Ma. Elena Tamayo Contreras
Expediente 989/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Elena Tamayo Contreras
- Domingo Artemio Martínez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe el juez Menor Mixto de Comonfort, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas mediante oficio 18067/2019.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo *** , de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido y resulta innecesaria la retención de las copias certificadas relativas de diversas actuaciones del expediente *** , en un tomo, de la estadística del Juzgado Menor Mixto de Comonfort Guanajuato; en razón de lo anterior, devuélvasele. Se solicita atentamente el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Agréguense a los autos los escritos signados por ********** y **********, atento al contenido de los referidos escritos, se tiene a los quejosos dando cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de octubre del año en curso. En consecuencia se tiene a ********** y **********, promoviendo demanda de amparo en contra de actos del juez Menor Mixto, con residencia en Comonfort, Guanajuato y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 constitucionales. Desechamiento de demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, los documentos anexos, así como de los escritos de cumplimiento a la prevención formulada, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda de amparo y ocursos de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 5, fracción II y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En efecto, de los antecedentes de los actos reclamados expuestos bajo protesta de decir verdad por la parte agraviada, tanto en la demanda de amparo, como en los escritos de cumplimiento a la prevención formulada; manifestaciones que merece eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil M200/2015 del que derivan los actos reclamados, las cuales se recabaron para mejor proveer; así del citado juicio se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil quince, ante el Juzgado Menor Mixto de Comonfort, Guanajuato, comparecieron **********, en su carácter de endosatarios en procuración de la empresa denominada **********, a demandar, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiara directa, de ********** -deudora principal- y ********** -aval-, diversas prestaciones, entre ellas, el pago de la cantidad de ********** por concepto de suerte principal. 2. El dieciséis de junio de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, por lo que se despachó mandamiento de ejecución en forma, en contra de los demandados, para que después de ser requeridos de pago y embargo, se les emplazara a juicio. 3. Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil dieciséis, comparecieron los demandados **********, a contestar la demanda promovida en su contra. 4. Seguido el juicio por sus etapas legales, el veintitrés de octubre de dos mil quince, se emitió la sentencia respectiva, en la que se condenó a los demandados al pago de la cantidad requerida por concepto de suerte principal, así como al pago de intereses moratorios en razón del seis por ciento mensual (fojas 70 a 74 del tomo de pruebas). 5. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, a petición de la parte actora, se ordenó proceder a la ejecución de la sentencia en contra de los demandados; por lo que debía solicitar la contraseña respectiva a dicho juzgado (foja 79, ídem). 6. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, no se aprobó la diligencia de requerimiento de pago y embargo, dejándose a salvo los derechos de la parte actora para que promueva lo conducente (foja 89, ídem). 7. El diez de agosto de dos mil dieciocho, se dejó a salvo el derecho de la parte actora para ejecutar la sentencia en contra de la demandada ********** (foja 91, ídem). 8. El once de octubre de dos mil diecisiete (sic), se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada **********, en la que al no hacer el pago respectivo, se señaló un bien inmueble de su propiedad para embargo (foja 101 y 102, ídem). 9. El doce de octubre de dos mil dieciocho, se aprobó dicha diligencia de embargo, y se precisó que el bien inmueble quedó solo señalado hasta que se acredite la propiedad del mismo a favor de la demandada (foja 103). 10. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en virtud de que la parte actora exhibió certificado de propiedad del bien inmueble señalado en la diligencia de embargado, se tuvo a dicho inmueble por embargado, por lo que se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio a efecto de que sirva inscribir el embargo sobre el bien inmueble respectivo (foja 110, ídem). 11. El seis de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró procedente la planilla de la liquidación de intereses moratorios presentada por la parte actora, por lo que se condenó a los demandados al pago de la cantidad de **********. 12. En auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, entre otras cosas, se tuvo a la parte actora exhibiendo avalúo de nueve del citado mes y año, del bien inmueble embargado, por lo que se le requirió para que exhibiera el certificado de gravámenes respectivo (foja 135). 12. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora cumpliendo con el requerimiento, pues al efecto exhibió el certificado de gravamen respectivo, por lo que se tuvo por presentado el avalúo del inmueble embargado, con el cual se ordenó dar vista a la parte demandada para los efectos legales correspondientes (foja 144, ídem). 13. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la demandada por conforme con el avalúo que obra en autos, por lo que tomando en consideración que la parte actora tenía un monto líquido superior al valor del inmueble embargado, se le adjudicó de manera directa en la suma de **********, valor pericial asignado al inmueble (foja 150, ídem). 14. Por auto de once de enero de dos mil diecinueve, se requirió a la parte demandada **********, para que dentro del término de cinco días otorgara la escritura correspondiente del inmueble adjudicado, pues en caso contrario, lo otorgaría el juzgado en su rebeldía; auto que se notificó por medio de lista el catorce de enero de dos mil diecinueve (foja 154, ídem). 15. El once de febrero de dos mil diecinueve, en razón de que la parte demandada no otorgó la escritura correspondiente, se ordenó otorgar la escritura en su rebeldía, por lo que se giró oficio al notario úblico designado para que manifestara si acepta llevar a cabo la escritura respectiva (foja 156, ídem). 16. En auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo al notario público 83 de la ciudad de León, Guanajuato, aceptando su leal desempeño en llevar a cabo la escritura pública respectiva (foja 159, ídem). Desechamiento de demanda por los actos reclamados consistentes en la diligencia de embargo, autos de doce, veinticuatro de octubre y veintiocho de noviembre, todos de dos mil dieciocho; certificado de gravamen y avalúo; autos de once y veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Expuesto lo anterior, tenemos que respecto de los actos reclamados consistentes en la diligencia de embargo, autos de doce, veinticuatro de octubre y veintiocho de noviembre, todos de dos mil dieciocho; certificado de gravamen y avalúo; autos de once y veintidós de febrero, ambos de dos mil diecinueve, se actualiza de manera manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Para explicar lo anterior, cabe traer a colación el contenido de los artículos mencionados. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Como se observa, la fracción XXIII transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que esta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados después de concluido el juicio, a saber: a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y b) En el procedimiento de remate, solo procede el amparo en contra de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe mencionar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, interpretó el citado numeral y sostuvo que el juzgador de amparo debe analizar dicho arábigo en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución del remate, la cual la constituye la que indistintamente y en forma definitiva ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado; es decir, que basta que se emita una sola de las citadas determinaciones para considerar actualizada la última resolución del remate y, por ende, procedente el juicio de amparo biinstancial. De la anterior contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) publicada en la página 1066 del libro 29, de abril de 2016, tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En conclusión debe precisarse que de conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, como sucede en el presente caso, en contra de la última resolución dictada, entendida esta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, pues de forma indistinta ambas órdenes -escrituración y/o entrega del bien inmueble-, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, en tanto que el requisito establecido en la citada fracción y párrafo tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Por otra parte debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que de la interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. Tal criterio los sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 , visible a página 110, libro 70, septiembre de 2019, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Sentado lo anterior, cabe recordar que los quejosos comparecen a instar el presente juicio constitucional, entre otros, con motivo de la diligencia de embargo; autos de doce, veinticuatro de octubre y veintiocho de noviembre, todos de dos mil dieciocho; certificado de gravamen y avalúo; autos de once y veintidós de febrero, ambos de dos mil diecinueve; sin embargo, en contra de tales determinaciones no es procedente el presente juicio de amparo, pues tales determinaciones, las cuales ya quedaron narradas, no constituye la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en contra de la que procede el juicio de amparo, y que permita analizar también la violaciones que la parte quejosa estima se cometieron durante el procedimiento respectivo. Sino que la última resolución la constituye el auto de once de enero de dos mil diecinueve, por el que se requirió a la parte demandada, para que dentro del término de cinco días otorgara la escritura correspondiente del inmueble adjudicado, pues en caso contrario, lo otorgaría el juzgado en su rebeldía; en contra de la que podía promoverse el juicio de amparo. En ese sentido, es inconcuso que el citado auto de once de enero de dos mil diecinueve, constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues el requerimiento que contiene consiste en la orden de escrituración del bien inmueble rematado. De tal forma que las diversas determinaciones reclamadas -diligencia de embargo, autos de doce, veinticuatro de octubre y veintiocho de noviembre, todos de dos mil dieciocho; certificado de gravamen y avalúo; autos de once y veintidós de febrero, ambos de dos mil diecinueve-, no constituyen la última dictada en el procedimiento de remate a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo. No escapa de este estudio que la parte quejosa en el presente juicio de amparo, sí precisa como acto reclamado el auto de once de enero de dos mil diecinueve, por el que se requirió a la parte demandada, para que dentro del término de cinco días otorgara la escritura correspondiente del inmueble adjudicado, pues en caso contrario, lo otorgaría el juzgado en su rebeldía, determinación que constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; sin embargo, respecto de tal determinación también se actualiza una causa manifiesta de improcedencia, como se verá más adelante. En esas condiciones, se actualiza la causa manifiesta de improcedencia analizada. Desechamiento de demanda por el acto reclamado consistente en el auto de once de enero de dos mil diecinueve. Por otra parte, los quejosos señalan como acto reclamado el auto de once de enero de dos mil diecinueve, por el que se requirió a la parte demandada **********, para que dentro del término de cinco días otorgara la escritura correspondiente del inmueble adjudicado, pues en caso contrario, lo otorgaría el juzgado en su rebeldía. Así del estudio integral de la demanda y de las constancias del juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, se desprende que respecto del citado acto reclamado, procede con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda. Se explica: Al respecto, el auto reclamado de once de enero de dos mil diecinueve, se notificó por medio de lista a las partes el catorce de enero de dos mil diecinueve (foja 154 vuelta del tomo de prueba); lo que corroboró el juez menor Mixto de Comonfort, Guanajuato, mediante su comunicación 1165/2019 de veinticinco de octubre del presente año (foja 25); siendo que de las constancias del juicio ejecutivo mercantil ***, se desprende que esa notificación no ha sido declarada nula. En tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Por tanto, de los hechos narrados por la quejosa, se desprende que el acto reclamado surgió de un juicio mercantil, de ahí que conforme lo dispone el artículo 1075 del Código de Comercio, el término de quince días comenzó el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, para concluir el cinco de febrero del mismo año, excluyendo los días: diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete, de enero, dos y tres de febrero de dos mil diecinueve, al ser inhábiles tanto para la responsable, como para los órganos jurisdiccionales de amparo. Sirve de apoyo lo establecido en la tesis 2a./J. 9/2018 (10a.), visible en la página 673, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 51, febrero de 2018, tomo I, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO". Luego, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada a este Juzgado Federal ese mismo día, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que la quejosa tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. Apoya lo anterior lo establecido por la jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.), publicada en febrero de dos mil dieciocho en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez -de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley- requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores." En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia de manera manifiesta analizadas en relación a los actos reclamados por los quejosos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Así como, la jurisprudencia número XVII.2.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio."
- Principal
Con sustento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el juez Menor Mixto de Comonfort, Guanajuato, en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, al que adjunta copia certificada de diversas actuaciones del expediente ***, y precisa el estado procesal del mismo. Dada su voluminosidad consérvense por separado como cuaderno de pruebas en un tomo. Estese en espera de que la parte quejosa desahogue la prevención que le fue formulada en el proveído supraindicado para acordar lo que en derecho corresponda, con relación al libelo constitucional.
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- Ma. Elena Trujillo Hernández865/2019
- Ma. Elena Villagomez Juárez838/2018
- Ma. Elia Villarreal Ruiz1064/2018
- Ma Elisa Vera Gutiérrez550/2022
- Ma. Erendira Bustos Elizarraras73/2016
- Ma. Estela López Zarabia782/2019