Ma del Rosario Contreras Capuchino

Expediente 632/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
632/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Ma del Rosario Contreras Capuchino

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de dieciocho de noviembre del año en curso, en el que este juzgado tuvo por no presentada la demanda de amparo presentada por ********************por propio derecho y a nombre y representación de la menor de edad de iniciales ********************; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se tuvo por no presentada la demanda de amparo.

  2. Principal

    Recepción de escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por xxxxxx, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, pues al efecto proporciona, bajo protesta de decir verdad, la información solicitada. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Es así, pues de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda (manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º), así como de los anexos respectivos, se desprenden los siguientes antecedentes: Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecisiete, la ahora quejosa demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio B00.812.001285 dictada en el emitida en el expediente 62/16 por la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión nacional del Agua, en la cual se le impuso una multa. De dicha demanda conoció la Sala Regional del Centro III del tribunal federal de Justicia Administrativa de esta ciudad (autoridad responsable en el presente asunto), quien por auto de siete de marzo de dos mil diecisiete la radicó bajo el número 958/17-10-01-2-OT y la admitió a trámite. Seguida la secuela procesal, el diez de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dictó sentencia en la que determinó la validez de la resolución impugnada. En contra de la anterior determinación, la actora promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien concedió el amparo para el efecto de que se reponga el procedimiento y se ordene emplazar al director general de la Comisión Nacional del Agua. En cumplimiento a lo anterior, el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se repuso el procedimiento y se ordenó el emplazamiento correspondiente. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable decretó la suspensión del procedimiento, debido al incendio ocurrido en las oficias centrales de la Comisión Nacional del Agua. Por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el magistrado instructor requirió al director general de la Comisión Nacional del Agua, para que manifestara sí habían desaparecido las causas que sirvieron de sustento para decretar la suspensión. El diez de diciembre de dos mil diecinueve, el magistrado instructor dio cuenta con el oficio remitido por el citado director y, en consecuencia, levantó la suspensión del procedimiento y tuvo por contestada la demanda por lo que ve a dicha parte. En contra de la anterior determinación, la parte actora promovió recurso de reclamación. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable dictó sentencia en que determinó lo siguiente: ".I.- Resultó procedente pero infundado el recuro de reclamación promovido por la actora, en consecuencia. II.- Se confirma el proveído de 10 de diciembre de 2019." Determinación que constituye el acto reclamado. Al respecto, este juzgador federal estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu relacionados con lo que los actos que no se consideran de imposible reparación. Preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Bajo ese contexto, habrá de resaltarse que el acto reclamado no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 958/17-10-01-2-OT del índice de la autoridad responsable, que confirmó el auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se levantó la suspensión decretada y tuvo por contestada la demanda por parte de una de las autoridades demandadas, incide en una cuestión meramente formal, es decir, constituye una cuestión meramente procesal que no genera afectación a derechos sustantivos del aquí promovente, pues no se afectan materialmente esos derechos, ya que en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos del promovente, dado que antes bien, tales derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este, el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia que se dictara a favor de la agraviada podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si la misma fuera en contra de la afectada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas por medio del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así porque dicha determinación no implica en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derecho sustantivo de la quejosa, pues, se reitera, se confirmó el auto que levantó la suspensión del procedimiento y tuvo por contestada la demanda, lo que se traduce en un acto meramente procesal Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8. C. 22C (10.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda.

  3. Principal

    Recepción de oficio. Por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León, a través del cual remite el juicio de amparo ********************de su índice, promovido por ******************** en contra de actos de los magistrados de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el argumento de que ese órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de dicho asunto. Registro. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 632/2020-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Acepta competencia. De la misiva de cuenta se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución dictada el veintiuno de agosto de dos mil veinte dentro de los autos ******************** del índice de la autoridad responsable, mediante la cual confirmó el proveído diez de diciembre de dos mil diecinueve. Por tanto, este juzgador considera que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo remitida y se avoca a su conocimiento. Acúsese recibo. Prevención. Previamente a proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días: Exhiba una copia más de la demanda y de sus anexos, para ser distribuidas entre las partes en la proporción dispuesta por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Esto es, una para la autoridad responsable, una para cada uno de los terceros interesados (2), una para la agente del Ministerio Público de la Federación y dos para el incidente de suspensión, lo que resulta en un total de seis tantos, mientras que el promovente únicamente exhibió cinco. En la inteligencia que deberá exhibir copias suficientes de su ocurso aclaratorio para correr traslado a las partes en la proporción que establece el artículo 110 de la Ley de Amparo, en los términos descritos en el párrafo que antecede. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibimiento. Apercibida que, en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Autorizados y domicilio. Se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que de la certificación que antecede se desprende que cuenta con cédula profesional que la acredita para ejercer la profesión de licenciada en derecho, inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en términos restringidos del invocado numeral a las personas restantes, por así haberlo solicitado la quejosa. De igual forma, se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "********************", matriculado debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia. En el entendido de que la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado deberá habilitar al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Así mismo, desde ahora se tiene dicho usuario como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, debido a que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico, constituye una opción para recibir notificaciones y porque así lo solicitó la parte promovente. Habilitación de días y horas para efectos de realizar notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.

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