Ma. Guadalupe Cruz Solorio
Expediente 931/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Cruz Solorio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnado el auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que la parte quejosa no exhibió documentos originales con el escrito inicial de demanda. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que acompaña boleta de turno e informa que realizó la compensación solicitada en el presente juicio de amparo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. 1. Registro. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace llegar el original del juicio de amparo indirecto ********************, de su índice; fórmense el expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 931/2023. Acúsese recibo. 2. Avocamiento. Al surtirse el supuesto de la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 3. Precisión de los actos reclamados. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hacen consistir en: La omisión de desahogar las pruebas confesionales a cargo de la aquí quejosa -parte actora-, del gerente de la demandada ********************, la confesional a cargo de ********************, así como la prueba pericial en Caligrafía y Grafoscopía, dentro del juicio Especial Laboral ********************. 4. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, pues en la fracción V del referido precepto legal, estableció que sólo sería procedente contra aquellos de "imposible reparación", los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo que implica que contra los actos procesales, esto es, que no tienen una ejecución irreparable dado que no lesionan por sí mismos los derechos sustantivos, no es procedente el juicio de amparo, dado que sólo producen efectos de carácter intraprocesal, e inciden en las posturas jurídicas de los contendientes, a fin de obtener la satisfacción de sus pretensiones en el juicio de que se trate; de modo que, si se obtiene una sentencia favorable, las afectaciones en el procedimiento quedarán superadas por la decisión final. En ese sentido se pronuncia la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, aplicable en vía de orientación, intitulada: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso particular, el acto reclamado consiste en la omisión de desahogar las pruebas confesionales a cargo de la aquí quejosa -parte actora-, del gerente de la demandada ********************, la confesional a cargo de ********************, así como la prueba pericial en Caligrafía y Grafoscopía, dentro del juicio Especial Laboral ********************. Lo anterior permite advertir que el acto reclamado sólo constituye una afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, pues aun cuando el peticionario de amparo considere que se afectan, entre otras, su derecho fundamental de legalidad, lo cierto es que tal circunstancia no permite concluir válidamente que se afecten derechos sustantivos del promovente de amparo. De ahí que se considere que, en su caso, el acto reclamado sólo implicaría violaciones procesales reparables en la sentencia que, en su momento, llegue a dictarse en el juicio natural. Máxime, que en caso de que se presente alguna trasgresión a derechos adjetivos, y en caso de que los mismos no se vean superados con un fallo favorable, puede hacerse valer esa circunstancia al impugnar dicha sentencia final. Así se advierte del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. SU DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO". Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la omisión de desahogar las pruebas confesionales a cargo de la aquí quejosa -parte actora-, del gerente de la demandada ********************, la confesional a cargo de ********************, así como la prueba pericial en Caligrafía y Grafoscopía, dentro del juicio Especial Laboral ********************; lo cual, sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales y, para el caso de existir violación algún derecho, sólo impactaría en el resultado de la sentencia, pero no implica que por sí misma tal determinación afecte un derecho sustantivo. Es así, porque el acto reclamado solo tiene efectos intraprocesales, es decir, la consecuencia de no desahogar las probanzas aludidas, no actualiza en automático una afectación material a los derechos sustantivos del recurrente, ya que la trascendencia de aquel acto se materializará, de ser el caso, si el fallo definitivo resultare adverso a los intereses del recurrente, supuesto en el cual, podrá dolerse de la violación procesal conducente, en términos del artículo 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo directo, por violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso, entre otros supuestos, cuando se trate de casos análogos previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Por lo que, existe la posibilidad de que el quejoso pueda obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que el juicio subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, si el fallo resulta en favor de los intereses de aquél, quedarán reparadas las posibles violaciones que se cometieron a causa de lo acordado en el auto combatido. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implica violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen. Por tanto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando a ********************, quienes no gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 6. Compensación de demanda. Hágase del conocimiento de la Titular de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con copia del oficio procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, para que realice la compensación correspondiente. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. 1. Registro. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace llegar el original del juicio de amparo indirecto ********************, de su índice; fórmense el expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 931/2023. Acúsese recibo. 2. Avocamiento. Al surtirse el supuesto de la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 3. Precisión de los actos reclamados. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hacen consistir en: La omisión de desahogar las pruebas confesionales a cargo de la aquí quejosa -parte actora-, del gerente de la demandada ********************, la confesional a cargo de ********************, así como la prueba pericial en Caligrafía y Grafoscopía, dentro del juicio Especial Laboral ********************. 4. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, pues en la fracción V del referido precepto legal, estableció que sólo sería procedente contra aquellos de "imposible reparación", los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo que implica que contra los actos procesales, esto es, que no tienen una ejecución irreparable dado que no lesionan por sí mismos los derechos sustantivos, no es procedente el juicio de amparo, dado que sólo producen efectos de carácter intraprocesal, e inciden en las posturas jurídicas de los contendientes, a fin de obtener la satisfacción de sus pretensiones en el juicio de que se trate; de modo que, si se obtiene una sentencia favorable, las afectaciones en el procedimiento quedarán superadas por la decisión final. En ese sentido se pronuncia la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, aplicable en vía de orientación, intitulada: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso particular, el acto reclamado consiste en la omisión de desahogar las pruebas confesionales a cargo de la aquí quejosa -parte actora-, del gerente de la demandada ********************, la confesional a cargo de ********************, así como la prueba pericial en Caligrafía y Grafoscopía, dentro del juicio Especial Laboral ********************. Lo anterior permite advertir que el acto reclamado sólo constituye una afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, pues aun cuando el peticionario de amparo considere que se afectan, entre otras, su derecho fundamental de legalidad, lo cierto es que tal circunstancia no permite concluir válidamente que se afecten derechos sustantivos del promovente de amparo. De ahí que se considere que, en su caso, el acto reclamado sólo implicaría violaciones procesales reparables en la sentencia que, en su momento, llegue a dictarse en el juicio natural. Máxime, que en caso de que se presente alguna trasgresión a derechos adjetivos, y en caso de que los mismos no se vean superados con un fallo favorable, puede hacerse valer esa circunstancia al impugnar dicha sentencia final. Así se advierte del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. SU DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO". Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la omisión de desahogar las pruebas confesionales a cargo de la aquí quejosa -parte actora-, del gerente de la demandada ********************, la confesional a cargo de ********************, así como la prueba pericial en Caligrafía y Grafoscopía, dentro del juicio Especial Laboral ********************; lo cual, sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales y, para el caso de existir violación algún derecho, sólo impactaría en el resultado de la sentencia, pero no implica que por sí misma tal determinación afecte un derecho sustantivo. Es así, porque el acto reclamado solo tiene efectos intraprocesales, es decir, la consecuencia de no desahogar las probanzas aludidas, no actualiza en automático una afectación material a los derechos sustantivos del recurrente, ya que la trascendencia de aquel acto se materializará, de ser el caso, si el fallo definitivo resultare adverso a los intereses del recurrente, supuesto en el cual, podrá dolerse de la violación procesal conducente, en términos del artículo 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo directo, por violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso, entre otros supuestos, cuando se trate de casos análogos previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Por lo que, existe la posibilidad de que el quejoso pueda obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que el juicio subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, si el fallo resulta en favor de los intereses de aquél, quedarán reparadas las posibles violaciones que se cometieron a causa de lo acordado en el auto combatido. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implica violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen. Por tanto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando a ********************, quienes no gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 6. Compensación de demanda. Hágase del conocimiento de la Titular de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con copia del oficio procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, para que realice la compensación correspondiente. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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