Ma. Elena Trujillo Hernández

Expediente 865/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
865/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • Ma. Elena Trujillo Hernández
  • Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, quedando registrado con el número ********************.

  2. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el escrito aparentemente presentado por la quejosa ***********, toda vez que la firma difiere de la estampada en el escrito de demanda, por el que interpone recurso de queja en contra de la determinación de veinticinco de octubre del presente año, que desechó la demanda de amparo; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I de la Ley de Amparo, se ordena glosar al sumario un tanto del escrito de expresión de agravios, para que obre como legalmente corresponda. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, el escrito original de expresión de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.

  3. Principal

    A sus autos el escrito por el que la quejosa **********, cumple la prevención formulada en autos de veinticinco de septiembre y catorce de octubre de dos mil diecinueve, para lo cual manifiesta que tuvo conocimiento del acto que reclama al Gobernador y Congreso del estado de Guanajuato, el seis de septiembre del año en curso, a raíz de su primer acto de molestia, al negarle la corrección de su nombre. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Cabe precisar que previo al estudio de la causa de improcedencia que se actualiza de manera manifiesta, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del procedimiento administrativo PRA/2019/19, que se especifica como el primer acto de aplicación de las normas reclamadas, debe señalarse que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso (como ocurre en el caso), no se debe desvincular el estudio de las disposiciones impugnadas del que concierne a su acto de aplicación, ya que tal acto es precisamente el que se considera causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí sola la ley considerada en abstracto, pues la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro. De ahí que se debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues de no constituir el primer acto de aplicación o actualizarse en relación a él una causa de improcedencia, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 71/2000, del siguiente rubro: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Establecido lo anterior, tenemos que en el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia que deriva de la adminiculación de las fracciones XIII, XIV y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la que consiste en que el juicio constitucional es improcedente en caso de que el acto reclamado sea una consecuencia de otro acto precedente que se repute consentido por la parte peticionaria del amparo, por no haberlo controvertido. El artículo 61, fracciones XIII, XIV y XXIII, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De lo anterior, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se endereza en contra de actos derivados de otros consentidos; y que los supuestos para que opere la causal de que se trata, son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa de aquel. Es aplicable al caso, el criterio aislado emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél En la inteligencia de que, para establecer la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, no es obstáculo que haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si el acto reclamado es o no consecuencia del mismo, puesto que supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad y, lógico es que siempre que se plantee en un juicio de amparo, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos, ya que de lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia. Es de exacta aplicación a los razonamientos de previa exposición, el criterio aislado emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sobre el particular establece: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia Por otra parte, las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido, son precisamente, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquel. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad Ahora, se estima necesario narrar los siguientes antecedentes, que se desprenden de la demanda de amparo, escritos aclaratorios y documentos que allegaron la quejosa y sus autorizados: Mediante resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente PRA/48/2019, relativo al procedimiento administrativo de aclaración sobre acta de nacimiento a nombre de **********, para el efecto de que se tenga como correcto el nombre de la registrada como ********** (con punto) y no como ********** (sin punto), como incorrectamente se asentó en el cuerpo del acta, se declaró procedente la aclaración solicitada por la quejosa -extracto de la anotación al reverso del acta de nacimiento que obra a foja 5 de autos. Con fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, nuevamente la quejosa **********, compareció a las oficinas de la Dirección del Registro Civil del estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, para promover la rectificación administrativa del acta de nacimiento. Ante tal solicitud, recayó la resolución emitida en el procedimiento de rectificación administrativa PRA/1512/2019 de diez de julio de dos mil diecinueve (fojas 19 y 20), por parte del director de Asesoría Jurídica y Rectificaciones de la Dirección General del Registro Civil, residente en Guanajuato, capital, en los siguientes términos: II.- Dígasele a la solicitante que de acuerdo con el artículo 122 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato que señala: 'A efecto de garantizar la certeza jurídica de las resoluciones de los procedimientos administrativos del Registro Civil, derivada de lo dispuesto en los artículos 139 penúltimo párrafo y 142 último párrafo del Código Civil del Estado, el dato resuelto en un procedimiento de aclaración, no podrá tampoco modificarse posteriormente mediante el procedimiento de rectificación administrativa o judicial, tampoco podrá modificarse con posterioridad a través del procedimiento de aclaración' así pues, dado que hay un antecedente de una aclaración administrativa de acta de nacimiento dictada el 27 de febrero de 2019, en la que se aclaró el nombre de la registrada de ********** por el de ********** por lo que atendiendo a los numerales citados, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la solicitud de rectificación del nombre de la registrada, ya que este rubro ya fue trabajado y resuelto en un procedimiento administrativo anterior Ante tal negativa, la quejosa promovió por la vía sumaria en dos ocasiones consecutivas en los juzgados civiles de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, solicitudes que, refiere la peticionaria de amparo, le fueron desechadas de plano por incompetencia. Con fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la quejosa nuevamente acudió ante la Dirección General del Registro Civil en Guanajuato, Guanajuato, a solicitar la rectificación de su acta de nacimiento a nombre de ********** (con punto), procedimiento que se registró bajo el número PRA/2019/19; y en fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 6 y 7), la directora de Asesoría Jurídica y Rectificaciones de la Dirección General del Registro Civil, residente en Guanajuato, capital, resolvió: II.- Dígasele a la ocursante, que se esté al acuerdo de fecha 10 de julio del año en curso, dentro del PRA/1512/19 promovido por la solicitante, en el cual se desechó anteriormente su petición, ya que se estableció (transcribe en lo conducente el contenido de la determinación de diez de julio de dos mil diecinueve); lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. De lo anterior se observa que la promovente del amparo combate le determinación por la que la responsable la remite al diverso acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, por el que le fue negada la solicitud de su rectificación de acta que peticionada, en el cual se le aplicaron los artículos que tilda de inconstitucionales, sin que se hubiere inconformado en contra de tal proveído de diez de julio del referido año. De lo anterior se obtiene, que la determinación reclamada en este juicio de amparo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, es una consecuencia directa del diverso proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, el cual no se impugnó en su momento por la peticionaria de amparo. Por tanto, si la autoridad responsable en la resolución reclamada, remite a la quejosa a un acuerdo anterior por el que le fue negada su petición, debe estimarse que el proveído que aquí reclama no es sino una consecuencia del anterior, que por no haber sido impugnado en su momento, debe estimarse consentido el aquí reclamado, al ser una consecuencia directa y necesaria de la firmeza del acuerdo que negó la solicitud de la quejosa de rectificación de acta de nacimiento de diez de julio de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada con el número 17, que señala: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Así como, por las razones que informa, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 229, volumen 97-102, cuarta parta, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación que dispone: QUEJA. ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Si mediante el recurso de queja el promovente combate un proveído a través del cual la autoridad responsable lo remite al diverso acuerdo anterior por el que le fue negada la suspensión de los actos que reclamó en el juicio de amparo, debe estimarse que el proveído citado que se reclama no es sino una consecuencia del anterior, que por no haber sido impugnado, debe estimarse consentido. Finalmente, la tesis III.1.A.11K, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que textualmente establece: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: 'El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.' Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Entonces, debe entenderse que la parte quejosa realizó conductas que constituyen el consentimiento del acto primigenio y, por ende, el que aquí reclama no es otra cosa que su consecuencia directa; de ahí que se esté ante un acto derivado de otro consentido. Por tanto, al actualizarse de forma notoria e indudable la causal de improcedencia descrita, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. En atención a que se desechó de plano la demanda de amparo con relación a la resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve, la cual se señaló como el acto de aplicación de los artículos 139, penúltimo párrafo y 142 del Código Civil para el Estado de Guanajuato; así como el 112 del Reglamento del Registro Civil para el estado de Guanajuato impugnados; asimismo se debe desecharse con relación a la inconstitucionalidad planteada con respecto a los citados preceptos. Lo anterior tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. A mayor abundamiento, debe decirse que no está demostrado el agravio personal y directo que ha sufrido la quejosa respecto al contenido de las normas generales que impugnó, pues no demostró el acto concreto que individualice su contenido perjudicándola, como lo aduce. Ello es así, pues de la revisión puntual y exhaustiva a la determinación de seis de septiembre de dos mil diecinueve que reclama como el primer acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, se advierte que no revela la individualización de los efectos de las normas reclamadas en perjuicio de la quejosa; pues solo remite a un diverso acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, que se transcribió. Lo que acredita otra causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito firmado por **********, autorizado de la quejosa, al cual anexa copia de su cédula profesional así como del registro electrónico de dicha patente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; en atención a su contenido, se tiene a dicho profesionista como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; lo anterior, por haber justificado la inscripción de su cédula en el aludido sistema y por así haberlo solicitado la quejosa ********** en su escrito inicial de demanda.

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