Ma. del Carmen López Herrejón

Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1148/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Ma. del Carmen López Herrejón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la autoridad responsable un tomo de prueba que adjuntó a su informe justificado. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la justicia federal; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. SE ORDENA NOTIFICACIONES POR LISTA Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad para notificar a la tercero interesada ********************la sentencia emitida el veinte de febrero del año en curso, por las razones que expone. Ahora bien y toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y como no realizó manifestación alguna, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos; en tal virtud, en atención al citado proveído, notifíquese a la referida tercero interesada la resolución de mérito, mediante lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase con la notificación por lista de la sentencia a la tercero interesada Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023, MEDIQANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ AGUILAR, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2023, QUE EN SU PARTE RELATIVA REFIERE: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo II-1148/2022, promovido por Ma. del Carmen López Herrejón, en cuanto Contralora Municipal del Ayuntamiento de Morelia, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Ma. del Carmen López Herrejón, en cuanto Contralora Municipal del Ayuntamiento de Morelia, promovió demanda de amparo contra actos de la Secretaria General de Acuerdos, en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, y otra. La promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en perjuicio de su representado los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Federal. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda únicamente en lo que respecta a los actos reclamados a la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y se admitió por lo que ve a la Secretaria General de Acuerdos, en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, la que quedó registrada bajo el número II-1148/2022; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: La resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente RAA-0156/2022-III, mediante la cual se declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio administrativo JA-0395/2021-I, en el que se impuso una multa a la recurrente por considerar que persiste la falta de cumplimiento de la sentencia definitiva. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contrario a lo señalado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, del contenido del informe justificado rendido por el Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, por Ministerio de Ley, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de aplicar en beneficio del quejoso la suplencia de la deficiencia de la queja, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Ello porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República con base en un razonamiento no expresado en la demanda. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Son inoperantes los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, por las razones que a continuación se precisarán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente Mediante sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio administrativo 0395/2021-I, se declaró la nulidad de la resolución impugnada para efectos de que la autoridad demandada Contralor Municipal del Ayuntamiento de Morelia, emitiera una nueva resolución en la que de manera fundada y motivada determinara y precisada cuáles fueron las constancias, documentos o actuaciones específicas que consideró para determinar la fecha de comisión de la presunta falta administrativa imputada al tercero interesado; y, hecho lo anterior, determinara con exactitud cuál es el ordenamiento legal que resulta aplicable para instar y resolver el procedimiento administrativo seguido en contra del tercero interesado; y, en caso de ser necesario, repusiera el procedimiento (foja 75 a 89 del tomo de pruebas). Una vez firme dicha determinación, la parte actora se inconformó con el pretendido cumplimiento, por lo que mediante auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, el juez administrativo determinó que el pretendido cumplimiento a la sentencia no se había dado en su totalidad, toda vez que la autoridad demandada, aquí quejosa, no acreditaba con documento idóneo la nueva resolución ordenada. De ahí que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, e impuso a la autoridad demandada, por medio de su titular, en cuanto persona física, una multa equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la suma de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.); en ese mismo acto requirió nuevamente a la autoridad demandada el debido acatamiento de la sentencia definitiva, bajo apercibimiento de multa en caso de persistir el incumplimiento, además de que se daría vista al Órgano Interno de Control y al Ministerio Público (foja 179 a 183 del tomo de pruebas). Inconforme con dicha determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, de la que por razón de turno correspondió conocer y resolver a la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, siendo así que mediante resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se declaró improcedente dicho recurso, bajo los siguientes argumentos: Que el recurso de apelación procede contra sentencias definitivas dictadas por los jueces administrativos, entendiéndose como tales aquellas que deciden todas las cosas, acciones o excepciones que formaron parte de un litigio y que conforma una sola unidad indivisible. Que acorde al artículo 315 del Código de Justicia Administrativa del Estado, los acuerdos dictados por los jueces administrativos en los que se impongan medios de apremio, quedan excluidos de la procedencia del recurso de apelación. Que al respecto el artículo 298, fracción V, del citado ordenamiento, contempla la procedencia del recurso de reconsideración contra las determinaciones que impongan los medios de apremio y disciplinarios previos en dicho cuerpo de leyes. Y, que no era factible reencausar la impugnación interpuesta en razón de que no existe base legal para ello; máxime que para la presentación, trámite y resolución, deben observarse los requisitos y presupuestos procesales que regulan la procedencia de los recursos, aspectos que son de aplicación estricta y que no pueden ser soslayados en aras de privilegiar el acceso a la justicia, ya que estimarlo así equivaldría a romper el principio de certeza jurídica del que deben gozar las partes en un proceso (foja 137 a 140 de autos). Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Como se adelantó, los conceptos de violación expresados por la quejosa resultan inoperantes, por los motivos que a continuación se reseñan. Por regla general un concepto de violación es inoperante cuando: a) los argumentos que lo integran no atacan alguno de los fundamentos del fallo o acto reclamado; b) solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos sean suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado; o, c) los argumentos del fallo se atacan en forma deficiente o existe algún impedimento técnico para abordarlos en cuanto al fondo. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Juzgados de Distrito carecen de facultades legales para decidir -de oficio- acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por la parte quejosa, ya que de hacerlo suplirían la deficiencia de la queja en un caso donde no se advierta una violación manifiesta de la ley que haya dejado al quejoso sin defensa. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, conteniendo al menos la mínima causa de pedir; de tal manera que si carecen de aquéllos no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso, se surte el primer supuesto genérico de inoperancia de los conceptos de violación hechos valer, identificado con el inciso a), ya que en sus conceptos de violación el quejoso omite controvertir las razones en que se apoyó la autoridad responsable para declarar improcedente el recurso de apelación, ya que incluso, incorpora en el primero de sus conceptos de violación argumentos para atacar el acuerdo emitido por el juez administrativo, esto es, aquél que recurrió vía apelación, no así el que declaró improcedente el recurso y que es el que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Al efecto esencialmente la quejosa arguye: Primero hace un amplia presentación sobre el contenido y principios que emanan de los artículos 1º y 133 Constitucionales, de lo resuelto en el cuaderno de varios 912/2010 y la contradicción de tesis 293/2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; e invoca tesis sobre el principio pro persona y el control difuso de convencionalidad ex officio; Indica que la multa impuesta afecta sus derechos fundamentales a una vida digna, salud y su patrimonio; así como lo previsto en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, sobre que es nula la cesión de salarios en favor de terceras personas; Aduce que el juez natural no valoró las acciones (los precisa) que realizó para cumplir la sentencia de nulidad para efectos decretada; Tampoco aplica a su favor la norma más benéfica; Señala que no se cumplen por ello las formalidades del procedimiento; y, Arguye que no fue ella quien generó el incumplimiento, sino otra administración. En tanto que en el segundo concepto de violación únicamente refiere que el acuerdo recurrido se apeló como un todo, con la finalidad de que quedara sin efectos la multa en sí, y que el recurso está encaminado a que se deje sin efectos una falsa apreciación del juez administrativo, ya que se pretende demostrar que sí se ha dado cumplimiento a la sentencia, en atención a que sí se señaló el ordenamiento aplicable, e incluso se repuso el procedimiento siguiendo la recomendación del juez primigenio. De tal modo que, como ya se dijo, los motivos de disenso precisados son inoperantes porque no controvierten los argumentos a la luz de los cuales el magistrado responsable declaró improcedente el recurso de apelación, tales como que este procede únicamente contra sentencias definitivas dictadas por los jueces administrativos, y que el auto recurrido no tiene ese carácter al tratarse de la imposición de una medida de apremio, además de que el Código de Justicia Administrativa prevé para tales casos la procedencia del recurso de reconsideración y que no era factible reencausar el recurso, en atención a que no existe base legal para ello, además de que ello equivaldría a romper el principio de certeza jurídica. Argumentos que, se insiste, de ninguna manera fueron atacados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, ya que se limitó a controvertir el auto dictado por el juez administrativo donde se le impuso la multa y que era materia del recurso de apelación, además de señalar que apeló dicha determinación como un todo y reiterar las acciones que emprendió tendentes a dar cumplimiento a la sentencia. Entonces, resulta inconcuso que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de examinar, de oficio, la constitucionalidad de las argumentaciones esgrimidas por el magistrado responsable. Lo anterior, se insiste, sin que exista suplencia de la queja deficiente que subsanar, ello de conformidad con lo establecido en la propia ley de la materia, dado que el acto reclamado deriva de un asunto administrativo, el cual es de estricto derecho; aunado a que no se está ante un asunto donde se controviertan derechos de menores de edad; tampoco se advierte que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas; y menos se observa alguna violación manifiesta a la ley que haya dejado sin defensa a la parte agraviada. Todo lo cual conduce a determinar que los razonamientos que en aquel sentido expuso la Secretaria General de Acuerdos, en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, que no se atacan, ameriten quedar incólumes para todos los efectos de ley inherentes. Dicho en otros términos: no basta la afirmación general que propone la parte quejosa en sus conceptos de violación, pues para que este órgano jurisdiccional estuviera en condiciones de emitir pronunciamiento al respecto, era menester que rebatiera mediante el empleo de razonamientos lógicos y jurídicos concretos, que cumplan con la mínima causa de pedir, las argumentaciones vertidas en el acuerdo reclamado para declarar improcedente el recurso de apelación, así como que explicara el porqué de sus aseveraciones, de modo que si no ocurre así, aquellas deben quedar intocadas y seguir rigiendo el sentido del fallo recurrido, al no actualizarse alguna de las hipótesis que autorice suplir la deficiencia de los conceptos de violación. Es aplicable al punto que antecede, además, la tesis de jurisprudencia proveniente de la antaño Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo no impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Luego, ante lo inoperante de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Ma. del Carmen López Herrejón, en cuanto Contralora Municipal del Ayuntamiento de Morelia, contra el acto reclamado a la responsable, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ma. del Carmen López Herrejón, en cuanto Contralora Municipal del Ayuntamiento de Morelia, contra el acto reclamado a la la Secretaria General de Acuerdos, en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veinte de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 1148/2022 promovido por Ma. del Carmen López Herrejón contra actos del Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán en Funciones de Magistrado por Ministerio de Ley de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el pedimento registrado con el número 1102. A lo anterior, el Juez acuerda: Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación en la etapa correspondiente; asimismo, expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado María de Jesús Rodríguez Aguilar, quien se encuentra debidamente emplazada, como se advierte de las constancias. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán en Funciones de Magistrado por Ministerio de Ley de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa ofreció diversas pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos, de igual forma las autoridades responsables ofrecieron diversos medios de convicción, con los que se ordenó un tomo de pruebas por separados; mismas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Juzgado de Distrito, a través de su pedimento número 22/2023, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos de referencia en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES

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