Ma. Elena Sierra Santoyo
Expediente 84/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 37 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Elena Sierra Santoyo
- MA. ELENA SIERRA SANTOYO y Otros.
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que los juicios 84/2022 y 57/2022 del índice de este órgano jurisdiccional tienen íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, lo que se explica: Acumulación de la demanda. Actos reclamados juicio de amparo 57/2022-7. "El llamamiento o falta de emplazamiento al juicio natural M-47/2013 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, y todas sus consecuencias, incluidas "[.] la desposesión, lanzamiento y entrega a la parte actora de mis derechos derivados de la parcela *********, del ejido ********* del municipio de Acámbaro, Guanajuato con una superficie de *********[.] y de la cual soy titular del 25% veinticinco por ciento de los derechos ¨Pro-indiviso", así como su ejecución." Actos reclamados juicio de amparo 84/2022-1. "La orden dictada dentro de los autos del juicio *********, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, relativa a la desposesión, lanzamiento y entrega a la parte actora de mis derechos derivados de la parcela *********, del ejido Emiliano Zapata del municipio de Acámbaro, Guanajuato con una superficie de *********[.] y de la cual soy titular del 25% veinticinco por ciento de los derechos ¨Pro-indiviso", y su ejecución; así como el ilegal emplazamiento a dicho juicio" En virtud de lo anterior, es claro que tanto en el juicio 57/2022 como en el 84/2022, el expediente de origen -********* del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad- y la parcela defendida -********* del *********, Guanajuato-; así como las autoridades responsables señaladas en esta ciudad y Acámbaro, Guanajuato, tienen relación jurídica entre sí. Consecuentemente, en atención a lo dispuesto por los artículos 72 y 73, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, así como a los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio de amparo y en aras de una tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede decretar en forma oficiosa la acumulación del presente juicio 84/2022-1, promovido por ********* al diverso expediente 57/2022-7, formulado por *********. Para explicar esta determinación, en principio cabe puntualizar que no escapa a la atención de la juzgadora, que la Ley de Amparo no contempla la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo; empero, ello no implica que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en tanto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza en los siguientes: 1. Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. 2. Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. 3. Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. 4. Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Por tanto, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por la jurisprudencia de la Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2003161, publicada en la página 1065, Libro XVIII, marzo de 2013, tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE." En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 2 de la Ley de Amparo, actualiza el requisito contemplado en el segundo párrafo del ordenamiento citado, en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, se actualiza en virtud de que la Ley de Amparo, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el asunto de nuestra atención, estamos ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos con íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizarán los actos que atribuyen a las mismas autoridades y derivados del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar, que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. No obsta que en la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se estime que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el punto tres. En el mismo orden de ideas, se estima que también se actualizan los requisitos contemplados en el punto 4, dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la institución de la acumulación, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y, por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. En ese sentido, del estudio de los juicios respectivos se desprende que los quejosos se duelen de la falta o ilegal emplazamiento al juicio natural M-47/2013 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, y todas sus consecuencias, así como la entrega a la parte actora de sus derechos derivados de la parcela *********, del ejido ********* del municipio de Acámbaro, Guanajuato. Con ello, es factible concluir que se está ante el supuesto de acumulación a que hizo referencia el Máximo Tribunal en la contradicción de tesis que originó la jurisprudencia P./J. 24/2015(10ª), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, tomo I, página 19, septiembre de 2015 de rubro y texto: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se ordena acumular de plano el expediente más reciente 84/2022-1 en que se actúa, al más antiguo 57/2022-7, a fin de tramitarlos en forma conjunta. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos. De Igual manera, por lo que atañe a los cuadernos incidentales éstos deberán seguir la suerte de los asuntos acumulados, al ser expedientes accesorios de los juicios principales de los que derivan. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno de este Juzgado y comuníquese lo anterior a las partes y las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Por recibido el telegrama que remite la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales, quien en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que no cuenta con peritos en materia de topografía, por lo que existe imposibilidad material para atender lo solicitado; en tal sentido, se deja sin efectos el apercibimiento decretado a dicha autoridad
- Principal
Constancia actuarial. Vista la constancia generada por la actuaria de la adscripción, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar a la perito ************** el proveído de diez de mayo actual, toda vez que del sumario no se advierte domicilio alguno donde pueda ser localizada. Notificación por conducto de parte quejosa. Atento a ello, por única ocasión, notifíquese a la citada experta por conducto de la parte quejosa, el acuerdo de diez de mayo pasado, a fin de que cumpla con el requerimiento formulado. Requerimiento Con independencia de lo anterior, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, proporcione a este Juzgado Federal un domicilio en esta ciudad, en el cual pueda ser notificada la perito de referencia. Con el apercibimiento legal que de no hacerlo, se le impondrá, una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil veinte
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, que establece: "Constancia actuarial. Vista la constancia generada por la actuaria de la adscripción, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar a la perito ************** el proveído de diez de mayo actual, toda vez que del sumario no se advierte domicilio alguno donde pueda ser localizada. Notificación por conducto de parte quejosa. Atento a ello, por única ocasión, notifíquese a la citada experta por conducto de la parte quejosa, el acuerdo de diez de mayo pasado, a fin de que cumpla con el requerimiento formulado. Requerimiento Con independencia de lo anterior, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, proporcione a este Juzgado Federal un domicilio en esta ciudad, en el cual pueda ser notificada la perito de referencia. Con el apercibimiento legal que de no hacerlo, se le impondrá, una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil veinte". En el entendido de que, por única ocasión, por su conducto se notifique a la perito Faviola Alcantar Torres, el acuerdo de diez de mayo pasado, a fin de que cumpla con el requerimiento formulado. Asimismo, se le requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la presente notificación, proporcione a este Juzgado Federal un domicilio en esta ciudad, en el cual pueda ser notificada la perito de referencia, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá, una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil veinte. Atento a la presente notificación, queda a disposición de la parte quejosa, en la secretaría de este juzgado, la copia autorizada del proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, así como del diverso de diez de mayo pasado, a fin de que cumpla con el requerimiento formulado.
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