Ma. del Rocío Navarrete Herrera
Expediente 977/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. del Rocío Navarrete Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte, en proveídos de diez y quince de abril de dos mil quince, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ma. del Rocío Navarrete Herrera. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que las responsables: "Dejen insubsistente tanto el punto de acuerdo identificado con el número cinco del orden del día correspondiente a la sesión número cuarenta y ocho del Ayuntamiento de Santiago Maravatío, Guanajuato, celebrada el dieciséis de octubre de dos mil catorce, en el que se decidió negar el número oficial y/o permiso de construcción respecto del inmueble ahí referido, hasta en tanto se determinara por una autoridad jurisdiccional a quién corresponde su legítima propiedad; así como el oficio número OP/0468/10/2014, dictado por el Director de Obras Públicas, de Santiago Maravatío, Guanajuato, que contiene la negativa a otorgar el permiso de construcción solicitado por la quejosa mediante escrito de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, y En su lugar, emitan un nuevo acto en el que den respuesta a la solicitud de la quejosa relativa al otorgamiento del permiso de construcción que solicitó mediante escrito de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, en relación con el predio rústico ubicado en privada Allende, sin número, de la citada localidad, con cuenta registral número N000022001; debiéndose ajustar a los requisitos exigidos en la ley que rige el acto, así como aportar fundamentos y motivos diferentes a los que expuso previamente, en concreto, absteniéndose de negar el permiso a partir de la consideración de que existe un "problema entre particulares". b) En providencia de veinticuatro de marzo de dos mil quince, se declaró la firmeza del fallo protector y se solicitó a las responsables cumplieran con él. c) Mediante oficios registrados con los números 3882, 4181 y 4182, el Síndico Municipal y el Director de Obras Públicas, ambos con sede en Santiago de Maravatío, Guanajuato, allegaron constancias con las que adujeron cumplir con la sentencia amparadora. d) Con motivo de lo anterior, el diez y el quince de abril pasado, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por las aludidas responsables, misma que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuaron lo siguiente: I. Dejaron insubsistente los acuerdos reclamados; y, II. Emitieron otro, en el que determinaron autorizar a la quejosa Ma. del Rocío Navarrete Herrera, licencia de construcción en relación con el predio rustico ubicado en Privada Allende sin número, de la colonia Barrio de la Clemencia de Santiago de Maravatío, Guanajuato; asimismo, le autorizaron el número oficial de dicho predio. Bajo dichas circunstancias, el suscrito estima que mediante la determinación referida, las autoridades responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues restituyeron a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, como en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitieron las autoridades responsables, como complemento de su informe justificado, devuélvanseles y solicíteseles el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte, en proveídos de diez y quince de abril de dos mil quince, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ma. del Rocío Navarrete Herrera. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que las responsables: "Dejen insubsistente tanto el punto de acuerdo identificado con el número cinco del orden del día correspondiente a la sesión número cuarenta y ocho del Ayuntamiento de Santiago Maravatío, Guanajuato, celebrada el dieciséis de octubre de dos mil catorce, en el que se decidió negar el número oficial y/o permiso de construcción respecto del inmueble ahí referido, hasta en tanto se determinara por una autoridad jurisdiccional a quién corresponde su legítima propiedad; así como el oficio número OP/0468/10/2014, dictado por el Director de Obras Públicas, de Santiago Maravatío, Guanajuato, que contiene la negativa a otorgar el permiso de construcción solicitado por la quejosa mediante escrito de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, y En su lugar, emitan un nuevo acto en el que den respuesta a la solicitud de la quejosa relativa al otorgamiento del permiso de construcción que solicitó mediante escrito de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, en relación con el predio rústico ubicado en privada Allende, sin número, de la citada localidad, con cuenta registral número N000022001; debiéndose ajustar a los requisitos exigidos en la ley que rige el acto, así como aportar fundamentos y motivos diferentes a los que expuso previamente, en concreto, absteniéndose de negar el permiso a partir de la consideración de que existe un "problema entre particulares". b) En providencia de veinticuatro de marzo de dos mil quince, se declaró la firmeza del fallo protector y se solicitó a las responsables cumplieran con él. c) Mediante oficios registrados con los números 3882, 4181 y 4182, el Síndico Municipal y el Director de Obras Públicas, ambos con sede en Santiago de Maravatío, Guanajuato, allegaron constancias con las que adujeron cumplir con la sentencia amparadora. d) Con motivo de lo anterior, el diez y el quince de abril pasado, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por las aludidas responsables, misma que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuaron lo siguiente: I. Dejaron insubsistente los acuerdos reclamados; y, II. Emitieron otro, en el que determinaron autorizar a la quejosa Ma. del Rocío Navarrete Herrera, licencia de construcción en relación con el predio rustico ubicado en Privada Allende sin número, de la colonia Barrio de la Clemencia de Santiago de Maravatío, Guanajuato; asimismo, le autorizaron el número oficial de dicho predio. Bajo dichas circunstancias, el suscrito estima que mediante la determinación referida, las autoridades responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues restituyeron a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, como en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitieron las autoridades responsables, como complemento de su informe justificado, devuélvanseles y solicíteseles el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguense en autos los oficios de cuenta que remiten el Síndico Municipal y el Director de Obras Públicas, ambos de Santiago de Maravatío, Guanajuato; mediante los cuales aducen cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio. En ese sentido, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Ma. del Rocío Navarrete Herrera; se declara que causó ejecutoria. En ese sentido, requiérase al Ayuntamiento y Director de Obras Públicas del Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato, para que dentro del término de tres días legalmente computado, den cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remitan las constancias que así lo acrediten, apercibidos que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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