Ma. de Lourdes García Reyes

Expediente 189/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
189/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Ma. de Lourdes García Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Ma. de Lourdes García Reyes, hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución al Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, la copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio sucesorio intestamentario 428/2001, mismo que en su momento adjuntó a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Siguiendo con la vista del estado que guardan los presentes autos, específicamente la primera parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, dentro de los treinta días naturales siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es conservable, ya que se concedió las medidas provisional y definitiva solicitadas. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase el original de los cuadernos de suspensión al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-189/2023, promovido por ********************en su carácter de apoderada de ********************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta capital, y remitido en esa fecha, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************en su carácter de apoderada de ********************, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán. Segundo. Substanciación del juicio. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo registrada con el número VI-189/2023. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, bajo el número de queja civil 61/2023. Siendo así que en sesión de uno de junio de dos mil veintitrés, dicho tribunal declaró fundado el recurso de queja al señalar que no se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada por este juzgador, ya que debían analizarse las actuaciones relativas al juicio de origen, para determinar a partir de cuándo pudo la quejosa tener oportunidad de ejercer la acción de petición de herencia. En mérito de ello, previo cumplimiento a la prevención realizada, por auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda registrada bajo el número VI-189/2023; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza civil provenientes de una autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, escrito aclaratorio, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, como tercero extraño, al Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, consiste en: La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Audelia Reyes Ortiz o Audelia Reyes de García o Audelia Reyes, número 428/2001, de su índice. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Contra lo señalado en su pedimento por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, del contenido del informe justificado rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió las constancias relativas al acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales gozan de fe pública. Quinto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la cuestión de fondo planteada, quien resuelve estima necesario proceder al análisis de las causales de improcedencia por ser esta cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo que establece el párrafo último del artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la tesis de jurisprudencia 814, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.", que es consultable en la página quinientos cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Segunda Parte, Tomo VI, Materia Común. El que suscribe advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución General de la República y el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no lesiona el interés jurídico de la quejosa, como se verá a continuación. Los artículos citados con anterioridad señalan: De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Numerales de los que se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado proveniente de una autoridad judicial, no lesiona el interés jurídico del quejoso. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por un posible heredero, está condicionada a que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción de petición de herencia. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis número 74/97, cuando sostuvo: "Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte una persona que se considera con derecho a participar de la masa hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes: a) En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en los casos expresamente señalados en los artículos 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1197 y 1198 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que en lo conducente señalan: "Artículo 844. Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el Juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior." "Artículo 1197. En la denuncia o promoción de intestado, se expresará, si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado." "Artículo 1198. El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, para una junta..." Del contenido de los numerales transcritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios. En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus. Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación, por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad. Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio. b) Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas: 1-b) La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del Registro Civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. 2-b) La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del Registro Civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los Códigos Civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario. c) Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del Registro Civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos Códigos Civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia. Por todo lo anteriormente analizado, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que adopta en el presente asunto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos: "SUCESORIO, CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).-Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados puedan promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por lo tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." (Lo destacado es propio) Al respecto cabe precisar que si bien el criterio transcrito corresponde a la interpretación de las legislaciones adjetivas de Jalisco y Tlaxcala, tales normativas tienen identidad jurídica con el contenido de las disposiciones legales relativas del Estado de Michoacán. De ahí que el criterio resulte ilustrativo y aplicable para la resolución del presente juicio, ya que en esencia la legislación civil de dichos Estados de la República establecen las mismas disposiciones en relación con el tema que nos ocupa y, en consecuencia, fijan los mismos parámetros respecto de las sucesiones, la acción de petición de herencia y la prescripción. De tal modo que, en principio, la transcripción revela que el juicio de amparo indirecto constituye un mecanismo que los presuntos herederos tienen a su alcance para combatir la falta de llamamiento a un procedimiento sucesorio intestamentario en el que no fueron señalados como posibles herederos por la persona que radicó la respectiva sucesión, o que, habiéndolo sido, no fueron notificados en forma legal, impidiéndoles deducir sus derechos hereditarios. También se advierte que como el juicio de amparo tiene como finalidad el que la parte quejosa, en su calidad de presunta heredera, salga a la defensa de sus derechos en el sucesorio respectivo, con la posibilidad de acreditar su entroncamiento con el autor de la sucesión a fin de poder participar de los bienes que conforman la masa hereditaria, similar a lo que ocurre tratándose del ejercicio de la acción de petición de herencia. Sin embargo, la procedencia del juicio de garantías se ha supeditado a que la citada acción petitoria no haya prescrito por el transcurso de diez años, a que también se refiere el artículo 817 del Código Civil para el Estado de Michoacán que dice: "El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos"; pues de ser así, el derecho hereditario que en su momento pudo tener quien no fue llamado al juicio sucesorio, se extingue como consecuencia de dicha prescripción, la cual opera por el sólo transcurso del tiempo, de conformidad con el artículo 429 del Código Civil para el Estado de Michoacán, que dice: "La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley". En principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido que la prescripción extintiva tratándose de la acción de petición de herencia, comienza a correr desde que el derecho se hace exigible y ese momento es cuando se pone en posesión al heredero de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria, mediante el reconocimiento de su calidad de heredero por la autoridad competente. Posteriormente, a decir del Alto Tribunal, se actualizan tres requisitos para iniciar la probable prescripción: La transmisión de los bienes a título universal, que opera con la apertura de la herencia con la muerte, o bien, con la declaración de muerte de un ausente; Que en cualquiera de tales determinaciones no se hubiera incluido al heredero preterido; y, Que se encuentre aceptado y discernido el cargo de albacea. Las tesis de referencia son las siguientes: Época: Sexta Época Registro: 270202 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen LXXXII, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 111 PETICIÓN DE HERENCIA, MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CONTARSE EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE. Si bien es cierto que la ley no precisa a partir de que momento comienza a contarse el plazo de la prescripción para ejercitar el derecho de petición de herencia, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha resuelto este problema por la aplicación del principio de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, tomando en cuenta que ese momento no puede ser otro que aquél en que se pone en posesión al demandado de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria mediante el reconocimiento de su calidad de heredero por la autoridad competente; y que para que el derecho sea exigible, es necesario que la herencia exista, que haya un heredero y que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión o por un heredero aparente o por otras personas; ya que salvo prueba en contrario, se presume que el albacea fue puesto, en los términos de ley, en posesión de los bienes hereditarios y esa posesión marca el momento del nacimiento de la acción de petición y el en que debe empezar a contarse el término de diez años de la prescripción extintiva a que se refiere la ley. Es aplicable por identidad jurídica esencial y porque el texto del artículo 817 del Código Civil del Estado de Michoacán es de contenido idéntico al interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis que dice: Registro digital: 2023750 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 22/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1542 Tipo: Jurisprudencia PETICIÓN DE HERENCIA. INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE ESA ACCIÓN CUANDO LA LEGISLACIÓN NO LO DISPONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y BAJA CALIFORNIA, ESTA ÚLTIMA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 10 DE ABRIL DE 2015). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes consideraron distintos momentos a partir de los cuales debe empezar a computarse el plazo de diez años para que prescriba la acción de petición de herencia que ejerce un heredero preterido. Ambos fundaron su criterio en legislaciones que no disponen expresamente a partir de qué momento empieza a correr ese plazo. Luego, por un lado, uno de ellos estimó que la prescripción de la acción debe computarse "a partir de la muerte del autor de la sucesión"; mientras que, el otro resolvió que es a partir de la "aceptación y discernimiento del cargo de albacea". Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en aquellas legislaciones en las que se conserva la redacción del Código Civil de 1928 -como las de Durango y Baja California, esta última anterior a la reforma publicada el 10 de abril de 2015-, y que expresamente disponen que: "El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos", la prescripción de la acción de petición de herencia debe computarse a partir del momento en que se encuentren reunidas las tres condiciones necesarias para su ejercicio, a saber: a) la transmisión de los bienes a título universal, que opera desde la apertura de la herencia con la muerte, o bien con la declaración de muerte de un ausente; b) que, en cualquiera de esas dos resoluciones, no se haya incluido al heredero preterido; y, c) que se encuentre aceptado y discernido el cargo de albacea. En ese tenor, si al emitirse la declaratoria de herederos, no se ha aceptado y discernido el cargo de albacea (testamentario o intestamentario), la prescripción comenzará a partir del momento en que esto ocurra; y si, por el contrario, este cargo ya fue aceptado y discernido, el cómputo para determinar la prescripción iniciará a partir de la fecha en que se haya emitido la resolución de reconocimiento de herederos o la declaración de muerte de un ausente, según sea el caso. Justificación: Esto se debe a que, en las legislaciones en las que no se regula expresamente el momento a partir del cual debe empezarse a calcular el cómputo del plazo para determinar la prescripción de una acción, debe estarse a la regla general que dispone que debe ser a partir de que se reúnan las condiciones necesarias para que sea exigible. Así, conforme a los artículos 1536 a 1539 del Código Civil para el Estado de Baja California, y 1533 a 1536 del Código Civil del Estado de Durango, en relación con los diversos 13 y 14 de los Códigos de Procedimientos Civiles de ambas entidades federativas, la acción de petición de herencia tiene como presupuesto la apertura de la herencia en el instante de la muerte del autor de la sucesión, o la tutela del derecho de los herederos a la sucesión, la cual puede ser de dos tipos: a) la que, por excepción, se confiere a cada uno de los herederos para recuperar los bienes hereditarios en aquellos casos en los que aún no se ha aceptado y discernido un albacea; o, b) la que se ejerce con posterioridad para la defensa de los derechos hereditarios, cuando se le ha negado el derecho a recibir los bienes de la herencia, no haya sido llamado al juicio sucesorio o se le ha excluido de la declaración de heredero, entre otros casos, en los que será necesario que ya se hubiere dictado dentro de juicio una resolución sobre reconocimiento de herederos, en la que no hubiere aparecido el heredero preterido y que, además, ya se haya nombrado albacea, por ser éste quien tiene la posesión de los bienes que integran el caudal hereditario. Precisado lo anterior, de las constancias del juicio de origen, se advierte que: El diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, falleció Audelia Reyes Ortiz, acorde al acta de defunción relativa (foja 6 del tomo de pruebas). En julio de dos mil uno, Fidel García Reyes compareció por conducto de su apoderado a denunciar la sucesión intestamentaria a bienes de su extinta madre Audelia Reyes Ortiz o Audelia Reyes de García o Audelia Reyes (foja 1 a 2 del tomo de pruebas). Procedimiento que se radicó el trece de julio de dos mil uno, y se nombró como albacea provisional al denunciante de la sucesión (foja 10 del tomo de pruebas). Cargo que se le tuvo por aceptado y protestado el treinta y uno de julio de dos mil uno (foja 13 del tomo de pruebas). Así, mediante interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil uno, se declaró al denunciante como único y universal heredero; asimismo, se le designó como albacea definitivo (foja 30 a 31 del tomo de pruebas). El dos de octubre de dos mil uno, se tuvo al citado aceptando y protestando el cargo de albacea definitivo (foja 34 del tomo de pruebas). De tal modo que, al ser el único titular de los derechos hereditarios, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil uno, se le tuvo separándose de la prosecución judicial y se ordenó remitir los autos originales a la Notaría para la protocolización respectiva (foja 36 del tomo de pruebas). El tres de octubre de dos mil uno, se emitió interlocutoria que aprobó los inventarios y avalúos presentados por el albacea (foja 12 de la segunda parte del tomo de pruebas). Sin embargo, es a partir de la aceptación del cargo como albacea definitivo, que se presume entró en posesión de los bienes que conforman la masa hereditaria, esto es, el dos de octubre de dos mil uno. Entonces, desde esa data es que debe computarse el término para la prescripción de la acción de petición de herencia, por lo que el término para hacerla valer feneció el dos de octubre de dos mil once. De modo que si en el caso la quejosa promovió su demanda de amparo el veinte de febrero de dos mil veintitrés, es claro que ya habían transcurrido en demasía los diez años para que operara la prescripción de la acción de petición de herencia y, consecuentemente, como tercera extraña equiparada en el procedimiento, para promover el amparo en contra de la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario de origen. En consecuencia, quien suscribe estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del diverso 63, fracción V, de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 2020304 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: XII.C.22 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 2128 Tipo: Aislada JUICIO SUCESORIO CONCLUIDO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO RECLAME QUE NO FUE LLAMADO A ÉSTE, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE NO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS PREVISTO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE HASTA EL 7 DE MARZO DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 39/99, de rubro: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).", estableció que cuando el afectado impugne que no fue llamado al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que señalan los preceptos adjetivos aplicables, el amparo indirecto será procedente siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción. Así, cuando se pretende el llamamiento a un juicio sucesorio que ya concluyó, el juzgador debe analizar, de manera preliminar, si ya transcurrió o no el término de diez años para que opere la prescripción de la acción de petición de herencia, señalado en el artículo 1537 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, vigente hasta el siete de marzo de dos mil trece, pues de haber prescrito, el amparo resultará improcedente, al no afectar la esfera jurídica de la quejosa, acorde con lo previsto en el numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, que exige que el juicio constitucional sea instado en razón de la existencia de una afectación real al momento de la formulación de la pretensión ante la autoridad judicial. Actuar en forma contraria, implica utilizar la acción constitucional a sabiendas de que ya está prescrito el derecho que se pretende deducir en el juicio sucesorio, cuya falta de llamamiento se reclama. Sin que con la presente determinación se contravenga lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al resolver la queja civil 61/2023, toda vez que de lo expuesto en la presente sentencia quedó evidenciado que, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, previamente citadas y valoradas, resulta notoria la actualización de la causal de improcedencia, tomando en cuenta la fecha a partir de la cual pudo promoverse la petición de herencia; y, por la que en un principio se había desechado la demanda. Finalmente, dado el sentido del presente fallo, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa en su demanda de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ma. de Lourdes García Reyes, en contra del acto que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.LFSL

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-189/2023, promovido por ********************en su carácter de apoderada de ********************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta capital, y remitido en esa fecha, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************en su carácter de apoderada de ********************, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán. Segundo. Substanciación del juicio. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo registrada con el número VI-189/2023. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, bajo el número de queja civil 61/2023. Siendo así que en sesión de uno de junio de dos mil veintitrés, dicho tribunal declaró fundado el recurso de queja al señalar que no se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada por este juzgador, ya que debían analizarse las actuaciones relativas al juicio de origen, para determinar a partir de cuándo pudo la quejosa tener oportunidad de ejercer la acción de petición de herencia. En mérito de ello, previo cumplimiento a la prevención realizada, por auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda registrada bajo el número VI-189/2023; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza civil provenientes de una autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, escrito aclaratorio, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, como tercero extraño, al Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, consiste en: La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Audelia Reyes Ortiz o Audelia Reyes de García o Audelia Reyes, número 428/2001, de su índice. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Contra lo señalado en su pedimento por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, del contenido del informe justificado rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió las constancias relativas al acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales gozan de fe pública. Quinto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la cuestión de fondo planteada, quien resuelve estima necesario proceder al análisis de las causales de improcedencia por ser esta cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo que establece el párrafo último del artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la tesis de jurisprudencia 814, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.", que es consultable en la página quinientos cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Segunda Parte, Tomo VI, Materia Común. El que suscribe advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución General de la República y el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no lesiona el interés jurídico de la quejosa, como se verá a continuación. Los artículos citados con anterioridad señalan: De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Numerales de los que se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado proveniente de una autoridad judicial, no lesiona el interés jurídico del quejoso. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por un posible heredero, está condicionada a que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción de petición de herencia. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis número 74/97, cuando sostuvo: "Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte una persona que se considera con derecho a participar de la masa hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes: a) En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en los casos expresamente señalados en los artículos 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1197 y 1198 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que en lo conducente señalan: "Artículo 844. Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el Juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior." "Artículo 1197. En la denuncia o promoción de intestado, se expresará, si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado." "Artículo 1198. El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, para una junta..." Del contenido de los numerales transcritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios. En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus. Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación, por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad. Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio. b) Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas: 1-b) La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del Registro Civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. 2-b) La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del Registro Civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los Códigos Civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario. c) Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del Registro Civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos Códigos Civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia. Por todo lo anteriormente analizado, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que adopta en el presente asunto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos: "SUCESORIO, CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).-Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados puedan promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por lo tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." (Lo destacado es propio) Al respecto cabe precisar que si bien el criterio transcrito corresponde a la interpretación de las legislaciones adjetivas de Jalisco y Tlaxcala, tales normativas tienen identidad jurídica con el contenido de las disposiciones legales relativas del Estado de Michoacán. De ahí que el criterio resulte ilustrativo y aplicable para la resolución del presente juicio, ya que en esencia la legislación civil de dichos Estados de la República establecen las mismas disposiciones en relación con el tema que nos ocupa y, en consecuencia, fijan los mismos parámetros respecto de las sucesiones, la acción de petición de herencia y la prescripción. De tal modo que, en principio, la transcripción revela que el juicio de amparo indirecto constituye un mecanismo que los presuntos herederos tienen a su alcance para combatir la falta de llamamiento a un procedimiento sucesorio intestamentario en el que no fueron señalados como posibles herederos por la persona que radicó la respectiva sucesión, o que, habiéndolo sido, no fueron notificados en forma legal, impidiéndoles deducir sus derechos hereditarios. También se advierte que como el juicio de amparo tiene como finalidad el que la parte quejosa, en su calidad de presunta heredera, salga a la defensa de sus derechos en el sucesorio respectivo, con la posibilidad de acreditar su entroncamiento con el autor de la sucesión a fin de poder participar de los bienes que conforman la masa hereditaria, similar a lo que ocurre tratándose del ejercicio de la acción de petición de herencia. Sin embargo, la procedencia del juicio de garantías se ha supeditado a que la citada acción petitoria no haya prescrito por el transcurso de diez años, a que también se refiere el artículo 817 del Código Civil para el Estado de Michoacán que dice: "El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos"; pues de ser así, el derecho hereditario que en su momento pudo tener quien no fue llamado al juicio sucesorio, se extingue como consecuencia de dicha prescripción, la cual opera por el sólo transcurso del tiempo, de conformidad con el artículo 429 del Código Civil para el Estado de Michoacán, que dice: "La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley". En principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido que la prescripción extintiva tratándose de la acción de petición de herencia, comienza a correr desde que el derecho se hace exigible y ese momento es cuando se pone en posesión al heredero de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria, mediante el reconocimiento de su calidad de heredero por la autoridad competente. Posteriormente, a decir del Alto Tribunal, se actualizan tres requisitos para iniciar la probable prescripción: La transmisión de los bienes a título universal, que opera con la apertura de la herencia con la muerte, o bien, con la declaración de muerte de un ausente; Que en cualquiera de tales determinaciones no se hubiera incluido al heredero preterido; y, Que se encuentre aceptado y discernido el cargo de albacea. Las tesis de referencia son las siguientes: Época: Sexta Época Registro: 270202 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen LXXXII, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 111 PETICIÓN DE HERENCIA, MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CONTARSE EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE. Si bien es cierto que la ley no precisa a partir de que momento comienza a contarse el plazo de la prescripción para ejercitar el derecho de petición de herencia, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha resuelto este problema por la aplicación del principio de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, tomando en cuenta que ese momento no puede ser otro que aquél en que se pone en posesión al demandado de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria mediante el reconocimiento de su calidad de heredero por la autoridad competente; y que para que el derecho sea exigible, es necesario que la herencia exista, que haya un heredero y que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión o por un heredero aparente o por otras personas; ya que salvo prueba en contrario, se presume que el albacea fue puesto, en los términos de ley, en posesión de los bienes hereditarios y esa posesión marca el momento del nacimiento de la acción de petición y el en que debe empezar a contarse el término de diez años de la prescripción extintiva a que se refiere la ley. Es aplicable por identidad jurídica esencial y porque el texto del artículo 817 del Código Civil del Estado de Michoacán es de contenido idéntico al interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis que dice: Registro digital: 2023750 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 22/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1542 Tipo: Jurisprudencia PETICIÓN DE HERENCIA. INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE ESA ACCIÓN CUANDO LA LEGISLACIÓN NO LO DISPONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y BAJA CALIFORNIA, ESTA ÚLTIMA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 10 DE ABRIL DE 2015). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes consideraron distintos momentos a partir de los cuales debe empezar a computarse el plazo de diez años para que prescriba la acción de petición de herencia que ejerce un heredero preterido. Ambos fundaron su criterio en legislaciones que no disponen expresamente a partir de qué momento empieza a correr ese plazo. Luego, por un lado, uno de ellos estimó que la prescripción de la acción debe computarse "a partir de la muerte del autor de la sucesión"; mientras que, el otro resolvió que es a partir de la "aceptación y discernimiento del cargo de albacea". Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en aquellas legislaciones en las que se conserva la redacción del Código Civil de 1928 -como las de Durango y Baja California, esta última anterior a la reforma publicada el 10 de abril de 2015-, y que expresamente disponen que: "El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos", la prescripción de la acción de petición de herencia debe computarse a partir del momento en que se encuentren reunidas las tres condiciones necesarias para su ejercicio, a saber: a) la transmisión de los bienes a título universal, que opera desde la apertura de la herencia con la muerte, o bien con la declaración de muerte de un ausente; b) que, en cualquiera de esas dos resoluciones, no se haya incluido al heredero preterido; y, c) que se encuentre aceptado y discernido el cargo de albacea. En ese tenor, si al emitirse la declaratoria de herederos, no se ha aceptado y discernido el cargo de albacea (testamentario o intestamentario), la prescripción comenzará a partir del momento en que esto ocurra; y si, por el contrario, este cargo ya fue aceptado y discernido, el cómputo para determinar la prescripción iniciará a partir de la fecha en que se haya emitido la resolución de reconocimiento de herederos o la declaración de muerte de un ausente, según sea el caso. Justificación: Esto se debe a que, en las legislaciones en las que no se regula expresamente el momento a partir del cual debe empezarse a calcular el cómputo del plazo para determinar la prescripción de una acción, debe estarse a la regla general que dispone que debe ser a partir de que se reúnan las condiciones necesarias para que sea exigible. Así, conforme a los artículos 1536 a 1539 del Código Civil para el Estado de Baja California, y 1533 a 1536 del Código Civil del Estado de Durango, en relación con los diversos 13 y 14 de los Códigos de Procedimientos Civiles de ambas entidades federativas, la acción de petición de herencia tiene como presupuesto la apertura de la herencia en el instante de la muerte del autor de la sucesión, o la tutela del derecho de los herederos a la sucesión, la cual puede ser de dos tipos: a) la que, por excepción, se confiere a cada uno de los herederos para recuperar los bienes hereditarios en aquellos casos en los que aún no se ha aceptado y discernido un albacea; o, b) la que se ejerce con posterioridad para la defensa de los derechos hereditarios, cuando se le ha negado el derecho a recibir los bienes de la herencia, no haya sido llamado al juicio sucesorio o se le ha excluido de la declaración de heredero, entre otros casos, en los que será necesario que ya se hubiere dictado dentro de juicio una resolución sobre reconocimiento de herederos, en la que no hubiere aparecido el heredero preterido y que, además, ya se haya nombrado albacea, por ser éste quien tiene la posesión de los bienes que integran el caudal hereditario. Precisado lo anterior, de las constancias del juicio de origen, se advierte que: El diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, falleció Audelia Reyes Ortiz, acorde al acta de defunción relativa (foja 6 del tomo de pruebas). En julio de dos mil uno, Fidel García Reyes compareció por conducto de su apoderado a denunciar la sucesión intestamentaria a bienes de su extinta madre Audelia Reyes Ortiz o Audelia Reyes de García o Audelia Reyes (foja 1 a 2 del tomo de pruebas). Procedimiento que se radicó el trece de julio de dos mil uno, y se nombró como albacea provisional al denunciante de la sucesión (foja 10 del tomo de pruebas). Cargo que se le tuvo por aceptado y protestado el treinta y uno de julio de dos mil uno (foja 13 del tomo de pruebas). Así, mediante interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil uno, se declaró al denunciante como único y universal heredero; asimismo, se le designó como albacea definitivo (foja 30 a 31 del tomo de pruebas). El dos de octubre de dos mil uno, se tuvo al citado aceptando y protestando el cargo de albacea definitivo (foja 34 del tomo de pruebas). De tal modo que, al ser el único titular de los derechos hereditarios, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil uno, se le tuvo separándose de la prosecución judicial y se ordenó remitir los autos originales a la Notaría para la protocolización respectiva (foja 36 del tomo de pruebas). El tres de octubre de dos mil uno, se emitió interlocutoria que aprobó los inventarios y avalúos presentados por el albacea (foja 12 de la segunda parte del tomo de pruebas). Sin embargo, es a partir de la aceptación del cargo como albacea definitivo, que se presume entró en posesión de los bienes que conforman la masa hereditaria, esto es, el dos de octubre de dos mil uno. Entonces, desde esa data es que debe computarse el término para la prescripción de la acción de petición de herencia, por lo que el término para hacerla valer feneció el dos de octubre de dos mil once. De modo que si en el caso la quejosa promovió su demanda de amparo el veinte de febrero de dos mil veintitrés, es claro que ya habían transcurrido en demasía los diez años para que operara la prescripción de la acción de petición de herencia y, consecuentemente, como tercera extraña equiparada en el procedimiento, para promover el amparo en contra de la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario de origen. En consecuencia, quien suscribe estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del diverso 63, fracción V, de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 2020304 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: XII.C.22 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 2128 Tipo: Aislada JUICIO SUCESORIO CONCLUIDO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO RECLAME QUE NO FUE LLAMADO A ÉSTE, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE NO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS PREVISTO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE HASTA EL 7 DE MARZO DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 39/99, de rubro: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).", estableció que cuando el afectado impugne que no fue llamado al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que señalan los preceptos adjetivos aplicables, el amparo indirecto será procedente siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción. Así, cuando se pretende el llamamiento a un juicio sucesorio que ya concluyó, el juzgador debe analizar, de manera preliminar, si ya transcurrió o no el término de diez años para que opere la prescripción de la acción de petición de herencia, señalado en el artículo 1537 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, vigente hasta el siete de marzo de dos mil trece, pues de haber prescrito, el amparo resultará improcedente, al no afectar la esfera jurídica de la quejosa, acorde con lo previsto en el numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, que exige que el juicio constitucional sea instado en razón de la existencia de una afectación real al momento de la formulación de la pretensión ante la autoridad judicial. Actuar en forma contraria, implica utilizar la acción constitucional a sabiendas de que ya está prescrito el derecho que se pretende deducir en el juicio sucesorio, cuya falta de llamamiento se reclama. Sin que con la presente determinación se contravenga lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al resolver la queja civil 61/2023, toda vez que de lo expuesto en la presente sentencia quedó evidenciado que, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, previamente citadas y valoradas, resulta notoria la actualización de la causal de improcedencia, tomando en cuenta la fecha a partir de la cual pudo promoverse la petición de herencia; y, por la que en un principio se había desechado la demanda. Finalmente, dado el sentido del presente fallo, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa en su demanda de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ma. de Lourdes García Reyes, en contra del acto que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.LFSL

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 189/2023 promovido por ********************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado ********************, quien se encuentra debidamente emplazado, como se advierte de autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio sucesorio intestamentario número 428/2001; con la que se ordenó formar un tomo de pruebas por separado. Documental que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia y especial natualeza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló los que a esa parte corresponden. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos tales alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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