Ma. del Rocio Navarrete Herrera

Expediente 1055/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1055/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2017

Partes del expediente

  • Ma. del Rocio Navarrete Herrera
  • Ubertino Mercado Páramo

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con trascripción de su proveído de catorce de los actuales, del que se observa aceptó la competencia declinada a su favor por este juzgado federal de la demanda de amparo formulada por *************, abocándose al conocimiento de la misma. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Vista la demanda de derechos fundamentales que promueven **************, y de diversa autoridad, que estimaron violatorios de sus derechos fundamentales tutelados por los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese el expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1055/2017-B. Ahora bien, en el presente asunto debe plantearse la propuesta a que alude el artículo 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el cual fue reformado mediante el similar Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, al estimarse actualizado el criterio de relación previsto en la fracción II, del referido numeral 46, respecto del juicio de amparo 578/2016-IV, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Se afirma lo anterior, dado que de la certificación secretarial de cuenta se aprecia que en los juicios de amparo 891/2017-B y 924/2017-B, ambos del índice de este juzgado federal, mediante proveídos de veintiocho de septiembre y cinco de octubre, ambas datas del presente año, dictados respectivamente en esos sumarios, se planteó la propuesta a la que se hizo referencia en el párrafo anterior, la cual fue aceptada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante acuerdos de tres y diez de octubre inmediato anterior, dictados respectivamente en los expedientes que radicó en su estadística con los números 930/2017-II y 951/2017-VII, por estimarse actualizado el criterio de relación propuesto por este órgano jurisdiccional respecto de esos dos asuntos. En efecto, los actos reclamados en dichos juicios de amparo 891/2017-B y 924/2017-B, ambos del índice de este juzgado federal (actualmente 930/2017-II y 951/2017-VII de la estadística del homólogo federal Sexto), mismos que, además, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE", se invocan como hecho notorio, derivan del proceso penal 115/2017, del índice del Juzgado Tercero Penal de Partido Judicial de esta ciudad (anteriormente 1/2016 del conocimiento inicial del extinto Juzgado Único Penal de Partido Judicial de Salvatierra, Guanajuato), siendo de suma relevancia que dicho juzgado federal conoció de la primigenia demanda de amparo promovidas contra actos derivados de esa causa penal, a saber, aquella que se radicó bajo el número de expediente 578/20166-IV, de su índice, a saber, contra la negativa de la orden de aprehensión dictada en el referido procedimiento penal, instruido contra los hoy peticionarios de derechos fundamentales. Luego, si en la demanda que se analiza los quejosos ************ reclaman un acto derivado del aludido procedimiento penal subyacente, esto es, el auto de formal prisión decretado en su contra en cinco de octubre próximo pasado, por su probable responsabilidad en la comisión del injusto de despojo; es inconcuso, que la demanda que se analiza debe remitirse al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Derivado de lo anterior, procede plantear la propuesta a que alude el artículo 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el cual fue reformado mediante el similar Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, al estimarse actualizado el criterio de relación previsto en la fracción II, del referido numeral 46. Tal precepto reformado dispone: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismo asuntos; (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano. (.)". Así, de la lectura del artículo ante transcrito se aprecia con claridad que un criterio de relación se actualiza cuando se promueve un juicio de amparo directo o indirecto, contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, siendo que en este caso, dicha demanda se debe turnar al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismo asuntos. En ese orden de ideas, y debido a que precisamente la reforma al artículo 46 de Acuerdo General antes trascrito, obedece a que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal autorizó nuevamente a los titulares de los órganos jurisdiccionales a emitir acuerdos internos respecto del turno de los asuntos, en atención a ello, se estima que corresponde el conocimiento del presente asunto al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, por existir tres antecedentes que hacen procedente la vinculación, a saber, los juicios de amparo indirectos 578/2016-IV, 930/2017-II y 951/2017-VII, de la estadística de ese homólogo federal, donde se reclaman actos derivados de un mismo expediente judicial. Por tanto, al estar relacionado este expediente con los diversos señalados en el párrafo que antecede, dado que los actos reclamados en dichos sumarios comparten el mismo origen, a saber, el proceso penal 115/2017, del índice del Juzgado Tercero Penal de Partido Judicial de Celaya, Guanajuato (antes 1/2016 del extinto Juzgado Único Penal de Partido Judicial de Salvatierra, Guanajuato), es que se estima actualizado el supuesto previsto en el invocado numeral 46, fracción II. En consecuencia, remítase el presente expediente, junto con sus anexos al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo conducente en términos del artículo 46 del citado Acuerdo General, solicitándole comedidamente tenga a bien comunicar a este juzgado federal si acepta o no el conocimiento del mismo. Sin que haya lugar a iniciar el trámite que se refiere el artículo 48 de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso no se trata de una cuestión de incompetencia legal propiamente dicha, sino de una regla derivada del turno de asuntos relacionados regulada por el Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de concentrar procedimientos, que son o fueron promovidos por las mismas partes y que derivan de un mismo asunto, para que sea un solo órgano jurisdiccional el que lo resuelva, a fin de aprovechar el conocimiento previo del asunto y así evitar resoluciones contradictorias. Fórmese cuadernillo de constancias, para los efectos legales que haya a lugar y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por los promoventes en su escrito de demanda y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del artículo 12 segundo párrafo de la Ley de Amparo, a ****************, toda vez que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, pues no proporcionan los datos correspondientes en la demanda que se acuerda, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como así lo exige dicho ordinal. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos

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