Ma. del Rayo Figueroa Cornejo
Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. del Rayo Figueroa Cornejo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de diez de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió, sin que lo haya hecho; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme. Háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otras autoridades; con apoyo en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 87/2021-V. Para una mejor comprensión de lo que se proveerá, conviene establecer que los actos reclamados en la presente instancia constitucional esencialmente se hacen consistir en: La notificación que se practicó a ************* el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en calle *********** de esta ciudad, respecto del laudo emitido el veintiuno del mismo mes y año, dentro del juicio laboral *********** de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. La posible ejecución del laudo emitido en contra de ***************, dentro del juicio laboral ****************, de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, En relación a ello debe considerarse lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que respecto del acto precisado en el inciso a., se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto, se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que el referido acto reclamado identificado bajo el inciso a., consistente en la notificación que se practicó a ************* el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en calle ************ de esta ciudad, respecto del laudo emitido el veintiuno del mismo mes y año, dentro del juicio laboral *********** de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por sí solo no causa a la quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitime para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que la notificación de referencia está dirigida a una persona diversa. Esto último se afirma, ya que a lo largo de la demanda la solicitante del amparo (************) argumentó que la persona a quien se notificó (***************) no la conoce, como lo señaló en su segundo antecedente que dice: "...La actuación del actuario es ilegal pues dicha notificación la dejaron sin preguntar o cerciorarse si era el domicilio de la persona que buscaban de nombre ***************, quien cabe señalar yo desconozco y sé que ese no es su domicilio." Por tanto, si el acto del que se duele la quejosa no está dirigido en su contra, es inconcuso que no le causa un agravio personal y directo, ya que de ningún modo se patentiza ni involucra a la recurrente en una situación jurídica concreta que se considere lesiva o que perjudique su esfera de derechos, pues no debe perderse de vista que el acto cuestionado únicamente incide en contra de ***************, dado a élla es a la que se le pretendió notificar. En otras palabras, si en la especie la solicitante del amparo reclama la notificación que se practicó a ************* el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en calle *************** de esta ciudad, respecto del laudo emitido el veintiuno del mismo mes y año, dentro del juicio laboral ************* de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; es inconcuso que el acto reclamado no le genera un agravio personal y directo, en virtud de que al no estar dirigido en su contra, como lo menciona, no afecta su esfera jurídica y, por tanto, no está legitimada para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. En lo que atañe al acto reclamado identificado bajo el inciso b., que esencialmente consiste en la posible ejecución del laudo emitido en contra de *************, dentro del juicio laboral ************, de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene reiterar que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La posible ejecución del laudo emitido en contra de ***************, dentro del juicio laboral ***************, de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes de los actos reclamados se advierte que la peticionaria del amparo narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se dejó en el domicilio ubicado en calle **************, una cédula de notificación dirigida a María del Rayo Figueroa Cornejo, respecto del laudo emitido el veintiuno del mismo mes y año, dentro del juicio laboral ************ de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. De lo antes narrado se desprende que la ejecución del laudo que reclama la aquí quejosa es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior es así, porque: - Como lo manifestó la propia quejosa, el laudo respecto del cual reclama su posible ejecución fue emitido el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en contra de ****************. - En términos de los artículos 17 y 170 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo directo en contra de un laudo es de quince días; y, - De conformidad con las circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo del año que transcurre, con excepción de los casos previstos en el indicado acuerdo. Entonces, si el laudo cuya ejecución se duele la solicitante del amparo se emitió el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en contra de María del Rayo Figueroa Cornejo, dentro del juicio laboral 466/2020/L1/CC/IND de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, es inconcuso que no está dirigido en su contra y aún no ha quedado firme, dado que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que las partes promuevan en su contra el juicio de amparo directo; por lo que se considera dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que el acto impugnado pueda llegar a existir y que se pretenda ejecutar en su contra. Lo antes expuesto se justifica, pues no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Debe decirse que este juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este operador jurídico se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no se ha ordenado la realización del acto reclamado, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que la propia quejosa manifestó, en el capítulo atinente al acto reclamado, que el laudo se emitió veintiuno de enero de dos mil veintiuno en contra de María del Rayo Figueroa Cornejo; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Además la circunstancia de que a la fecha no ha transcurrido el término legal que la Ley de Amparo establece para que dicho laudo quede firme y, consecuentemente, su imposibilidad para ejecutarlo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 6°, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario PacoArreguin, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Arreguin Arreguin al contar con cédula profesional ******************** registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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