Ma. del Rosario Hernández Pineda y Otros.
Expediente 755/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. del Rosario Hernández Pineda y Otros.
- Candelaria Reyna Saavedra
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende lo siguiente: **, por propio derecho y como representante común de los actores en el expediente número **, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de omisiones de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "1.- El incumplimiento a su labor de verificar el correcto cumplimiento de la Sentencia de fecha 03 de agosto de 2017, dictada dentro del expediente radicado en el índice de la SALA REGIONAL DEL CENTRO III, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 2.- El incumplimiento a su propia determinación plasmada en la interlocutoria de Queja por Omisión de fecha 08 de Octubre del 2018, en la cual determino, que se le otorgaba un plazo de 20 días a la autoridad demandada para que emitiera (SIC) cumplimiento de sentencia a favor de todos y cada uno de los actores, además, se le previno a la autoridades que, en caso de renuencia, se le impondrían multas de apremio, así como que se le requeriría a su superior jerárquico y además se le daría vista al Órgano Interno de control del ISSSTE, para que se determine la responsabilidad del o los involucrados en el incumplimiento. 3.- El incumplimiento a su propia determinación plasmada en la Interlocutoria de Queja por Omisión, de fecha 11 de noviembre del 2019, en la cual, de forma por demás inentendible y absurda, se le otorgaron 20 días mas a la parte demandada para que diera cumplimiento a la sentencia, esta vez, sin apercibimiento alguno." En razón de lo expuesto, este juzgado federal considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que no se agotó el principio de definitividad en contra de las omisiones reclamadas. Con la finalidad de sustentar la anterior afirmación, es necesario destacar el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El principio de definitividad consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de la unión. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en posibilidad jurídica para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el caso, la promovente del amparo se duele, en esencia, del incumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el controvertido de origen, así como a las diversas resoluciones dictadas en los recursos de queja por omisión, bajo el argumento de que a la parte demandada -aquí tercera interesada- no ha dado cumplimiento a la sentencia condenatoria. En ese sentido, los actos reclamados, como se ve, no participan de una naturaleza autónoma, sino que pertenecen al procedimiento de ejecución de sentencia con que culminó el juicio de nulidad planteado por la propia quejosa. Para evidenciar lo anterior, se destacan los siguientes antecedentes, los cuales narraron los promoventes bajo protesta de decir verdad y de lo que se advierte del procedimiento administrativo de origen, siendo los siguientes: La ahora quejosa y otras personas promovieron demanda de nulidad ante la sala responsable en contra del subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal Coahuila, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dicha demanda conoció la sala responsable, quien registró el asunto bajo el número **. Seguida la secuela procesal, se concluyó que los actores probaron parcialmente su acción y, en consecuencia, se declaró la nulidad de la resolución impugnada. Determinación que fue confirmada en el recurso de revisión fiscal número ** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito. A la fecha, la autoridad demandada no ha cumplido con la condena que le fue impuesta, no obstante los requerimientos de la autoridad. Sobre esa base, resulta importante mencionar que el numeral 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la posibilidad que tiene la parte quejosa de ocurrir en queja cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia de nulidad. En efecto, el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala que: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes a) Procederá en contra de los siguientes actos: 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. [.] Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere." De la lectura del precepto en trato, se obtiene que el recurso de queja es procedente en contra de la omisión de cumplir la sentencia, así como el trámite correspondiente para su resolución. De lo que se sigue que, si la parte quejosa se duele, en esencia, de la omisión de cumplir con las sentencias definitivas e interlocutorias dictadas en el juicio de nulidad ** emitida por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de la omisión de esta última autoridad de imponer los medios de apremios correspondientes, al respecto esta se encuentra en aptitud de interponer el recurso de queja a que alude el arábigo numeral 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De modo que, al no haber interpuesto ese medio de impugnación previo a la presentación de la demanda de amparo, da lugar a que se actualice la causal de improcedencia citada con antelación, pues no agotó el principio de definitividad. Ello, se robustece con los argumentos vertidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 386/2011 y 116/2015, en el sentido de que si el gobernado agota el medio de defensa legal que prevea la ley que rija al acto para lograr el cumplimiento de la determinación correspondiente y la autoridad o autoridades que fueron demandadas en el contencioso administrativo aun así no cumplen la sentencia, es claro que solo entonces podrá acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce ya en una violación al derecho de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis I.11o.A.7 A (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3020, libro 63, febrero de 2019, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que ofrece la siguiente redacción: "INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -HOY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA- DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI EL ACTOR AGOTÓ EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE A ESE ÓRGANO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 1/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), estableció que las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un tribunal de lo contencioso administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo abrogada. Lo anterior, porque esa abstención se traduce en una transgresión al derecho de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constituir un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. En estas condiciones, como no existe medio de defensa que proceda para impugnar la resolución del recurso de queja previsto en la ley que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -hoy de Justicia Administrativa- de la Ciudad de México, que agotó el actor ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, ni procedimiento posterior alguno que pueda tramitar para lograr que se acate el fallo dictado en su favor, contra dicho incumplimiento procede el juicio de amparo indirecto." Sin que, en el particular, se advierta alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la parte quejosa de cumplir con ese principio, por las siguientes consideraciones: No se está en presencia de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; El acto reclamado no consiste en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; Los quejosos no personas extrañas al procedimiento. El acto reclamado no es un auto de vinculación a proceso; y, La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional, puesto que es clara su procedencia y tramitación en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en términos de la fracción V del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las trece horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes.
- Principal
Recepción de oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo *** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, un tomo de pruebas, así como testimonio de la resolución pronunciada en el impedimento número 4/2021, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es fundado el impedimento formulado ***, titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, para resolver el juicio de amparo indirecto ***, de su índice, promovido por ***, por su propio derecho y en representación de *** y otros." Acúsese recibo a la superioridad, vía interconexión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Fórmese expediente de amparo físico y digital, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 755/2021-4. Convalidación de actuaciones. En razón de lo anterior, se convalidan las actuaciones realizadas por el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato. Audiencia constitucional. Se fijan las trece horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Causales de sobreseimiento. Con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que, de no hacerlo así, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en treinta días, acorde a lo establecido en el numeral 251 de la ley en cita. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Con apego en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19., se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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