas que corren a cargo de la actora -aquí quejosa- y de la demandada Secretaría de Educación en el Estado, en carácter de patrón. 4. Actos realizado. Atento a ello, el Tribunal responsable informó que en proveído de diecisiete y treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, requirió a la parte quejosa para que en tres días compareciera ante el Jefe de Departamento de Normatividad de la Secretaría de Educación en el Estado, a fin de que le informaran el trámite de la aportación que habría de realizar, por la cantidad de $47,070.89 (cuarenta y siete mil setenta pesos 89/100 Moneda Nacional), quien fue notificada el treinta de marzo de ese año. Por ello, en auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa exhibió el recibo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, de BANBAJIO, por el concepto servicio gobierno SEC cuotas laudos, por la cantidad de $49,660.71 (cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/71 moneda nacional). Asimismo, en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la responsable informó que el Jefe del Departamento de Normatividad refirió que el pago de las cuotas y aportaciones respecto del sistema "SERICA" ya fueron pagadas en su totalidad; sin embargo, por lo que ve al sistema "SIRI", únicamente ha pagado los bimestres 01/2015 y 02/2005 a la parte quejosa, toda vez que el presupuesto que depositó la Dirección de Presupuesto y Finanzas no fue suficiente para ello. De igual forma, que por auto de quince de marzo de este año, el Director de Gestión de Personal y Nóminas de la Secretaría de Educación en el Estado, informó que por misiva SE/SA/DGPN/DN/1525/2023 solicitó al Subdirector de Nóminas de esa institución, generar las líneas de captura para el pago de antigüedad generada a través del "SIRI" de los periodos comprendidos del uno de abril de dos mil catorce, al treinta y uno de diciembre de ese año y del tercer bimestre del año dos mil quince, al veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, toda vez que respecto del primer y segundo bimestre del dos mil quince ya fueron pagadas a la quejosa. Por ello, en auto de veintisiete de marzo de este año, el Director de Gestión de Personal y Nóminas de la Secretaría de Educación informó que por misivas SE/SA/DGPN/SP/DN/1684/2023 y SE/SA/DGPN/SP/DN/1685/2023 enviadas por el Jefe del Departamento de Normatividad de esa institución, remitió las líneas de captura para el pago de antigüedad con fecha de vencimiento de quince de marzo de este año, y al Departamento de Control Financiero de Servicios Personales, a fin de que pague a la quejosa la cantidad que se le debe. De igual forma, adjuntó el oficio SE/SA/DGPyN/ DCFSP/SPSP/2023/0215 remitido por la Subdirectora de Pagos y Servicios Personales, por el que informó la imposibilidad que tuvo para liquidar las líneas de captura citadas, ya que no cuenta con el recurso suficiente en la cuenta bancaria que le es asignada; por ello, la oficiante giró las misivas SE/SA/163/2023 y SE/SA/169/2023 a la Secretaría de Finanzas y Administración y al Subsecretario de ese lugar, a fin de que autoricen la cantidad de $3,772.36 (tres mil setecientos setenta y dos pesos 36/100 M.N.) misma que habrá de pagarse a la parte quejosa, los cuales fueron recibidos el pasado diecisiete de marzo de este año, como se advierte de las constancias de notificación. Sin embargo, es evidente que desde que desde que se recibió el testimonio que resolvió el incidente de inejecución -el siete de marzo de dos mil veintidós- la responsable no ha culminado con los trámites tendentes a reconocer la antigüedad de la quejosa. Ello, no obstante que en el oficio de cuenta la responsable informó que la Directora de Presupuesto y Finanzas entregó $3,772.36 (tres mil setecientos setena y dos pesos 36/100 M.N.), para cubrir las aportaciones patronales de seguridad social correspondientes al año dos mil catorce, así como que la Subdirectora de Pagos de Servicios Personales remitió el comprobante de pago, realizado a través del aplicativo de la institución bancaria, por el que se realizó el pago de la línea generada, por la cantidad de $2,599.27 (dos mil quinientos noventa y nueve pesos 27/100 M.N.); y además, requirió al Subdirector de Nóminas para que generara la línea de captura únicamente del segundo bimestre del año dos mil catorce y estar en condiciones de hacer el pago respectivo; sin embargo, hasta esa data no obran constancias que acrediten la culminación del reconocimiento de antigüedad de la quejosa. 5. Nuevo requerimiento. Por ello, en términos de los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos quedaron previamente señalados. En ese sentido, se instruye a las autoridades responsables que, con el propósito de que se les tenga cumpliendo en sus términos el fallo protector deben realizar los actos concretos siguientes: a) Informe la contestación de la misiva de solicitud citada; o en su caso, su contestación, debiendo adjuntar las constancias que así lo acrediten. b) Anexe las constancias que acrediten el reconocimiento de antigüedad de la quejosa. 5.1. Asimismo, requiérase al Tribunal responsable, para en el mismo lapso contado legalmente: c) Informe los medios de apremio que haya hecho efectivos para el cumplimiento de la ejecutoria del amparo, debiendo adjuntar las constancias que así lo acrediten. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 5.2. Apercibimiento. Apercibidas que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta a cada una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
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