Ma. del Rocío Martínez González

Expediente 1039/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1039/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Ma. del Rocío Martínez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que el proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. En razón de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, devuélvase el tomo de prueba que se formó con motivo de las constancias que remitió la responsable, por ser innecesaria su retención.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte la razón por la que no fue posible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veinte, toda vez que de conformidad con las circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, las actividades de este órgano jurisdiccional, se reanudaron a partir del cuatro de los actuales, con base en el punto 5 de la citada circular SECNO/13/2021 de veintisiete de febrero del año en curso; en ese sentido, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, por ende, se ordena la reanudación del presente juicio en el punto en que quedó pausado. Agréguese en autos, con sus anexos, el oficio que remite el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual informa que el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente ********, del índice del órgano jurisdiccional que representa, se dio salida a dicho asunto, en razón de que la aquí quejosa, en presencia judicial ratificó el escrito de desistimiento de la acción del procedimiento; expediente de donde deriva el acto que aquí se reclama. Ahora bien, de lo referido por la oficiante, así como de las constancias anexadas a su oficio, se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo se cita la jurisprudencia P./J.90/97, localizable en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: DEL JUEZ CIVIL DE PARTIDO ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR C. LIC. *************, LA NEGATIVA A ACORDAR DE CONFORMIDAD LA ASISTENCIA DE FUERZA PÚBLICA, EL AUXILIO DE CERRAJERO Y AUTORIZACIÓN DE ROMPIMIENTO DE CHAPAS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA ORDENADA POR LA MISMA RESPONSABLE DENTRO DEL EXPEDIENTE ********* y por virtud del cual se pondrá a la suscrita en posesión material del inmueble mediante la medida de separación de cuerpos, en el domicilio ubicado en calle *********** de esta ciudad de Celaya, Guanajuato". En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, así como del escrito de la demanda presentada por el quejoso, se advierte que: La quejosa, promovió ante la responsable medidas preparatorias a juicio, registradas con el número **********(expediente de donde deriva el acto reclamado); en dicho asunto, la responsable negó el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el auxilio de la fuerza pública, así como el rompimiento de cerraduras con auxilio de cerrajero, determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio. La quejosa, mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veintiuno ante la Oficialía de Partes Común Civil Partido Judicial Celaya, se desistió de la acción del procedimiento *********, del índice del órgano jurisdiccional que representa la responsable, expediente de donde deriva el acto reclamado. En comparecencia, ante la responsable Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, el dos de febrero del año en curso, la quejosa, bajó protesta de decir verdad, reconoció como suya la firma que obraba estampada en el escrito de veintidós de enero de dos mil veintiuno. El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la responsable, tomando en consideración la ratificación del escrito de desistimiento de la quejosa, así como que no se había llevado a cabo el emplazamiento a la parte demandada, dio de baja el expediente de donde derivó el acto reclamado ********, lo que hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional con el oficio de cuenta. Constancias a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose del acuerdo a través del que el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, el veinte de septiembre de dos mil diecinueve negó el auxilio de la fuerza pública, así como el rompimiento de cerraduras con auxilio de cerrajero para que la quejosa se pusiera en posesión material del inmueble ubicado en el domicilio ubicado en calle ********* de esta ciudad; aún y cuando dicho acto sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia en comento. En esa tesitura, aún y cuando el acto que se reclamó, subsista, dado que no ha sido invalidado expresamente por la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal ni material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma (determinar la ilegalidad del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve), pues, el que la quejosa se haya desistido de la acción del procedimiento **********, generó que en el presente asunto el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia. Lo anterior es así, pues al haberse desistido del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, desapareció el objeto o materia del presente juicio, que consistía en determinar la ilegalidad del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve dictado en ese asunto, debido a que la quejosa, de manera voluntaria se desistió por medio de escrito, ratificado ante la presencia de la responsable. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entorno en el cual se materializó el auto reclamado, la concesión del amparo que en su caso se efectuara, ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, debido a que la quejosa se desistió del procedimiento, cuya ilegalidad pretendió demostrar con la interposición de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Visto lo anterior, se deja sin efectos el requerimiento que se hizo a la quejosa en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el sentido de que proporcionara un domicilio donde pudiera ser localizado el tercero interesado. Finalmente, debido a lo aquí determinado, se deja sin efecto el señalamiento de la fecha y hora que en su oportunidad se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veinte).

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito, con residencia en León, Guanajuato, mediante el cual, acusa y devuelve sin diligenciar el exhorto número 334/2020 del índice de este juzgado, que se envió a efecto de que emplazara al tercero interesado *************. Acúsese recibo. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, de la comunicación devuelta por la oficiante, se advierte la imposibilidad que tuvo para emplazar al tercero interesado ***********, en el domicilio ubicado en ***********Atento a lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, proporcione domicilio diverso en que pueda ser localizado el tercero interesado César Eugenio Larrauri Zavala, apercibida que de no hacerlo, se procederá conforme a la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, SE DESPRENDEN LAS RAZONES POR LAS QUE NO ES POSIBLE CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA ESTA FECHA; SE DIFIERE LA MISMA Y SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, PARA SU CELEBRACIÓN.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano